El 21 de enero, Enrique Peña Nieto se subió al estrado en Las Margaritas, el municipio que en 1994 fue ocupado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ante él, cientos de sombreros de ala ancha se movían bajo el sol de la tarde. Acomodó sus papeles y se preparó para dirigirse a los habitantes de Chiapas, un estado donde el 78% de la población vive en la pobreza. Flanqueado por Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y varios funcionarios locales, Peña Nieto anunció el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, un programa social integral que persigue reducir la pobreza y el hambre entre los 7,4 millones de personas más pobres del país.
“Esta es una de las iniciativas de mayor contenido social del Gobierno […],” dijo, “y también la mayor obligación ética que tenemos con toda la sociedad.”
El público asistente aplaudió, el acto terminó en seguida y la policía federal fue haciendo salir a los espectadores a través de unas puertas metálicas. Aunque Peña Nieto no se adentró en el contenido específico del programa, sino que se movió tranquilo por las aguas superficiales por las que tan hábilmente navegan los políticos, la Cruzada trata de abordar un problema con implicaciones muy serias y de gran alcance a lo largo y ancho de México. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estima que 52 millones de mexicanos y mexicanas (el 46% de la población total) se encuentran actualmente en situación de pobreza y pobreza extrema.
Sin embargo, desde que la Cruzada fue anunciada el pasado mes de enero, el programa ha sido más una puesta en escena que algo real, un desfile de escándalo electoral, batalla política y subsidios a las empresas, que se ha vuelto emblemático de la desilusión de un país con el Gobierno y las viejas instituciones del Estado.
En términos generales, la Cruzada Nacional contra el Hambre (conocida también como SINHAMBRE) es un proyecto de seis años para reducir la pobreza y el hambre entre los colectivos más vulnerables de México. El programa, basado en el plan brasileño Hambre Cero que puso en práctica el ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2003, finalmente se llevará a cabo en 400 municipios, principalmente localidades pequeñas y rurales. En total, el proyecto cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de pesos, unos 230 millones de dólares.
El Gobierno se refiere a la Cruzada como una estrategia para la inclusión social y el bienestar, que debe ser implementada en un proceso participativo. Consta de cinco objetivos principales:
- Hambre cero mediante una alimentación adecuada para aquellas personas que se hallan en una situación de pobreza extrema multidimensional y no tienen acceso a los alimentos.
- Eliminar la desnutrición infantil y mejorar los indicadores de peso y talla en niños y niñas.
- Aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los agricultores y pequeños productores.
- Minimizar las pérdidas de cultivos después de la cosecha y durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.
- Promover la participación de la comunidad en la erradicación del hambre.
La fase preliminar del proyecto se concentrará en 80 municipios, los cuales han sido seleccionados, según explicaron funcionarios de Sedesol, por la gravedad de sus condiciones. Es estas poblaciones, Sedesol planea instalar tiendas de participación estatal mayoritaria Diconsa (que asegurarán el suministro de alimentos básicos de primera necesidad), centros de distribución de leche Liconsa y cantinas escolares, además de donaciones de alimentos que serán distribuidos a través de las oficinas estatales de la Secretaría de Salud.
¿Una nueva manera de gobernar?
Cuando apenas acaba de empezar, la Cruzada ya ha desatado dos escándalos políticos de gran importancia. Por un lado, con motivo de las elecciones de mitad de mandato en julio, miembros de la oposición acusaron al gobierno de Peña Nieto de utilizar el presupuesto de la Cruzada para apoyar a los candidatos de su partido, el PRI. Con posterioridad, el anuncio de que la Cruzada estaba financiada parcialmente por patrocinadores privados, incluyendo empresas transnacionales del sector de alimentos, causó un gran revuelo al desvelarse que la Cruzada otorgaba contratos “nutritivos” a una serie de empresas cuyos productos tenían claros efectos negativos en la alimentación, como la suiza Nestlé y la estadounidense PepsiCo.
Mucha de la controversia se centra en la figura de Rosario Robles, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Robles es conocida en México por su pasado político al haber sido la primera mujer al frente del gobierno del Distrito Federal, cargo que ocupó entre los años 1999 y 2000. Aunque quizás se la conozca más por su turbulenta salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2004, la formación política de izquierdas en cuya fundación había participado. Tras crear una firma de consultoría para apoyar a mujeres políticas, entre ellas miembros destacados del Partido Revolucionario Institucional, Robles se convirtió en una ferviente defensora del PRI, la estructura autoritaria que gobernó México durante 71 años mediante un sistema de control social que incluía ofrecer favores políticos y subvenciones a cambio del voto tricolor.
En el año 2012, Robles apoyó a Enrique Peña Nieto en las elecciones que lo situarían como presidente de México y marcarían la vuelta del PRI al poder. El éxito del PRI en las cabinas de voto se debió en parte a la masiva campaña de cambio de imagen que logró separar al infame PRI de antaño del “nuevo” y reformado PRI encarnado en la figura del impecablemente acicalado Enrique Peña Nieto. “No soy una priísta,” señaló Robles en una entrevista reciente con el diario español El País sobre la Cruzada. “Creo en Peña Nieto, en esta nueva generación del PRI, comprometida con una nueva forma de gobernar que tiene una visión completamente diferente a la del pasado.”
A pesar de que el PRI ha forjado alianzas estratégicas con los partidos políticos más poderosos de México, en particular firmando el Pacto para México con los tres partidos mayoritarios, le resulta difícil deshacerse de algunas viejas prácticas. En febrero, solo dos meses después de la llegada de Peña Nieto a la presidencia, comenzaron las sospechas. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, acusó al PRI de utilizar favores políticos para comprar votos, declarando que la Cruzada no era nada más que un medio de “traficar” con las necesidades de la gente. En marzo, personalidades del Partido de Acción Nacional (PAN) también manifestaron su preocupación, reclamando transparencia en el uso de los recursos destinados a la Cruzada para evitar un desvío fraudulento de fondos en los meses previos a las elecciones regionales.
Tanto Robles como Peña Nieto aseguraron al público en general y a sus contrapartes políticas que la Cruzada no sería utilizada con fines electorales.
Pero en abril esas sospechas se hicieron realidad. Se filtró un video en el que varios funcionarios de Sedesol del estado de Veracruz aparecían discutiendo sobre cómo el partido podría aprovecharse de programas sociales como la Cruzada para asegurar los votos favorables al PRI en las próximas elecciones. El PAN presentó una demanda judicial contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y otros 57 funcionarios del gobierno, entre ellos Rosario Robles, por el uso indebido de fondos públicos. Se destapó el escándalo; Rosario Robles cesó a siete empleados de Sedesol, rescatándose a sí misma.
“Yo no pertenezco a ningún partido político,” afirmó Robles después de lo sucedido, “y la única batalla que tengo es contra el hambre y la pobreza.” Miembros del PAN y del PRD exigieron su dimisión, al considerar que el video era una evidencia irrefutable de que Sedesol estaba aportando un beneficio político al PRI. “No dejaré el cargo,” aseguró. “Esto no tiene nada que ver conmigo.”
Ese mismo mes, de nuevo ante una multitud en Chiapas durante el discurso que ofreció en el arranque oficial de la Cruzada el 19 de abril, Peña Nieto respaldó públicamente a Robles con la frase “Rosario, no te preocupes”, en respuesta a las críticas desatadas contra la titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Al día siguiente Zambrano contradijo a Peña Nieto en una entrevista, “Sí, preocúpate, Rosario,” afirmó, “porque ahora más que nunca los ojos de muchísima gente están abiertos y vigilantes.” Por primera vez desde que fuera ratificado, parece que el Pacto por México podría estar desmoronándose bajo el peso de la controversia.
Tras el anuncio de los municipios seleccionados para la Cruzada, en junio el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de Desarrollo Social que presentase todos los documentos en los que se establecían los criterios utilizados para elegir a esas 400 localidades de entre un total de 2.457 en todo el país. Desde las oficinas estatales de Sedesol respondieron a esta petición declarando que ellos no tenían esa información, e indicando que seguramente podrían obtenerla del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Sedesol al final respondió a la IFAI, mencionando cuatro criterios: número de personas en situación de extrema pobreza, porcentaje de la población en situación de extrema pobreza, número de personas en situación de extrema pobreza y desnutrición, y porcentaje de la población en situación de extrema pobreza y desnutrición. Robles expresó que Sedesol escogió 381 municipios basándose en esos criterios y, “para cumplir con la cobertura regional y nacional,” añadieron unos pocos más de Baja California del Sur, Morelos, Tlaxcala y Colima.
Las contradicciones de tales declaraciones se evidenciaron en primer lugar en el Distrito Federal, baluarte de la izquierda desde 1997 y gobernado por Rosario Robles en 1999, cuando todavía formaba parte del PRD. En la capital, la Cruzada omitió a las dos delegaciones más pobres pero sí incluyó a las cuatro con el mayor número de votantes: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan. De hecho, de los 381 municipios seleccionados originalmente para participar en la Cruzada, 213 celebraban elecciones locales el 7 de julio.
A medida que aumentaba la presión, a finales de junio Robles anunció que la Cruzada sería suspendida en los 14 estados con elecciones en julio para permitir que las votaciones transcurrieran sin acusaciones de interferencia electoral. Preguntada si la suspensión podría marcar el principio del fin de la problemática Cruzada, Robles respondió: “¿Cómo va a estar muerta con las necesidades que tiene la gente? Una cosa es el ruido político y otra cosa es que el partido está en la cancha, y ahí es donde se gana o se pierde, y tiene que ver con el hambre.”
Aseguró que la Cruzada se retomaría el 8 de julio.
Dulces aliados empresariales
Los contratos empresariales otorgados como parte de la Cruzada han dado todavía más motivos para preguntarse quiénes se van a beneficiar realmente de ella.
Cuando los titulares saltaron a la prensa, a nadie se le escapó la ironía. Nestlé, PepsiCo, Quaker y otras multinacionales responsables en gran medida de haber inyectado a los mexicanos enormes cantidades de azúcar refinado, grasas saturadas y calorías sin valor nutritivo, eran las mismas compañías que habían conseguido los contratos de la Cruzada. Desde que los acuerdos de libre comercio como el NAFTA abrieron la puerta a los productos transnacionales y las campañas publicitarias, el país ha alcanzado unos niveles de diabetes y obesidad alarmantes, junto al hambre relacionada con la pobreza.
En el contrato de PepsiCo, por ejemplo, el gigante de las bebidas gaseosas se compromete a apoyar la Cruzada contra el Hambre con la “donación de productos nutritivos” que mejorarán el “bienestar y la inclusión social de aquellas personas en situación de pobreza y pobreza extrema.” Incluso si no donaran productos Pepsi, los críticos están en contra de que la compañía cuya gallina de los huevos de oro han sido los refrescos que utilizan sirope de maíz rico en fructosa, asuma algún papel en la erradicación del hambre entre los más pobres de México
Por su parte, Nestlé desarrollará programas como el “Dulce Negocio de Nestlé,” para apoyar a las empresas de diversos sectores que están en manos de mujeres, y el “Proyecto Café” y el “Proyecto Leche” que ofrecerán formación a pequeños productores de café y leche para mejorar de manera ostensible sus modelos de negocio. Históricamente, tanto las prácticas como las importaciones de Nestlé han sido el peor enemigo de los pequeños productores.
Los agricultores de todo el país han criticado la participación de multinacionales en una cruzada cuyo objetivo es desarrollar programas para el medio rural mexicano, descuidado durante demasiado tiempo. Álvaro López, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), criticó al programa nacional en el diario mexicano La Jornada explicando que una iniciativa como esa para mitigar el hambre “debe estar acompañada de la producción de alimentos.”
En ese sentido Nestlé, por ejemplo, estaría trabajando con el Gobierno mexicano para incentivar la producción en el campo, en lugar de simplemente hacer entrega de sus propios productos (actualmente la empresa comercializa en México 1.600 productos diferentes). Sin embargo, la cuestión sigue siendo si la mejor manera de emplear el dinero de los impuestos es subsidiando a las mismas transnacionales que tanto han debilitado a los productores locales y, presumiblemente, contribuido a la disminución de la producción mexicana.
En palabras de Las Abejas, un grupo de la sociedad civil integrado por indígenas Maya Tzoltzil de Chiapas, “la Cruzada está apoyada por transnacionales que se llevan nuestras riquezas, las mismas transnacionales que son la causa del hambre del pueblo.” El grupo emitió un comunicado señalando que con la Cruzada el arma preferida del gobierno actual ya no son “balas de plomo” sino las “balas de azúcar.”
La Cruzada ha pasado a representar la continua frustración del país con sus problemáticas instituciones de siempre y las prácticas ilegales que persisten en la política local, bajo lo que ha sido catalogado como un nuevo y reformado PRI. Para muchos, esto demuestra el trato de favor que se ha dado a las mismas empresas que han socavado el desarrollo rural y los esfuerzos internos para mejorar la salud de la población mexicana.
Las raíces del hambre
Más allá de la teatralidad política, el escándalo electoral y los donativos empresariales, el hambre y la pobreza en México siguen sin disminuir. México tiene uno de los niveles de desigualdad de ingresos más altos de Latinoamérica, y padece el doble problema de la desnutrición y la obesidad. En el año 2010, 28 millones de mexicanos sufrieron carencias en el acceso a los alimentos.
La Cruzada ha publicitado los rostros, las historias y las esperanzas de millones de mexicanos que continúan viviendo en condiciones extremadamente precarias. Pero incluso dejando a un lado sus torpes comienzos, el programa no logra ofrecer las directrices de un cambio fundamental en un país donde el hambre tiene un tremendo coste económico, social y humano.
Eva Hershaw es una periodista independiente radicada en la Ciudad de México y miembro del Programa CIP de las Américas www.americas.org/es.
Redacción: Laura Carlsen
Traducción: de Sara Plaza
