Las ganancias millonarias y la abundante prosperidad por parte de los agricultores frente a una precariedad lacerante de quienes hacen producir los campos en el Valle de San Quintín, Baja California, son condiciones que han quedado al descubierto luego del movimiento de los jornaleros agrícolas iniciado hace un par de meses.
El día ocho de mayo se cumple el plazo para que el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, intervenga en un intento de responder a las demandas de los jornaleros. Independientemente del curso que tome la lucha de los trabajadores agrícolas una vez que venza el plazo para que el gobierno federal mexicano intervenga y se dé respuesta a las demandas de miles de jornaleros, éstos ya mostraron al mundo las profundas contradicciones que ha traído consigo el modelo de economía neoliberal alentado y promovido por el gobierno mexicano desde la administración de Carlos Salinas de Gortari.
Después del levantamiento de alrededor de 80 mil trabajadores del Valle de San Quintín el 17 de marzo, el Consejo Agrícola de Baja California aceptó otorgar un aumento de salario del 15 por ciento. Desde entonces, se rompieron las negociaciones con los representantes de los jornaleros cuando éstos no aceptaron la oferta.
Los jornaleros, encabezados por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, buscan un aumento salarial a 200 pesos (unos $13.00 USD) por jornada de trabajo (inicialmente pedían 300 pesos ó $20.00 USD), 20 pesos por caja de fresa, 17 pesos por jarra de mora, 17 pesos por caja de arándano y 8 pesos por cada cubeta de tomate pizcada.
Actualmente el sueldo de un jornalero varía de acuerdo a la temporada, por ejemplo si se trata de una temporada de cosecha alta o baja y al rancho en el que se esté laborando. Sin embargo, por una jornada de trabajo de ocho horas, los jornale
ros ganan en promedio entre 115 pesos ($7.66 USD) y 130 pesos ($8.66 USD).
Otras exigencias incluyen la eliminación del trabajo infantil y el acoso sexual a las mujeres en los campos así como servicios públicos como drenaje, agua potable, electricidad y vivienda digna.
Uno de los acuerdos preliminares alcanzados con las autoridades del estado de Baja California, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue que se afiliaría a todos los jornaleros para que recibieran atención médica.
La Alianza ha realizado varias movilizaciones como una larga marcha hasta Mexicali, la capital del estado, para llamar la atención sobre la lucha de los trabajadores del campo. También han viajado a la Ciudad de México a pedir la intervención de los poderes federales para que coadyuven a resolver los problemas planteados por los campesinos.
El 24 de abril, miles de jornaleros se movilizaron nuevamente en el centro de San Quintín, a donde acudieron el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, así como una delegación de representantes del IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y una comitiva de la Cámara de Diputados y Senadores.
En esa ocasión, Miranda Nava se comprometió a hacer operativos de supervisión en varias empresas agrícolas, en coordinación con la STyPS, el IMSS y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) para que con base en un dictamen llamara a los productores a reanudar la mesa de negociaciones con la Alianza en caso de que la dependencia de gobierno comprobara que las demandas de los trabajadores tienen fundamento.
Las expectativas de la A
lianza se centran en un aumento salarial y no en una propuesta, según señaló Fidel Sánchez Gabriel, uno de los voceros.
Se trata de inspecciones a unos 60 ranchos operados en su mayoría por empresas trasnacionales, de acuerdo a información del líder de los trabajadores agrícolas.
En entrevista con el Programa de las Américas, Fidel Sánchez opinó que el 8 de mayo es la fecha límite en la que los jornaleros esperan una respuesta de parte de las autoridades y los productores para retornar a la mesa de acuerdos.
Posible boicot internacional
Si los patrones continúan rechazando las demandas de los trabajadores –principalmente el incremento salarial– éstos planean llamar a un boicot internacional a los productos del Valle de San Quintín.
En el área se cultivan y cosechan toneladas de fresa, frambuesa, arándano y mora. También se produce tomate, pepino, chícharos, calabacitas, col de Bruselas, chile, zanahoria, brócoli, y cebollines, entre otros vegetales. Los principales mercados se ubican en ciudades de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Japón.
Al inicio del movimiento laboral, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid reconoció que durante el primer día de paro, la región perdió ingresos por 30 millones de dólares.
“Nosotros decimos de que sí tienen la capacidad de pagar la cantidad que estamos pidiendo porque efectivamente a diario, en Baja California, llegan esos 30 millones de dólares. ¿Por qué ellos dicen que no tienen capacidad de darnos un aumento?”, cuestiona Fidel Sánchez.
El dirigente de los jornaleros reiteró que si no hay una respuesta favorable el 8 de mayo, emprenderán una movilización social más amplia que aglutine las demandas de todos los jornaleros del país. Agregó que ya no habrá margen para los productores.
Además del boicot económico internacional, los integrantes de Alianza iniciarán un recorrido en todos los estados de la República Mexicana para verificar si los alrededor de seis millones del jornaleros del país enfrentan situaciones similares a los de San Quintín y en base a ello, organizar un movimiento nacional de jornaleros.
“Vamos a ver con los compañeros qué salario están recibiendo y si están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos son los que más que nada necesitan recuperar su dignidad, también necesitan un salario digno que les permita vivir como verdaderos seres humanos en el país. Ellos van a determinar”, agrega el dirigente.
Apoyo de Estados Unidos
A principios de mayo, cientos de indígenas de San Quintín recibieron a una caravana de ayuda humanitaria en la que participaron miembros del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) de la cual Gaspar Rivera es miembro fundador, el Local 770 del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW), la Organización Regional de Oaxaca (ORO), Ollin Calli, el Proyecto Mixteco/ Indígena de Organización Comunitaria (MICOP) y el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO).
Los visitantes no sólo llevaron apoyo en alimentos sino también impartieron talleres sobre derechos laborales, derechos de pueblos indígenas y de género.
Sánchez Gabriel confió en que los trabajadores continuarán recibiendo el apoyo de organizaciones y sindicatos que en Estados Unidos les han manifestado su solidaridad.
“Se va a demostrar quiénes son los que verdaderamente están con el movimiento de jornaleros de México y quiénes son los que buscan ser protagonistas ante un movimiento de jornaleros del Valle de San Quintín”, dijo.
Aprovechó la oportunidad para confirmar que fueron 80 mil jornaleros los que se levantaron a pelear por sus derechos el 17 de marzo y podrían ser muchos más si se extiende el movimiento a nivel nacional.
“Los que vivimos en el Valle de San Quintín somos los que nos levantamos ese día y lo demostramos con los diferentes puntos estratégicos que tuvimos desde la delegación de Punta Colonet hasta Santa María Los Pinos”, detalla. El líder campesino se refiere a los polos de norte a sur del Valle de San Quintín entre los municipios de Tijuana y Ensenada. Aquí fue donde se realizó la primera toma de la carretera Transpeninsular, además de toma de delegaciones municipales.
Sánchez Gabriel reconoce que muchos de sus compañeros han tenido que regresar a su trabajo bajo protesta ya que no pueden darse el lujo de dejar de obtener un ingreso para dar de comer a su familia.
Sin embargo, sostuvo que el apoyo de los trabajadores sigue firme. En la manifestación del 24 de abril participaron trabajadores de Punta Colonet, Ejido Díaz Ordaz, Camalú, Colonia Militar, Vicente Guerrero, Santa Fe, Padre Kino, Graciano Sánchez, Leandro Valle, Las Flores, Fraccionamiento San Francisco; también llegaron de Santa María Los Pinos, Francisco Villa, Los Arcos, el Ejido el Papalote, Nueva Era, la Colonia Benito García o México Nuevo, Morelos, López Mateos, Flores Magón y Lázaro Cárdenas.
Lucha de largo plazo
Para el investigador del Centro Laboral de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), Gaspar Rivera Salgado, la situación de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín (de los cuales unos 40 mil son indígenas oaxaqueños migrantes), es muy compleja y tiene implicaciones de largo plazo.
En entrevista con el Programa de las Américas, enumeró las condiciones de extrema pobreza en los asentamientos donde viven los jornaleros, sin servicios básicos como agua potable, electricidad, drenaje y pavimentación en las calles.
Es evidente la precariedad en la que viven los trabajadores a pesar de trabajar tan duro en los campos de cultivo. La lucha de los jornaleros de San Quintín puso en evidencia las profundas contradicciones de un modelo económico que funciona sólo para beneficio de unos cuántos y castiga a las mayorías, reflexiona el sociólogo mixteco.
Un obstáculo muy grande para la organización en defensa de sus derechos es que los trabajadores de San Quintín se enfrentan a un gigantesco aparato de control como son los sindicatos “blancos” y “charros” representados por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), a quienes los agricultores reconocen como sus únicos interlocutores y representantes válidos de sus trabajadores. Los sindicatos blancos son los que existen sólo en el papel y manejan contratos de protección, mientras que los ‘charros’ son sindicatos en manos de la gente de la central, que no representan los intereses de los trabajadores.
Para romper este esquema y tener un impacto más efectivo, es necesaria una estrategia organizativa de largo plazo, señala el también catedrático Rivera Salgado. Esta estrategia debería incluir el desarrollo de capacidad organizativa y de liderazgo.
Gaspar Rivera indica que cuando llegó a San Quintín con la caravana de ayuda fue testigo de una gran determinación por parte de los jóvenes indígenas en prepararse para luchar por sus derechos. Durante las conversaciones con los jóvenes que están siendo parte del paro laboral en San Quintín y en el transcurso de los talleres, los jóvenes trabajadores agrícolas expresaron su decisión de defender sus derechos en una lucha que se anticipa podría extenderse por varias generaciones.
En eso coincide el líder de los trabajadores agrícolas Fidel Sánchez quien reconoce: “Estamos peleando frente a los tres poderes más grandes en México: el gobierno al que le importan poco los trabajadores, el poder del dinero de los productores (socios de la élite política) y el poder sindical aliado de la agroindustria”.
“Nuestras vidas están de por medio y ya estamos grandes pero queremos que la lucha jamás se termine. Si algo nos llegara a suceder a nosotros, queremos que los jóvenes continúen peleando por sus derechos”, señala el dirigente, también un indígena oaxaqueño.
Bertha Rodríguez es periodista, miembro de FIOB y colaboradora del Programa de las Américas www.americas.org.
Fotos: David Bacon, Rafael Rodríguez
