La Corte Suprema de El Salvador permitió a partir de 2015 que INTERPOL capture a prófugos amnistiados en el país. Con esta resolución, España vuelve a la carga para buscar justicia en el caso de los sacerdotes jesuitas españoles y dos colaboradoras asesinados en el campus de la Universidad José Simeón Cañas UCA, en San Salvador por miembros del batallón Atlacatl de la Fuerza Armada salvadoreña durante la guerra civil en 1989.
El mes pasado el juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Eloy Velasco, giró órdenes de captura para 17 militares señalados en el crimen. Aunque las órdenes ya están en manos de la INTERPOL en El Salvador la decisión de extraditar a los militares está en manos de la Corte Suprema salvadoreña que deberá decidir si procede o no una extraditación de los militares requeridos en España que gozan de protección por la Ley de Amnistía vigente en el país que prohíbe que se abran casos por crímenes ocurridos durante la guerra civil de los años 80.
Sin embargo, el ministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara, se limitó a decir en conferencia de prensa que la Policía Nacional Civil (PNC) está a la espera de recibir las notificaciones para hacer efectivas las detenciones de los militares y el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que aun esperan la correspondencia oficial para realizar las capturas.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador, Eugenio Chicas, dijo en el canal oficial del gobierno que se dará cumplimiento a las órdenes de detención, pero reiteró que la decisión sobre la extraditación de los militares es del Órgano Judicial del país. “Está claro jurídicamente para este gobierno que las órdenes deben cumplirse. Pero el resto dependerá del Órgano Judicial”, dijo Chicas.
Por su parte, en una entrevista que concedió desde España el abogado, Antonio Alberca Pérez, defensor de los jefes militares señalados, a un periódico local salvadoreño, dijo que ya presentó una recusación contra el juez Velasco, por considerar que es “parcial” porque imparte clases en una universidad jesuita española que está relacionada a la Compañía de Jesús, congregación a la que pertenecían los sacerdotes asesinados.
El defensor de los militares acusados dijo también que Velasco no debió haber girado las nuevas órdenes de captura porque el asesinato de los sacerdotes y las dos colaboradoras ya fueron tratados en El Salvador bajo la Ley de Amnistía y porque también ya fueron enjuiciados algunos militares por el caso en El Salvador. Por lo tanto, España no tiene competencia para juzgar el caso ocurrido en El Salvador.
“El juez es absolutamente parcial. Hemos presentado la documentación que acredita que el juez Velasco está juzgando hechos que ocurrieron en una universidad jesuita. El juez no nos deja tomar vista de la causa alegando que los acusados han evadido la justicia en España y eso demuestra que las personas no tienen garantizado el derecho de defensa”, dijo Pérez en la entrevista al rotativo.
El procurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, reaccionó ante la orden y dijo que las autoridades salvadoreñas deben proceder de inmediato para capturar a los militares requeridos por España. Morales dijo también que el Estado salvadoreño y la Policía Nacional Civil (PNC) tienen la obligación y el deber de cooperar para que se cumpla con la justicia en el caso de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas.
El procurador fue más allá y advirtió que el alto mando de la Fuerza Armada salvadoreña no debe intervenir en las detenciones. “El cumplimiento de las órdenes de detención internacional es obligatorio y debe procederse a su inmediata ejecución por parte de las autoridades salvadoreñas. Los crímenes de guerra son imprescriptibles y ningún Estado puede abstenerse de juzgarlos, por lo tanto no es válido aplicar ningún tipo de amnistía”, dijo Morales.
Para los representantes de la UCA, esta es la oportunidad para que las autoridades de El Salvador se reivindiquen en el caso. El vicerrector de Proyección Social, Omar Soriano, dijo en conferencia de prensa que las autoridades salvadoreñas deben actuar de acuerdo a las leyes. “Esta es una oportunidad para que el sistema de justicia del país se limpie la cara. Hace unos meses hubo una difusión roja y la Corte Suprema lo interpretó como aviso de localización y no hubo detenciones”, dijo Soriano.
Mientras tanto, la directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Janeth Aguilar, dijo que el gobierno debe hacer su parte para que El Salvador cumpla para que las órdenes de detenciones se hagan efectivas para que se haga justicia en el caso de los sacerdotes jesuitas. “Esperamos que el Órgano Ejecutivo del país facilite las condiciones para la extradición de estos criminales de guerra”.
Y es que, esta no es la primera vez que Velasco gira una orden de captura contra los militares. En 2011, los involucrados en el caso se resguardaron en un cuartel de la Fuerza Armada, protegidos por el alto mando militar y por el gobierno de turno. Entonces la Corte Suprema dijo que las órdenes giradas solo podían ser efectivas para localizar a los imputados y no para hacer efectiva su extradición a España.
La resolución dictada por el juez Velasco en ese momento y las órdenes de captura dictaban que El Salvador “en cuyo territorio sucedieron los hechos, está obligado a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden internacional de detención con fines de extraditación emitida por el Estado Español”.
En enero de 2013 el entonces candidato a la presidencia y vicepresidente del país, Salvador Sánchez Cerén, prometió que buscaría los mecanismos para promover la derogación de la Ley de Amnistía, aprobada después de la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, durante su mandato Sánchez Cerén ha sido claro al ser cuestionado por la prensa nacional al respecto de su promesa y ha dejado en manos de la Corte Suprema la derogación de la Ley de Amnistía.
En enero de 2015, el magistrado de la Corte Suprema, Florentín Meléndez, dijo que el punto sobre la derogación de la ley sería tratado después de las elecciones presidenciales de marzo de ese año para no afectar el proceso. Aunque el magistrado dijo que la ley está en estudio y que la sentencia sería emitida después de marzo, hasta la fecha no ha habido ninguna resolución sobre la ley.
De acuerdo al documento del caso del Juzgado Central de Instrucción Número 6, de la Audiencia Nacional de Madrid, España, al que tuvo acceso el Programa de las Américas, los 17 militares señalados, entre ellos altos jefes de la Fuerza Armada, están acusados de ocho “asesinatos terroristas que constituyen crímenes contra el Estado” español y “un delito de crimen de lesa humanidad o contra el derecho de la gente”.
Los militares requeridos por la justicia española son el ex ministro de la Defensa salvadoreña, Rafael Humberto Larios; el coronel y exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, René Emilio Ponce; el general y excomandante de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo; el general y exvice ministro de Defensa, Juan Orlando Zepeda; el coronel y ex vice ministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, detenido en 2014 en Estados Unidos por fraude migratorio y en proceso de extraditación a España; el coronel y exjefe de la Primera Brigada de Infantería, Francisco Elena Fuentes. Así mismo, el exjefe de Infantería y del batallón Atlacatl, José Ricardo Espinosa Guerra; los oficiales del Batallón Atlacatl, Gonzalo Guevara Cerritos, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramíro Ávalos, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascencio, Oscar Alberto León Linares, Carlos Camilo Hernández Barahona y René Yusshi Mendoza Vallecillos.
La acusación también incluye al exdirector de la Escuela Militar donde se forman los oficiales de la Fuerza Armada, Guillermo Alfredo Benavides; el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Joaquín Arnoldo Cerna Flores; el exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional, Carlos Mauricio Guzmán y el teniente de la Dirección de Inteligencia, Héctor Ulises Cuenca Ocampo.
El juez Velasco, giró orden para 17 de lo acusados, ya que según el documento de la Audiencia Nacional uno de los imputados figura como testigo protegido, presentado por la querella y ya rindió su declaración en España y otro de los acusados, el coronel Inocente Montano, ya fue detenido en Estado Unidos, por delitos de defraudación migratoria y está peleando legalmente para no ser extraditado desde ese país hacia España en donde es requerido por el asesinato de los sacerdotes españoles.
En documentos oficiales se señala que en 1990 el mayor del Ejercito de Estados Unidos, Erick Buckland, reveló la información que una comisión especial de su país había reunido en torno al caso y señaló al teniendo Benavides como el responsable de dar la orden a los miembros del batallón Atlacatl para asesinar a los jesuitas. Los oficiales René Yusshi Mendoza Vallecillos y Carlos Camilo Hernández Barahona fueron condenados a 30 años de cárcel por el crimen en 1992 en un juicio que fue criticado por sus vicios, pero después de 15 meses fueron amnistiados por el presidente Cristiani.
Además, entre otros documentos que fueron revelados en el proceso en España que señalan a los oficiales mencionados, también están las “declaraciones corregidas” por el abogado y asesor de la Fuerza Armada y ahora diputado del parlamente salvadoreño, Rodolfo Parker, en las que se borró toda implicación de los altos mandos militares en el juicio.
Los jesuitas, enemigos de los militares
Desde finales de los años 70 sacerdotes y religiosos de varias órdenes se habían convertido en el blanco u objetivo de las Fuerzas Armadas salvadoreña y de grupos paramilitares organizados por la extrema derecha del país. El odio en contra de sacerdotes, especialmente de la congregación jesuita se originó por la creencia de los oficiales militares que los marxistas habían logrado penetrar la Iglesia Católica y que desde ahí fraguaban planes para emprender ofensivas junto con la guerrilla.
Los registros que sobrevivieron a la guerra civil salvadoreña hablan de unos 250 “incidentes” entre amenazas, atentados, expulsiones y asesinatos de sacerdotes y religiosos acusados de “incitar” a los campesinos en contra del gobierno y del régimen militar. A los jesuitas, por ser los voceros de la Teología de la Liberación se les acusó especialmente de “envenenar la mente de los jóvenes salvadoreños”, en los colegios y en la universidad donde trabajaban.
El alto mando militar integrado por uno grupo de oficiales conocido como “La Tandona” responsabilizó a los jesuitas del surgimiento de la rebelión de estudiantes e intelectuales del país y en especial del movimiento guerrillero en El Salvador. Ignacio Ellacuría Beascoechea, el rector de la UCA se había convertido además en un analista político crítico de la guerra, del gobierno, de la Fuerza Armada y su mando, y de la misma guerrilla.
Documentos oficiales, incluidos en el expediente español del caso señalan que con el tiempo Ellacuría se convirtió en el mediador entre la guerrilla, el gobierno de derecha electo en 1984 y los representantes de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, esto le valió a los militares para asegurar que el sacerdote era “uno de los principales asesores, consejero y estratega del FMLN”.
Ellacuría presionó al gobierno y a la guerrilla para que dialogaran. Según estos documentos a los que tuvo acceso el Programa de las Américas, Ellacuría convenció al entonces presidente Alfredo Cristiani de reformar a la Fuerza Armada y promover cambios en las líneas de mando militares que se mantenían en el poder como dictadura militar no oficial en el país y esa fue la sentencia de muerte que firmó el jesuita, convirtiéndose también en enemigo número uno de “La Tandona”.
Desde 1980 la mayoría de amenazas que llegaban hasta la UCA iban dirigidas especialmente para Ellacuría. El campus de la universidad era sitiado y registrado constantemente porque los militares señalaban a los jesuitas afirmando que escondían armas de la guerrilla, los ataques y amenazas fueron creciendo poco a poco.
Los militares utilizaban la radio oficial para hacer amenazas abiertas contra los jesuitas y además, advertían a la población del peligro que estos religiosos representaban para el país por sus estrechos vínculos con la comandancia guerrillera y sus ideas de la teología de la liberación.
Ellacuría utilizaba la revista editorial de la UCA para criticar el contexto social del país, “Al cerrarse 1980, el cuadro social ya está listo para la confrontación total. El proyecto ha agotado sus posibilidades y ya no queda más salida que la guerra civil”, escribió entonces.
En el expediente judicial del caso, de la Audiencia Nacional de Madrid, consta que el plan para asesinar al rector de la UCA y a los otros sacerdotes estaba elaborado desde el 5 de noviembre de 1989 y fue planificado por los jefes de la Fuerza Armada salvadoreña, pero fue después del 11 de noviembre cuando la guerrilla emprendió su ofensiva final “Hasta el tope” que los militares pusieron fecha para cometer los asesinatos.
La reconstrucción de los hechos que ocurrieron durante la noche del 16 de noviembre de 1989 en la UCA y algunas pruebas testimoniales presentadas por la querella del caso son parte de los testimonios de tres personas que lograron esconderse ese día en los edificios contiguos a la residencia de los jesuitas desde donde con horror observaron todo lo que ocurrió.
“Ellacuría es uno de los que tiene que morir”
En los registros del caso que están tanto en el expediente salvadoreño como en los documentos españales, el teniente Guillermo Alfredo Benavides, dijo haber recibo la orden para asesinar a los jesuitas de parte de un superior: “Son ellos o nosotros. Han estado desangrando nuestro país y debemos destrozarlos. Ellacuría es uno de ellos y debe morir. No quiero testigos. . . Es una orden y deben cumplirla”.
El informe de la Comisión de la Verdad, redactado después de la firma de las acuerdos de paz en 1992, que el plan para asesinar a los jesuitas se completó “durante una reunión. Los oficiales se mantuvieron de pié hablando en grupos; uno de estos grupos estaba formado por el coronel René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Coronel Francisco Elena Fuentes, coronel Juan Orlando Zepeda y Coronel Inocente Orlando Montano. Ponce llamó al coronel Guillermo Alfredo Benavides y delante de los otros cuatro oficiales le ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos. También le ordenó usar las unidades del batallón Atlacatl” para cometer el crimen.
Esta orden se dio en la tarde del 15 de noviembre y según el expediente judicial de España donde se reconstruyen los hechos previos a los asesinatos, fue el resultado “de una discusión, planificación y autorización previas y su ejecución se inició el 11 de noviembre con la orden de sitiar el campus de la UCA.
En el documento consta además que la Fuerza Armada salvadoreña puso a trabajar alrededor del plan a todo su aparato incluidos el Comandante de la Fuerza Aérea, los soldados y la unidad de comando del batallón Atlacatl, los soldados del batallón Belloso, la emisora de radio militar Radio Cuscatlán, el Centro Civil para la Información Nacional de la Presidencia, el Complejo de Operaciones del Mando Conjunto, las Operaciones Psicológicas del Mando Conjunto, el Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas (COPREFA), la Dirección de la Inteligencia Nacional y el Centro Técnico de Instrucción Policial (CETIPOL).
Unos 300 soldados fueron destacados para rodear la universidad y la excusa de los militares fue “haber recibido información de que elementos terroristas penetraron en la Universidad… y que estos habían abierto fuego contra fuerzas militares” que patrullaban la zona. El presidente Cristiana dijo públicamente que “se habían encontrado armas” y “otras pruebas de actividades terroristas” en la UCA.
En los documentos se relata que a eso de las 6:30 de la tarde los militares iniciaron un registro en la universidad porque además había información que un número indeterminado de delincuentes “había entrado en la UCA y que debían corroborar su presencia. La unidad de comando Atlacatl salió de la Escuela Militar (ubicada a un par de kilómetros de la universidad) para registrar la residencia de los jesuitas y el Centro de Reflexión Teológica. Pero el verdadero propósito de la misión del registro había sido prepararse para la misión de matar a los Jesuitas”.
Ese misma noche el rector Ellacuría había regresado de España, al llegar al recinto se encontró con el cateo y les dijo a los militares que regresaran durante la mañana para que con la luz del día pudieran hacer mejor los registros y darse cuenta que no escondían nada.
Una noche antes de los asesinatos, los militares que participarían en la misión para matar a los jesuitas recibieron uniformes nuevos y botas de montaña como premio por la labor que les habían encomendado los altos mandos y según el informe de la Comisión de la Verdad, esa misma noche la Fuerza Armada autorizó ataques en contra de civiles o miembros de sindicatos que apoyan a la guerrilla.
El 16 de noviembre, más de 200 miembros de la Fuerza Armada ingresaron al campus de la UCA. El objetivo esta vez no era hacer un registro, sino asesinar a los sacerdotes españoles Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montez Mozo, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo y al salvadoreño Joaquín López y López. Las colaboradoras Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos quedaron atrapadas en la universidad por el toque de queda que decretaron los militares y fueron asesinadas para no dejar testigos del crimen.
De acuerdo a información de documentos que no se han hecho públicos a los que el Programa de las Américas tuvo acceso, a eso de las siete de la noche el Camilo Hernández Barahona alentaba a los militares que participarían en la misión de asesinar a los jesuitas, mientras los oficiales del alto mando de la Fuerza Armada se reunían en el Comando Cojunto para seguir de cerca la operación. A esta reunión se unió a la media noche el presidente Cristiani y algunos consejeros militares estadounidenses.
Los militares llegaron hasta la residencia de los jesuitas, los sacaron hacia el jardín del lugar por la fuerza y ahí les obligaron a acostarse en el suelo. En la reconstrucción de los hechos se estableció que el teniente Yusshi Mondoza entregó al oficial Oscar Mariano Amaya Grimaldi el fusil AK-47 para que asesinara a los sacerdotes y hacer creer que los asesinos eran miembros de la guerrilla del FMLN.
“La operación se concentró en tres círculos concéntricos: un grupo permaneció en el área, otro grupo rodeó el edificio y otro pequeño grupo selecto fue elegido para llevar a cabo los asesinatos”. En la confesión de uno de los militares, se lee que este dijo que los sacerdotes “no parecían peligrosos, algunos eran mayores, estaban desarmados y en pijamas”, dijo el militar.
Amaya Grimaldi empezó a disparar con el AK-47 a Ellacuría, Martín Baró y Montez que yacían en el suelo, los otros jesuitas fueron asesinados por el resto de militares. El exjefe del batallón José Ricardo Espinoza Guerra, que fue el único que se cubrió la cara durante la operación dijo en su declaración que al ver a los sacerdotes en suelo mientras les disparaban se dio la vuelta con lágrimas en los ojos porque recordó que el sacerdote Segundo Montez, había sido el director del colegio Externado San José donde había estudiado durante su infancia.
En el mismo momento en el que se escucharon los disparos que mataron a los jesuitas Elba y Celina que se abrazaban y que eran custodiadas por otros soldados fueron asesinadas. Los documentos afirman que el soldado Jorge Alberto Sierra Ascencio recibió la orden de “acabar” con las mujeres para no dejar testigos del crimen.
El mayor Buckland testificó después que los disparos realizados desde la UCA pudieron oírse hasta el Estado Mayor, donde se encontraba durmiendo.
Inmediatamente después de la matanza, algunos soldados escribieron consignas del FMLN para hacer creer que los responsables de los asesinatos habían sido miembros de la guerrilla salvadoreña.
Carmen Rodríguez, es periodista en San Salvador, El Salvador, y tiene cinco años de experiencia en el periodismo digital. Su especialización es el tema de Seguridad y Judicial y ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014.
Fotos por Carmen Rodríguez
