Van en aumento las amenazas a la naturaleza, así como contra quienes protagonizan la defensa de los recursos naturales y derechos a la tierra. En este escenario quedan expuestos, incluso, las y los trabajadores de los medios de comunicación cuyo deber es investigar tales hechos.
La persecución es realmente temeraria, de modo que no podemos depender de una garantía de seguridad del Estado. La fiscalía es inútil, dejándonos en una situación de alto riesgo. Vivimos una etapa de impunidad y simulación.
Más aun, los apologistas de los regímenes de las Américas tienden a criminalizar a las y los protagonistas de las luchas por la sustentabilidad comunitaria. Reprimen los esfuerzos en defensa del territorio de los intereses mineros, y de otros megaproyectos.
Por lo tanto, demos la bienvenida al despegue en el hemisferio del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
El puesto en marcha de este instrumento es una respuesta al Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río+20) de 2012.
Involucra a Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and The Grenadines, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela — todos en pláticas bajo la bandera de la ONU.
El nombre del acuerdo describe perfectamente sus tres principales fines, solo que es muy largo. Así que, y como es de costumbre en el ámbito, le llaman por el lugar en donde fue adoptado el 4 de marzo de 2018, el distrito de Escazú en San José, Costa Rica.
El éxito del Acuerdo de Escazú consistiría en que tenga dientes: que los países suscriban sus términos, mismos que son obligatorios así como vinculantes, y que los gobiernos de estos países lo hagan suyo mediante leyes, reglas y normas nacionales respaldadas por sus entidades estatales con el financiamiento y la voluntad imperativos para hacerlo valer.
Aunque lo anterior puede parecer una aspiración ilusa e idealista, ya existe una convención similar bajo la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, por sus siglas en inglés), conocida como el Convenio de Aarhus, con no menos de 70 casos sobre el cumplimiento de la justica ambiental registrados en los Estados parte, mismos que son advertencias a los demás integrantes.
El Acuerdo de Escazú abrirá a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, estando a partir de ese momento sujeto a la ratificación. Para entrar en vigor, requiere de once Estados parte.
Por lo pronto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe celebra eventos desde Santiago de Chile hasta Antigua y Barbuda, para explicar a funcionarios y sociedad civil la utilidad de la herramienta, esencial en gran parte para proteger a los defensores y comunicadores.
Esta instancia regional de la ONU, mejor conocida como la CEPAL, acompaña los eventos con la publicación en línea de un compendio de las leyes y marcos institucionales en la materia en distintos países de la región, así como ejemplos de buenas prácticas y temas emergentes bajo el Principio 10.
“En un escenario global que acusa señales de inestabilidad del sistema económico, creciente desigualdad, riesgos para la paz y la seguridad y una grave crisis ambiental, se hace evidente la insostenibilidad del estilo de desarrollo dominante,” observa en el prólogo la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena.
Garantizar a todas las personas los derechos tema del acuerdo “es un elemento central para combatir la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo,” dice.
El acceso a la información ambiental, otro derecho reconocido en el acuerdo
Además de exigir a cada parte firmante extender a defensores agredidos recursos de reparación por daños, el nuevo convenio dice: “Cada parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia de acuerdo con el principio de máxima publicidad”.
El componente crucial del acuerdo establece que: “Cada parte garantizará, en la medida de los recursos disponibles, que las autoridades públicas generen, recolecten, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local”.
Más aún, obliga a “promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular aquella sobre sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente”.
Incluso, instruye de pasos específicos como garantizar “mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones”, y establecer “un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos bajo su jurisdicción”.
La participación de representantes gubernamentales en la redacción del pliego ha sido loable, sobre todo por parte de los países del Caribe en apuros dados los desastres naturales relacionados al cambio climático. Sin embargo, no falta quien ponga peros.
Por todo eso, y porque el proceso de establecer esta salvaguardia queda abierto al público, debemos participar en ello.
Las organizaciones participantes en lograr el acuerdo ya iniciaron una serie de acciones para promover que México lo firme y ratifique. En primer término, enviarán una carta al Secretario de Relaciones Exteriores y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Quien está de acuerdo en suscribir la carta debe avisar a Protección Ambiental, por la dirección de emilio.plascencia@gmail.com, indicar si el apoyo es como persona u organización, y en su caso incluir su logotipo.
Se recibe adhesiones hasta el próximo viernes 11 de mayo para enviar la carta el lunes 14.
Talli Nauman es analista de asuntos ambientales y acceso a la información por el Programa de las Americas y codirectora de Periodismo para Elevar la Conciencia Ecológica con sede en Aguascalientes, México.
