Al tiempo del levantamiento zapatista, hace 20 años, en el ejido Los Llanos hubo una dura batalla entre el EZLN y el ejército mexicano. Hoy la gente que vive en estos bosques húmedos del Municipio de San Cristóbal de Las Casas tiene que luchar para no perder la tierra que recuperó en aquella época.
El pasado 12 de octubre, más de 800 indígenas maya de diferentes comunidades acudieron a un evento en Los Llanos para manifestar su inconformidad ante la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, que en febrero de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto incluyó entre las obras de infraestructura necesarias para impulsar el turismo en el país.
La gente de Los Llanos denuncia que la carretera causaría el desplazamiento de más de 860 personas de la comunidad, y en enero de 2014 interpuso un juicio de amparo en contra del estado por no haber sido consultada sobre los alcances de la obra de forma previa, libre e informada. “Al gobierno le decimos: ni un metro, ni un poquito, ni un puño de la tierra les vamos a vender”, declaró durante el evento Juan Gómez Díaz, del consejo de vigilancia del ejido.
El gobierno asegura que la carretera beneficiaría a todas las comunidades atravesadas, que podrían vender sus productos en las orillas de la autopista y gozar de la entrada de millares de visitadores a sus poblados. Ya en 2007 la Organización Mundial del Turismo (OMT) visitó a Chiapas con la intención de elaborar un plan de desarrollo capaz de transformar la región en un importante corredor turístico. La infraestructura en la que se basaba la “nueva Cancún” era el Centro Integralmente Planeado San Cristóbal-Palenque (CIPP) que contemplaba, entre las demás cosas, la construcción de un aeropuerto internacional en Palenque –inaugurado en febrero de 2014- y una autopista de unos 169 km que uniera la antigua ciudad maya con el hermoso centro colonial de San Cristóbal de Las Casas.
Uno de los senadores que entonces más anhelaba la autopista era el actual gobernador Manuel Velasco Coello, que el 9 de octubre 2008 emplazó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a cumplir su compromiso.
Se planeaba entregar la administración de la vía de cuota y de las gasolineras al grupo Concesionaria de Autopistas del Sureste, vinculado con la familia de Juan Camilo Mouriño, ex Secretario de Gobernación que en 2008 fue acusado por el líder de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador de actos de corrupción, y cuyo avión se estalló en el centro de la Ciudad de México pocos meses después.
Sin embargo, el gobierno tuvo que suspender el plan de construcción de la carretera a raíz de la oposición popular, en particular de la comunidad de Mitzitón, que se encuentra en el kilómetro cero de la que se planeaba ser la supercarretera. Buena parte de los pobladores, simpatizantes zapatistas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunciaban que la obra habría acabado con viviendas, milpas, con el bosque y habría contaminado al agua. Tuvieron que enfrentarse con la violencia del grupo de corte paramilitar Ejército de Dios, una agrupación aliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que el 19 de julio de 2009 atacó a un grupo de campesinos de la comunidad, hiriendo a cinco y matando a uno.
En diciembre de 2009, el ex gobernador del estado de Chiapas Juan Sabines Guerrero remarcó que la decisión de suspender la obra fue tomada como señal de distensión en la conflictiva región chiapaneca, y se adueñó de la famosa consigna zapatista: “En este gobierno se aplica el principio de que el pueblo manda y el gobierno obedece”.
La autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque es parte de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), uno de los proyectos contemplados por el Plan Mesoamérica, anteriormente llamado Plan Puebla Panamá. La red pretende integrar el área que va desde Panamá hasta el sur de México con infraestructuras que permitan el transporto rápido de los bienes y recursos que se producen y se extraen en esta misma región.
“El gobierno quiere que las comunidades se integren en su visión neoliberal. Quiere que entren en la agroindustria y en el turismo, a través de la promesa que el desarrollo centrado en el mercado les va a beneficiar”, -explica Juan Romero, autor en 2009 de un boletín del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) titulado La espina dorsal del CIPP: Sigilo y destrucción violenta– “La autopista es también un proyecto de contrainsurgencia: la idea del gobierno es que si la gente participa en el mercado, ya no va a tener la necesitad de estar en resistencia”.
Juan Romero relata que al tiempo de su investigación (2009) entrevistó a algunos funcionarios del gobierno que afirmaban tener el mapa con el trazo definitivo de la carretera, mientras que otros decían no estar enterados ni siquiera de la existencia del proyecto. En aquel tiempo los reales planes del gobierno parecían ser un misterio, y hoy en día la situación no es muy diferente.
En febrero pasado, durante la inauguración del aeropuerto de Palenque, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para el mes de mayo habría definido el presupuesto –que luego se fijó en 10 mil 600 millones de pesos-, el trazo y los tiempos para realizar la supercarretera, pero aún no se sabe cuál será la ruta exacta de la autopista. La comunicación del gobierno es muy confundida, por ejemplo, en el caso de Los Llanos hay declaraciones donde afirma que la obra pasará por el ejido, y declaraciones donde lo niega.
¿Por qué tanto misterio si la carretera traería beneficios y riquezas para las comunidades? Una respuesta podría ser que el gobierno sabe que toda esta zona, desde los fríos bosques de los Altos de Chiapas –a más de 2mil metros de altitud- hasta la calurosa selva Lacandona, está constelada de comunidades zapatistas o filozapatistas, pueblos en resistencia que tal vez, si conocieran en detalle las afectaciones de la obra, endurecerían su lucha. Además, según explica el abogado Ricardo Lagunes, si el gobierno niega que las comunidades van a ser afectadas y despojadas el juez puede desechar la demanda de amparo interpuesta por los campesinos.
Orsetta
Los pobladores de las comunidades que se encuentran en el supuesto trazo de la carretera observan técnicos hacer mediciones y marcar sus terrenos, y tuvieron reuniones con funcionarios públicos que tienen una actitud amenazadora y engañosa. Los habitantes de La Candelaria (Municipio de San Cristóbal de Las Casas) denuncian que representantes del ayuntamiento les dijeron que su ejido era el único que aún no había firmado el permiso para otorgar el paso a la construcción de la autopista, y luego descubrieron que habían dicho lo mismo a las demás comunidades. El ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas amenazó también a los pobladores de Los Llanos con hacer uso de la fuerza pública en el caso de que no aceptaran autorizar el paso de la carretera.
Entre las dependencias que deben dar su aprobación para que se construya la autopista se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que brinda una evaluación desde la perspectiva de seguridad nacional. De hecho, la carretera beneficiaría al ejército y a la militarización, a la par que las empresas turísticas y extractivistas, siendo que pasaría muy cerca de la base militar de Rancho Nuevo, en las afueras de San Cristóbal de Las Casas. La autopista permitiría incrementar la movilidad del ejército, haciendo posible al acceso a zonas que son de difícil alcance y un mayor control de esta zona de Chiapas, un foco de resistencia que el anuncio de la obra calentó aún más.
