El pasado 12 de junio, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos respondió a las críticas de un grupo de militares en retiro a quienes invitó a no tenerle “miedo a la paz”. Esta declaración de Santos evidencia el poder que ostentan los militares en Colombia y la existencia de una agenda propia desde las fuerzas militares, que aparentemente no coincide con la búsqueda de la paz en el país.
En medio de una ceremonia protocolaria de graduación de oficiales del ejército, en la cual son habituales los elogios y remembranzas a los logros de las fuerzas militares contra las FARC, el presidente Santos recordó que cuando era ministro de Álvaro Uribe, seis años atrás, éste le había dicho que “al enemigo hay que darle donde más duele, hay que ir detrás de sus cabezas”, así lo entendieron también las fuerzas militares con los contundentes golpes contra miembros del secretariado de las FARC como Raúl Reyes, el “Mono Jojoy” o Alfonso Cano.
Sin embargo, la ceremonia militar resultó incómoda cuando Santos dijo: “Algunos militares retirados han criticado la actitud del Presidente de la República de ofrecer la posibilidad de la paz. Yo les digo: no le tengan miedo, señores oficiales retirados, a la paz” […] y señaló “Cualquier oficial en cualquier lugar del mundo lo que quiere es la paz. Y cuando se va a la guerra es para lograr, en últimas, la paz”.
Pero ¿por qué recordarles a los militares que el fin último de toda lucha armada es precisamente la paz? Entendiendo que una victoria armada es la paz del que triunfa, las palabras de Santos son un paño de agua tibia al descontento que se percibe entre los militares. Entre algunas de las razones del malestar sobresale la supuesta vulnerabilidad para combatir eficazmente a la guerrilla al estar desamparados legalmente, y las “ventajas” que se darían a los miembros de la guerrilla en el recientemente aprobado “marco jurídico para la paz”.
La reacción de los militares se da en un momento en que resurgen voces en Colombia que claman por la salida pacífica al largo conflicto colombiano y evidencian el éxito de sus gestiones en la liberación de secuestrados en manos de las FARC sin ninguna intervención militar. Infortunadamente, esos movimientos pacíficos son víctimas de amenazas que hacen temer por su vida y son hostigados precisamente por su capacidad de poner en duda el militarismo como la única vía para recomponer el país.
En la salida pacífica coinciden incluso quienes en otro momento han sido duros defensores de la militarización como el mismo ex ministro Fernando Londoño, quien luego del atentado que el pasado mes de mayo casi le cuesta la vida, refiriéndose al terror decía en una de sus columnas que “hay que proscribir el terror, sin reparos de su fuente ni de su destino. No hay terror bueno ni perdonable”.
Desde las fuerzas militares en Colombia, el “temor por la paz” en las palabras de Santos, se explica en aspectos polémicos como el Fuero Militar y en los intereses de ciertos sectores dentro de las fuerzas armadas que verían comprometida la continuidad de los enormes recursos que se destinan a la guerra sin ningún control o veeduría, sin contar con una posición que solo concibe el aniquilamiento del enemigo como la solución del conflicto armado.
El Fuero Militar
Luego de la condena proferida en enero de 2012 al coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de algunos sobrevivientes del Palacio de Justicia en 1985, los militares están especialmente molestos por lo que ellos consideran una “inestabilidad jurídica” y una persecución política. Sus argumentos que buscan fortalecer el fuero militar, para las organizaciones defensoras de derechos humanos, incluida Human Rights Watch, representa un riesgo por la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos como masacres, torturas, homicidios y desapariciones forzadas.
El lobby de los militares en retiro para proteger el fuero militar no es nuevo. El expresidente Álvaro Uribe durante un evento público el 19 de septiembre de 2009 señaló que había tenido una reunión con generales en retiro, encabezada por Alberto Ruiz Novoa, Gerardo Ayerbe Chaux y Rafael Zamudio Molina (este último, también implicado en los hechos del palacio de Justicia), en la cual habían manifestado su interés en que el Presidente defendiera el fuero militar y buscara una reforma legal que permitiera pagar la defensa judicial de los integrantes de la fuerza pública con recursos del Estado, pues como dijo uno de los generales: “Es que hay una acusación a un miembro de la Fuerza Pública, y el sueldo y la pensión no le alcanzan para pagar el abogado. Y la acusación es de todos los días y de todas las horas”. Cabe señalar que según la justicia penal militar colombiana, los jueces son militares activos o retirados, lo que hace preguntarse si no existe un conflicto de intereses entre quienes al mismo tiempo son jueces y por otra parte buscan defender un fuero militar polémico por sus niveles de impunidad.
La afirmación de las permanentes acusaciones a miembros de las fuerzas militares resulta cierta, más por las propias acciones delincuenciales de algunos militares, que por la supuesta “guerra jurídica” de los aliados de la guerrilla desde los tribunales. Sólo en la última semana fueron condenados a 34 años de prisión en segunda instancia cuatro militares por la masacre de San José de Apartadó ocurrida el 21 de enero de 2005. En otro hecho, la corte del Estado de Virginia vinculó al exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, general retirado Mauricio Santoyo Velasco, en una investigación por el suministro de información para secuestrar, extorsionar y asesinar personas y por el supuesto envío de cocaína a los Estados Unidos con los narcotraficantes de la “oficina de Envigado” y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Santoyo fue promovido general por Álvaro Uribe, pese a tener una investigación disciplinaria en la procuraduría General de la Nación.
Según datos del ejército nacional –publicadas por el diario colombiano El Tiempo–, actualmente se adelantan investigaciones contra 12.404 soldados y oficiales de las fuerzas militares colombianas, de los cuales 1.177 están separados del servicio. Existen condenas y órdenes de captura en 244 de los casos. En cuanto a los militares en retiro, la justicia civil tiene 175 privados de la libertad y 298 condenados, mientras que la Justicia Penal Militar tiene 83 detenidos y 36 condenados. Los investigados por delitos de lesa humanidad son 1.346 entre los que están: homicidio en persona protegida 695 (51.6%), homicidio 157 (11.6%) y homicidio agravado 494 (36.7%) (El Tiempo, 27 de mayo de 2012, página 13).
En el Senado colombiano cursa un proyecto de ley para fortalecer el fuero militar, pero los militares se han mostrado reacios debido a los posibles cambios del proyecto y a la revisión de constitucionalidad que debe tener la ley cuando sea sancionada. Piden además desde las organizaciones de militares retirados, revocar un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación suscrito en el año 2006, que suspendió la aplicación del fuero militar de manera automática en los casos de homicidio durante las operaciones militares, en cuyo caso, debería ser la Fiscalía quien lleve a cabo las inspecciones técnico científicas de los hechos y determine a su juicio si los casos deben ser asumidos por la justicia ordinaria o la justicia penal militar.
Existe una demanda de nulidad del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, a la cual curiosamente se sumó en días pasados el Procurador General Alejandro Ordoñez, quien señaló que el establecimiento de las competencias de los funcionarios (militares y fiscales) es determinante no sólo para los efectos de optimizar la investigación judicial sobre la legalidad de tales acciones, sino especialmente “para esclarecer la aplicación y vigencia del fuero penal militar en cada caso particular, lo cual resulta ser tema de suma importancia en el contexto de la persecución y enfrentamiento de los grupos subversivos y de las organizaciones criminales al margen de la ley”.
La posición de la Procuraduría – la máxima entidad del ministerio público en Colombia-, coincide más con la protección del fuero militar, que con la defensa de los derechos humanos de quienes puedan resultar muertos en acciones militares. En el polémico caso de la condena del Coronel Plazas Vega por las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia, esta entidad cuestionó el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia a favor del militar retirado.
El Marco Jurídico para la Paz
La gota que rebasó el vaso de los militares fue el recientemente aprobado “Marco Jurídico para la Paz”, que proporciona instrumentos para un eventual proceso de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN. En respuesta al discurso presidencial que invita a los militares a perderle el miedo a la paz, las asociaciones que agrupan a los militares retirados señalan, frente al Marco Jurídico para la Paz, que “favorece excesiva y generosamente a las organizaciones terroristas”, pues creen que se podría propiciar impunidad en los delitos cometidos por los combatientes de las guerrillas o grupos armados que entren en un proceso de paz. Dicen los militares retirados, que la nueva ley permitiría a los guerrilleros desmovilizados “ocupar posiciones de gobierno o en cuerpos colegiados, sin castigo, sin verdad y sin ningún tipo de reparación”, tesis que comparten con el expresidente Álvaro Uribe, quien en su momento no atendió estas mismas críticas ante la desmovilización paramilitar del año 2005, y ha sido, por otro lado además, uno de los detractores de la ley de víctimas y la ley de restitución de tierras a las víctimas del paramilitarismo.
En la práctica, el “Marco para la Paz” es un acto legislativo que introduce en la constitución un artículo transitorio, el cual faculta al Senado de la República por iniciativa del Gobierno Nacional a expedir normas de justicia transicional excepcionales y cuya finalidad es facilitar la terminación del conflicto armado interno en un eventual proceso de paz. En estas condiciones solo serían judicializados los máximos cabecillas de los grupos armados que se desmovilizaran; no tendrían vocería política quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y para la expedición de las leyes que habiliten este marco, el gobierno tendrá cuatro años.
Aunque existen críticas ante la posible impunidad en casos de delitos de lesa humanidad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el “Marco para la paz” representa una alternativa de solución negociada al conflicto armado en Colombia con las guerrillas. Resulta entonces paradójico que sean precisamente Ávaro Uribe y los militares quienes ahora expresen su rechazo ante la impunidad que tal vez proporcione este marco jurídico, y hayan defendido en su momento condiciones similares para los paramilitares en la entonces ley de “Justicia y Paz”.
La paradoja de la seguridad armada en medio de la criminalidad
Terminada la desmovilización de 37.000 miembros de los paramilitares en el año 2005 y de la política de “seguridad democrática” del gobierno de Uribe Vélez, sustentada en garantizar la inversión extranjera y la recuperación militar de territorios antiguamente ocupados por las guerrillas. Hoy en la práctica algunas de esas regiones están bajo el control de nuevas estructuras criminales que mutaron desde los paramilitares al eufemismo de “Bandas Criminales” – BACRIM, o “bandas emergentes”, compuestas por un número importante de reinsertados y son lideradas por antiguos combatientes paramilitares y guerrilleros.
El pasado mes de enero los denominados Urabeños, mediante panfletos y amenazas, paralizaron cinco departamentos de Colombia como represalia de la muerte de su máximo jefe Juan de Dios Úsuga, mostrando que tienen el control territorial de una vasta zona del norte de Colombia.
Por su parte, el ex Comisionado de paz y líder del proceso de desmovilización con los paramilitares, Luis Carlos Restrepo, se encuentra prófugo de la justicia colombiana, sindicado de haber auspiciado falsas desmovilizaciones de grupos armados ilegales, que supuestamente estarían motivadas para darle un mayor impacto mediático a la desmovilización de grupos criminales que aún operan en el país y que también salpica a varios altos mandos militares. Se presume que Restrepo estaría en los Estados Unidos y desde su anonimato, emite comunicados quejándose de “falta de garantías” por parte de la justicia. En un reciente pronunciamiento envió un decálogo llamado “Para retomar el rumbo”; en el documento Restrepo señala que se debe reconocer la equivocación al haber confiado en Juan Manual Santos como candidato presidencial, buscar la continuidad del proyecto Uribista por ocho años más y realizar una Asamblea Constituyente para, entre otros temas, dar garantías legales a los miembros de la Fuerza Pública.
Un excomisionado de paz prófugo y un general encargado de la seguridad del expresidente Álvaro Uribe vinculado a un escándalo de narcotráfico, son solo dos casos emblemáticos de una larga lista de funcionarios estatales que evidencian la corrupción y debilidad de las instituciones gubernamentales de generar credibilidad.
Por otra parte, las complicidades por meros intereses económicos derivados del narcotráfico entre facciones de grupos armados que antes se aniquilaban brutalmente, hace muy difícil identificar en la práctica diferencias políticas e ideológicas, así como la frontera entre los actores armados legales e ilegales. En medio de ese “río revuelto” están las fuerzas militares, para bien y para mal.
Un ejemplo de esa complejidad es el reciente atentado que sufrió el ex ministro Fernando Londoño el 15 de mayo en Bogotá. Aunque el ataque ha sido atribuido a las FARC como los obvios sospechosos de atentar contra un vocero de la derecha, existen dudas razonables sobre la autoría del crimen. Un atentado urbano de esta naturaleza requiere un amplio equipo técnico y logístico, y el artefacto explosivo utilizado nunca antes había usado por las FARC; además, existen algunos antecedentes de la participación de agentes del Estado en acciones similares.
En el año 2005, el entonces Senador y hoy Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, fue víctima de un atentado parecido en Bogotá. Según registros posteriores de contrainteligencia, el hecho fue perpetrado por miembros del hoy desmantelado Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, agencia de inteligencia estatal que también estuvo vinculada a casos de persecución política, interceptaciones ilegales, seguimiento y homicidios de líderes sociales y políticos. En el recientemente publicado libro “¿Por qué lo mataron?”, escrito por el exsenador Enrique Gómez Hurtado sobre el asesinato hace 16 años de su hermano y líder de derecha, Álvaro Gómez Hurtado, se señala a miembros del gobierno del ex presidente Ernesto Samper como supuestos partícipes del crimen, según las declaraciones de varios narcos y ex paramilitares extraditados a los Estados Unidos. Estos y otros testimonios indican como presunto autor material del homicidio al entonces comandante del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión – Gaula de Bogotá y mayor de la Policía, Danilo González, de quien se revelaron en 2003 estrechos y duraderos nexos con los carteles de Cali y del Norte del Valle y con el paramilitar Carlos Castaño.
Aunque resulta risible para algunos pensar que miembros de las fuerzas militares y de inteligencia del Estado podrían estar detrás de atentados contra figuras vinculadas a la derecha y miembros del mismo gobierno, esta situación se explica en el gran poder corruptor del narcotráfico y de las mafias, el uso del miedo para enrarecer un posible acuerdo de paz generando una mayor polarización de la población, y los intereses políticos de quienes han defendido la guerra y la derrota militar de las guerrillas como el único camino para la paz.
La revista Semana en su edición del 20 de septiembre de 2008, documentó al menos cinco casos de falsos atentados que habrían sido realizados por miembros de las fuerzas militares durante el año 2006:
15 de junio de 2006, taxi bomba desactivado: La Brigada XIII anunció que sus hombres habían descubierto un taxi bomba cargado con 43 kilos de explosivos, y había sido puesto por las FARC. La Fiscalía identificó inconsistencias con lo anunciado por los militares: la carga era de menos de un kilo y no estaba activada, estaba compuesta por barras de Indugel, Anfo, Pentonita y cordón detonante (los investigadores afirmaron que la combinación de explosivos no era típica de los utilizados por la guerrilla). Uno de los indicios más contundentes sobre este caso es que el dueño del taxi, quien fue vinculado a la investigación por terrorismo, contó que había sido contratado por dos miembros del Ejército, quienes le alquilaron el taxi por dos días a cambio de cinco millones de pesos. El taxista contó que el día siguiente al descubrimiento del supuesto taxi bomba, los militares lo llevaron a un banco para cambiar el cheque a su nombre, le entregaron 100.000 pesos y le informaron que recogiera su carro en la Fiscalía. Ante el engaño, decidió contar todo.
26 de junio de 2006, falsa alarma: El Ejército descubrió en el barrio Normandía (al occidente de Bogotá), un automóvil viejo y en su interior encontraron seis cartuchos de Indugel que no estaban activados. Antes del reporte del ejército, los vecinos alertaron a la policía, quienes pidieron documentación a dos sospechosos que estaban cerca y que se identificaron como miembros de inteligencia militar (B2). Horas después los retratos hablados de los testigos que vieron a quienes abandonaron el vehículo coincidieron con los militares.
23 de julio de 2006, explosivos descubiertos: Cerca de Sibaté, Cundinamarca, tropas de la Brigada XIII anunciaron que encontraron y desactivaron una carga de 100 kilos de explosivos camuflados en bultos de papa en el interior de un camión que se dirigía hacia Bogotá y señalaron que era un plan terrorista preparado por el frente 42 de las FARC. En este caso, la carga explosiva no estaba activada y los investigadores de la Fiscalía descubrieron que días antes, dos militares entraron a la cárcel La Picota a visitar a un guerrillero, preso desde hace varios años y condenado a 40 años. Según testimonios recogidos por los investigadores, los militares le propusieron que a cambio de 50 millones de pesos les ayudara con un montaje y le dejaron un celular para que hiciera las coordinaciones del caso. El guerrillero, que no sabía que estaba siendo grabado por organismos de inteligencia, buscó a un contacto afuera a quien le pidió alquilar un camión y ‘meterle’ la carga explosiva. Cuando todo estuvo listo, el guerrillero preso llamó a los militares y les dio las características del camión, la placa y la ruta en donde efectivamente lo encontraron al día siguiente y lo reportaron como un ‘positivo’. El conductor del camión fue presentado por el Ejército como guerrillero. La Fiscalía tuvo que liberarlo menos de 48 horas después porque comprobó que el conductor no tenía nada que ver ni con la guerrilla, ni con el falso atentado.
31 de julio de 2006, explota un carro bomba: Cerca de la Escuela Militar explotó un carro bomba al paso de un grupo de autos militares donde varios uniformados resultaron con heridas leves y la única víctima fue un indigente que pasaba por el lugar. Vídeos, grabaciones y seguimientos de la Fiscalía demuestran que este caso también hace parte de los montajes. Días antes del atentado, dos miembros del Ejército se reunieron con una mujer conocida con el alias de ‘Jessica’ para coordinar el que se suponía debía ser un falso carro bomba. La transacción era simple: la mujer, que les había ayudado en otros montajes, debía dejar el carro cargado con explosivos. El inconveniente consistió en que la mujer, que también “trabajaba” para la guerrilla, “no podía quedar mal con los del otro lado” (las FARC), como le dijo a uno de los militares por teléfono cuando éste la llamó para reclamarle la detonación del carro bomba. Esa conversación está en poder de la Fiscalía y es parte de las pruebas más contundentes contra dos de los militares señalados de ser parte del montaje.
7 de agosto de 2006, otro carro bomba: El Ejército anunció que encontró un carro bomba armado con 250 kilos de Anfo encontrado por las tropas en la vía Fusagasuga – Sibaté, cerca de Bogotá. Afirmaron que el vehículo iba a ser usado para un atentado preparado por la columna Antonio Nariño de las FARC. Los militares dijeron que los supuestos terroristas habían escapado y la carga explosiva real no superaba los 20 kilos. La Fiscalía encontró al dueño del carro, quien les contó a las autoridades que en la madrugada de ese día se había quedado varado y dos hombres lo amenazaron con un arma y le robaron el auto. Para los investigadores de la Fiscalía, este caso tiene las características de un burdo montaje debido al mal estado mecánico del vehículo con más de 25 años de uso, que habría sido robado con el único fin de hacer el montaje.
Los intereses detrás de la prolongación de la guerra
Los llamados “gastos reservados” son recursos públicos que se utilizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. Están autorizadas para ejecutar estos recursos las entidades estatales que realizan estas actividades (casi todas de naturaleza militar y policial). El uso de importantes sumas de dinero se justifica en la existencia de las guerrillas y estructuras criminales en el país, pero en la práctica, estos dineros son un foco de corrupción pues existe reserva legal por 20 años luego de haber sido realizados los gastos, lo que impide toda posible investigación de la destinación final de los recursos. Según la ley, la veeduría de esos dineros la puede hacer de manera exclusiva un equipo auditor designado por el Contralor General de la República, impidiendo el control social y el acceso de los medios a la forma como se ejecutan recursos públicos. Esta reglamentación garantiza el uso discrecional y autónomo de estos recursos por las fuerzas militares.
En 2008 se identificó que desde el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS se pagaron con cargo a los gastos reservados el reclutamiento de informantes e interceptaciones ilegales en la Corte Suprema de Justicia, sindicatos y varios partidos de oposición. Este caso fue ampliamente ventilado por los medios de comunicación a propósito del escándalo que involucró a la antigua agencia de inteligencia del Estado, pero resulta imposible conocer las dimensiones del posible desvío de los recursos.
Los casos de corrupción en el uso de recursos no se limitan a los gastos reservados, existen denuncias por supuestas anomalías en la contratación de diversos servicios como el mantenimiento de tanques, compra de sables, repuestos para visores nocturnos y uniformes. La contratación desde las fuerzas militares resulta muy lucrativa debido a los altos costos de equipos y el número de los insumos adquiridos, que resultan ser una vena rota en el presupuesto nacional, pero que siempre es justificable debido al conflicto armado interno. El presupuesto del sector Defensa en Colombia para el 2012 es de 9.9 billones de pesos (US$ 5.530 millones), que hacen de Colombia el segundo país en gasto militar en la región después de Brasil.
En Colombia son pocos los que se atreven a denunciar los casos de corrupción al interior de las fuerzas militares no solo por el miedo, sino por un discurso que polarizó durante los últimos años a la población y ubica a todo aquel que ose cuestionar la estrategia militar como un aliado de las FARC.
¿Miedo a la paz o a la justicia?
Los militares retirados a través de sus agremiaciones, son los voceros explícitos de diversos sectores de militares activos que por su condición, no pueden pronunciarse públicamente. De ahí la importancia de sus declaraciones para entender las percepciones de las fuerzas armadas en su conjunto. En la carta enviada en respuesta las declaraciones del presidente Santos, los militares renuevan su fe en la derrota militar de las guerrillas cuando afirman que las “Fuerzas Militares están plenamente capacitadas para derrotar esta amenaza, siempre y cuando se les proporcione la seguridad jurídica requerida y una legislación anti terrorista adecuada”.
Por “seguridad jurídica” se entiende darle a la justicia penal militar la autonomía y la aplicación automática del fuero militar en los casos de homicidio en combate, con todas las implicaciones que eso tiene. Algunos militares dicen que las tropas están “bajas de moral” y que el número de miembros de las fuerzas armadas investigados estaría afectando la operatividad y eficacia de la lucha contra los grupos al margen de la ley. Sin dejar de lado el nefasto papel de las guerrillas en la violencia del país, el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y los procesos adelantados por la Corte Suprema de Justicia y diferentes jueces del país han puesto en evidencia la complicidad de políticos, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas con estructuras paramilitares causantes de buena parte del destierro de más de 3.8 millones de personas (1.4 millones desplazadas en los últimos 5 años), los incontables homicidios y desapariciones forzadas, con el consecuente despojo de miles de hectáreas de tierra que hoy son aprovechadas por grandes terratenientes e importantes industrias “legales”.
En medio de este panorama, la preocupación de los militares, en lugar de cómo prolongar la guerra, debería estar centrada en la recuperación de la confianza por parte de la ciudadanía, lo cual solo puede ser posible si se despejan todas las dudas sobre los miles de casos de abuso de poder y se combaten la impunidad y la corrupción al interior de sus filas.
El gran número de militares y ex militares llevado a juicio no es un reflejo de una “persecución” contra este poderoso sector, sino de la gran corrupción que existe al interior de las fuerzas militares. La perversión de las funciones de las fuerzas armadas ha avanzado paulatinamente como resultado de un conflicto interno poco claro y definido, llegando a su punto más evidente con el caso de los “falso positivos”. La directiva ministerial No 029 del 2005 hizo oficial la lógica de la “caza de cabezas” mediante la cual, con el pretexto de fomentar la eficacia en la lucha contra las guerrillas, se ofrecieron incentivos económicos en secreto por cada cabecilla, o guerrillero raso dado de baja.
El mundo entero se horrorizó cuando se dieron a conocer los casos de jóvenes de sectores humildes que con engaños de trabajos legales o ilegales, fueron asesinados y luego disfrazados para hacerlos parecer como combatientes. De ahí que la “baja moral” no puede ser simplemente un temor ante las posibles acciones legales que puedan acarrear las operaciones militares, sino una consecuencia del fracaso de unas fuerzas militares que no generan confianza sino miedo entre la población que juraron defender.
La construcción de un enemigo externo representado en un “otro” ajeno y antagónico como las FARC, que sin dejar de ser real si ha sido sobredimensionado al punto de llamar “colaboradores de los terroristas” a todos aquellos que difieren de una lógica militarista y de solución armada de los problemas estructurales del país, le han impedido a las fuerzas militares encontrar entre sus filas a quienes con sus reprochables acciones, le hacen un daño enorme a su legitimidad como representantes del monopolio de la fuerza en un Estado democrático.
En algunos análisis del conflicto armado colombiano, derivados más de enfoques académicos que de hechos reales, se le resta importancia a miembros de las fuerzas militares como grupos de poder que por sí mismos y sin ser necesariamente marionetas, juegan un papel central por su capacidad de incidencia en la agenda política del país y el control territorial que cualquier político anhelaría. El fortalecimiento bélico del país no solo ha facilitado el sometimiento de las guerrillas, sino que además convirtió a las fuerzas militares en un actor capaz de imponer condiciones que suelen ignorarse en un país que presume de su democracia.
La seguridad en el país y en especial en las regiones que se disputan a sangre y fuego los grupos narcotraficantes de diferentes bandos, sigue siendo un anhelo difícil de alcanzar desde una perspectiva que privilegia la derrota militar de problemas que se derivan más de la exclusión, la corrupción y el narcotráfico. Tratar de cerrar la puerta a procesos de paz y aferrarse a la derrota militar sobre reducidas fuerzas guerrilleras que dudosamente constituyen la principal amenaza a la seguridad ciudadana, son graves errores que benefician a algunos sectores, mientras se perjudica la seguridad y bienestar de millones de colombianos.
En un momento en que el gobierno de los Estados Unidos propone a Colombia como el “exportador de seguridad” para la región, deberíamos analizar más los fracasos que los logros para no seguir cometiendo los mismos errores, que en el caso colombiano se cuentan en vidas humanas.
Alex Sierra R. Es antropólogo y se ha desempeñado como investigador y consultor independiente en temas como Derechos Humanos, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Políticas Públicas en Colombia. Ha realizado su trabajo en zonas de conflicto armado y con comunidades vulnerables en su país durante los últimos 12 años. Es columnista mensual con el Programa de las Américas www.americas.org/es
Fotografías tomadas por Damián Quiroga (2 y 3) y el sitio oficial de la Presidencia de la República de Colombia (1 y 4)
