Los comuneros coras se niegan a aceptar el vaso artificial en el río San Pedro Mezquital, porque inundaría o pondría en riesgo 18 sitios sagrados y condicionaría su modelo cultural.
Si el campo está en llamas, no se debe sólo a “malos”. La drástica transformación de las políticas públicas hacia el sector agropecuario, inducida por los programas de ajuste estructural y la apertura comercial, cuya joya de la corona es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), generaron las condiciones para el surgimiento de múltiples formas de violencia en el agro mexicano.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) llega a su vigésimo aniversario con una imagen golpeada y un terrible historial. En México, el TLCAN abrió un sendero de destrucción.
La Cámara de Diputados Congreso de la Unión ha abierto el debate sobre “el impacto de los insumos transgénicos en la producción de alimentos”, mes y medio después de que la justicia federal suspendió la autorización de permisos de siembra de maíz modificado genéticamente.
Los movimientos de soberanía alimentaria, justicia alimentaria, agroecología, justicia climática, derechos de la mujer y derechos laborales se extienden y aumenta su influencia en nuestro sistema alimentario.
El 10 de octubre el Juzgado Federal XII ordenó al gobierno mexicano “suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de maíz genéticamente modificado”, al dar arranque a un juicio de acción colectiva contra la invasión del maíz de Monsanto en México.
En la misma semana que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, nos sorprende un hecho muy grave que afecta directamente la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos en Brasil y como efecto dominó, en el resto del mundo.
El campo mexicano va “de peor en peor”, afirma el investigador Armando Bartra, quien indica que crece la dependencia alimentaria por la mercantilización de los productos. La otra cara de la moneda es la voluntad de los pueblos para seguir viviendo como comunidad.
Elizabeth Yangana, defensora de derechos humanos explica que si son financiados por algún grupo o por el gobierno, los grupos armados se pueden convertir en ejércitos privados y pasar a ser un instrumento para expulsar a comunidades de territorios ricos en recursos.
Pascua Lama, la mina de oro de Barrick Gold, está congelada por decisión de la Corte Suprema de Chile. Monsanto debió paralizar la construcción de una planta de semillas en Córdoba por la masiva oposición de la población. Las grandes empresas extractivas empiezan a cosechar derrotas.
