En un inusual anuncio el sábado 18 de julio por la noche, la corte mexicana entregó un veredicto transcendental de un caso controversial.
Ante una corte llena , tres juezas femeninas encontraron a cinco hombres culpables y absolvieron al sexto por los delitos del tráfico y asesinato de 11 mujeres jóvenes que desaparecieron en la ciudad fronteriza de México en el 2009 y 2010.
Los restos en estado de descomposición de las víctimas fueron encontrados en el Valle de Juárez, una zona agrícola del lado mexicano en las afueras de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, en el 2011 y 2012.
Durante este tiempo de la desaparición de las víctimas y subsecuentemente el hallazgo de la osamenta, el acceso al Valle de Juárez estaba controlado por pandillas criminales, el ejército mexicano y la policía judicial.
En una declaración difundida en el sitio de noticias Arrobajuarez.com, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua aprobó el veredicto, declarando que la decisión seguía una investigación “sin interpelación” y señalando que el proceso fue sostenido por 176 testimonios, miles de fotografías, estudios científicos y demás evidencia.
El procurador estatal arguyó que las mujeres, que desaparecieron en grandes números en el centro de Juárez en un tiempo cuando la ciudad estaba bajo sitio en la llamada guerra contra las drogas y ocupada por soldados y judiciales, fueron engañadas con promesas de empleo y después presionadas a la prostitución y venta de droga callejera. De acuerdo a la FGE, las víctimas fueron asesinadas después de que se consideró que ya no eran de “uso” para los acusados.
Los testimonios aludieron a la complicidad de los soldados y la policía en la violencia contra las jóvenes desaparecidas, pero no ahondaron en más detalle.
La jueza principal Catalina Ruiz Pacheco estuvo de acuerdo con los testimonios de la FGE, destacando en sus comentarios que explicaba el veredicto que los traficantes se aprovecharon de la violencia y confusión que reinaba en la ciudad para secuestrar a las mujeres que eran vulnerables por su corta edad ser de bajos ingresos.
“Fueron reclutadas por la fuerza y después mantenidas alejadas de sus familias y sometidas a la prostitución forzada”, Ruiz afirmó al periódico El Diario de Juárez.
Además de la aplicación del nuevo sistema de testimonios orales en el estado de Chihuahua, el juicio fue inusual, ya que personas de organizaciones con una reconocida trayectoria de abogacía para las mujeres criticó la respuesta del gobierno a los feminicidios. Justicia para Nuestras Hijas y Red Mesa de Mujeres, activamente colaboraron con los procuradores y participaron en la presentación del caso en las corte del Estado.
Información recabada en las investigaciones personales hechas por los familiares de las víctimas fueron utilizadas por la FGE en su propia investigación y en el enjuiciamiento de los seis hombres, que fueron arrestados en el 2013.
En una nota sobre el veredicto en NPR, la radio pública estadounidense, le dio el término de “fecha histórica” en el sistema de justicia mexicano.
A pesar de que varios medios llamaron el veredicto “una fecha histórica” para el sistema de justicia mexicana, los familiares de los acusados y otros observadores tienen una opinión muy diferente sobre la historia dada por el procurador, señalando la flagrante debilidad en un caso que algunos llaman otro error judicial de la justicia mexicana.
Por ejemplo, nunca se reveló durante los meses del juicio que comenzó en abril, donde las mujeres fueron asesinadas, cuando exactamente ocurrieron los hechos o precisamente quienes lo hicieron. No se presentó evidencia física para probar sin duda cuales de los acusados cometieron los homicidios, y no se esclarecieron los motivos de los asesinatos.
En el cierre de argumentos, la defensora publica Yesenia Jaquez destacó las contradicciones en el testimonio del testigo principal Luis Jesús Ramírez Loera y la inconsistencia en las fechas de las desapariciones, la supuesta cautividad en un hotel ya cerrado, y el descubrimiento de los restos.
“No se ha podido comprobar que (los acusados) participaron juntos en el tráfico y mucho menos en los asesinatos,” dijo Jaquez al periódico El Norte.
Gustavo de la Rosa Hickerson, ex investigador de la Comisión los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua (CEDH) y actualmente un abogado privado en el estado, criticó a la investigación criminal y enjuiciamiento sobre el caso del Valle de Juárez, llamándolo “contaminado.”
De la Rosa Hickerson representa al séptimo hombre, Víctor Chavira, quien probablemente hubiera estado sentado en la banquilla de los acusados en el juicio en el Valle de Juárez, pero murió a principios del año pasado después de sufrir una grave enfermedad. Dueño de una tienda de botas, Chavira fue arrestado junto con el resto de los otros acusados en el 2013.
Insistiendo en la inocencia de Chavira, de la Rosa Hickerson demandó recuperar el buen nombre del finado en una declaración publicada en Arrobajuarez.com justo antes del veredicto del 18 de julio.
“Desde el principio les avisamos de la poca evidencia sólida recabada por los investigadores,” el especialista en derechos humanos escribió.
De la Rosa continuo: “No estamos poniendo las manos en el fuego por el resto de los acusados, pero insistimos una vez más que el Sr. Víctor Chavira, a quien se le acusó de privar a las jovencitas de su libertad y de entregarlas a la organización criminal bajo investigación, fue acusado solo en base al testimonio de un menor que primero dijo estaba con una mujer que vendía cigarrillos en el centro de la ciudad, pero 50 días después el mismo testigo declaro que Don Víctor Chaviga era el que entrego a la víctima”.
De la Rosa escribió que mientras trabajaba para el CEDH el hizo llegar recomendaciones por su preocupación en torno a la investigación del Valle de Juárez al Presidente del CEDH José Luis Armendáriz pero le hicieron caso.
Los acusados convictos en el juicio en el Valle de Juárez son Vital “Don Meny Anguiano, Edgar Jesús Regalado Villa, Cesar Félix Romero Esparza, Jesús Hernández Martínez, y José Contreras Terrazas. José Gerardo Puentes Alva fue declarado inocente, pero la FGE puede apelar la decisión. Ahora esperando la sentencia final, los convictos podrían recibir condenas de por vida por sus crímenes.
Aunque docenas de cuerpos y restos de mujeres han sido encontrados en el Valle de Juárez desde 1990, este juicio se trató de once de las más recientes víctimas:Jazmín Salazar Ponce, Lizbeth Avilés García, Mónica Liliana Delgado Castillo, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jessica Terrazas Ortega, Deysi Ramírez Muñoz, María Guadalupe Pérez Montes, Perla Ivonne Aguirre González, Idaly Juache Laguna, Jesica Leticia Pena García, y Andrea Guerrero Venzor.
Los familiares de las victimas las describieron como cariñosas, hijas con metas personales, que querían ayudar a sus familias en una ciudad donde la supervivencia básica es una tarea desalentadora. Durante el juicio, algunos testimonios describieron que las mujeres fueron acechadas e investigadas por sus victimarios para determinar si las familias de las posibles víctimas tenian suficiente solvencia para efectivamente presionar a las autoridades o si estaban conectadas a las fuerzas de seguridad.
Traducción al español, Elena Durán
