Por Talli Nauman
La guerra contra las drogas de Estados Unidos en los vecinos países de América ha ido de mal en peor desde que el Plan Colombia y el Plan Cóndor comenzaron causando destrucción ambiental incalculable fumigando con herbicidas en países de la diversidad biológica de Colombia y México en la década de 1970.
Ahora 40 años más tarde, los congresistas de Estados Unidos y funcionarios de la casa blanca que se aferran al Plan Mérida desvergonzadamente están tratando de revender su éxito en Centroamérica y México, mientras que se esta matando no sólo a las plantas sino a decenas de miles de personas inocentes en esas naciones creando un mayor acercamiento entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
El Gobierno de Estados Unidos suministra de todo desde asesoramiento y equipo hasta personal militar para las batallas que los latinoamericanos se niegan a luchar empujando a sus adversarios políticos más cerca que nunca a un punto de ruptura en esta guerra inútil.
Países enteros en América Latina y estados enteros en Los estados Unidos recientemente han salido a las calles con pancartas desplegadas pidiendo la legalización de la marihuana, una medida que podría derrotar la razón de ser de los carteles de drogas logrando de esta manera acabar con este largo conflicto armado, que ha durada décadas.
Los intereses cruciales de salud y medio ambiente tienden a perderse en el tira y afloja ideológico sobre si gastar más dinero de las arcas militares para la causa (a razón de 15 millones de dólares estadounidenses al año; $500 por segundo) o legalizar el contrabando para así imponerle un impuesto, regularlo, y así refinanciar las arcas fiscales para seguir cubriendo los gastos de los servicios sociales (ahorrando 44.1 mil millones de dólares al año en operativos policiales y generando por lo menos 32,7 millones de dólares en aranceles en Estados Unidos).
Sin embargo, el jurado ha llegado desde hace tiempo con el veredicto. “La guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo la Comisión Global sobre políticas de drogas casi hace un año, el 2 de junio de 2011. Entre las luminarias de la Comisión independiente ad hoc estaban el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan, ex jefe de política exterior de Unión Europea Javier Solana, ex Secretario de Estado George Schultz y los ex presidentes de Brasil, Colombia y México, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, respectivamente. El ex Presidente estadounidense Jimmy Carter aprobó inmediatamente la declaración.
Abundan los estudios y artículos sobre la ineficacia de los militares y los efectos de esta en el mundo de la droga. Con frecuencia dirigen su atención al hecho de que los arrestos y ataques al trafico de crack y otras drogas traen como resultado dos tipos de aumentos: muertes y precio de las drogas, los cuales fortalecen el reinado del terror del bajo mundo, especialmente en las poblaciones fuera de los límites de los Estados Unidos, punto de origen de la demanda que alimenta el comercio.
Las voces de los apologistas del Gobierno de U.S. para las políticas de drogas que han promovido esta están, por otra parte, escasamente mencionadas en los medios masivos de comunicación en los Estados Unidos, donde los lectores podrían utilizar la información para hacer comentarios y tomar acción para políticas alternativas.
Cuando William Brownfiel, Asistente Secretario de Estado de la Agencia de Narcóticos Internacionales y Fuerzas Policiales compadeció frente al Subcomité de Apropiaciones de la Casa de Representantes de Estados Unidos sobre Los Programas en El Extranjero en Marzo 29, el New York Times y El Washington Post estaban dentro de los medios de comunicación que no cubrieron ese evento.
La administración de Obama ha pedido más dinero para seguir “el trabajo que estamos haciendo para enfrentar estos desafíos y amenazas a la seguridad de las personas del hemisferio occidental”.
Omitiendo la estadística oficial de más de 60.000 muertos desde 2006 en la guerra contra las drogas en México, Brownfield pidió $199 millones de dólares para combatir la guerra a las drogas en México para el año Fiscal 2013, suma adicional a los $249 millones de dólares ya consignados para que fiscal 2012 para “asegurar el progreso continuo y sostenible.”
El administrador de la Iniciativa Mérida agradeció al Congreso el apoyo que ha dado lugar a la entrega de ocho helicópteros Bell al ejército de México, tres helicópteros Black Hawk para la Armada de México y cuatro helicópteros Black Hawk para la Secretaría de seguridad pública de México y la Policía Federal. Estados Unidos ha dedicado un total de más de 1.600 millones de dólares estadounidenses en asistencia de seguridad desde el inicio de la Iniciativa Mérida.
Después de la presentación de Brownfield se hizo público el 7 de marzo el Reporte Anual del Departamento de Estado sobre Narcóticos Internacionales y Estrategia de Control, el cual tuvo poca cobertura en los medios de comunicación. El reporte señalo: “hasta Octubre del 2011, México estaba encaminado a tener mas de 13,000 asesinatos relacionados al trafico de drogas para ese año, un incremento del 20% en relación con los 11,583 asesinatos cometidos en el 2010.” El Procurador General de los Estados Unidos estimo que 64,000 de las 94,000 armas recuperadas en México desde que la Iniciativa Mérida se inicio tiene su best online casino origen en territorio estadounidense.
El informe admitió que las organizaciones criminales transnacionales “están cada vez mas usando formas delictivas tradicionales como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, y ventas de drogas al por menor en el mercado domestico.”
Como la guerra escalonada en México obligó a una propagación de las actividades del crimen organizado en El Salvador, Guatemala y otros países centroamericanos, Brownfield solicitó una suma adicional de $85 millones en el año fiscal 2012, más $60 millones para el año fiscal 2013, para reforzar La Iniciativa de Seguridad de La región Centro Americana.
Antes el embajador de EE.UU. a Colombia, Brownfield pidió una reducción de $18 millones de dólares de un no oficial presupuesto para el 2012, subsecuentemente representando también una reducción de $62 millones de dólares de un presupuesto no oficial del 2011 para el sucesor del Plan Colombia, es decir La Iniciativa de Desarrollo Estratégico Colombiana, sin mencionar que las elites colombianas exportan cocaína, pero diciendo además el país es “un exportador de seguridad regional, y agregando “las mejores practicas aprendidas sobre décadas en Colombia han servido a nuestra estratégica hemisférica en general”.
Brownfield pidió $21 millones de dólares para la Iniciativa de Seguridad de La Cuenca del Caribe, la cual se implemento hace tres anos, debemos notar que su oficina gastó $48 millones para programas y equipos en los dos primeros años y se espera asignar la suma adicional de $30 millones antes de que acabe el año.
En el otro extremo de la guerra del tira y afloja, las recientes demandas de la no criminalizar el uso de estupefacientes por parte del Presidente colombiano Juan Manuel Santos y el Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina marcan la primera vez que actuales jefes de Estado se oponen a la guerra contra las drogas.
El candidato Progresista para las elecciones presidenciales de México del 1 de julio está haciendo campaña sobre una plataforma que se opone a la guerra contra las drogas. “Está demostrado que con la militarización, con las cárceles, con las leyes más severas o con una mano dura, más violencia no resuelve violencia,” candidato Andrés Manuel López Obrador dijo mientras hacia campana en el estado de Durango a principios de este año.
Los partidarios de la legalización en México celebraron un encuentro masivo en la plaza central de la capital el mes pasado y el Movimiento Ciudadano por la No-Criminalización de la Marihuana había programado festivales musicales en la ciudad de México para el 15 de abril.
Los resultados de la encuesta de Rasmussen del 30 de marzo, mostraron una tendencia al alza en el apoyo de los votantes de Estados Unidos para la legalización, con 47% a favor, 42% se opuso y 10% indecisos.
Incluso el evangelista Pat Robertson hizo suya la balota de votación para noviembre del 2012 que los estados de Colorado y Washington han propuesto para la legalización de la marihuana, generando el comentario de la Directora Ejecutiva de La Alianza sobre Política de Drogas Ethan Nadelmann quien señalo que “el movimiento de reforma de la política de drogas está ganando terreno significativo”.
Sus comentarios en ocasiones consecutivas – como las de las facciones pacifistas — cayeron principalmente sobre micrófonos muertos en las altas esferas de los medios de comunicación de Estados Unidos, y permanecen allí para ser reconsiderados en la campaña electoral de Obama para la reelección presidencial de noviembre. Como ha señalado Nadelmann, “a pesar de este impulso, la guerra contra las drogas sigue haciendo estragos. La mayoría de los políticos de EE.UU. permanecen firmemente arraigados a la mentalidad de la guerra a las drogas”.
De hecho toda esta conmoción parece haber inspirado a la administración de Obama para realizar control de daños, no sólo con súplicas de Brownfield al Congreso, sino también con la reciente posición guerrerista contra las drogas del Vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden en México, la Secretaria de Estado Hillary Clinton y La Secretaria de seguridad Nacional Janet Napolitano.
Para poner fin a esta absurda hemorragia de recursos humanos y monetarios, activistas y medios de comunicación de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México deben redoblar esfuerzos.
Ha llegado la hora para que los electores de los Estados Unidos se unan a los de México y con otros ciudadanos de América Latina en un movimiento a gran escala, un movimiento sin frontera para demandar la paz a las drogas. Sólo entonces esta debacle tan costosa podría convertirse en un tema de una cobertura mediática seria y consistente que sirva para tomar decisiones basadas en buena información.
Tally Nauman es una colaboradora del Programa de las Américas y columnista y fundadora y codirector de Periodismo Para Aumentar la Conciencia Ambiental, un proyecto independiente de los medios de comunicación iniciado en 1994 con el apoyo de la John D. y Catherine T. MacArthur Fundación.
