A un año de que los jornaleros del Valle de San Quintín tomaron la carretera transpenínsular para reclamar aumento salarial y seguridad, nada ha cambiado. El trato en los surcos sigue igual coinciden mujeres activistas, aunque el gobierno del estado lo niega.
En la madrugada del 17 de marzo, los trabajadores de los campos agrícolas dejaron sus herramientas de trabajo para declararse en huelga. El bloqueo se extendió a 128 kilómetros de la principal vía de la península de las dos Baja California.
El pliego petitorio que los jornaleros dieron a conocer hace un año era sencillo: incremento salarial a 200 pesos como salario por jornadas de 8 horas; afiliación al seguro social; sindicato propio; aguinaldos, vacaciones, bonos, reparto de utilidades; cese al acoso sexual; y acabar con el trabajo infantil. Sin embargo, el gobierno respondió con represión y hostigamiento en contra de los campesinos y sus líderes. Desde el primer día el gobierno del Estado usó la fuerza pública para desalojar el Centro de gobierno de San Quintín. Luego en la noche, policías federales y estatales, apoyados por el Ejército mexicano, desbloquearon la carretera, con un saldo de 299 detenidos y un sinnúmero de heridos.
Con la megamarcha del 10 abril las empresas agrícolas accedieron a un raquítico incremento salarial de 15 por ciento, pero a cambio se agregaron más tareas a la jornada. De 45 botes de pepino de la jornada antes del incremento pasaron a 60; de 35 botes de jitomate subió a 50; de cuatro surcos, saltó a seis.
Después de esa marcha los líderes del entonces Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social viajaron a la ciudad de México para exponer su demanda. Se reunieron con senadores y senadores, y lo hicieron también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (Segob) y organizaciones sociales.
A su regreso, organizaron otra marcha que partió de la colonia Vicente Guerrero hasta el Centro de Gobierno de San Quintín, el 24 de abril. La caminata de 20 kilómetros no fue suficiente para que el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, acudiera a la mesa de trabajo con los jornaleros.
Apenas pasaron dos semanas cuando la policía estatal incursionó en Loma de San Ramón, disparando en c
ontra de los colonos de San Juan Copala, conocido también como la Triqui. En la agresión más de cien personas resultaron heridos de gravedad por el uso de balas de goma y de alto calibre.
En tanto, el movimiento se dividió en dos sindicatos para disputar el contrato colectivo. Ambos dicen representar los verdaderos jornaleros. Mientras la división se ahonda, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) aprovecha el momento para quedarse con la afiliación de los nuevos trabajadores y las empresas promueven la campaña de comercio justo para certificar sus productos.
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Lucila Hernández dice que no hay avance y que las condiciones laborales de hace un año no ha cambiado mucho.
“Hasta ahora, el margen de avance creo, es de apenas un tres por ciento, Lo que sí cambió fue el aumento salarial de un quince por ciento. Rancho Los Pinos pagaba 120 pesos ahora es de 150; antes Berri-mex daba 130 y ahora a 226 pesos. Sin embargo, incrementaron la carga de la jornada, los surcos, los botes de jitomate; en el empaque la historia es la misma, ahora deben de poner dos etiquetas manualmente a cada caja”.
Agrega, “En realidad no hay avance. El supuesto aumento no se refleja en la cotización al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS). Hasta el día de hoy todavía la gente sigue cotizando con 70 pesos”.
Las prestaciones al IMSS es otro pendiente. Las empresas sólo afilian a sus trabajadores por tres días, después se les da de baja. Los jornaleros dicen que los ranchos no quieren asumir su responsabilidad y el gobierno hace que no ve.
Con 30 años en los surcos, Lucila habla de las empresas que reiteradamente maltratan a sus trabajadores pero que no han sido sancionados, y si los hubo no recayó en Rancho Los Pinos.
“La sorpresa que nos llevamos es que sancionaron al más pequeño productor. El que tiene una tablita de nopal, de cebolla, de calabaza, el que siembra para su familia. Fueron los que más sufrieron las represión porque en su momento apoyaron el movimiento”.
La activista dice que las transnacionales como Berri-mex, Los Pinos, Santa Mónica, San Vicente Camalú, Racho Seco y San Marcos no fueron sancionados. Estas empresas quedaron exentos de revisión en seguridad social, el agua, y la salubridad.
La política excluyente en contra de los pequeños productores no quedó ahí, sino que arreció también en contra de los jornaleros. Los surcos pasaron a ser sólo para los que no salieron a gritar el 17 de marzo. Ahora les exigen más, ya no es tan fácil faltar. Persona mayor de 60 años ya no puede trabajar en la cosecha.
A Lucila no se le queda de otra que hablar de la fractura que sufrió el movimiento: “Tuvimos una separación. Estábamos todos juntos, exigíamos lo mismo, en una misma voz, pero algo pasó y fue ahí donde nos separamos. Ahora hay dos sindicatos de jornaleros. El gobierno se la jugó y le salió bien la jugada. No sabemos hasta donde vamos a llegar ni que más vamos a lograr. La alianza lanza al boicot internacional en contra de Driscoll’s. Nosotros seguimos construyendo desde abajo”.
“Como movimiento, a pesar del rompimiento que se dio a raíz de que los jornaleros de lado Sur reclamaron su inclusión en la mesa de trabajo que en ese entonces lo integraban sólo los de la parte Norte, también hay algo que nos salva–ahora la gente es más consciente de sus derechos y empiezan a organizarse. Eso sí cuenta mucho, porque antes era muy difícil generar una protesta en el Valle de San Quintín,” sostiene Lucila.
Gloria Gracida coincide con Lucila. “Lo que se ha logrado es que la gente haya reaccionado, que la gente sepa que son seres humanos y que tienen derechos. Cuando a nosotros nos dicen, ‘ya ven, en tal rancho ya paralizamos el trabajo y pedimos un aumento y si nos lo dieron, no los necesitamos a ustedes’, y yo digo ‘huy que bueno que ustedes lo hagan’, y esa es una de las cosas más importantes que se ha logrado. También se logró que ahora niños y jóvenes estén creciendo con una mentalidad diferente, que estén con palabras nuevas en su vocabulario: marcha, o protesta, huelga, derecho por ejemplo. Eso es algo muy importante en cuanto a, digamos, de manera subjetiva”.
Con una maestría por la Universidad Iberoamericana, Gracida dice que el logro más importante es la creación del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA). “Es una de las victorias más grande porque se forma desde los surcos, la gente que sale del campo y que dicen ‘yo voy a representar a mi gente como si fuera yo mismo, y eso nunca había existido, siempre habían existido los sindicatos charros con compromisos con el gobierno con los empresarios incluso, y que el trabajador no importaba”.
La también profesora de telesecundaria celebra los dos sindicatos a pesar de sus métodos distintos. Dice que deben de ser fuerte en los campos para que los empresarios estén ahora más preocupados, al grado de implementar programas que pretenden beneficiar a los jornaleros con el llamado comercio justo.
Reitera que la carga de trabajo aumentó casi a la proporción del quince por ciento del salario. “Eso no sale a la luz, y bueno, los maltratos continúan en los campos. Por ejemplo Rancho Los Pinos. Muchos preguntan ¿por qué no atacar directamente a Los Pinos?’. Nosotros les decimos que este movimiento no lo hacemos nosotros, lo tienen que hacer la gente desde adentro, pero ¿cómo lo van a hacer si están encarcelados? Ellos tienen que darse cuenta de la situación. El problema no es sencillo porque la empresa esta coludida con el gobierno”.
En el Valle de San Quintín los empresarios del campo crearon el Consejo Agrícola, donde participan ranchos con los historiales más oscuros en la región, como Berri-mex o Driscoll’s. Desde el Consejo, diseñan estrategias para desactivar el movimiento.
De las 200 denuncias anónimas hechas por las jornaleras en contra de los mayordomos por despidos injustificados y acoso sexual la mayor parte viene desde los surcos de Los Pinos, Racho Seco, y Rancho Juanito, Santa Mónica; De Rancho Juanito las quejas son por acosos en los surcos.
Desde que surgió el movimiento de los jornaleros, el gobierno del estado de Baja California Norte reaccionó con una campaña de decir que en el Valle todo se arregló. Tan es así que dispuso sin reparo una estrategia de medios de comunicación para decir que todo está resuelto. Es más, se paseó con los líderes priistas de la CTM con quienes se tomaron fotos en los campos, en el Rancho Los Pinos donde posaron con las jornaleras que viven en las cuarterías el Vergel. Con el daba por cerrado un capítulo más de la lucha de los campesinos.
Gloria Gracia retoma la conversación: “El gobierno federal, nomás vino a burlarse de nosotros. Le apostó al desgaste del movimiento, las reuniones se fueron postergando, hasta este momento se han negado incluso a contestar llamadas telefónicas vilmente. Se esconden de la problemática y no hay respuesta. Por eso sabemos que debemos continuar luchando y atacar directamente a los empresarios, es detener el medio de producción.
“Entonces esperamos en esta marcha, nos quiera hacer ver otra vez como que nosotros somos los delincuentes, porque eso nos ha hecho ver y cualquier situación que se dé es por la incompetencia del gobierno de dar respuesta a estas demandas a los trabajadores”.
Durante el movimiento de los jornaleros se ha descubierto que los empresarios registran varios campamentos en San Quintín, y que en mucho de los casos son utilizados como bodegas para guardar sus químicos. “Hay campamentos que no se conocen, al de San Vicente nos tocó entrar. Después de una hora de camino llegamos, lo que encontramos fueron unas pipas grande. Estaba todo feo, la pipa, la cambiaron porque estaba muy mal y que de ahí tomaban agua. La gente de estos campamentos no conoce la realidad. Lo mismo con El Vergel”.
Sin embargo, la delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), Guadalupe Barraza Chiquete, dijo cuándo se les preguntó sobre el conflicto entre jornaleros y empresarios agrícola, que las denuncias en contra de los campos agrícolas en San Quintín son elevadas de “manera directa o en la Procuraduría del Trabajo o bien anónima… cuando hay quejas acudimos de inmediato para saber que está sucediendo. Estamos muy cerca de la comunidad, es una de las instrucciones que tenemos del gobernador Francisco de la Madrid”.
La funcionaria reconoce que las denuncias están cargados hacia Berri-mex, Los Pinos, Los Mendoza, aunque se dijo agradecida con los dueños de estos ranchos porque le han permitido entrar para ver las condiciones en las que trabaja con la gente.
Por su parte Margarita Amalia Cruz Cruz, de la Casa de la Mujer Indígena, dice que desde 2013 venían trabajando sobre la situación de explotación en el Valle. “Nosotras ya mirábamos venir este movimiento, así de fuerte por la situación de cómo se vive en el valle, lo que ha estado pasando es en contra de los jornaleros y jornaleras”.
Agrega, “Muchas de las demandas son de la misma comunidad, de las jornaleras y jornaleros. Nosotras estuvimos dando atención y formamos parte de la cuestión laboral que se hizo. Siempre mantuvimos las puertas abiertas, no anduvimos en la marcha como Asociación Civil (A.C), pero de manera personal sí acudimos al llamado de los compañeros. Miramos las demandas que ellos hacían, muchas de ella son justas”.
Entrevistada en la Casa en la colonia Ricardo Flores Magón, Margarita sostiene que se tiene que hacer justicia por todas las violaciones a los derechos laborales e incumplimiento que se hacen en el campo, por parte de las empresa y el gobierno.
“Lo que te puedo decir es que, el 94% de las mujeres que vienen aquí a la asociación a recibir cualquier tipo de atención que les brindamos, son jornaleras. Desde luego que tenemos registros de violencia, así como de servicio médico. La mayoría tienen seguro popular, que como bien lo sabemos no te da ninguna prestación solo atención médica”.
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Acá, el precio de la comida es cara. Un jornalero que gana 150 pesos diario apenas le alcanzará para dos raciones al día. Un platillo cuesta 75 pesos; un taco de carne a 18 pesos, un refresco a 10 y una botella de agua se vende en 10 pesos.
A lo largo de 128 kilómetros, hay una sola calle pavimentada, de ahí, todas están encharcadas o empolvadas cuando no llueve. Así las cosas en el Valle de San Quintín al cumplir un año de lucha de los jornaleros. Todo sigue igual en las condiciones de vivienda y servicios como drenaje, agua potable y servicios médicos.
