16 días de activismo contra la violencia de género
Todo el mundo tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia. Es un derecho reconocido en las leyes mexicanas y también en leyes y convenios internacionales firmados por México y por los otros estados de la región.
Sin embargo, mucha gente cree que el derecho de vivir sin violencia es un derecho que jamás se podría ejercer, que el conflicto y la violencia son parte de la vida y de la sociedad que no se puede erradicar. Si lamentablemente es cierto que, sobretodo en el caso de las mujeres, ha resultado ser un derecho que para miles de personas es prácticamente imposible ejercer—pensar que la violencia es una característica inherente de la vida humana es un grave error. Cuando se normaliza el problema de la violencia de género como algo inevitable, se abandona la tarea urgente de analizar las causas reales y asumir la responsabilidad social de erradicarla. Nosotras, desde una perspectiva de seguridad humana feminista, partimos de la idea de que sí se puede erradicar la violencia, que no es natural, sino que es el resultado de distintas causas, dinámicas sociales y también de políticas públicas que lejos de controlar la violencia, la fomentan. Por eso la importancia del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cada año nos obliga a recordar la meta y analizar el punto en el que estamos.
La violencia contra las mujeres va en aumento en nuestra región, medida por feminicidios, ataques a defensoras, reportes de violencia doméstica o casi cualquier otro índice. Se concentra en–mas no se limita a–sectores de mujeres más vulnerables, entre ellas las migrantes. Allí vemos claramente el papel de las políticas estatales de migración y de seguridad, en particular, en impulsar la violencia contra las mujeres migrantes.
Pero antes de analizar el papel de estas políticas es necesario examinar el marco en que se han desarrollado. No se puede entender esta violencia sin entender el modelo patriarcal. La definición del patriarcado del Diccionario de la Transgresión Feminista de patriarcado es: “la manifestación e institucionalización de dominio masculino sobre las mujeres y niñas y niños de la familia, dominio que se extiende a la sociedad en general. Implica que los varones tienen poder dentro de las instituciones importantes de la sociedad y priva a las mujeres del acceso de las mismas, pero no significa que las mujeres no tengan ningún tipo de poder ni derechos o de recursos.”
La violencia patriarcal es lo que podríamos llamar una violencia fundacional, en el sentido de que es violencia institucionalizada y vivida desde la infancia en el núcleo familiar, que genera otras violencias en todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, es el tipo de violencia que menos se enfrenta en nuestras sociedades porque es violencia ejercida por los que controlan el poder (los hombres) sobre las que tienen mucho menos acceso al poder (las mujeres). El ejercicio de la violencia patriarcal es a la vez reflejo y reproductor de esta desigualdad de poderes.
Esto quiere decir que la discriminación personal e institucional como un prejuicio contra una persona de cierto tipo—en este caso contra la mujer– es una manifestación de toda una estructura. Esta estructura patriarcal no es una aberración, al contrario es una estructura funcional al poder y funcional al sistema económico. Este hecho implica que estamos frente algo muy difícil de transformar. Cualquier intento de erradicar la violencia contra la mujer tiene que tomar en cuenta su origen patriarcal, y de allí partir para hacer un balance de las políticas públicas que se han construido sobre la base de las desigualdades de género que existen y que generan este tipo de violencia.
En los temas de migración y seguridad, las políticas estatales—lejos de reducir la violencia contra las mujeres—la han agravado de manera dramática. La política migratoria, bajo el tutelage del gobierno de los Estados Unidos, se enfoca en la militarización, cierre de fronteras y criminalización de las personas migrantes. Esta política se ha agravado muchísimo con la llegada al poder de Donald Trump y su equipo, pero viene desde hace mucho antes.
La política de seguridad militarizada ha sido causa directa de los 140,000 muertos y más de 33,000 desaparecidos en México y de las alarmantes tasas de homicidio en Centroamérica, y, por lo tanto, ha sido causa directa de la migración forzada. Esta crisis ha generado cambios importantes en los padrones de migración. En los últimos años migran más mujeres, más unidades familiares y más niños y niñas no acompañadas debido al deterioro de las condiciones en los países de origen en Centroamérica. También más migrantes centroamericanos buscan quedarse como refugiados en México, o EEUU, en un contexto de cerrazón, incluso para casos de asilo bien fundados en que regresar al país de origen podría llevar a la muerte. Hay también más solicitudes de refugio de mexicanos en EEUU, y México sigue siendo el país de origen del mayor número de familias migrantes llegando a EEUU.
Las autoridades mexicanas niegan la mayor parte de las solicitudes de asilo, debido a su compromiso de detener a las personas migrantes antes de llegar a la frontera con EEUU. Las autoridades estadounidenses los niegan por su visión de un país racista y porque admitir los casos de asilo sería admitir la consecuencia real de sus políticas violentas y fracasadas. Las personas migrantes son la prueba en carne y hueso de procesos que los estados quieren ocultar- desplazamientos y desalojos por parte de transnacionales y élites políticas, programas de control social disfrazados como programas de seguridad, prácticas patriarcales que atentan contra la autonomía de las mujeres, desigualdades profundas económicas y de poder. Por eso se ha cerrado la puerta al asilo y a la defensa de los derechos, por no reconocer su propia culpabilidad.
La política migratoria binacional y la violencia contra las mujeres migrantes
La política de Estados Unidos de utilizar a México como proxy para la imposición de sus políticas anti-migrantes y al territorio mexicano como una extensión de sus propias fronteras, ha creado una tierra de nadie para las personas migrantes que cruzan, en donde no hay ley y proliferan los predadores. La Alianza para la Prosperidad, el eje de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, y la Iniciativa Mérida, lo mismo para México, dotan de millones de dólares para la militarización y “control fronterizo” entre los países centroamericanos y entre México y Guatemala que crea una situación de absoluta inseguridad para migrantes y residentes de la zona.
El Plan Frontera Sur empezó bajo Obama, y en el gobierno de Trump con la asesoría del General John Kelly, ex jefe del Comando Sur, se ha vuelto el enfoque no solo de la política de disque seguridad, sino de la relación binacional. La prioridad es detener el flujo de migración hacia los Estados Unidos en el esquema de supremacía blanca que está imponiendo el gobierno de Trump que busca tanto detener la entrada de más personas del sur y también expulsar las personas mexicanas y otras del sur viviendo en EEUU, a través de la infraestructura que se está construyendo para la deportación masiva. No lo hemos visto hasta ahora, estamos en la fase de detenciones y sembrar miedo para promover la auto-deportación, pero este es el siguiente paso.
Esta política provoca y permite la violencia, y viola los derechos (de refugio, de libre movilidad de integridad física, de unificación familiar) de las personas migrantes y en particular de las mujeres. En el caso de las centroamericanas que llegan a territorio mexicano del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) los niveles de violencia son altísimos. Sufren a manos de delincuentes, de policías, de soldados y de polleros. Múltiples estudios comprueban esta violencia- arriba del 80% de las mujeres migrantes son violadas sexualmente en el camino hacia los Estados Unidos. Las agresiones sexuales, el asalto, el robo, la trata, y la explotación son hechos cotidianos y es algo que no se ha podido ni se ha intentado controlar.
Si pasamos de los riesgos de las migrantes centroamericanas, a la situación actual para las mujeres migrantes viviendo en los Estados Unidos de Trump. En abril de este año, hicimos un viaje desde California a Texas con la Caravana contra el miedo por la frontera a lado de los Estados Unidos, para registrar el pulso de comunidades migrantes en el sur. Se pudo constar este ambiente de miedo que lo que hace es que las mujeres estén forzadas y obligadas a retirarse más a las sombras, con menos defensas contra la violencia.
Agentes del gobierno de Trump están entrando en las cortes, de manera que parece al azar, pero no lo es, preguntando por el estatus migratorio de las personas latinas y deteniéndolas, aunque sean víctimas. Esto establece un reino de terror, que afecta particularmente a las mujeres. Muchas optan por no ejercer su derecho a vivir una vida sin violencia por miedo de que las priven de su libertad, las separen de sus hijos y de otros miembros de la familia, y las deporten. Ningún derecho debería anular el ejercicio de otro en la práctica.
Está reflejado en las estadísticas. En Houston se ha bajado en 42.8% el número de violaciones sexuales reportadas por latinas, mientras no hay ninguna baja entre ningún otro grupo, y se ha reducido un 13% en todos los crímenes violentos reportados por latinos. En Los Ángeles hay una baja de 10% en los casos de violencia doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres migrantes mexicanas y centroamericanas en los Estados Unidos que son indocumentadas (o que tienen vínculos familiares con personas indocumentadas) tienen miedo de reportar la violencia y por ende muchas están aguantando situaciones que ningún ser humano debería tener que aguantar.
Los ataques a las personas migrantes no son crímenes comunes ni abusos aislados de las autoridades. Son parte de la estrategia del estado, tanto del mexicano como estadounidense. En Estados Unidos el aumento dramático de las muertes en el desierto de la frontera– a pesar de que el número de cruces ha bajado– perfila esta estrategia de la muerte (o el riesgo de morir) como forma de desalentar la migración. ¿A qué nivel de barbaridad hemos llegado cuando el estado promueve la victimización en camino, la violación de derechos humanos, y hasta la muerte, como una estrategia de disuasión para que la gente no migre?
La violencia: Dos paradigmas
En México, el secundo cambio en el contexto es precisamente el nivel de violencia de todo tipo –desde la violencia doméstica hasta la estatal, incluyendo la violencia del crimen organizado–que existe en la ruta migratoria, violencias que se refuerzan mutuamente. Una mujer en una situación de violencia familiar antes tenía una posibilidad de huir, de llevar a sus hijos a un lugar seguro. Con el cierre de las fronteras, la negativa al asilo, y la erosión del sistema de justicia, ya no tiene esta posibilidad. Esto le implica quedarse o volver a una situación de alto riesgo e implica no sólo poner en peligro su vida, sino cada vez más sabemos que si dejamos a mujeres y niñas y niños en situaciones de violencia, se reproduce la violencia. El tema salió en las noticias de los Estados Unidos con la masacre en Texas. Devin Kelly, el asesino múltiple, fue ya reportado varias veces por violencia doméstica y el detonador de esta masacre fue aparentemente un plan terrible de venganza contra su ex pareja. Los expertos volvieron a hablar del problema de violencia contra la mujer, de cómo solo sale el tema cuando pasa algo fuera del hogar a escala masiva. Sin embargo, no cambian el modelo patriarcal y criminal de fondo.
A pesar de que existe actualmente un andamiaje de leyes, organizaciones no gubernamentales, fiscalías y oficinas gubernamentales especializadas que se dirigen hacia el problema en México, los resultados son casi nulos y prevalece la impunidad. Un estudio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio revela que en dos años—2012 y 2013–se reportaron 3,892 asesinadas, de estos crímenes sólo 613 fueron investigados y 1.6% sentenciados. En 2017, hay índices de que suben los asesinatos de mujeres. En Ciudad Juárez reportan 83 en lo que va del año y hay solicitud de alerta de género en Veracruz por el aumento de feminicidios.
Estamos frente una gran contradicción. Por un lado, mayor conciencia y movilización en contra de la violencia, identificación de la violencia contra las mujeres como un problema social grave, y mayor capacidad organizativa de base para exigir acciones, especialmente entre una nueva generación de feministas. Por otro lado, suben los feminicidios, en México y los países centroamericanos; los ataques sistemáticos y selectivos contra sectores vulnerables como son las mujeres migrantes, defensoras y de la comunidad LGBT; y la violencia contra la mujer en todas las esferas desde el hogar a la calle van subiendo.
Hay dos paradigmas de cómo enfrentar la violencia que están en disputa en este momento: la militarización y el modelo policiaco represivo y el otro es la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva de seguridad humana.
En este segundo es donde se encuadran los esfuerzos de las mujeres de unirse, de apoyarse, muchas veces sin depender de las instancias gubernamentales. Vemos las resistencias que están no sólo en contra de los criminales que ejercen esta violencia, sino también en contra de las políticas que supuestamente son de seguridad, pero de una “seguridad nacional” contrario a los intereses y la seguridad de las mujeres y sus familias.
Tenemos que pensar en cómo construir un movimiento feminista en defensa de la familia. El movimiento feminista ha tenido tradicionalmente una relación ambivalente con la familia. El concepto de la familia empezó con una crítica correcta de la familia como el núcleo del patriarcado, y de las desigualdades que se reproducen desde las familias hacia la sociedad. Sin embargo, al principio no tomó en cuenta la necesidad de defender la diversidad de familias por los lazos afectivos profundos y porque es la unidad desde donde se construye comunidad y tejido social. En una sociedad capitalista avanzada donde todas las violencias, el individualismo y el consumismo rompen constantemente ese tejido, este papel es fundamental.
Estamos frente a este reto ahora, y se puede decir que hay avances. La legalización del matrimonio gay, es una gran defensa de la familia por defender el derecho de todos y todas de formar y formalizar vínculos de amor, criar hijos en un ambiente reconocido por la sociedad. Sin embargo, en este contexto de la migración tenemos que pasar a una defensa más amplia que incluye el derecho a estar juntos, el derecho a la reunificación de la familia. Porque a pesar de que la derecha en los Estados Unidos ha tomado como su bandera la defensa de la familia y los valores familiares, están destruyendo miles de familias con consecuencias graves para futuras generaciones. El gobierno de Trump está en el proceso de descartar el concepto de reunificación familiar en la ley migratoria. Las leyes y las prácticas ya están cambiando en ese sentido, y nosotras tenemos que defender a estas familias transnacionales y su lucha y las múltiples resistencias que generan.
Es importante tomar en cuenta que estamos frente a una reacción anti-derechos de la mujer organizada y fuerte. El mismo hecho de levantar la voz va a profundizar estas acciones reactivas de la derecha y por eso tenemos que estar cada vez más unidas, no dejar a nadie sola y organizarnos para todos los retos que vienen.
En casi todos los países del continente se han organizado campañas de “Ni una menos” y “Ni una más”, sin embargo, no hemos logrado romper las barreras que permiten que la violencia siga y con frecuencia hemos dejado fuera el grave problema de la violencia contra las mujeres migrantes como si no fuera parte del mismo sistema. En estos días comienza la Caravana de Madres Centroamericanas. Debemos estar ahí apoyándolas, no sólo en la búsqueda de sus hijos e hijas, sino también en la búsqueda de una nueva política que enfrentan las políticas actuales que son patriarcales y orientadas hacia la violencia permanente. También tenemos que apoyar a cualquier mujer que levanta la voz contra la violencia contra las mujeres. Ha sido interesante el caso de Harvey Weinstein en Estados Unidos que ha destapado el patrón de ataques sexuales de hombres poderosos a mujeres subordinadas, y a la vez ha movilizado a decenas de mujeres a dar testimonio de hechos que habían callado por años. No sabemos aún si esto representa un cambio permanente en la actitud social hacia este crimen, eso depende mucho de nosotras.
Versión de la ponencia presentada en el 27 de noviembre en el Foro de Género, Migración y Derechos Humanos de la UNAM.
