En lo que México sufre las consecuencias del devastador terremoto, y Puerto Rico se encuentra literalmente anegado, Guatemala se encuentra ante un sismo político, en donde la credibilidad de las instituciones es cada día peor.
El Ejecutivo, especialmente la figura presidencial, está totalmente desgastada, enfrentando tres solicitudes de antejuicio. Buena parte de los Diputados electos democráticamente tienen procesos judiciales pendientes o se encuentran también en situación de ser antejuiciados.
La Corte Suprema de Justicia también está desprestigiada; y el Organismo Judicial no goza de ningún aprecio por parte de la ciudadanía. La Contraloría General de Cuentas se suma a las instituciones que carecen de credibilidad y prestigio social. El asunto crucial es: ¿cómo se va a salir de ese pantano? ¿Cuáles son las alternativas?
Se habla de un diálogo a nivel nacional. También de reformas a leyes, entre ellas la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La actual administración tiene únicamente dos años por delante. Algunos opinan que para no resquebrajar de manera radical la institucionalidad, lo mejor será esperar que “corran” los dos años. El problema es que si en las próximas elecciones se continúa con las mismas normas de juego, tendremos nuevamente “más de lo mismo”. Los diputados y diputadas que se tiene ahora fueron popularmente electos. ¿O es que todo pueblo tiene el gobierno que se merece, como dice el dicho popular?
No cabe la menor duda que el gobierno del Partido Patriota llevó al clímax la corrupción y la apropiación de las arcas del Estado para beneficio propio, en negocios sucios y alianzas con el narcotráfico. ¿Esperamos dos años para unas elecciones en iguales condiciones? Algunas opiniones llegan a aceptar la posibilidad del golpe de Estado como una salida. Posiblemente lo mejor sería convocar a una Asamblea Constituyente–se considera que el clima actual no propiciaría un proceso electoral transparente.
En este contexto, Todd Robinson cumplió con su período como embajador de Estados Unidos en Guatemala, y el 30 de septiembre arribó el nuevo embajador, Luis Arreaga, nacido en este país. Desde la marcha del miércoles 20 de septiembre, los días han transcurrido en una especie de paralización e impasse. Entre los rumores se menciona que Guatemala vive la peor intervención de Estados Unidos desde 1954. Sea como sea, la descomposición social ha alcanzado tales niveles que no se avizora la luz al final del túnel.
Las carreteras del país se encuentran totalmente destruidas, la época lluviosa ha contribuido a devastarlas casi por completo. El Presidente Morales solicitó al Congreso la aprobación de urgencia nacional para repararlas, pero el Congreso se negó, bajo el argumento que se trata de comprar sin licitar y continuar así con la corrupción. Hay crisis en el sistema de salud, en la atención a la juventud, y un largo etcétera.
Los diferendos se resuelven diciendo que en Guatemala hay dos bandos–la infinita tendencia a la polarización–los que están a favor de la corrupción y los que están en contra. La realidad no es así. Hay personas muy críticas del proceder del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero que están en contra de la corrupción y del Presidente Jimmy Morales. Mientras se continue con este tipo de argumentación, no habrá posibilidad de ningún diálogo. Se trata de un debate entre sordos.
El gran problema de los partidos políticos es que no tienen ideología. Socialdemócratas que no lo son, socialistas que no lo son; quizás los únicos que tienen coherencia ideológica son los fascistas encabezados por el muchas veces re electo alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú. Nunca se habían escuchado tantos despropósitos.
El otro error fue confundir la actual coyuntura con la crisis de 2015. No obstante, la crisis actual no se gestó de la noche a la mañana. Es un proceso larvado a lo largo del conflicto armado interno, en dónde se cooptaron todas las instituciones del estado y se colocaron jueces de dudosa calidad moral. El Organismo Judicial con que se cuenta actualmente es herencia de los años de represión y enfrentamiento armado. La CICIG debió desmantelar los cuerpos clandestinos e inició la lucha contra la corrupción, pero se cuenta con un Organismo Judicial nada funcional, en dónde los juicios son eternos, se abusa de la prisión preventiva, y se tiene más deseo de venganza que de justicia.
La democracia guatemalteca es una democracia enferma, heredera de los 36 años de barbarie y crímenes de lesa humanidad. El parteaguas de los Acuerdos de Paz no logró cuajar, porque no se sanaron las heridas de la guerra, la polarización continuó, mientras que la gavilla de siempre continuaba expoliando al estado y dejando en el más absoluto abandono a los servicios públicos.
Eso tenemos hoy–más de medio siglo de las mismas personas circulando en los puestos, saltando de un partido político a otro. Guatemala no se puede entender sin considerar que es una sociedad post conflicto, cuyas heridas no terminan de sanar.
Walda Barrios es activista a favor de los derechos de la mujer, doctora en Sociología, Coord. de Estudios de Género y Feminisode FLACSO-Guatemala e integrante delGrupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres. Es columnista del Progama de las Américas www.americas.org.
