La situación de los derechos humanos en el estado mexicano de Guerrero ha recibido atención internacional desde la desaparición de 43 estudiantes en la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Sin embargo, Guerrero lleva mucho tiempo como un foco de despojo y lucha popular, y violaciones de derechos humanos han sido endémicos desde hace décadas.
Aquí presentamos una entrevista con Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos y representante legal de las familias de los estudiantes desaparecidos, asesinados y heridos de Ayotzinapa.
Laura Carlsen: Para hablar sobre el tema de los derechos humanos en el estado de Guerrero, estamos aquí con Vidulfo Rosales, abogado con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y representante legal de los padres de familia de Ayotzinapa.
Vidulfo, ¿Por qué parece que el estado de Guerrero es el epicentro de violación de derechos humanos en todo el país?
Vidulfo Rosales: Sí, mira, es una situación muy difícil. Guerrero, históricamente, viene sufriendo una violación sistemática desde hace varios años. Y creo que también, los gobiernos que han entrado no han procurado revertir las violaciones históricas que se sufrieron en los años sesenta, de tal forma que hoy en día se están reeditando estas violaciones.
No hay un ajuste de cuentas con el pasado. Los violadores de los años sesenta, setenta–recordemos que allí se dieron las mayores violaciones–no han sido llevados a juicio, no han sido sancionado.
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Se están reeditando las violaciones de los 60 y los 70…no hay un ajuste de cuentas con el pasado
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LC: ¿Cómo afectan estas violaciones de derechos humanos del pasado, de esta época tan conflictiva de los setenta, a lo que está pasando hoy en día?
VR: Primero hay un dolor todavía, hay una herida que no cierra, que no sana, que esta allí. Y el otro es un margen, un índice de impunidad muy altísima. Entonces eso permite que se sigue reeditando las violaciones, y que cada año, las violaciones sean mucho más fuertes, mucho más graves, al grado de llegar a 43 desaparecidos, los estudiantes de Ayotzinapa. Creo que eso puede explicar un poco las graves violaciones que hoy se sufren en el estado.
LC: ¿Y cuáles son los tipos de violaciones de derechos humanos que están trabajando Uds. en el estado hoy?
VR: Mira, ahorita nosotros estamos trabajando en graves violaciones, digamos, tortura contra mujeres indígenas. Estamos trabajando también en ejecuciones extrajudiciales contra varios líderes opositores, políticos, estudiantes. Y también trabajamos el tema de tierra y territorio. Las empresas mineras, extractivas están, hoy en día, afectando a los pueblos indígenas. Eso es el universo de trabajo más visible, porque hay otro tipo de trabajo que hace Tlachinollan, de asesoría, de acompañamiento. Pero, de los casos de impacto, son estos.
LC: ¿Quiénes son los culpables de las violaciones de derechos humanos contra la población de Guerrero?
VR: Principalmente nosotros vemos que es la autoridad. La autoridad en sus distintos niveles–el ejército mexicano, la policía, las autoridades que procuran y administran justicia, el poder ejecutivo, el poder legislativo–todo el sistema de gobierno. El aparato gubernamental en el estado de Guerrero es el que comete las violaciones graves.
Y por otro lado, las empresas que están llegando a extraer los recursos, pero con la connivencia y el aval que les da la autoridad. La autoridad es la que permite, primero, a través de las leyes, a través de las concesiones, que pueden llegar estas empresas.
LC: Vamos a hablar de estos dos grupos uno por uno. Primero, las autoridades. Porque mucha gente podría pensar que las autoridades son las que vienen a poner orden, a restaurar el estado de derecho en el estado. Sin embargo, lo que estás diciendo, desde el Centro de Derecho Humanos, es que son ellos los que están cometiendo las violaciones. ¿Cómo es esto?
VR: Sí. Creemos nosotros que hay una tradición en Guerrero de que son las autoridades los que ejercen la violencia política. Históricamente, las violaciones, son ellos los que las llevan a cabo. Por ejemplo, en contra de las mujeres indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Fueron elementos del Ejército Mexicano.
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Hay una tradición en Guerrero de que son las autoridades los que ejercen la violencia política
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En contra de los estudiantes de Ayotzinapa, fueron policías. Tanto en el año 2011 como ahora en el año 2014, son los policías los perpetradores. Son los poderes establecidos, como el poder judicial, como el congreso de Guerrero, en el caso de 2011, quienes no han podido procesar ni sancionar a los responsables.
Entonces todo el aparato en su conjunto se vuelca en contra de los víctimas de violaciones de derechos humanos. Si la policía perpetua o lleva a cabo violaciones de los derechos humanos, los tribunales, que se encargarían de restaurar estas violaciones, son los que están totalmente en una inacción para poder procesar y sancionar a los responsables. Allí se genera toda una impunidad y se vuelven también violadores de los derechos humanos los órganos que deberían restaurar el estado de derecho.
LC: Entonces, estás diciendo que el estado, las autoridades, son responsables por no llevar a justicia los crímenes y por permitir este clima de impunidad, y también en casos específicos, como lo de Valentina Rosendo e Inés Fernández, son los que cometen los crímenes. Las dos cosas.
VR: Sí, hay diferentes analices. Por ejemplo, en el caso de Valentina, o el caso de los estudiantes de Ayotzinapa–que hoy por hoy son los casos más graves que se trabajan en Guerrero–lo llevaron a cabo elementos de seguridad.
Peor, también hay un patrón de violaciones reiterados. Entonces hay una intencionalidad del gobierno, de las autoridades, de atacar a esos sectores, de atacar al Normal Rural de Ayotzinapa, de atacar a los pueblos.
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Hay una intencionalidad del gobierno, de las autoridades de atacar a esos sectores, de atacar al Normal Rural de Ayotzinapa, de atacar a los pueblos.
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LC: ¿Por qué?
VR: En el caso de los pueblos indígenas, porque desde la óptica gubernamental, en esa zona indígena donde estaban Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, se cree que es un foco de insurgencia, que allí estuvo la guerrilla, o que estaba operando en estos años la guerrilla. Estamos hablando de 2001.
En el caso de Ayotzinapa, es un sector que viene protestando desde hace muchos años. Es un sector estudiantil que protesta, que sale a las calles, pero también que genera maestros críticos que después van a integrar a la CETEG, van a integrar a la CNTE, y que hoy por hoy están cuestionando seriamente las reformas estructurales cuestionan seriamente el estado de cosas injusto. Pero también son profesores que van a la comunidad, y después establecen un acompañamiento a las comunidades a los pueblos, un despertar a los pueblos, para que ellos puedan defenderse de las injusticias que viven. Y obviamente este incomoda el estado, y por eso hay un ataque sistemático a estos sectores.
LC: De lo que estás diciendo, parece que no sólo son, en algunos casos, las autoridades las que cometen violaciones de los derechos humanos, sino también que en muchos casos parece que hay una intencionalidad, como dijiste. Es decir, que también son actos de represión, o de intimidación. ¿Nos puedes explicar esto?
VR: Sí, mira, lo que te decía anteriormente, es que no son hechos aislados las violaciones que han ocurrido. En el primer caso, para citar ejemplos, comentaba lo de Inés y Valentina, allí hay una organización comunitaria, hay todo una organización de los pueblos campesinos por defender su territorio, por defender sus recursos naturales, en ese lugar. También está ubicado ese lugar como un foco de insurgencia, desde la lógica del gobierno, desde la lógica de la autoridad policial. Entonces, por eso, ha venido una serie de actos de violaciones de los derechos humanos graves que no se han venido resolviendo ni sancionando. Y llegó al punto final en el año 2001 de la violación sexual de las dos mujeres.
En el caso de Ayotzinapa, hay una serie también de violaciones de derechos humanos de manera sistemática, porque ellos representan un sector que protesta, una voz crítica que genera consciencia, un semillero de profesores que más tarde se vuelven acompañantes de los pueblos y las comunidades. Y por lo tanto, también hay una lógica de represión que viene de varios años. Lo más visible, que ha saltado a la vista, es la represión del año 2011, cuando murieron dos estudiantes, que quedó en la total impunidad. Y ahora, el 26 y 27 de septiembre.
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Los estudiantes de Ayotzinapa representan un sector que protesta, una voz crítica que genera consciencia… y por lo tanto hay una lógica de represión
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LC: Entonces Uds., como representación legal de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, creen que podría haber un movílo político de represión tras ese acto de las policías locales en el crimen?
VR: Sí, nosotros creemos que forma parte de una represión que ya viene de varios años. No es casual, ni es una circunstancia espontánea, fortuita de la policía que ellos hayan molestado en este momento y que hayan actuado contra ellos. Y el ejemplo más claro es que hoy en día nosotros revisamos los expedientes, revisamos las pruebas que hay, y no atinamos una explicación clara de por qué a las seis de la tarde cuando van saliendo, ya la policía tiene el reporte de que van saliendo. Es decir, todas las autoridades a partir de ese momento están alertadas: ejército mexicano, policía federal, policía ministerial, policía estatal, que son todos los cuerpos de seguridad que convergen en Iguala.
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Los eventos de Ayotzinapa forman parte de una campaña de represión que ya viene de varios años
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Extrañamente, hay una inacción total de estos grupos desde cuando empieza la agresión– empieza a los nueve y media de la noche hasta las dos de la mañana–de manera inexplicable. Entonces, eso es un dato que resalta, es un dato a considerar para expresar y poner un dedo en el renglón de que hay una total inacción.
Y esa inacción ¿A qué obedece? Nosotros decimos que es una represión sistemática en que le resulta responsabilidad también a la federación, al Ejército Mexicano, a la Policía Federal, y a las propias autoridades, que fueron omisas para prevenir los abusos.
LC: ¿Y esta parte, el papel de las autoridades, se está investigando?
VR: No, no se está investigando. Lamentablemente, no se está investigando y es el énfasis que estamos poniendo nosotros como representantes de los propios padres de familia.
LC: La explicación por parte del gobierno mexicano no toma en cuenta un posible acto de represión contra la población y contra los normalistas, y tampoco toma en cuenta otros aspectos de los cuales hemos hablado aquí…
VR: Sí, efectivamente. La investigación no está considerando esta parte. Ya están cerrando la investigación, cuando nosotros sabemos que hay muchas lagunas dentro de la misma. Hay que llamar a declarar al Ejército Mexicano, hay que abrir estas líneas de investigación.
LC: ¿Nadie del ejército ha declarado?
VR: Han habido algunas citas. Algunos soldados han ido a declarar. Pero no hay una línea de investigación para ver más de fondo, más exhaustivamente, cuál fue el papel del ejército en estas horas.
LC: Y ese es esencial porque ahora hay evidencias que el Ejército estuvo en el lugar, incluso en la clínica, cuando llegaron los heridos de Ayotzinapa.
VR: Sí. Hay esa evidencia y hay una evidencia contextual previa. También los propios policías preventivos de Iguala detenidos hablan de una complicidad del Ejército Mexicano con Guerrero Unidos. Hablan de una complicidad del Ejército Mexicano.
LC: Para la gente fuera hay que decirles que Guerreros Unidos es el cartel local de la zona de Iguala.
VR: Sí, efectivamente. Y como te decía, hay evidencias, pruebas testimoniales de los mismos policías que hablan de que había una complicidad de esta institución armada con la policía de Cocula, con el director de seguridad de Cocula, que había sido detenido previamente y que de manera inexplicable fue liberado. Entonces, hay ese conjunto de elementos que nos indican que se debe abrir una línea de investigación contra el Ejército Mexicano, y que hoy por hoy no se está haciendo.
Entonces esperamos que ponga esa énfasis el grupo de expertos de la CIDH para que se abran otras líneas, no sólo la del Ejército Mexicano, sino también la de los políticos locales, de los municipios aledaños de Iguala, que también tienen responsabilidad. Hay elementos de su posible participación.
Digamos, estos conjuntos de líneas adicionales ayudarían, creemos nosotros, a explorar otras líneas de investigación. Otro conjunto de hipótesis, de verdades, porque para nosotros la línea de investigación, la hipótesis del gobierno, lo del basurero de Cocula, está totalmente agotado. Y esa línea no puede ofrecer verdad, no puede ir más allá. Hoy por hoy no sabemos que pasó con los estudiantes, no se sabe. Esas hipótesis que tienen de que fueron incinerados tiene grandes contradicciones.
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La línea de investigación del gobierno ya no puede ofrecer la verdad
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LC: Ahora, cuéntanos de tu historia personal. ¿Cómo llegaste a ser un abogado y defensor de los derechos humanos en Tlapa, Guerrero, en el Centro Tlachinollan de Derechos Humanos?
VR: Mira, yo terminé la carrera en el año 2000, y en el 2001 me incorporé al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Yo soy de allí, de la región de la Montaña, y eso me llevó a colaborar con el Centro Tlachinollan.
LC: ¿De qué parte eres?
VR: Soy de un pueblo que se llama Totomixtlahuaca, que está en la parte alta de la Montaña de Tlapa, a unas tres horas más, hacia el fondo de la montaña.
LC: ¿Qué te motivó a estudiar y después entrar en la defensa de los derechos humanos?
VR: La pobreza en la que nosotros crecimos, la pobreza en la que vivimos, en la región allá. Tú sabes, como todos los mexicanos sabemos, que es la zona más pobre del país. Esa circunstancia, en la que vimos ese mar de injusticias que vivimos desde que nacimos, y en que vive la gente hoy en día allí, nos animó a mantener una inquietud social desde que éramos estudiantes. Y después la canalizamos a través de la defensa de los derechos humanos.
LC: Y muchas veces hablamos de la pobreza como un factor en la violación de los derechos humanos, pero la pobreza en sí mismo es una violación de los derechos humanos ¿no?
VR: Sí, efectivamente, es una violación sistemática a partir de la cual queda la persona en vulnerabilidad. No tiene acceso a la educación o servicios de salud; no puede ir a trasladarse a los centros de justicia para canalizar su inconformidad. A partir de allí deviene muchas cosas. El olvido en que se encuentra muchos pueblos. La marginación. Todos son obstáculos para el desarrollo pleno de las personas.
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La pobreza es una violación sistemática de los derechos humanos que deja a la persona en la vulnerabilidad
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LC: ¿Y qué tipo de cosas viste en tu comunidad?
VR: Muchas graves violaciones. Por ejemplo, cuando terminé la secundaria allí todavía no teníamos luz eléctrica en mi comunidad. Las carreteras estaban malas. Cuando yo iba a la preparatoria–todavía estamos hablando de los años 90, iba a la preparatoria en el año 91 y 92–tenía que caminar cuatro horas para poder tomar un carro e ir a la preparatoria. En tiempos de lluvia, quedaba totalmente destrozada la poca carretera que había, entonces había que caminar el doble.
Esas circunstancias para empezar, pues, no había acceso a la salud, la educación era básica, teníamos que ir largas horas de camino a la preparatoria. Ya no se diga la universidad.
LC: Lamentablemente nos queda poco tiempo en el programa. Quería preguntarte: ¿La crisis de derechos humanos en el estado de Guerrero, es la excepción o la regla?
VR: Yo creo que es un síntoma de lo que acontece en todo el país. No creo que sea una excepción, como una isla, el estado de Guerrero. Lo que pasa allí ocurre en muchos, muchos estados. Toda esa violencia que se vive allí, también se vive en Veracruz, también se vive en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas. La pobreza ancestral que se vive en Guerrero, se vive en los otros estados. Yo creo que lo que puede cambiar un poco es el grado de impunidad desbordante, altísima, que se ve en el estado de Guerrero.
LC: Ya veinte años después de la masacre de Aguas Blancas…
VR: Y desde antes. Incluso en los años 70, en los años 60. Los hechos de Ayotzinapa, esos vienen ocurriendo desde antes. A lo mejor no en esta magnitud, pero en los años sesenta nosotros podemos ir estableciendo fechas históricas de tragedias, de matanzas.
LC: Y cada vez que pasa sin justicia, crea más posibilidad que vuelva a pasar.
VR: Sí. Es como te decía cuando iniciamos la plática, se va reeditando. Y cada vez es mucho más grave. Nosotros los guerrerenses creemos que cuando se dio la transición, o la supuesta alternanza política en que llegó el PRD en Guerrero, pensábamos que inaugurara una etapa, a lo mejor distinta, como ocurrió aquí en el Distrito Federal. Pensamos que ese cambio estaba en puerta. Se abrió una expectativa, un posible cambio, que se moviera algunas cosas.
Sin embargo, nada cambió. El doce de diciembre, volvimos a ver con mucha tristeza los cuerpos de dos normalistas con sangre en la autopista. Y esto nos pone tristes y preocupados que otra vez seguimos igual. Y ahora viene lo de Iguala, y otra vez estamos en el sótano de la injusticia, de la marginación.
Pero no por eso decimos que Guerrero es la excepción. Lo que allí ocurre, ocurre en otros lados. Pero hay una situación muy marcada de impunidad en Guerrero.
(Transcripción de la entrevista de Laura Carlsen a Vidulfo Rosales 8 de agosto de 2015, que salió el Entrevistas desde México, Telesur. Programa en inglés https://www.youtube.com/watch?v=R3epYawRNBM )
