Este artículo fue publicado en Julio 10 de 2013.
Las elecciones del 7 de julio de este año en México serán recordadas como las más violentas en la historia.
La conclusión la hizo una comisión especial creada en el Senado mexicano para dar seguimiento a las elecciones, pero que pudo hacer cualquier persona que diera seguimiento a los 14 procesos electorales, los primeros luego del retorno del PRI a la Presidencia de la República.
Una elección donde se intimidó, agredió e incluso se asesinó a 20 candidatos de distintos partidos, y también a simpatizantes o militantes, de acuerdo con el portal periodístico Sinembargo. Unos comicios marcados por la presencia de grupos de choque, y por el ataque con granada contra una candidata en Baja California.
En estados como Durango, Chihuahua y Coahuila los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en menor grado, dejaron de postular candidatos, ya sea porque algunos de sus precandidatos no contaban con medidas que garantizaran su seguridad al participar -algunos fueron llamados por el crimen organizado para amenazarlos- y otros ya siendo candidatos declinaron al ver que sus vidas corrían peligro.
En Veracruz también hubo registros de violencia. Se trata de un estado con uno de los gobernadores priístas con mayor poder en México, Javier Duarte.
Durante el régimen priísta de 71 años cualquier error podía costarles el puesto a los gobernadores, ya que este estaba sujeto a la voluntad del Presidente de la República en turno. Cuando llegaron las administraciones panistas (2000-2012), encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón, los gobernadores se convirtieron en otro poder. Con los panistas en la presidencia, los gobernadores priístas se desataron porque ya no tenían a quién rendirle cuentas e incluso algunos analistas políticos no dudaron en llamarles “virreyes”.
Javier Duarte es uno de los más acabados ejemplos de esta situación. Por irregularidades cometidas por subordinados suyos, como Salvador Manzur, brevemente tesorero de su gobierno, y quien creó una red electoral que buscaba beneficiar al PRI con programas sociales, el Pacto por México casi se hunde.
Se trata de un acuerdo firmado entre el gobierno federal y los principales partidos políticos mexicanos.
A pesar de ello, Duarte fue consistente en permitir trapacerías de su partido en el estado, y eso incluía expresiones de violencia. Uno de los más simbólicos ocurrió en el municipio de Coxquihui, donde a fines de junio balearon al equipo del candidato del PAN. El hecho se le atribuyó al candidato priísta Reveriano Pérez Vega, supuestamente líder de una banda de delincuencia organizada conocida como “Los Pelones”.
En el mismo estado se registró otra tendencia que va en aumento en el país: el uso de la policía para amedrentar rivales políticos. Dos días antes de la elección ocurrió en Veracruz, Veracruz. Ahí policías que resguardaban una bodega priísta, al ser descubiertos, balearon a militantes perredistas.
En el mismo estado, en el municipio de Mecayapan un joven de 17 años que grabó la repartición de despensas el día de la jornada electoral–algo prohibido por la ley para evitar la compra de votos–fue asesinado. Primero un grupo de personas lo golpeó y falleció cuando alguien lo apuñaló.
Aunque las elecciones en México siempre han tenido características violentas, sobre todo en el periodo priísta, se distinguían por otros hechos cuya intención era cohibir la participación del electorado, como las amenazas de no dar recursos, o la exclusión de los programas sociales. O se pedía el voto para cierto partido de cierto candidato a cambio de una torta, una despensa, o dinero en efectivo. Las amenazas y las agresiones provenían de caciques afiliados en su mayoría al PRI.
El contexto electoral vivido este año resultó más violento. Estuvo marcado por el asesinato de candidatos, crímenes cuya autoría tiene las huellas de la delincuencia organizada y que no han sido resueltos.
Es un fenómeno que inició desde 2006, prácticamente desde que el panista Felipe Calderón al frente de la Presidencia de la República inició su guerra contra el narcotráfico, pero que se ha intensificado y en 2010 derivó en la muerte del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. La entidad ha sido llamada por algunos analistas como “narcoestado”, y a una semana de las elecciones Torre Cantú fue acribillado. Su crimen no ha sido resuelto.
Viejas y nuevas trapacerías electorales han estado presentes, ahora junto con la sombra de la violencia y los balazos, en un país que con un nuevo gobierno federal, sigue la misma estrategia de guerra contra el narcotráfico que Calderón, bajo cuyo mandato se registraron por lo menos 60 mil muertos y miles de desaparecidos.
Marco Antonio Martínez García es periodista mexicano. Colabora con el Programa de las Américas www.americas.org/es.
