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Por Kent Paterson
La historia no ha sido amable con los indígenas Rarámuri del estado norteño mexicano de Chihuahua. Empujados a remotas montañas de tierra dura por españoles y colonos mestizos, los Rarámuri lograron aferrarse a su cultura mientras luchaban por una existencia basada en la agricultura de secano y el pastoreo de rebaños pequeños. En décadas recientes sus tierras han sido invadidas de nuevo, esta vez por ganaderos, taladores, mineros, productores de drogas ilícitas, por la industria del turismo y soldados.
Según el analista mexicano y activista campesino Víctor Quintana, las Naciones Unidas nombró a seis municipios con una gran presencia de Rarámuris dentro de las 10 municipalidades indígenas menos desarrolladas en México en el año 2005.
Irónicamente, Quintana escribió en una columna reciente, los Rarámuri sufren escasez de agua y malnutrición mientras que de su Sierra Tarahumara brotan las cabeceras de los ríos que alimentan la agricultura comercial, orientada a la exportación de los “valles fértiles” de las zonas de abajo.
“Riqueza y prosperidad en la parte baja del río: miseria donde nace el agua,” Quintana escribió. “Y los ricos cultivadores de Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua no pagan un solo centavo por servicios ambientales a los pueblos indígenas de las montañas de Chihuahua.”
En otro giro metafórico a la crisis Rarámuri, funcionarios del Estado de Chihuahua están considerando matar a miles de jabalís que regularmente cruzan la frontera desde Texas y devoran lo poco que queda de cubierta en una tierra hambrienta de lluvia. La carne, la cual un oficial del estado insistió era “sabrosa” y baja en contenido de grasa, luego se enviaría a las comunidades indígenas hambrientas de las montañas.
Los Rarámuri rápidamente se están convirtiendo en una pelota de futbol dentro del marco político en una aparente reñida lucha política sobre cambio climático y política agraria, pero también íntimamente ligada al comercio libre, soberanía alimenticia y consolidación corporativa en el abastecimiento de alimentos. Recientemente, los medios de comunicación mexicanos han estado saturados con reportes sobre sequía y hambre que ha destruido la patria de este pueblo conocido por su destreza en carreras de largas distancias y apasionados festejos durante la temporada de Pascua.
Un reporte aun no confirmado sobre un suicidio en masa de angustiados Rarámuris recibió especial escrutinio. Representantes del estado de Chihuahua refutaron el reporte, y el jefe de La Comisión Nacional del Agua José Luis Luege, quien fue recientemente desplazado de la primaria del partido conservador Partido Acción Nacional para las elecciones de alcalde de la Ciudad de México, puso su pie en su boca cuando declaro que no había problema en la Sierra Tarahumara ya que los Rarámuris han tenido acceso a recursos acuíferos alternativos.
Encarado por la realidad, Luege se retracto después. En realidad las sequías han sido un recurrente problema en la Sierra Tarahumara desde por lo menos los 1990s, y miles de Rarámuris han desde entonces abandonado sus hogares migrando a la Ciudad Juárez, la Ciudad Chihuahua y otros refugios urbanos. El grado en que los Rarámuris se han convertido en peones en el presente juego de ajedrez socio político fue simplemente exhibido al comienzo del mes cuando cientos de indígenas residentes de la Sierra Tarahumara fueron transportados en masa a un evento donde estaban presentes el gobernador de Chihuahua Cesar Duarte y Enrique Peña, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Aunque los organizadores del evento declararon que su intención fue familiarizar a los líderes nacionales con el sufrimiento de los Rarámuri, indígenas que atendieron la reunión fueron citados por la revista semanal Proceso diciendo que ellos no tenían ninguna idea de la razón por la cual fueron traídos a ese evento. “Ellos no explicaron nada”, dijo Rarámuri Francisco Mariano Gonzáles. “Ellos podrían habernos traído a escuchar esas conversaciones que nos están dando”, Gonzáles especulo.
Aparentemente, el hombre encargado del “acarreo”, palabra usada en México para describir el transporte de gente a un evento de campana política para aparentar una presencia multitudinaria de asistentes, era el ex alcalde de Guadalupe y Calvo, un violento y destrozado pueblo localizado en el corazón de la región narco de la Sierra Tarahumara.
El tiempo que paso el ex alcalde en esa posición en el gobierno aparentemente fue buena práctica para su carrera como actor en películas de categoría B sobre tráfico de drogas como “Plomo en La Sierra”.
Indígenas Pagan el Precio del Cambio Climático.
A pesar de sus elementos espectaculares y incluso surrealistas, el episodio Rarámuri fue el último capítulo de una profunda crisis rural agravada por el cambio climático y las políticas económicas neoliberales.
Una plaga triple de inundaciones, sequías y heladas golpearon casi el 70 por ciento de las 26 millones de hectáreas cultivables del país en 2011, esto de acuerdo a funcionarios del Gobierno, investigadores académicos y organizaciones agrícolas citadas en los medios de comunicación. Mientras que la sequía sólo ha sido particularmente grave en los Estados del Norte, la falta de lluvias también está creando situaciones de emergencia para los productores en lugares como Jalisco y Aguascalientes.
La Secretaría Federal de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa) reconoce que 19 estados mexicanos están afectados por la peor sequía en 70 años.
A nivel nacional, más de medio millón de reses han muerto y algunos pozos de agua se han secado, de acuerdo con una serie de informes. En el 2011 se estimo que el 20% del vital cultivo de maíz de México decayó como resultado de las adversas condiciones climáticas, de acuerdo con el periódico mexicano La Jornada. La producción de otro alimento básico, frijoles, también decreció.
Desastres climáticos han contribuido a empujar los precios de los alimentos en todo el país. La vendedora de tamales de Puerto Vallarta Estela Hernández dijo que este año cuesta dos pesos más el kilo de harina de maíz que necesita para hacer su producto, de lo que costaba el año pasado. En cuanto a la sequía, Hernández dijo que todavía no había afectado su suministro. “Hay un montón de harina de maíz ahora,” agregó. “No sé más tarde.”
Max Correa, Secretario general de la Central Campesina Cardenista, dijo a La Jornada que alzas de precios de los productos agrícolas podrían oscilar entre 100 y 150 por ciento este año.
Tanto agricultores como los consumidores están ya sintiendo el dolor causado por los aumentos de precios. Una ola de aumentos de precios de huevos, frijoles y tomates, así como la gasolina y los peajes de autopista necesarios para obtener los productos en el mercado, abofeteó a los mexicanos a finales del 2011 y principios del 2012.
Quizás la más desgarradora aún fue otro salto en el costo de tortillas de maíz, que aumentó de precio de alrededor de 6 pesos por kilo a finales de 2006 a más de 12 pesos en muchas ciudades encuestadas por el Ministerio de economía a finales del año pasado. Durante el mismo período de tiempo, el salario mínimo promedio aumentó de 48.67 pesos a 59.82 pesos; la capacidad de un salario mínimo diario para comprar tortillas se desplomaron desde 8,1 kilos en 2006 a 5.3 en el 2011.
Quizás lo más desgarrador fue otro incremento en el costo de la básica tortilla de maíz, cuyo precio aumentó aproximadamente de 6 pesos por kilo a finales de 2006 a más de 12 pesos en muchas ciudades encuestadas por el Ministerio de Economía a finales del año pasado. Durante el mismo período, el salario mínimo promedio aumentó de 48.67 pesos a 59.82 pesos; el poder de compra de un salario mínimo diario para comprar tortillas se desplomo de 8,1 kilos en 2006 a 5.3 en 2011.
Para compensar la caída de la producción de maíz, México está importando el producto, especialmente de los Estados Unidos. Las importaciones de maíz crecieron 69,6% desde enero a septiembre de 2011, costando a México unos 2.1 mil millones de dólares, una cantidad considerablemente alta si se le compara con los $ 1,2 mil millones de dólares en importaciones durante el mismo período en el año 2010.
La experiencia de México es similar a las de muchas otras naciones en desarrollo, según un nuevo informe de Instituto Para La Agricultura y Política Comercial y El Instituto del Ambiente y Desarrollo Global.
El informe culpó a la especulación de productos básicos, la producción de biocombustibles y a la “usurpación de tierras ” por las grandes alzas en los precios mundiales de alimentos entre 2007 y 2008 y también desde el año 2010 al 2011. Mientras los gobiernos han tomado medidas positivas para confrontar esta crisis, sin embargo no hay promesas de implementar reformas estructurales reales para evitar “otro devastador repunte en los precios mundiales de alimentos”, concluyeron los autores del informe.
No todo el mundo está perdiendo con el ciclo de incremento de precios. El aumento está conectado a las cuestiones ambientales, pero está también fuertemente influenciado por las operaciones de capital financiero, la hegemonía del libre comercio y la dominación corporativa de la cadena alimentaria.
Los extranjeros exportadores de alimentos, grandes procesadores de alimentos nacionales, y cadenas de supermercados multinacionales y nacionales obtienen ganancias de las perdidas del sector de autosuficiencia alimentaria. Tiendas grandes de forma cuadrada como Wal-Mart venden tortillas a un precio menor que las pequeñas tiendas tradicionalmente más frecuentadas por los mexicanos. Por ejemplo, las tortillas que vende la gigante tienda norteamericana en uno de sus locales en Puerto Vallarta cuesta 9.90 pesos por kilo, comparado con los 14-15 pesos por kilo en las pequeñas tiendas.
Recibiendo la señal del truco de cómo obtener extraordinarias ganancias haciendo creer a los compradores que ellos han conseguido una buena ganga vendiendo simplemente menos por mas, la cadena de tiendas OXXO en rápida expansión venden ahora paquetes de tres cuartos de kilo de tortillas por 10.50 pesos.
La crisis alimentaria de México aún tiene que obtener la imagen de ser un serio e importante problema nacional, pero diferentes fuerzas están empezando a empujar el tema al centro de la escena de la vida política nacional.
En lo que probablemente sea la protesta más grande de su tipo desde 2008, las organizaciones agrícolas principales de México planean convergen en la capital durante los últimos días de enero para exigir más ayuda del Gobierno.
“Este es el primer movimiento social que el país ve con gran urgencia como causa del cambio climático,”, escribió el analista Víctor Quintana. “Muchos más se levantaran y aún más fuertes si el Gobierno sigue sin entender lo que está sucediendo.”
Generador de protestas fue el veto del Presidente Calderón el mes pasado de un paquete de asistencia adicional para los agricultores mexicanos valorado en unos 900 millones de dólares y aprobado por la oposición que controla la cámara baja del Congreso mexicano. En un año electoral como el 2012, la cuestión de quién tiene control sobre el gasto del Gobierno es un asunto muy delicado a medida que distintas fuerzas políticas siempre sospechan que sus rivales van a utilizar sus oficinas y presupuestos para influir a los votantes.
La batalla interna contrasta con el apoyo dado a la administración de Calderón de adicionales fondos de parte de las Naciones desarrolladas para el Fondo Climático Verde. Y como nuevo Presidente del grupo G-20 de las Naciones Unidas, México es probable que lobby por más ayuda para este fondo a los miembros más ricos. La administración de Calderón considera que México está en la vanguardia del “crecimiento verde”.
Mientras que las consideraciones políticas inevitablemente rodean el debate sobre política climática interna, podría decirse que los funcionarios mexicanos al menos aceptan el consenso científico del cambio climático, a diferencia de los Estados Unidos donde lo que pasa por debate es aún salpicado de negación, torpeza y evasión.
En casa, la administración de Calderón está defendiendo agresivamente sus acciones domesticas referentes al cambio climático.
“Hablar sobre los efectos de la sequía es una prioridad para la administración del Presidente Felipe Calderón porque afecta a una buena parte de la población, en particular, los mexicanos más vulnerables,” dijo el Secretario de Sagarpa Francisco Mayorga.
Como evidencia de la atención del Gobierno federal, Sagarpa dijo que habían presupuestados alrededor de 1.3 millones de dólares para programas de mitigación y prevención en 2012. Entre las medidas ya en marcha o ya en obras para los próximos días son la sustitución de cultivos, recolección de agua, re-cultivo de pastos, rango de gestión sostenible y empleo temporal. También, el Gobierno planea gastar cerca de 90 millones de dólares en seguro contra las catástrofes sean “fenómenos climáticos y naturales”.
Si las políticas del Gobierno para el rescate rural pueden incluso sentar las bases para la transformación del campo es totalmente otro tema. Bajo las actuales reglas del juego económico, la economía agrícola de México se rige por acuerdos de libre comercio, especialmente del TLCAN, a su vez tanto los comerciantes intermediarios y las grandes corporaciones controlan el transporte y el mercadeo de productos mientras viajan del campo a la ciudad.
En el campo, las grandes asociaciones de agricultores con conexiones políticas están preparadas como siempre para beneficiarse de cualquier otra inyección de ayuda del gobierno. Grandes extensiones de tierras de regadío y pastos están dedicadas a abastecer el mercado estadounidense. Solamente en el último mes de noviembre, 189.000 cabezas de ganado fueron enviadas al norte a través de la frontera, de acuerdo con la publicación de la industria de carne de vacuno Red Arrieros de Ganado. El paquete de socorro rural del Gobierno de México no va a alterar o modificar a ninguno de estos rentables pero cada vez más ecológicamente perjudicables mecanismos económicos.
Todavía es demasiado pronto para decir si el nuevo movimiento de protesta campesino sembrara una semilla para un modelo agrícola del siglo XXI basada en una reforma del mercado interno, renegociación de comercio y prácticas agrícolas sostenibles.
Muchas de las organizaciones que participaron en la protesta el 31 de enero están conectadas a los partidos políticos y, si los organizadores no toman una clara postura de independencia, es probable que sus demandas sean canalizadas hacia las ánforas de las balotas de votación.
Anteriores movimientos de protesta nacional en el 2003 y 2008 resultaron en subsidios del gobierno, préstamos y otras formas de ayuda a corto plazo para un sector rural en decadencia pero no asentaron las bases para una economía rural realmente saludable.
A su vez, las organizaciones agrícolas básicamente se retiraron de la protesta pública. Las demandas para la renegociación del TLCAN cayeron en la cuneta, y un número creciente de agricultores simplemente se retiraron de la economía legal para cultivar amapolas y marihuana como una forma de permanecer en la tierra.
Pero con el cambio climático que se está convirtiendo en un factor cada vez mas importante en la política rural de México, las contradicciones de arreglos temporales, políticamente negociadas, ya sea en la región de los Rarámuri o en otros lugares, están haciéndose cada vez más agudas.
Kent Paterson es un periodista independiente que cubre el suroeste de los Estados Unidos, México y América Latina, y es un analista para el Programa de las Américas.
Traducción por Luís M. Saco
