por Kristin Bricker
“La guerra sucia nunca se terminó aquí en Guerrero”, sentencia Rosario Cabañas, sobrina del líder guerrillero Lucio Cabañas; militares mexicanos mataron a Lucio Cabañas en 1974, ejecutando una orden de exterminar al líder guerrillero y a cualquiera que colaborara con él.
En julio de este año, desconocidos asesinaron a la madre de Rosario, Reyna Anaya Nava, y a la viuda del líder guerrillero, Isabel Anaya Nava, cuando salían de la iglesia en Xaltianguis, Guerrero.
Mientras la espiral de violencia sin control de la guerra antidrogas sigue en aumento en muchas partes de México, la gente en las zonas rurales del estado de Guerrero se ve amenazada no sólo por las fuerzas tradicionales de la guerra sucia –ejército, paramilitares y caciques corruptos- sino ahora también por los narco paramilitares y los cárteles del narcotráfico.
Los crímenes de la Guerra Sucia
La tasa de asesinatos en Guerrero ha subido a más del triple desde que Felipe Calderón ordenó iniciar operativos antidrogas en ese estado en enero de 2007.
Para colocar la violencia de la guerra antidrogas en contexto, durante un lapso de trece años en que el gobierno libró la guerra sucia contra la guerrilla y la disidencia política entre 1968 y 1981, en el estado desaparecieron 529 personas. Este es el período que se considera de mayor violencia en la historia de México desde la Revolución. Hoy, el Comité de Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, ha contado 299 desapariciones forzadas tan sólo dentro de los pasados seis años, lo que implica que Guerrero está en camino de rebasar su récord de la guerra sucia.
El aumento de la violencia no sorprendió a nadie en Guerrero, donde la guerra contra las drogas es el último capítulo en una historia de décadas de ocupación militar y paramilitar y violencia de estado. El ejército ha ocupado enormes zonas de Guerrero desde los años setentas del siglo pasado, cuando el presidente Luis Echeverría envió al estado a 24,000 soldados –un tercio del ejército mexicano en ese tiempo- para suprimir a las organizaciones guerrilleras. Los militares aterrorizaron a los campesinos civiles. Las desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias en los retenes se volvieron comunes. A resultas de esta intensa militarización, Guerrero sufrió más desapariciones forzadas durante la guerra sucia que cualquier otro estado —es decir, ocho veces más que en la Ciudad de México, que es el territorio que le sigue-, y un aumento descomunal en ejecuciones sumarias.
En un presagio estremecedor de lo que sucedería durante la guerra contra las drogas, un informe gubernamental de 2006 sobre la guerra sucia, que después fue suprimido, criticaba la campaña militar contra la guerrilla.
“Aun ahora, cuando estos crímenes salen a la luz, hay quienes tratan de justificar las acciones del Estado, arguyendo la necesidad de traer ante la justicia –por cualquier medio- a aquellos que participaron en actos ilegales cometidos por la guerrilla. Esta justificación es tan débil y contradictoria que la misma concluye necesariamente en el argumento de que el crimen se combate con el crimen, dejando a un lado la ley…”
La mayoría de los crímenes de la guerra sucia han quedado sin investigar, sin castigo. En 2002, el entonces presidente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSSP) para que investigara los crímenes de la guerra sucia. Empero el gobierno federal se rehusó a publicar el informe sin precedentes de la FEMOSSP sobre los crímenes de la guerra sucia, y en su lugar, publicó una versión suavizada y disolvió la FEMOSSP. Los crímenes que el informe mencionaba, especialmente las desapariciones causadas por las fuerzas gubernamentales, meticulosamente documentadas, continúan impunes; y la guerra sucia sigue adelante en Guerrero.
En las décadas desde que la guerra sucia terminó en otras partes de México, los militares han seguido “combatiendo el crimen con el crimen” en Guerrero. No se sabe con precisión cuántos soldados ocupan actualmente el estado, porque la Secretaría de la Defensa se ha negado a satisfacer solicitadas con base en la legislación de derecho a la información acerca del número de soldados desplegados por cada estado.
Pero los efectos de la ocupación militar son dolorosamente evidentes. Cuando la caravana por la paz encabezada por el poeta y víctima de la guerra contra las drogas Javier Sicilia visitó Guerrero el 9 y 10 de septiembre de 2011, muchos habitantes narraron cómo soldados asesinaron a miembros de sus familias, con historias parecidas a las escuchadas en el norte del país: sus seres queridos fueron asesinados o desaparecieron en retenes militares. La única diferencia es que en el norte los retenes militares y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados son un fenómeno relativamente nuevo. En Guerrero, los soldados han aterrorizado a los pobladores durante cuarenta años.
Alvaro Ramírez Concepción relató cómo soldados masacraron el 7 de junio de 1998 a once personas que se reunieron en el paraje de El Charco a tratar temas de desarrollo económico comunitario. La Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) ha luchado por llevar a los responsables de la masacre ante la justicia; la consecuencia ha consistido en ataques de asaltantes desconocidos.
“En mi comunidad hirieron a cinco personas; a mí también me dieron”, cuenta Ramírez mientras recuerda un ataque ocurrido hace apenas un año. “Llevo estas heridas porque salgo y toco puertas. Estoy trabajando contra el gobierno.”
Tita Radilla narró cómo elementos militares causaron la desaparición de su padre, Rosendo Radilla Pacheco, en un retén militar el 25 de agosto de 1974. Su crimen fue cantar corridos sobre las violaciones de derechos humanos en Guerrero. Pese a ganar su demanda contra el gobierno mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno todavía le oculta dónde está el cuerpo de su padre, y no ha castigado a los soldados responsables de su desaparición y asesinato.
En muchos casos de desapariciones, sin embargo, no queda claro quién o quiénes son los responsables. Los activistas pueden recibir amenazas por el trabajo que desarrollan, pero cuando desaparecen, de ellos no queda rastro; ése fue el caso de Jorge Gabriel Cerón Silva, quien desapareció en 2007. Cerón Silva era uno de los coordinadores del Taller para el Desarrollo Comunitario (Tadeco), organización comunitaria con base en Guerrero. El 14 de marzo de 2007 testigos vieron que cuando él salía de su oficina, una camioneta de modelo reciente con cristales polarizados y sin placas de circulación se detuvo a su lado, de ella salieron hombres que arrojaron a Cerón Silva al interior, volvieron a abordar la camioneta y arrancaron.
“Desde aquel momento nunca se le ha vuelto a ver o a escuchar de él”, dice Isabel Rosales del Comité de Familiares de los Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, conocido simplemente como el Comité de los Desaparecidos.
Tadeco ayudó a formar el Comité de los Desaparecidos para buscar a Cerón Silva. “Al principio el Comité eran sólo la familia y los amigos de Jorge”, explica Rosales. “Pero cuando hicimos público el caso, muchísimas otras familias se comunicaron con nosotros porque tenían el mismo problema, que alguien de su familia había sido desaparecido.”
Los crímenes de la Guerra contra las Drogas
Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la “guerra contra el crimen organizado” a fines de 2006, su decisión de desplegar al ejército en regiones controladas por los cárteles del narcotráfico desató una oleada de violaciones y abusos de derechos humanos, ejecuciones horrendas, secuestros y otros crímenes violentos en todo el territorio nacional. En Guerrero, donde la violencia patrocinada por el Estado nunca cesó luego de declararse oficialmente terminada la guerra sucia, la violencia de la guerra al narcotráfico ha complicado y ampliado la precaria seguridad de los pobladores.
El hijo de Guadalupe Orozco, Francis Alejandro García Orozco, fue secuestrado de su trabajo el 1º. de marzo de 2010 junto con otros cinco jóvenes. Guadalupe tiene el video de una cámara de seguridad que demuestra que unos soldados se llevaron a su hijo.
“Los militares se niegan a aceptar esta evidencia”, se queja. “Dicen que no saben nada, que no fueron ellos.” Su familia visitó varias bases militares en el área, pero en todas les niegan tener a su hijo. Ella dice que ni su hijo ni sus amigos eran activistas, tampoco delincuentes. Su hijo y sus amigos sencillamente desaparecieron en la parte trasera de un camión militar y desde entonces no se les ha visto. Ella no tiene idea de qué haya motivado la detención y subsecuente desaparición y no consigue respuestas de las autoridades militares ni del gobierno.
Guadalupe es una entre muchos padres que se unieron al Comité desde que estalló la guerra contra las drogas. A diferencia de los fundadores del Comité, ellos dicen que en su familia no hay ningún activista político; insisten en que no son delincuentes y no tienen nada que ver con la delincuencia organizada. La mayoría de los familiares en la organización tienen antecedentes muy humildes. Algunos trabajaban reparando computadoras, otros en el comercio al menudeo; en otras palabras, no son las víctimas ideales para la extorsión. A muchas familias no se les ha exigido pagar rescate alguno.
La Sra. Orozco está entre las afortunadas, porque un informante anónimo le envió el video de la detención de su hijo que dio la evidencia de que el ejército estaba tras su desaparición. En su mayoría las familias no saben si los secuestradores fueron soldados, policías o miembros del crimen organizado, o delincuentes menores que simplemente aprovechan una situación violenta y caótica.
Muchos de los miembros más recientes del Comité no alcanzan a sospechar quién pudo haberse llevado a sus seres queridos ni tienen la menor idea de por qué tuvieron que ser precisamente ellos. El problema es que el estado de impunidad y suspensión de la justicia que ha plagado a Guerrero desde que se inició la guerra sucia ha ido intensificando durante décadas la podredumbre de la corrupción gubernamental, y ahora también ayuda a solapar los delitos violentos que no tienen motivación política. Para acabar pronto: en Guerrero los delincuentes saben que casi no hay posibilidad de que se les aprehenda, y si así ocurriere, mucho menos posible es que se les castigue.
El gobierno le da la espalda al problema
Aun cuando las desapariciones forzadas alcanzan niveles alarmantes, las propuestas del Comité de Desaparecidos para combatir el problema caen en oídos sordos. “Hemos propuesto al gobierno de Guerrero la creación de un plan de búsqueda y que conforme un grupo táctico estatal para rastrearlos y encontrarlos [a los desaparecidos]; la reapertura de los casos y el seguimiento de las pistas que les hemos aportado para dar con su paradero”, declaró el Comité en un comunicado. “Queremos ayudar con las investigaciones a pesar de los riesgos, pero el gobierno no quiere hacernos caso. Insiste en mantenernos aislados, separados, en ignorarnos y callarnos. En cuanto a nuestra propuesta de que el gobierno cree un fondo de contingencia para las víctimas de la violencia social, no hemos recibido ninguna respuesta.”
La negativa del gobierno a buscar a los desaparecidos se debe a falta de voluntad, no de recursos. La periodista de la revista Proceso Marcela Turati señala que un nuevo sistema llamado Plataforma México ya cuenta con todo el equipo necesario para rastrear a víctimas de secuestro y localizar fosas clandestinas. Plataforma México, que está financiada por el gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, está diseñada para enlazar a las policías local, estatal y federal con un sistema nacional de comunicaciones, una interconexión de redes de instancias de seguridad con cámaras satelitales, bases de datos de información balística de delitos, informes policíacos y de datos biométricos tanto de los delincuentes como de las víctimas. Turati subraya que, utilizándola correctamente, el gobierno podría detectar en fotografías satelitales anomalías geográficas que indicarían una fosa clandestina cavada recientemente.
De igual forma, la interconexión de cámaras de seguridad del gobierno, en carreteras y en casetas de peaje podrían usarse para rastrear delincuentes cuando huyen de la escena de un crimen, y la red de intercomunicación multiniveles en toda la nación debería permitir a las policías coordinar acciones entre jurisdicciones. Este mismo sistema podría teóricamente emplearse para rastrear a los secuestradores y a sus víctimas. Turati agrega que en lugar de usar Plataforma México para combatir al crimen violento y la impunidad, el gobierno la utiliza hoy únicamente para rastrear e interceptar embarques de droga.
En Guerrero, muchas organizaciones de derechos humanos creen que la resistencia del gobierno a investigar los secuestros y desapariciones indica su probable temor de que investigaciones minuciosas descubran la corrupción y complicidad oficial con la delincuencia organizada.
Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado, arguyó en Ciudad Hidalgo, Chiapas, que la corrupción y la impunidad han “borrado la frontera entre los delincuentes y el estado donde ya no podemos ver donde comienza uno y termina el otro.”
Los narcoparamilitares
Cuando los ganaderos Rodrigo Camacho Rodríguez, Pedro Salgado Mora, Cuauhtémoc Román Navarro y Artemio Soroa Brito desaparecieron en Guerrero en distintos incidentes, el Comité de Desaparecidos tomó sus casos. El principal sospechoso era Rogaciano Alba, un cacique corrupto, presidente de la Unión Ganadera de Guerrero, y ex alcalde de Petatlán, Gro.
Durante años los pobladores locales han acusado a Alba de confabularse con las fuerzas armadas para reprimir a las comunidades campesinas. Muchos civiles informan que sus paniaguados actuaron a menudo como guías de los militares durante redadas en sus comunidades.
“Hubo varias incursiones en las comunidades de la Sierra, donde los habitantes cuentan haber visto que quienes las guiaban eran la gente de Rogaciano Alba y que el ejército los protegía, “dice Rosales. “La gente también dice que cuando lo perseguían sus rivales, se escondió yéndose a vivir en las barracas militares de Petatlán y Altamirano. Personas que viven cerca del rancho de Rogaciano dicen que allí entran soldados para alimentar a sus animales. Eso nos dice que todavía tiene influencia” sobre los militares. Esta prueba de colaboración flagrante entre los pistoleros de Alba y los militares llevaron a los habitantes a calificarla de organización paramilitar.
No obstante, en los últimos años comenzaron a correr por la Sierra rumores de que Alba trabajaba para el cártel del narcotráfico de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Luego, en Febrero de 2010, el gobierno confirmó los peores temores de los habitantes: arrestó a Alba acusándolo de controlar la región guerrerense de la Costa Grande para el Cártel de Sinaloa. Actualmente Alba está en prisión esperando ser juzgado por cargos de trasiego de drogas, armas y delincuencia organizada, pero de acuerdo con Isabel Rosales, sus más cercanos colaboradores siguen manejando su rancho y operaciones de tráfico de drogas. Un claro indicio de que el brazo de Alba se extiende fuera de los muros de la cárcel es el reciente homicidio de Javier Torres, un testigo que declaró en contra de Alba, acusándolo de ordenar el asesinato de la abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa así como las muertes de más de veinte familiares de Javier Torres en abril. En ese momento Alba había estado en prisión durante más de un año.
El hecho de que se aprehendió a Alba bajo cargos relacionados con el crimen organizado; de que es un cacique y ex funcionario gubernamental, y de que cuenta con un equipo de hombres armados que colaboran con los militares contra las comunidades campesinas e indígenas, ha llevado a la conclusión de que Alba maneja la que pudiera ser la primera organización narcoparamilitar oficial en México.
Cuando el Comité asumió el caso de los cuatro ganaderos en 2009, acusó públicamente a la organización narcoparamilitar de Alba de hacer desaparecer a esos hombres. En consecuencia, el Comité comenzó a recibir amenazas. “Nos dijeron que abandonáramos la lucha”, dice Rosales, “porque si no lo hacíamos, serían nuestros nombres y fotos los que aparecerían en la lista de desaparecidos del Comité.”
El gobierno nunca ofreció ayudar al Comité en su búsqueda de los ganaderos. “Nos dijeron que se les había desaparecido por una razón, que debían haber hecho algo, o que estaban involucrados en algo en lo que no debían”, cuenta Rosales. “Los funcionarios públicos llegaron a decirles a los familiares ‘No denuncien [las desapariciones]. Tienen otros hijos, tienen una familia, no hagan nada porque podrían ir por ustedes.’ Cuando te dicen eso, te hacen pensar que las autoridades saben lo que le pasó a tu pariente.”
Cuauhtémoc Ramírez, de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) comenta: “El estado ha estado usándolos [a los paramilitares] para eliminar cualquier oposición social o política.” Al igual que muchos otros guerrerenses que se han encontrado con narco, Ramírez dice que Rogaciano Alba está detrás del aparato narco-paramilitar en Guerrero.
“En los pueblos todos sabemos” quiénes son los narcos, afirma. “Van armados y manejan por el pueblo en camionetas de lujo.” Ramírez explica: “Como los narcos no tratan de pasar desapercibidos, los habitantes los identifican fácilmente cuando acompañan a los militares o se juntan con funcionarios del gobierno.” Una vez, en una fiesta de pueblo de noche de Año Nuevo, todos vieron al jefe local [de la droga] en la fiesta con el alcalde interino.”
Ramírez cree que en Ayutla el ejército tiene un acuerdo con los narcoparamilitares. “Ellos [el ejército] los dejan [a los narcos] trabajar, por ejemplo vendiendo narcóticos, pero a cambio los narcos tienen que eliminarnos.”
El testimonio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), organización guerrillera surgida en Guerrero en 1998, respalda la afirmación de Ramírez de que el gobierno está usando a narcoparamilitares contra la disidencia política en el estado. El dirigente del ERPI, Comandante Ramiro, declare que cuando el ejército lo detuvo en 2001, narcotraficantes conocidos participaron en sus sesiones de tortura dentro de la prisión. Ramiro escapó de la cárcel en 2002. El ERPI ha declarado públicamente que los narcotraficantes están en la lista de enemigos de la organización. El ERPI dice haber combatido a narcotraficantes y narcoparamilitares en múltiples ocasiones y que busca mantenerlos fuera de las comunidades indígenas y campesinas que forman la base de apoyo popular del ejército guerrillero.
El 4 de noviembre de 2009 el Comandante Ramiro fue muerto a tiros de una AK-47. El ERPI sostiene que el gobierno pagó a uno de los sicarios de Rogaciano Alba, Cayetano Alvarado Palacios, para que lo asesinara.
Sea o no verdad, todos los testimonios de una serie de organizaciones guerrerenses de izquierda apuntan a la misma conclusión: En Guerrero, el gobierno está utilizando a narcoparamilitares para reprimir y sembrar el terror en los movimientos populares.
La guerra contra el narco y la guerra sucia se han vuelto una y la misma guerra.
Kristin Bricker es periodista en México y una contribuyente al Programa de las Américas del CIP, www.americas.org.
Fotografías de Santiago Navarro
Tradicción: María Soledad Cervantes Ramírez
