Después de una semana de elogios en Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto regresó a casa para enfrentar la peor crisis política de su administración. Hubo contundentes protestas luego de que la policía local desapareciera forzosamente a 43 estudiantes de Ayotzinapa, un colegio para maestros rurales en el estado de Guerrero.
Mientras las investigaciones continúan, la crisis ha dejado al desnudo la violencia y corrupción que controla grandes partes de la nación. Guiados por jóvenes, manifestantes en todo el país culpan al gobierno por este ataque y por otros similares. En el campus de Ayotzinapa, donde esperan noticias sobre sus hijos, uno de los padres dijo al Programa de las Américas, “El gobierno sabe dónde están”, en una voz llena de fatiga, dolor e indignación.
En la noche del 26 de Septiembre, patrullas de la policia de la ciudad de Iguala bloquearon los autobuses en los que su hijo y los otros estudiantes viajaban y abrieron fuego contra los estudiantes. Durante la noche, más estudiantes de Ayotzinapa acudieron al rescate de sus compañeros junto con maestros del sindicato estatal de la trabajadores de la educación que llegaron a ayudar. Un nuevo ataque a medianoche, esta vez por parte de un comando armado, dejó más muertos en el lugar. Cerca de ahí, un tercer ataque contra un equipo de futbol local aparentemente confundidos con estudiantes de Ayotzinapa dejó un joven y otras dos personas
muertos.
Los testimonios de los sobreviventes y videos en manos del estado de Guerrero muestran que la policía local inició el ataque y llevaron a docenas de estudiantes en sus vehículos. Ningún oficial a nivel local, estatal o federal protegió a los jóvenes atacados, a pesar del despliegue masivo para la guerra contra la droga. Sobrevivientes
declaran que cargaron a los heridos a una base militar cercana, donde el personal se rehusó a ayudarlos. Ningún soldado dio el paso al frente para tratar de parar la masacre de los jóvenes.
El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan Human Rights Center de Guerrero emitió una alerta urgente el 29 de Septiembre declarando, “Estos eventos demuestran un excesivo uso de la fuerza y una intención de deliberadamente y extrajudicialmente ejecutar estudiantes por la Policía Municipal y una omisión por parte del Estado y las autoridades Federales por fracasar al implementar medidas de seguridad apropiadas que podían prevenir una segunda agresión y la desaparición de 55 estudiantes locales” (43 desaparecidos, mientras 12 fueron subsecuentemente localizados vivos).
¿Por qué ocurrió el ataque a los estudiantes?
Puede resultar imposible reconstruir la lógica tras el ataque–quién ordenó el ataque y por qué– principalmente porque los atacantes pueden no haber actuado lógicamente. Sabemos que la emboscada fue planeada y que el blanco eran los estudiantes de Ayotzinapa. Más allá de eso hay un debate candente sobre si el cártel de las drogas ordenó a la policía local bajo su poder a atacar a los estudiantes, o si el gobierno utilizó sus relaciones con el crimen organizado para aterrorizar y asesinar a los estudiantes. Para hacer el asunto más complejo, en ese debate existe ya un consenso de que la línea entre el crimen organizado y el gobierno en la ciudad fue borrada hace mucho tiempo por la colusión entre ambos.
El Procurador General de la República Jesús Murillo Karam recientemente anunció que las investigaciones demuestran que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque a los estudiantes. Él es acusado de mantener vínculos cercanos con el cartel regional de narcotráfico, Guerreros Unidos, supuestamente dirigido por los hermanos de su esposa y ella misma.
El gobierno es también culpado por haber fallado enteramente en mantener la paz en Guerrero, un estado que combina los peores aspectos del abuso de autoridad y la
violencia criminal. El área fuera de Iguala es una de las regiones productoras de drogas más importantes del país. La complicidad de los políticos con el crimen garantiza protección e impunidad. La historia de lucha en el estado, incluyendo grupos armados, lo convierte también en centro nodal de represión.
Una serie de gobiernos locales, estatales y federales han tomado acciones abiertamente hostiles hacia las escuelas rurales por años. Fundadas en el período post-revolucionario, para proveer una educación profesional a los hijos de familias campesinas/indígenas, las escuelas normales rurales como el “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa han defendido firmemente valores revolucionarios de justicia social entre esfuerzos gubernamentales que buscan privatizar, globalizar y individualizar elsistema de educación en México. Los estudiantes de Ayotzinapa han protestado contra las recientes reformas educativas en este sentido. Cuando fueron atacados, estaban recaudando fondos para participar en una marcha para conmemorar la masacre de los estudiantes en Tlatelolco el 2 de Octubre de 1968.
Jóvenes de familias rurales empobrecidas con ideas revolucionarias que se inclinan por la acción directa, son los enemigos naturales de políticos que están en un proceso de construir nuevos lazos de negocios con el Estado, lazos que incluyen el negocio del tráfico ilegal de drogas. Existen también precedentes de estos eventos. El 12 de Diciembre de 2011 la policía estatal y federal disparó y asesinó a los estudiantes de Ayotzinapa Gabriel Echevarría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino en la autopista a Acapulco donde los estudiantes habian hecho un bloqueo en protesta por la falta de apoyo a su escuela y los intentos de cerrarla. hasta la fecha, nadie ha sido castigado por los asesinatos de los jóvenes.
Por otro lado, el gobierno insiste que fue el grupo criminal Guerreros Unidos, una astilla ultra violenta del cartel Beltrán Leyva, que dio la orden de atacar a los estudiantes. El cártel tuvo menos motivos obvios para matar y desaparecer a los estudiantes, pero más capacidad de llevar a cabo el crimen. La historia de Guerreros Unidos revela la locura de la guerra contra las drogas. Mientras fuerzas de seguridad mexicanas, apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos arrestó o asesinó a sucesivos líderes del cartel como la estrategia priviegiada para aplicar las leyes prohibicionistas de EEUU, los grupos criminales se volvieron ruines y utilizan su control territorial como carta blanca para cualquier actividad criminal que los beneficiara.
Pero los estudiantes están convencidos de que el grupo criminal no está detrás de los asesinatos. Un estudiante que prefiere permanecer anónimo debido al clima de persecuciones que existe, declaró “Esto es del gobierno, porque son los únicos cochinos que se atreven a matar a inocentes. Ellos se matan entre sí. El gobierno no. El gobierno ataca el pueblo directamente.”
Su reacción es un indicador del nivel de desconfianza que existe entre los estudiantes hacia el gobierno. La masacre en Iguala y las desapariciones ocurrieron solo meses después de que el ejército mexicano asesinó a 22 jóvenes en Tlatlaya en circunstancias que muestran señales de ser ejecuciones extrajudiciales. En marchas y redes sociales, la juventud expresa una sensación de sentirse bajo ataque.
Choque de imágenes
En Iguala, la realidad mostró su cara más fea justo cuando la prensa internacional se esforzaba para mostrar una imágen pulida del presidente buenmozo y moderno de México. La administración de Peña Nieto ha gastado millones de dólares para mejorar su imagen, contratando a las firmas cabilderas norteamericanas Chlopak, Leonard, Schechter & Asociados y APCO relaciones públicas, entre otras. Parte de ese esfuerzo ha sido una movida calculada para ocultar la violencia y distanciarse de la guerra contra las drogas de su predecesor, Felipe Calderon, lo cual se ha vuelto una carga política. En la relación binacional el gobierno de EEUU ha alentado un nuevo énfasis público en las reformas económicas y lazos culturales con México, mientras todavía dirige la mayoría de su ayuda a la guerra contra las drogas.
Pero a pesar de sus repetitdos compromisos de investigar y castigar a los perpetradores del ataque de Ayotzinapa, Peña Nieto tiene un dilema en sus manos. Una investigación al fondo y proceso judicial transparente del crimen tocaría sin duda a miembros de su propio gabinete, particularmente al Procurador General Jesús Murillo Karam y el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. La Procuraduría General de la República (PGR) se negó a llevar el caso al principio, diciendo que fue un asunto para el estado de Guerrero, y permitió que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa se escaparan. Ahora admite que hubo errores al desenterrar 28 cuerpos de una fosa clandestina que informantes (miembros del grupo ciminal detenidos) dijeron que eran de los estudiantes. Murillo Karam reportó que pruebas de ADN muestran que los cuerpos no son de los estudiantes desaparecidos.
El gobierno federal tampoco respondió a muchas señales de advertencia respeto a la corrupción y los actos ilegales en Iguala y la región. Con acciones demasiado tarde e insuficientes, la policía federal fue enviada a tomar control de 13 municipios declarados estar en manos del crimen organizado. Fuerzas de seguridad bajo el mando del Secretario de Gobernación fallaron aparentemente a propósito en su deber de proteger a los estudiantes. Los padres de los estudiantes desaparecidos y muchos otros acusan al gobierno de estar más preocupado por su imagen que por encontrar a los chicos. Ellos reclaman que el gobierno no está llevando a cabo una búsqueda seria y que en cambio está tratando de callarlos, esperando que el escándalo y las esperanzas de encontrar a sus hijos se apaguen.
Respuesta de los estudiantes
Barriendo el escándalo bajo la manta del olvido y el control masivo de los medios de comunicación no es una opción en este caso. Esta vez, cientos de miles de jóvenes a través de todo el país no tomarán este alargamiento como respuesta.
El 22 de Octubre, jóvenes mexicanos y personas alrededor del mundo se unieron bajo la demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nada es tan importante como esta demanda. Es esencial para las familias, para la reputación de la nación y para restaurar un mínimo de fe en el gobierno. Si los estudiantes fueron asesinados, sus familias también tienen derecho a saber con pruebas lo antes posible.
Después de esto, grandes retos permanerán. El gobierno mexicano debe comenzar a aplicar la ley, incluso contra aquellos con dinero y poder. Y el gobierno
de los Estados Unidos debe finalmente enfrentar su responsabilidad en la guerra, suspendiendo la ayuda a la lucha antinarcóticos de México a través de la Iniciativa de Mérida a fuerzas mexicanas que asesinan a sus propios jóvenes.
Traducción del inglés: Julia Hernández Carlsen
