El 20 de diciembre la legislatura de Costa Rica aprobó otro despliegue de decenas de barcos de EE.UU. en su territorio para los próximos seis meses, pero negó el permiso a desembarcar buques de guerra hasta que haya un debate después del año nuevo.
La decisión se produjo en un momento en que la relación del país con la vecina Nicaragua sigue siendo tensa. El Congreso concedió permiso para el despliegue de 46 buques estadounidenses de la Guardia Costera, 42 helicópteros armados, y hasta 4.000 marinos para combatir el tráfico de drogas.
Sólo cuatro legisladores votaron en contra de la medida. Juan Carlos Mendoza, líder del Partido Acción Ciudadana, explicó que su oposición al acuerdo se basa en que los Estados Unidos están en guerra y que, como tal, los barcos de la Guardia Costera se encuentran bajo el mandato de las fuerzas armadas. “Costa Rica firmo un acuerdo de patrullaje con las autoridades civiles y no con el parte militar. Esto podría estar violando la activa y permanente neutralidad de nuestro país “, dijo.
Otro diputado, José María Villalta del Frente Amplio, dijo que no hay pruebas de que los despliegues hayan contribuido a reducir la adicción a las drogas o a cambiar las rutas de los traficantes fuera de Costa Rica.
Mientras tanto, el día después de la aprobación del despliegue naval de EE.UU., Costa Rica denunció a Nicaragua frente a las Naciones Unidas por la presencia de tropas a lo largo del río San Juan que sirve de frontera entre las dos naciones. Su gobierno alegó que Nicaragua había “invadido” y “ocupado” Costa Rica. El mismo día, Nicaragua denuncio una “incursión” en Nicaragua de buques y aviones costarricenses. El embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri, dijo que su país no tiene ejército, por lo cual ha apelado a la OEA, pero Nicaragua ha rechazado su jurisdicción. Por su parte Nicaragua afirma que sus tropas se encuentran dragando el río que se encuentra dentro de su propio territorio y que se extiende hasta el lado costarricense.
La aprobación para desplegar buques y helicópteros armados de EE.UU. en Costa Rica estaría señalando que Estados Unidos podría utilizar la amenaza de fuerza para arbitrar el conflicto, probablemente a favor de Costa Rica. En una carta enviada el 15 de diciembre a la Corporación del Desafío del Milenio, el senador republicano Richard Lugar se manifestó a favor de Costa Rica, instando a la acción en contra de Nicaragua.
Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos además continúa el despliegue de tropas en Nicaragua, en menor número y mayormente para misiones de entrenamiento. Nicaragua autorizó más de 700 tropas de EE.UU. para llevar a cabo ejercicios y entrenamiento en Nicaragua este año, incluyendo una unidad de Fuerzas Especiales que llevó a cabo un ejercicio en mayo. Nicaragua aprobó firmemente otro despliegue de EE.UU. para el 13 de diciembre de 2011.
El pasado julio varios costarricenses se mostraron molestos cuando Estados Unidos y Costa Rica acordaron desplegar hasta 7.000 infantes de marina de EE.UU. y 46 buques de guerra, algunos de ellos eran buques de asalto armado con misiles Sparrow, para las operaciones de lucha contra las drogas en una Costa Rica desarmada. “Quiero a mi país sin soldados”, fue una declaración popular. Un legislador demandó a los tribunales para dar marcha atrás el acuerdo, hasta ahora sin éxito.
Hasta ahora sólo dos de los barcos anunciados fueron desplegados en Costa Rica, uno de ellos para “misiones humanitarias”. Las demás operaciones contra las drogas, como el USS Rodney Davis, se llevaron a cabo en agosto.
La Cuarta Flota de Marina de los EE.UU. nuevamente planea desplegar los buques en Costa Rica durante los primeros seis meses de 2011. Esta vez, no hay buques de la Armada estadounidense en la lista (tampoco marines estadounidenses), sólo embarcaciones de la Guardia Costera de los EE.UU. Aunque la Guardia Costera es una entidad armada y extranjera, el hecho de que los buques de guerra de la Armada hayan sido excluidos de la propuesta, representa una victoria para los esfuerzos que se oponen al despliegue de buques de guerra en Costa Rica.
Es posible que la Marina no haya anticipado ninguna oposición a la llegada de los buques. “No estamos seguros por qué este revuelo”, dijo la embajadora de EE.UU. Anne Slaughter. O podrían estar probando las reacciones políticas, experimentando con el fin de inocular a la opinión pública con la idea de que los Estados Unidos pueden enviar sus tropas donde quiera. Esta vez la respuesta política no llego a la plena aprobación que se había esperado.
La propuesta actual sigue manteniendo que el personal de la Guardia Costera puede usar sus uniformes en el territorio de Costa Rica y disfrutar de libertad “para llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir con su misión” (sin nombrar a esas actividades). También esta propuesta confiere inmunidad de las leyes de Costa Rica por los daños causados por la presencia de buques o personal.
John Lindsay-Poland es director para investigación e incidencia del Fellowship of Reconciliation.
December 22, 2010.
Traductor: Carolina Sternberg
