Patrick Leahy, líder del comité presupuestario en el Senado estadunidense, congeló la asignación de $95 millones de dólares para el financiamiento de la Iniciativa Mérida, argumentando la falta de una clara estrategia por parte del Departamento de Estado de los EE. UU. y del gobierno mexicano.
“Parece como lanzar dinero sin rendición de cuentas,” según cita a Leahy el monitor legislativo, CQ Roll Call.
La decisión es un reconocimiento tardío de que la guerra contra las drogas en México ha sido un verdadero fiasco. La Iniciativa Mérida, un plan de la era Bush para atacar a los cárteles en México y reducir el tráfico de drogas prohibidas hacia el mercado estadunidense comenzó en 2008. El congreso ha asignado $1900 millones de dólares provenientes del presupuesto federal durante los últimos cinco años, dirigidos principalmente al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad mexicanas. Desde que la guerra contra las drogas fue lanzada y las fuerzas armadas desplegadas para combatir a los cárteles, la tasa de homicidio en México se disparó 150%, entre 2006 y 2012.
Sin justificación
A finales de agosto el Departamento de Estado pidió al comité otorgar $229 millones asignados a la Iniciativa Mérida en el presupuesto de 2012. Al comienzo, Leahy decidió detener todo el monto, luego de recibir una explicación de sólo dos páginas y media del Departamento de Estado que él consideró que no describía adecuadamente usos y objetivos.
En abril, el comité liberó $134 millones, pero retuvo el resto condicionado a mayor información del Departamento de Estado y del gobierno mexicano acerca de cómo se emplearía el dinero, cuáles serían los objetivos y cómo los recursos llevarían a la consecución de tales objetivos.
Desde entonces, ninguno de los gobiernos ha esclarecido públicamente a sus respectivos congresos el estado de la cooperación en la guerra contra las drogas o hacia dónde la pretenden dirigir.
El anuncio del jueves confirma el congelamiento de los fondos y obliga a ambos gobiernos a definir una estrategia conjunta que muestre alguna evidencia de viabilidad.
Uno de los principales asistentes de Leahy, contactado poco después del bloqueo, resumió la razón detrás de la suspensión de la ayuda: “Recibimos menos de tres páginas de explicación. El Senador Leahy no autoriza un cuarto de mil millones de dólares sólo porque sí.”
Desde sus orígenes de la administración Bush como un proyecto “contra narcóticos, contraterrorismo y de seguridad fronteriza” (según un documento filtrado de 2007, que hasta la fecha presenta la descripción pública más detallada), el antes llamado “Plan México”, ha provocado críticas en el Congreso y en el público debido a la falta de transparencia y estrategia.
El hecho es que la guerra contra las drogas en México, apoyada desde EEUU con la iniciativa Mérida, nunca tuvo una estrategia clara y viable. La Oficina de la Contraloría de EE. UU. (GAO) escribió en una evaluación de 2010 que el paquete de ayuda para la seguridad de México fue adoptado sin índices para medir el éxito, ni siquiera alguna definición clara de lo que tal éxito significa.
La preocupación de Leahy se centra en la falta de estrategia de ambos gobiernos, en las crecientes violaciones a los derechos humanos en el marco de la estrategia y en la falta de consulta y coordinación entre los dos gobiernos sobre lo que se supone sería una acción conjunta. Por ejemplo, el Departamento de Estado presentó la solicitud para la asignación de fondos al comité de Leahy en agosto del año pasado —cuando aún el nuevo gobierno de México no se había instalado y se desconocía cómo sería el nuevo plan de seguridad y quiénes serían las contrapartes en el gabinete correspondiente.
El miembro del equipo de Leahy también comentó que el problema va más allá de la falta de rendición de cuentas.
“Hay una preocupación de que la Iniciativa Mérida no ha logrado lo que la gente esperaba,” dijo. “El pueblo mexicano parece compartir esta perspectiva y emitieron su voto a favor de un cambio. Pero aún no está claro cuál es la pretensión del Presidente Peña Nieto, y qué es lo que él está haciendo de manera diferente.”
En sus ocho meses de ejercicio, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado un conjunto de nuevos programas de seguridad, algunos aparentemente dirigidos más a la prevención y atención a las causas que originan la violencia, tal como se prometió en su campaña. Pero en realidad la guerra contra las drogas se ha intensificado, con la ocupación del estado de Michoacán por parte de las fuerzas armadas y continuos desplazamientos militares y operaciones conjuntas antinarcóticos. No hay indicios claros de un nuevo modelo de seguridad pública, ni de una disminución de la violencia en el país.
La falta de información por parte de la embajada mexicana en Estados Unidos y las aparentes contradicciones entre los hechos y la retórica han creado incertidumbre, de acuerdo con expertos de Washington.
De la misma manera, a pesar de que el Departamento de Estado haya cambiado varias veces los objetivos anunciados para su asesoría a México en seguridad, e intentado darle nuevos nombres como “Más allá de Mérida” y “Mérida II”, no se ha presentado un cambio hacia una estrategia binacional nueva, más efectiva y menos violenta. No obstante la continuación de resultados desastrosos, la Iniciativa Mérida no se ha distanciado del modelo de la guerra contra las drogas que enfoca los esfuerzos en combatir la oferta en lugar de reducir la demanda o atacar las estructuras del negocio. Es un modelo que ha sido contraproducente en cada sitio del planeta donde ha sido implantado.
Guerra contra las drogas en México y la creciente violencia
La Iniciativa Mérida (IM) está basada en un enfoque militar/policiaco para llevar a cabo operaciones anit-drogas, lo cual ha sido criticado por el Senador Leahy desde su origen. A pesar de que el financiamiento directo a las fuerzas armadas mexicanas ha disminuido desde los presupuestos de 2008 y 2009, el énfasis en operaciones especiales para atrapar a los líderes de los cárteles e interceptar cargamentos ha llevado a enfrentamientos frontales y ha desatado batallas entre los distintos grupos del crimen organizado por los territorios en disputa, junto con aliados en el gobierno.
En México, la Drug Enforcement Agency (DEA) ha expandido operaciones sustancialmente, en paralelo a la expansión de la CIA, FBI y otras agencias. Dado que la presencia militar extranjera es prohibida por leyes mexicanas, personal militar mexicano recibe adiestramiento en operaciones similares a las de Iraq bajo los auspicios del departamento de defensa en una nueva unidad del Northern Command en Colorado Springs, en Fort Bragg, y en la infame Escuela de las Américas.
La estrategia de tratar el problema del crimen en México como si fuera una “guerra perpetua” predeciblemente ha convertido a la nación, y sobre todo las fronteras norte y cada vez más la sur, en una zona de guerra. En cinco años de lo que originalmente era un plan de un plazo de tres años que Obama después declaró “indefinido”, alrededor de 100,000 mexicanos han sido asesinados y decenas de miles más han sido desaparecidos, heridos, violados o forzados a abandonar sus hogares. Cada día surgen más decapitaciones, torturas, asesinatos y desapariciones, y en muchos casos la evidencia señala a miembros de las fuerzas de seguridad como los culpables.
Los promotores de la guerra insisten en que el aumento en el número de detenciones de capos es una señal de éxito. Sin embargo, la corrupción y la disfuncionalidad del sistema de justicia llevan a procesos jurídicos cuestionables, y la capacidad de regeneración de las estructuras organizativas de los cárteles de la droga que luchan por el control de un negocio multi-millonario, ha hecho de la guerra contra el narcotráfico librada en suelo mexicano un esfuerzo inútil.
Luego de años de promesas, el gobierno estadunidense no ha establecido un alto en el contrabando de armas de su país hacia los carteles mexicanos, ni ha reducido la demanda de drogas prohibidas ni ha controlado el flujo de fondos ilícitos a través de sus instituciones financieras. Leyes punitivas contra las drogas han puesto tras las rejas a millones de jóvenes latinos y afro-americanos mientras el lucrativo comercio de las drogas sigue floreciendo.
El congreso estadunidense va por buen camino al poner un alto a un gasto público inútil —en especial uno que termina con vidas humanas. Leahy advirtió que a menos que su comité reciba información detallada de un plan conjunto para lograr objetivos definidos, las asignaciones futuras también serán congeladas.
Las solicitudes de recursos para la Iniciativa Mérida que presenta el Departamento de Estado al Congreso usualmente están envueltas en proyectos de ley para el financiamiento multi-billonario de operaciones y defensa exteriores, y por eso no han recibido el escrutinio que merecen. La decisión de Leahy pone en evidencia una situación que nunca debió haber alcanzado estas magnitudes de recursos y vidas desperdiciados.
Los congresistas deben ir más lejos aún y exigir una revisión a fondo de la Iniciativa Mérida antes de asignar o autorizar fondos. Se trata de uno de los programas más contraproducentes del presupuesto federal. La promoción del modelo actual de guerra contra las drogas en México contribuye al incremento dramático de las violaciones de derechos humanos. Las estipulaciones sobre derechos humanos contenidas en la IM sólo han servido para blanquear un paquete de asistencia que fomenta violaciones de derechos por parte de las fuerzas armadas y policía mexicanas mediante la premiación a los perpetradores, quienes raramente enfrentan consecuencia alguna por sus actos.
Grupos de derechos humanos de México y EE. UU. han estado exigiendo que se suspenda la Iniciativa Mérida desde hace años. Mientras tal demanda no fue atendida, la tasa de homicidios creció y los grupos del crimen organizado se volvieron más despiadados y ambiciosos. Los gobiernos creyeron que sería suficiente con anunciar al público que se trataba de los momentos oscuros antes del amanecer y que, por lo tanto, habría que tener paciencia.
Entre las madres y padres de las víctimas de la guerra, la paciencia no es una virtud. Una caravana de familiares de víctimas mexicanas visitó la oficina de Leahy y otros miembros del congreso el pasado septiembre, pidiendo un fin inmediato a la guerra contra las drogas. La caravana que atravesó todo el país buscaba mostrar la manera en que la Iniciativa Mérida, el flujo de armas y el lavado de dinero en EE. UU. han contribuido a las tragedias de sus familias. Sus historias hicieron llorar a varios integrantes del Congreso y su personal.
Era tiempo de que alguien en el gobierno exigiera un cese al derroche de dinero y vidas en la guerra contra las drogas de México. No sólo es ineficaz, sino mortal.
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas y colaboradora y comentarista en varios medios. Es miembro del Grupo International de Trabajo sobre Mesoamérica y participó en la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad de México el año pasado.
Traducción: Victor D. Cruz Aceves
