Honduras ha sido calificado por la UNODC como el país con la tasa de homicidios más alta en el mundo desde el 2010, hasta su más reciente informe en el 20121. Desde el 2005 hasta el 2013, la muerte violenta de mujeres ha aumentado en un 263.4%”2 Esta violencia es resultado de múltiples factores, entre ellos, altos niveles de inequidad económica3 y desigualdad4, pobreza5, corrupción6, militarización7, presencia cada vez mayor del crimen organizado y del narcotráfico, teniendo todo esto un fuerte impacto negativo en los derechos humanos de la población y particularmente en la vida de las mujeres.
En el IV Informe Estado de la Región en Centroamérica8 se afirma que Honduras se acerca mucho a una modalidad de Estado hostil a la democracia, ese tipo de Estado se caracteriza porque desde su seno se dan actos contra la legalidad democrática, acciones deliberadas desde el ejecutivo para cooptar al poder judicial, con aparatos institucionales pequeños, con redes precarias en ámbitos claves del quehacer estatal; generalmente el ejecutivo controla en forma directa el presupuesto y la dirección de la mayoría de las entidades públicas. En este contexto de fragilidad institucional el Estado es penetrado en la toma de decisiones por redes corporativas, que en el balance otorgan más poder a los sectores empresariales. La gobernabilidad está amenazada por la violencia que asesina principalmente a jóvenes, hombres y mujeres. En casi todos los indicadores de gobernabilidad, inclusión social, transparencia, participación social, pacificación o convivencia, competitividad, respeto a los derechos humanos, entre otros, el país aparece mal evaluado.
Según estimaciones del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el 2013 una persona fue asesinada cada 78 minutos, en el país circulan más de un millón de armas de fuego, de las cuales, apenas 282 mil se encuentran debidamente registradas9. La Ley de Portación de Armas autoriza que cada ciudadano tenga en su poder hasta cinco armas de fuego comerciales; lo que unido a la gran cantidad de armas ilegales que circulan en el país fomenta una cultura de muerte que es alimentada por los altos índices de impunidad.
Las violencias están afectando de manera sistemática a las mujeres, especialmente a las jóvenes y las mismas ocurren en espacios privados y públicos. Cada vez en mayor cantidad y sumidas en la impunidad.
En Honduras el 27% de las mujeres informan haber sufrido violencia física en algún momento de sus vidas. Y aunque esta cifra por si sola es alarmante, la violencia contra las mujeres tiene muchas otras manifestaciones; de las cuales el Ministerio Público reconoce 25 delitos que comprenden desde lesiones, violencia doméstica, violencia sexual hasta homicidios de mujeres. Para el año 2012, el Observatorio Estadístico del Ministerio Público reportó más de 16 mil denuncias por violencia contra las mujeres; siendo la Violencia Doméstica y la Violencia Intrafamiliar las que tienen mayor volumen de denuncias con un 74.6%, seguido por los delitos sexuales con casi el 20% del total de las denuncias.
Desde el 2005 hasta el 2013, la muerte violenta de mujeres ha aumentado en un 263.4%”10, lo que implicó cada 636 asesinatos de mujeres en el año 2013, ocurriendo uno cada 13.8 horas. Este incremento se ve reflejado en la tasa de muertes violentas de mujeres hondureñas, que pasó de 2.7 en el año 2005 a 14.6 en el 201311; incluso mayor que tasas totales de homicidios de países que actualmente están oficialmente en guerra o conflicto armado12.
Las características de las mujeres asesinadas en Honduras son:
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Mujeres en zonas urbanas. En el 2012, 3 de cada 5 muertes violentas de mujeres ocurrieron en zonas urbanas, y en el 2013 se identifica una concentración del 40% del
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total de asesinatos de mujeres en dos ciudades13: San Pedro Sula y el Distrito Central.
- Mujeres jóvenes. Representando anualmente porcentajes entre el 43 y 48 porciento, y siendo actualmente el rango de edad de 20-24 años el más afectado.
- Armas de fuego. Se utiliza en más del 70% de los homicidios de mujeres.
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Hombres como principales sospechosos. En el 70% se identifica a uno o más hombres como sospechosos, y en un 1.6% a mujeres; se desconoce el sexo del porcentaje restante.
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Desapariciones. En el 40.4% de los homicidios de mujeres ocurridos durante el 2012 se desconoce el lugar en el que se cometió el crimen; lo que implica que las mujeres, niñas y adolescentes víctimas fueron sustraídas del lugar donde se encontraban, retenidas en contra de su voluntad, probablemente víctimas de abusos sexuales y torturas, para posteriormente asesinarlas y ser abandonadas en la vía pública.
- Impunidad. El promedio de impunidad en los últimos 6 años es de 93.5%, dejando sin justicia el asesinato de al menos 2,500 mujeres en ese período de tiempo.
A pesar de que en el 2013 se aprobó la figura de Femicidios en el Código Penal hondureño, no ha sido utilizada, lo que impide avances en materia de prevención, investigación y sanción de estos crímenes. Según la Fiscal responsable de la Unidad de Femicidios de la Fiscalía de Delitos Contra laVida del Ministerio Público, Ingrid Rivera14, hasta marzo 2013 se han presentado 5requerimientos fiscales por el delito de Femicidio15. Esto debido a que la investigación de los femicidios es compleja, y la mayoría de los casos se encuentran estancados en la etapa investigativa. Aunque según estimaciones16, una de cada dos muertes violentas de mujeres es un femicidio en tanto contempla alguna de las circunstancias establecidas por el tipo penal.
En tan sólo 6 años las denuncias de mujeres desaparecidas pasaron de ser 91 en el 2008 a 347 en el 2013, lo que significa un incremento de 281% en los casos de mujeres, niñas y adolescentes que son reportadas como desaparecidas a nivel nacional. A esto es necesario sumarle 155 denuncias más por delitos que implican desapariciones como privación injusta de la libertad, secuestro y tráfico de personas.
Sumado a lo anterior, y en algunos casos en relación con ello, en el país se descubren constantemente cementerios clandestinos con múltiples víctimas que posiblemente hayan sido denunciadas como desaparecidas, y en muchos otros casos ni siquiera llegan a ser reportadas a las autoridades.
Durante el año 2013, se presentaron 2,851 denuncias por violencia sexual17, lo que implica que cada 3 horas se interpuso una denuncia por violencia sexual en Honduras. Estas cifras, aunque constantes desde el 2010, representan solamente una fracción del problema pues según estimaciones la prevalencia de violencia sexual pasó de ser 4.6 en el 2008 a 8.6 en el 201018. El derecho al acceso a la justicia de estas mujeres sobrevivientes de violencia sexual es casi nulo, pues en el 94.5% de los casos quedan en la impunidad19.
Otras manifestaciones de violencia contra las mujeres que es sub registrada por las instituciones son la Trata y el Tráfico de Personas. Aunque el Ministerio Público solamente registra 27 denuncias por este delito interpuestas por mujeres durante el año 2013, la connotación trasnacional de esta delincuencia organizada indica un mayor número de víctimas. Según investigaciones20, el perfil de las víctimas de trata en Centroamérica es mayoritariamente niñas menores de edad y mujeres de diferentes edades; y en más de la mitad de los casos la trata tenía que ver con fines de explotación sexual.
Además de estar expuestas a un contexto de violencia homicida21, y de concentrarse en estas edades los abusos sexuales22, las niñas también se exponen a las perores formas de trabajo infantil, ya que “empiezan a trabajar a edades más tempranas; son menos remuneradas por los trabajos que realizan; quedan recluidas en sectores caracterizados por largas jornadas de trabajo; trabajan de forma clandestina o no reglamentaria(lo que incrementa su vulnerabilidad a situaciones de explotación o abuso); desarrollan trabajos de grave peligro para su salud, seguridad y bienestar; y quedan excluidas de la educación o sufren la triple carga del trabajo doméstico, la escuela y el trabajo remunerado23″.
La pobreza, violencia y exclusión conducen a un éxodo forzado que obliga a miles de niñas y niños a migrar ilegalmente (usualmente teniendo como destino Estados Unidos); trayecto durante el cual sufren una serie violaciones a sus derechos humanos24. En los primeros seis meses han retornado al país 3,807 menores, pero se estima que la cantidad de niñas y niños que anualmente salen del país en estas condiciones supera los 12 mil.
El Estado carece de centros de atención para mujeres víctimas de violencia y es incapaz de asegurar la integridad de las mismas. Este desamparo legislativo y social, sitúa a las mujeres en una posición de extrema vulnerabilidad y riesgo en los diferentes ámbitos del ciclo de desplazamiento forzado de víctimas en condiciones de riesgo: “las personas se ven obligadas a abandonar sus casas, salen en búsqueda de familiares a otras zonas del país, se desplazan forzadamente a otras zonas más alejadas y a menudo terminan cruzando frontera internacional”25.
Según el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), en lo que va del año ya suman más de 2400 mujeres hondureñas deportadas; la mayoría por causas ligadas a la violencia y criminalidad organizada. El ciclo de desplazamiento forzado de víctimas en condiciones de riesgo se ve marcado por la falta de mecanismos de protección nacional e internacional efectivos; por lo que no solicita directamente protección internacional como refugiados por temor a que el crimen organizado o sus sectores afines les identifique26.
La discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, específicamente en las maquilas, comienza antes de su contratación al solicitarles o practicarles pruebas de embarazo e investigar su vida familiar27.
La flexibilización laboral28 disminuye y elimina derechos humanos laborales; afectando directamente a las mujeres pues sin la estabilidad laboral las trabajadoras no pueden gozar de forma efectiva la protección por maternidad29 (licencias de maternidad, derecho a lactancia y reconocimiento económico del Instituto Hondureño de Seguridad Social).
En las maquilas de textil, agroexportadoras, hilo y arneses de vehículos las obreras ganan por decreto ejecutivo, entre 28% y 51% menos que el salario mínimo urbano. Además de sufrir múltiples y constantes agresiones que resultan en serios problemas de saludque van desde infecciones urinarias hasta abortos.30 Además, en el sector agroexportador son expuestas a largas jornadas laboras en las que se exponen directamente a plaguicidas y químicos sin elequipo de protección apropiado31
Es de gran preocupación para las organizaciones de mujeres las políticas y estrategias de seguridad implementadas por el gobierno de Honduras, especialmente aquellas encaminadas a militarizar la policía y a invertir recursos en fortalecer las fuerzas armadas, la policía a través de armas, dejando desprotegido derechos fundamentales como la educación y la salud, así como acciones encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Existe una clara orientación militarista en las acciones y políticas de seguridad que se promueven desde el Estado. Las iniciativas del gobierno de Juan Orlando Hernández, como seguimiento a medidas impulsadas anteriormente desde el Congreso Nacional, como la creación de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad ” TIGRES”; la Fuerza Nacional antiextorsión; la creación de la policía militar de orden público, con rango constitucional otorgado en los primeros días del 201432, pese a observaciones de miembros de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) sobre la inconstitucionalidad de esta medida 33 . Como respaldo económico a estas iniciativas, antes fue emitida la Ley de Seguridad Poblacional, conocida como tasa de seguridad, que funciona mediante la generación de recursos que provienen de una serie de impuestos a la población, en vigencia desde Mayo 2012.34
Los altos niveles de corrupción e involucramiento de policías y militares en crímenes y violaciones a los derechos humanos de la población: la Policía ha sido responsable de 149 muertes violentas en el país en los últimos 23 meses. El estudio de criminalidad policial en Honduras, señaló que de las 149 muertes al menos 71 los cometieron elementos de la Policía Preventiva, En los demás casos señalados, los autores son policías de Investigación Criminal y de Servicios Especiales de Investigación. En promedio mataron a seis personas al mes según informe elaborado por el Observatorio de la Violencia.
La militarización y armamentismo en Honduras tiene un impacto directo en la vida de las mujeres. El arma de fuego sigue siendo el principal instrumento utilizado para quitar la vida de las mujeres. De enero a diciembre del 2013, el principal instrumento de las muertes violentas de mujeres es elarma de fuego con 334 muertes (75.1%).En la región centroamericana, el 77% de todos los homicidios son cometidos por armas de fuego, cifra que es aún más alta en el caso de Guatemala (84) y Honduras (82), levemente menor en El Salvador (73) y más bajo en el caso de Nicaragua (51).35 Es a su vez el principal mecanismo mediante el cual se cometen los femicidios en la región.36.
El problema de acceso a la justicia para las mujeres no radica en la normativa misma sino en la inadecuada aplicación de parte de los operadores de justicia. Sin embargo, la normativa nacional penal aun no considera varios tipos de violencias que viven las mujeres: violencia patrimonial, violencia institucional, violación sexual dentro del matrimonio, matrimonio con menores de edad, acoso sexual, hostigamiento sexual y persecución. A lo anterior, se suma el desconocimiento de la legislación internacional, la falta de perspectiva de género y la ausencia de una investigación diligente en estos casos por parte de los funcionarios públicos de las instituciones encargadas.
El movimiento feminista hondureño considera oportuno el momento y los balances para crear una Ley Integral que logre realmente combatir la violencia contra las mujeres. Una Ley desde la que se pueda penalizar la violencia doméstica, sancionar los operadores de justicia que no actúen con la debida diligencia en estos casos, asegurar un presupuesto adecuado para las instituciones operadoras de justicia, fortalecer las capacidades de los funcionarios, ofrecer refugio a las mujeres, sancionar civil, penal y administrativamente a los agresores y adecuar penas.
Existe un retroceso en materia de institucionalidad vinculada a la tutela de los derechos humanos de las mujeres. Esta situación se evidencia en la desaparición de las Secretarías de Justicia y Derechos Humanos y la del Instituto Nacional de la Mujer INAM, las cuales con las reformas a la estructura de gobierno, pasan a ser Subsecretarías.37 De igual manera el traslado de la Unidad de Investigación de Femicidios, ubicada anteriormente en la Fiscalía especial de la mujer, a la Fiscalía de delitos contra la vida.
Desdehace más de 10 años se viene discutiendo la necesidad de institucionalizar las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) incluyéndolas dentro del marco legal que rige las municipalidades en el país. Sin embargo, las mujeres rurales han enfrentado grandes retrocesos como las reformas realizadas en el año 2010 a la ley de Municipalidades, después del Golpe de Estado, donde en el ART59-E.- convierte a las OMM en oficinas obligadas a atender una diversidad de poblaciones, desconociendo la problemática específica de las mujeres, y colocando temas como la violencia contra las mujeres encasilladas en una visión familista, es decir considerando solamente su rol reproductivo y el binomio madre-hijo.
Si bien muchas alcaldías han creado OMM, a partir de las exigencias de las mujeres y la voluntad política de los y las Alcaldesas, la mayoría de las encargadas no se encuentran incluidas en planilla de la Municipalidad y algunas únicamente reciben es un reconocimiento mensual de L 2,000.00 ($95) por su labor. Muchas de ellas han sido constantemente removidas de sus cargos por responder a las necesidades de las mujeres, sobre todo en materia de violencia doméstica y no son tomadas en cuenta para la planificación municipal.
El uso, promoción, venta y comercialización de la Anticoncepción de emergencia está prohibida desde octubre de 200938; como consecuencia directa, al menos 8,165 mujeres y niñas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual entre 2010 y 201339, se encontraron expuestas a un potencial embarazo no deseado; vulnerando así su derecho a la vida, la salud, la autonomía y a decidir sobre su maternidad40. La prohibición y la falta de acceso al único método capaz de prevenir un embarazo después de una relación sexual desprotegida o no consentida, constituye en sí misma una forma de violencia institucional contra las mujeres sexualmente activas en general, y contra las víctimas de violencia sexual en particular. Desde su prohibición, como consecuencia directa del golpe de estado de junio de 2009, 41 el Estado de Honduras ha recibido múltiples recomendaciones de los distintos mecanismos de vigilancia y cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, para derogar el acuerdo de prohibición vigente. 42
Actualmente existe en el Congreso Nacional de la República una iniciativa de ley, orientada a la legalización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y su respectiva incorporación en los protocolos de atención de la Secretaría de Salud Pública. No obstante, la iniciativa de ley ha enfrentado a una férrea oposición de grupos religiosos y antiderechos, generando desinformación pública respecto a los mecanismos de acción de éste método anticonceptivo, y haciendo lobby de oposición en el Congreso Nacional; retardando así el dictamen y la discusión legislativa para la legalización de la PAE.
A partir del Golpe de Estado se han recrudecido las agresiones contra defensoras y defensores en el país. Honduras es el segundo país de la región con más agresiones reportadas contra defensoras de DDHH. Las defensoras de luchas territoriales, la defensa de los bienes comunes y la lucha en contra de concesiones son quienes reportan un nivel más alto de agresiones: persecución, vigilancia, restricción de la libertad de asociación y movimiento, uso excesivo de la fuerza, criminalización, judicialización, atentados contra la vida, asesinato, detención ilegal y arbitraria, desprestigio, etc. Uno de los datos más inquietantes es que el 62% de los perpetradores de estas agresiones son agentes estatales, lo que convierte al Estado hondureño en el principal agresor de las defensoras de DDHH, seguido por las empresas. 43 A pesar de esta situación, las defensoras continúan luchando por transformar la realidad de una sociedad que a diario es golpeada por la dureza de un Estado agresor y violador de Derechos Humanos y que ha montado una campaña de persecución a Defensoras y Defensores de DDHH y sus organizaciones, persecución que se evidencia con la amenaza de cancelación de Personalidad Jurídica a más de 5000 ONG ́S de mujeres, feministas y de Derechos Humanos desde la Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población a organizaciones que de manera abierta han manifestado su repudio al Golpe de Estado y a todas las políticas que han surgido posteriores a éste.
- Las medidas de seguridad y militarización que el gobierno ha implementado responden a una concepción represiva de la seguridad. Se impulsa el militarismo y armamentismo, sin que el Estado asuma a cabalidad su obligación en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres
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La falta de voluntad política, corrupción y un sistema de justicia colapsado, resultado del colapso económico, social y cultural, se convierten en factores determinantes en el aumento de la violencia contra las mujeres al promover una cultura de impunidad.
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El acceso a justicia de las mujeres en general y a las defensoras de DDHH en particular se ve obstaculizada por la discriminación por razones de género, en claro irrespeto a la Convención CEDAW.
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La falta de confianza en las instancias de seguridad y certeza de desprotección se traduce en bajos índices de denuncia. Y en los casos en los que hay denuncia, especialmente por femicidio y desaparición, los familiares de las víctimas abandonan los procesos debido a las dificultades que enfrentan.
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Pese al aumento de desapariciones de niñas y mujeres, no existe registro de los casos, ni se actúa con la diligencia y celeridad indicada por los organismos internacionales. A causa de la discriminación y prejuicios sexistas las medidas de prevención están ausentes pese a que los hechos demuestran que estas agresiones suelen ser preludio de feminicidios.
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Hondurasha avanzado en la creación y aprobación de una Política Pública y un Plan Nacional de Derechos Humanos44, que contempla como una de sus líneas estratégicas los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, los avances en relación a su cumplimiento han sido mínimos; muestra de ello es la ilegalidad de la anticoncepción de emergencia.
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Pronunciamiento público de la Relatoría Especial sobre Violencia Contra la Mujer para que el Estado de Honduras ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), procediendo a emitir las disposiciones legales necesarias para su efectividad.
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Pronunciamiento público de la Relatora para demandar al Estado la legalización de la Anticoncepción de Emergencia.
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Pronunciamiento público de la Relatora para que el Estado de Honduras ratifique el Convenio 189 sobre trabajo doméstico.
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Exhortar al Estado en sus recomendaciones a que regule la tenencia y comercio de las armas de fuego y municiones en Honduras.
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Instar al Estado a fin de que adopte medidas efectivas para proteger la vida e integridad física de las defensoras de derechos humanos amenazadas y atacadas por diversos actores.
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Exhortar al Estado a que cumpla con su obligación de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas y específicamente a las mujeres. Para esto es necesario que haga efectivos los procesos de depuración e intervención del Ministerio Público y policía, al igual que las instancias claves en el sistema de seguridad y justicia.
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Instar al Estado a incluir en las reformas a la Ley de Municipalidades recursos suficientes y acciones afirmativas dirigidas a garantizar la institucionalidad de las Oficinas Municipales de la Mujer:representación paritaria de las mujeres en los patronatos, juntas de agua, comisiones de transparencia, alcaldías auxiliares y la obligación de al menos un cabildo abierto de mujeres cada año.
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Exhortar al Estado que impulse iniciativas seguridad adecuados a las comunidades y desde una perspectiva de género, seguridad humana y en el marco irrestricto de los derechos humanos de la ciudadanía. Derogando las políticas de seguridad actuales que provocan altos niveles de re-militarización e incrementos de las violencias contra las mujeres y la población en general.
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Instar al Estado a que cumpla con las obligaciones para lograr avances sustanciales en la unificación de registros estadísticos en violencia contra las mujeres; garantizando el acceso público e inmediato. Sobre todo en los casos feminicidio/ femicidios, desapariciones de mujeres, establecidas en la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, recomendaciones de relatoras especiales y la jurisprudencia internacional en casos de violencia contra mujeres.
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Exhortar al Estado a que garantice mecanismos de vigilancia y control de las actuaciones de los funcionarios públicos, en todos los niveles. A fin de que se dé cumplimiento a las disposiciones encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para lo cual se sugiere atender recomendaciones de organismos internacionales.
- Exhortar al Estado a honrar el compromiso adquirido con las organizaciones de mujeres y feministas para crea una Comisión de Alto Nivel en contra de los Femicidios.
1Tasa de homicidios en Honduras por año: 2010: 81.8, 2011: 91.4, 2012: 90.4. Datos del Estudio Global de Homicidios 2012. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC
2 Observatorio de Violencia, Mortalidad y otros. Edición No. 32, Febrero 2014. Universidad Nacional Autónoma de Honduras – Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad.
4 Honduras es uno de los 15 países más desiguales del mundo en materia de desarrollo humano según el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010, que sitúa a Honduras en el puesto número 106 de 169, sólo por encima de Nicaragua (115) y Guatemala (116) en Centroamérica.
5 De acuerdo al ingreso en los hogares 65.9% de los mismos están en situación de pobreza, de éstos, 23.2% serían pobres y 42.7 pobres extremos. Análisis de la pobreza en Honduras. Caracterización y análisis de determinantes. 2013-2014. FOSDEH.
6 El Informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2011, Honduras tiene una calificación de 2.6 donde cero es la marca peor. En el contexto del Hemisferio Occidental, Honduras sale aun peor: de 32 países evaluados, ocupa el lugar 26. O sea, entre los más corruptos.
7 Según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) el gasto militar en Honduras ha experimentado un significativo y progresivo incremento entre los años 2000 a 2011, pasando de 0.7% a un 1.1% del PIB.
8 Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. 2010. Programa Estado de la Nación-Región. Costa Rica
9Declaraciones del portavoz de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Ultima Hora. Abril 2014.
10 Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS – Observatorio de la Violencia, UNAH. Facultad de Ciencias Sociales, Edición Especial No. 9, Tegucigalpa, Enero, 2013.
11 Observatorio de Violencia, Mortalidad y otros. Edición No. 32, Febrero 2014. Universidad Nacional Autónoma de Honduras – Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad.
12 Palestina (4.1), Siria (2.3) e Irak (2.0) Según datos del UNODC para el año 2012.
13 Violencia contra las mujeres en 2013: Lo que dice la prensa nacional. Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres, Centro de Derechos de Mujeres. Marzo 2014
14 Memoria del Foro: “Femicidio: Un debate desde el Movimiento Feminista de Honduras”. Centro de Derechos de Mujeres. Marzo 201
15 Uno (1) en Roatán, tres (3) en Tegucigalpa y uno (1) en La Esperanza, Intibucá.
16 Violencia contra las mujeres en 2013: Lo que dice la prensa nacional. Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres, Centro de Derechos de Mujeres. Marzo 2014
17 Cálculos realizados por el Centro de Derechos de Mujeres en base a las denuncias interpuestas a nivel nacional. Observatorio Estadístico del Ministerio Público
18 Prevalencia de Violencia Sexual en Honduras 2008-2011. Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
19 Misoginia armada en un contexto de violencia cotidiana. Análisis violencia contra las mujeres hondureñas 2008-2012. Centro de Derechos de Mujeres. Febrero 2014.
20 Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012. UNODC
21 129 niñas, adolescentes y jóvenes menores de 20 años fueron asesinadas en el país. Fuente: Observatorio de Violencia, Mortalidad y otros. Edición No. 32, Febrero 2014. Universidad Nacional Autónoma de Honduras – Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad.
22 Las niñas menores de 15 años representan el 58% de las víctimas de delitos sexuales a las que se realizó evaluación médico-legal durante el año 2013.
23 Informe Casa Alianza “El trabajo Infantil en Honduras. Diagnóstico situacional de algunas de las peores formas de trabajo infantil en el país” Octubre 2011.
24 Comunicado CONADEH. Advierten sobre peligros que corren miles de niños hondureños en busca del “sueño americano”. Junio 2014
25 “Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generados por nuevas formas de Violencia yCriminalidad en Centroamérica” Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM). Mayo 2012
26 Ibídem
27Globalización neoliberal, modelo de precariedad laboral. Caso de las mujeres trabajadoras en Honduras. Centro de Derechos de Mujeres, CDM. Diciembre 2011.
28 Ley de empleo por horas (decreto No 354-2013) y Programa de Empleo por Horas (decreto No 230-2010)
29 Empleo por horas y los derechos humanos laborales. Sindicato de Trabajadores de Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) 30Globalización neoliberal, modelo de precariedad laboral. Caso de las mujeres trabajadoras en Honduras. Centro de Derechos de Mujeres, CDM. Diciembre 2011
31 Equipo de Monitoreo Independiente en Honduras. Serie de Cuadernos sobre Precariedad Laboral. Editorial Guaymuras. 2011
32El Congreso Nacional elevó, la noche del lunes, a rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con el objetivo de blindar este nuevo cuerpo élite de seguridad del Estado.Además se introdujo un decreto por separado para que la Policía Militar tenga atribuciones de intervenir las aduanas del país y combatir la defraudación fiscal.
33 CRSP advierte contra otorgar rango constitucional a la policía militar”. Diario La Tribuna, 13 de noviembre,2013
34 Foro de Mujeres por la Vida. Observatorio Violencia y Seguridad. Informe 2013
35 ONUDC, Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una evaluación de las amenazas, septiembre 2012, p.59 36 Red Regional por la Seguridad de las Mujeres. La violencia contra las Mujeres como un problema de seguridad ciudadana. El caso de Guatemala, el Salvador, Honduras y Nicaragua
37 Foro de Mujeres por la Vida. Observatorio Violencia Seguridad de las Mujeres. I Informe Violencia contra las Mujeres un problema de Seguridad Humana
38 Mediante acuerdo ministerial 2744-2009, de la Secretaría de Salud de Honduras
39 Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos de Mujeres CDM, con datos del Observatorio Estadístico del Ministerio Público.
40Recomendación 25, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Honduras. 2007. 41Recomendaciones 81.1, 82.21. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Exámen Periódico Universal, Honduras 2011.
42Audiencia Temática: Derechos reproductivos y contracepción de emergencia en las Américas, octubre 2013.
43 Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, Diagnóstico 2012, IMD
44Decreto ejecutivo de aprobación Política Pública y Plan Nacional de Derechos Humanos
