Resistencia en los Andes a la minería

Una de cada cinco hectáreas del Perú ha sido entregada a las multinacionales de la minería, así como la mitad de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas de la sierra andina. La gente común y la naturaleza son las más afectadas por la voracidad de grandes empresas que acumulan oro, plata y cobre en el altar de la especulación. La forma como la población se viene movilizando muestra cambios de fondo en la acción social.

“Fuimos aplastados por 20 años de guerra interna”, dice Hugo Blanco, veterano dirigente campesino quechua que protagonizó la lucha por la recuperación de tierras en la década de 1960 en Cusco. Ahora se muestra optimista: “El conflicto de Conga primero y ahora el de Kañaris nos muestran que la lucha social avanza, aunque por otros caminos, a través de grupos locales que son más representativos de las luchas reales que las viejas centrales que están por los suelos”[1].

Perú es un país minero. Desde la Colonia la explotación de las minas reconfiguró el mapa social y político de los pueblos originarios que habitaban la región andina. En las últimas décadas la minería se reflejó incluso en las artes y en la literatura, su huella fue particularmente intensa entre los campesinos, como lo muestran las novelas de Manuel Scorza, uno de los más destacados escritores peruanos[2]. Pese a ello la lucha contra la minería no ocupó un lugar destacado en el imaginario peruano.

Sin embargo en los últimos años se registra un viraje importante. El 2012 fue el año de mayor conflictividad social. Como señala el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, la intensidad de los conflictos se refleja en la polarización que producen y en su capacidad para modificar la agenda. Los conflictos por la minería forzaron dos cambios de gabinete del gobierno de Ollanta Humala: en diciembre de 2011 (apenas seis meses después de asumir el gobierno) y en julio de 2012, cuando cumplía su primer año en el sillón de Pizarro.

“Hace diez años era impensable que un conflicto minero de una zona apartada del país, llegase a las primeras planas de los principales diarios y estuviera presente por varias semanas en casi todos los medios”, señala el Observatorio[3]. Pero la principal novedad es que “los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido además en conflictos políticos de envergadura”. Hasta la agencia de calificación de inversiones Moody´s señaló que el modo como viene afrontando el gobierno el conflicto por Conga puede ser perjudicial para los intereses del sector minero.

Comprender la importancia de la lucha contra la minería supone abordar tres aspectos: la megaminería como una de las principales formas de acumulación del capital transnacional en Perú; la resistencia campesina de carácter comunitario y por lo tanto territorializada que conecta con cinco siglos de resistencia indígena; y los modos no centralizados de coordinación, o sea las nuevas culturas de acción política.

Perú en el ojo del colonialismo minero

En noviembre había 24 millones de hectáreas concesionadas a la minería, lo que representa un 19% de la superficie total del país. El área de las concesiones mineras afecta principalmente a las comunidades campesinas en la Sierra y Costa del centro y norte del país, donde casi la mitad de su territorio fue concedido a las mineras[4].

En efecto, el 49,6% de las tierras de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras. Casi la mitad de la región hidrográfica del Pacífico (47%)  está concedida a la actividad minera, donde vive el 65% de la población que cuenta con apenas el 1,8 % del volumen de agua del país[5]. Por eso los argumentos oficiales de que la actividad minera beneficia al país son rechazados de plano por comuneros que sufren la pérdida de sus tierras y de su acceso al agua.

Un reciente informe del Metals Economic Group señala que la caída del mercado de acciones en el mundo favorece las inversiones en minería que crecieron 44% en 2010 y 50% en 2011, luego de una fuerte caída en 2009[6]. La región latinoamericana es el primer destino de las inversiones mineras, con el 25% del total, donde destacan Chile, Perú, Brasil, Colombia, México y Argentina. En 2003, apenas el 10% de la inversión minera mundial se dirigía hacia América Latina.

Perú es junto a Chile el primer destino de las inversiones mineras en la región. En 2010 la región latinoamericana proveía el 51% de la plata del mundo, la mitad del litio, el 45% del cobre, 27% del molibdeno, 25% del estaño, 23% del zinc y la bauxita, 19% del oro y 18% del hierro[7]. Hasta 2020 el sector minero recibirá 300 mil millones de dólares de inversiones.

Perú ha dado un salto significativo como receptor de inversión extranjera directa. En 2012 llegaron al país 11 mil millones de dólares, un aumento del 34% respecto a 2011, frente a un promedio de 1.600 millones entre 2000 y 2005[8]. El problema es que minería e hidrocarburos suman la mayor parte de las inversiones. Alrededor de dos tercios de esas inversiones fue al sector de recursos naturales y apenas el 8,7% a la industria manufacturera.

Este tipo de inversiones consolidan la dependencia de a la explotación y exportación de recursos naturales. El periodista peruano Raúl Wiener sostiene que el 30% de los ingresos fiscales de su país se originan en la minería y que “la única forma más o menos rápida de incrementar estos fondos en el corto plazo y poder llevar adelante los programas sociales que todo candidato promete para ganar las elecciones, es con más inversiones en minería, por lo que pelearse con este sector sería hacerse el harakiri”[9].

Perú se convirtió en el quinto país del mundo con mayor crecimiento de las exportaciones, que pasaron de 7,600 millones de dólares en 2002 a 45,700 millones en 2011. Alrededor del 60% son minerales y el 10% petróleo y gas, productos que se exportan sin procesar[10]. Es el mayor exportador latinoamericano de oro, cinc, plomo y estaño, el segundo productor de plata y de cobre. Según las proyecciones en los próximos años la tendencia de inversiones y exportaciones centradas en la minería se va a profundizar. Las concesiones mineras se duplicaron entre 2006 y 2010, según el Observatorio de Conflictos Mineros.

Resistencia en los Andes

Durante la segunda mitad de 2011 y buena parte de 2012 el principal conflicto minero y social del país se registró en la región de Cajamarca, al norte del país, por la masiva oposición de la población al proyecto de explotación de oro y plata Conga, de la minera Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont Mining Corporation. La minera explota desde hace más de veinte años un yacimiento de oro a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca a más de 3.400 metros de altura, siendo la segunda mayor mina de oro del mundo.

Durante los últimos años Yanacocha ha experimentado una caída en su producción debido al agotamiento de las reservas. De ahí que el proyecto Conga sea una alternativa para la empresa. Pero la población ya conoce a Yanacocha y se ha movilizado en defensa del agua desde hace varios años. El problema principal es que la actividad minera, que incluye el uso de cianuro y mercurio, afecta las lagunas de altura de las cuales se abastecen las comunidades campesinas y las ciudades.

En noviembre y diciembre de 2011 la resistencia de la población de Cajamarca[11] se zanjó con la declaración del estado de emergencia y la militarización de varias provincicas, a lo que siguió un recambio del gabinete con la salida de buena parte de los ministros más progresistas. En el distrito de Bambamarca, uno de los más afectados por Conga, la población impidió que los soldados pudieran hacer la ceremonia de saludo a la bandera y en Celendín, epicentro del conflicto, los soldados fueron expulsados de la plaza por la población[12]. Las rondas campesinas detuvieron soldados por intentar prostituir a menores.

En 2012 se registraron 167 conflictos activos: de ellos, 123 son conflictos denominados por la Defensoría de Pueblo como “socioambientales”, mientras sólo siete son “laborales”. Los campesinos se están quedando sin tierra y sin agua y reaccionan con toda la fuerza que tienen, movilizando sus comunidades. Una encuesta revela que en Cajamarca el 78% de la población se opone al proyecto Conga. Aunque el epicentro de las resistencias es Cajamarca, y más recientemente Kañaris (Lambayeque), los conflictos mineros abarcan todo el país.

Mirando la realidad más de cerca, se observa que la población ha puesto en juego una variedad de recursos asombrosa. Ha creado frentes de defensa provinciales y locales, ha realizado consultas municipales y provinciales, marchas, paros regionales y cortes de carreteras. Una de las actividades más importantes es la que realizan las rondas campesinas, organizaciones comunales de autodefensa nacidas en la década de 1970 en Cajamarca y Piura para combatir el robo de ganado[13].

Los ronderos de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, las tres provincias más cercanas a la mina Conga, acamparon masivamente en los alrededores de las lagunas impactadas por el proyecto minero para hacer una labor de vigilancia e impedir cualquier trabajo de la empresa en la zona. La movilización comenzó en noviembre y se les denominó guardianes de las lagunas.

El campamento de Celendín fue destruido por las fuerzas policiales, por lo cual el Comando Unitario de Lucha de Cajamarca decidió “construir dos casas para las rondas campesinas en base a trabajo de minga para que los ronderos y visitantes puedan pernoctar y permanecer firmes en la lucha”[14].

Esta lucha por el control del territorio es respondida con la militarización de la región por parte del gobierno, mientras Yanacocha cierra los caminos a los campesinos. Las comunidades respondieron colocando carteles en todas las vías y en todos los caseríos que dicen: “Territorio rondero libre de minería”, seguido del nombre del lugar. Una práctica similar a la que realizan las bases zapatistas para reafirmar el control de sus espacios.

Los estados de excepción y la militarización de varias provincias se saldaron con 17 muertos entre diciembre de 2011 y setiembre de 2012 según la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Cinco comuneros fueron muertos en julio de 2012 en Celendín y Bambamarca, tres por el intento de erradicar la pequeña minería informal en Madre de Dios (frontera con Brasil y Bolivia), dos en Espinar (Cusco) resistiendo a la minera XStrata, uno enfrentando a la minera Barrick en Ancash.

El gobierno de Ollanta Humala aplica el Decreto 1095 emitido por el anterior gobierno de Alan García que autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno y califica a los que protestan como “grupo hostil” mientras las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales militares[15].

Nuevas formas de organización y acción

En los dos últimos meses apareció un nuevo conflicto en la norteña provincia de Lambayeque. Los campesinos expresan el conflicto de un modo muy sencillo que revela su visión del mundo: “El fundamento de nuestra resistencia indígena, es por la intromisión e invasión en nuestro territorio ancestral de la empresa Minera Candente Copper Corporatión-Cañariaco”[16].

Para reafirmarse ante la opinión pública realizaron una Consulta Comunal el 30 de septiembre en la que el 95% de la población se pronunció contra la minera. El 20 de enero realizaron un paro regional  y el 25 la policía hirió a 24 campesinos durante un boqueo de rutas para evitar que la canadiense Candente Copper siga adelante con su proyecto de explotar tres yacimientos de cobre.

Un párrafo del Manifiesto del 5 de febrero revela el abismo entre el Estado y las comunidades: “Exigimos como condición para el diálogo el retiro inmediato de las fuerzas policiales de nuestros territorios, puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario la seguridad comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay necesidad de la presencia de gran contingente policial fuertemente armado en la zona”[17].

Y agregan: “Somos autoridades originarias, comunales y ronderiles que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros principios y derechos como pueblos, a no permitir la subordinación al colonialismo que rompe la estructura genuina y natural de los pueblos originarios”.

Sin embargo, numerosos analistas y observadores consideran que en Perú no existen movimientos sociales y estiman que el movimiento contra la minería es fragmentado y que no se articula entre sí. El investigador y activista Raphael Hoetmer afirma: “Los movimientos del Perú no son centralizados y articulados en organizaciones representativas nacionales sólidas; más bien tienen un carácter fragmentado”[18].

En el mismo trabajo, en el que polemiza con quienes aseguran que no existen movimientos, constata “una situación donde los pueblos no requieren de las organizaciones nacionales para movilizarse, pero a la vez, hay dificultades para articular las distintas agendas locales entre sí y con las agendas nacionales”[19]. De hecho las grandes organizaciones no juegan ningún papel en la lucha contra la minería.

Luego señala que las luchas consiguen victorias pero éstas no se traducen en la creación de organizaciones potentes. “Hay grandes dificultades para convertir estas victorias en organizaciones más fuertes”[20]. En efecto, constata que existen grandes luchas que ya no son dirigidas por las poderosas organizaciones sociales de antaño, como la CGTP, la CCP o la más reciente CONACAMI[21].

En este punto es donde parece necesario cambiar la forma de mirar. Hugo Blanco, quien vivió el período de las grandes organizaciones desde la CCP y ahora acompaña los movimientos de Cajamarca, es muy claro. En su opinión se trata de coordinar las luchas y a la vez avanzar “hacia una democratización cada vez mayor del movimiento, en que sea la colectividad la que mande y no los dirigentes. No desviando su actividad central hacia campañas electorales”[22].

En pocas palabras aborda tres temas claves: coordinar las luchas sin crear aparatos burocráticos, que decida la gente (eso que los zapatistas llaman “mandar obedeciendo”), y evitar la tentación electoral que distorsiona las luchas al incrustarlas en la institucionalidad estatal. Aunque no lo dice, está hablando de una nueva cultura política. La vieja cultura ya mostró sus limitaciones.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas www.americas.org/es.

Recursos

Raúl Zibechi, Entrevista a Hugo Blanco, Lima, 22 de febrero de 2013.

Central Única Nacional de Rondas Campesinas:  http://cunarcperu.org

Cooperaccion: http://www.cooperaccion.org.pe/

Hugo Blanco, “Agua sí, Mina no”, Cusco, 2012.

Lucha Indígena, Cusco. Periódico mensual dirigido por Hugo Blanco.

Metals Economics Group, “Tendencias de la exploración mundial 2012”, Halifax, 2013.

Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, “11º. Reporte Semestral”, Lima, diciembre 2012.

Raphael Hoetmer, “Los movimientos del Perú: Nueve hipótesis sobre conflicto y movimiento social, y una afirmación epistemológica”, en Crisis y movimientos sociales en Nuestra América, Programa Democracia y Transformación Global, Lima, 2012.

Servindi (comunicación intercultural): www.servindi.org

Estudio: Tipos de rondas campesinas en el Perú: http://cunarcperu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=485:estudiio-tipos-de-rondas-campesinas-en-el-peru&catid=1:latest-news&Itemid=1