Las críticas al plan El Salvador Seguro con el que el Gobierno salvadoreño busca controlar las cifras de homicidios y mejorar la seguridad del país continúan desde que este fue anunciado. Los señalamientos de violaciones a derechos humanos ahora alcanzan a los cuerpos de seguridad pública que se encargan de ejecutar el plan en las zonas más pobres y rurales del país.
El procurador de Derechos Humanos, David Morales, dijo en conferencia de prensa que policías y militares han “ejecutado” de manera arbitraria a jóvenes identificados como miembros de pandillas. “Hay actos que evidenciaron serios indicios de que agentes del Estado actuaron al margen de la ley en operativos. Existe responsabilidad de la Policía Nacional Civil (PNC) y de militares en la ejecución extralegal de personas”, dijo Morales.
La Procuraduría de Derechos Humanos inició varias investigaciones luego que familiares de jóvenes, supuestos miembros de pandillas denunciaran abuso de poder y ejecuciones durante operativos de seguridad. De unas 25 denuncias que procesa la entidad salvadoreña, el procurador Morales presentó dos resoluciones en las que concluyó que existió la ejecución de 13 personas menores de 30 años.
Las denuncias son sobre casos que fueron reportados por la PNC y la Fuerza Armada salvadoreña como enfrentamientos entre pandilleros y los cuerpos de seguridad de Estado, o como ataques directos de pandilleros contra los militares y policías. El procurador de Derechos Humanos dijo que la institución tiene testigos que observaron los operativos y pruebas forenses de las escenas que confirman las ejecuciones.
“Los cuerpos fueron movidos de posición para alterar la escena. Uno de los fallecidos presentaba edema cerebral, pese a sufrir lesiones en órganos vitales, lo que hace presumir que son nuevos disparos causados cuando las personas ya estaban heridas”, dijo el procurador y además señaló que los controles internos dentro de la PNC y la Fuerza Armada deben ser prioridad para evitar más casos similares.
CIDH pide informe al gobierno
La existencia de un grupo formado por policías y militares dedicado a exterminar a supuestos miembros de pandillas era un secreto a voces en El Salvador. Unas semanas antes de las declaraciones del procurador de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado salvadoreño un informe detallado sobre la existencia de estos grupos y sobre posibles violaciones de derechos humanos a cargo de los cuerpos de la seguridad pública del país que ejecutan las acciones tácticas del Plan El Salvador Seguro.
En la primera sesión del año de la CIDH, realizada en Washington en abril pasado, se trataron varios casos sobre denuncias de organizaciones civiles sobre violaciones a los derechos humanos de los cuerpos de seguridad pública de El Salvador, las medidas “represivas y populistas” del plan de seguridad, el aumento de la violencia y las ejecuciones de personas señaladas como miembros de pandillas en el país centroamericano.
Las críticas al plan, que basa algunas de las acciones en las experiencias represivas que se llevaron a cabo en Colombia y Brazil para controlar la inseguridad de esos países, consideran que las acciones del plan del gobierno salvadoreño solo se enfocan en la persecución penal del delito y no prioriza la atención a las víctimas de la violencia.
“Está claro que existe un problema y que hay que encontrar el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos”, dijo la comisionada Margarette May Macaulay, que presidió la sesión de la CIDH, luego de escuchar las denuncias hechas por las organizaciones civiles.
En la audiencia, la CIDH también pidió a las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Provea que investiguen otras denuncias de casos de detenciones arbitrarias masivas, desalojos forzosos y otras presuntas 20 ejecuciones extrajudiciales durante redadas policiales y militares en comunidades pobres de El Salvador.
Además, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, propuso que la relatora para El Salvador, comisionada Macaulay, viaje al país centroamericano para que desde ahí se presente un informe detallado sobre la situación de la niñez en este tema y para ofrecer orientación a las instituciones del Estado salvadoreño.
Gobierno responde señalamientos
Han pasado 24 años desde que El Salvador firmó los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil. Sin embargo, en medio de la lucha que el Estado salvadoreño libra en contra del crimen y la inseguridad del país, la PNC ha reportado oficialmente 189 enfrentamientos armados entre supuestos pandilleros y los cuerpos de la seguridad pública del país, entre enero y abril de este año.
Durante la sesión de la CIDH, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, dijo que el gobierno salvadoreño tiene un “compromiso serio” para respetar y garantizar los derechos humanos. Martínez dijo también en televisión nacional que el gobierno cooperara con todo lo necesario para investigar las denuncias hechas en la CIDH.
El secretario de comunicaciones de la Presidencia salvadoreña, Eugenio Chicas, respondió ante los señalamientos del procurador de Derechos Humanos y la petición del informe de la CIDH negando la existencia de ejecuciones extrajudiciales o de grupos paramilitares que se dedican a exterminar a pandilleros. El secretario dijo que el gobierno dejará en manos de la Fiscalía General de la República la investigación de estos casos, ya que esta es la institución responsable de indagar al respecto.
Por su parte, el ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas del país, David Munguía Payes, dijo que todos los operativos ejecutados por militares y cuerpos de seguridad pública están dentro del margen de la ley. El general dijo también que en los casos cuestionados los soldados respondieron a ataques de pandilleros en su contra en los que su seguridad se vio amenazada, “ante un ataque debemos reaccionar”.
Mientras tanto el director de la PNC, Howard Cotto, quien en meses antes de las denuncias hechas por el procurador no descartó la existencia de grupos de exterminio de pandilleros, dijo que todas las escenas donde se enfrentaron a tiros pandilleros y policías son procesadas por la Fiscalía y por unidades especiales de la Policía.
“Siempre son convocadas las unidades contralores, principalmente la unidad de Control y la de Asuntos Internos (de la Policía). Debemos recordar que los elementos del procesamiento de la escena están a cargo de la FGR, así como el direccionamiento fiscal para su investigación, y también la deducción de responsabilidades”, dijo Cotto.
El fiscal general, Douglas Meléndez, también reaccionó a los señalamientos. Meléndez confirmó que la Fiscalía investiga varios casos de “supuestas ejecuciones extrajudiciales o de exterminio” supuestamente cometidos por miembros de la PNC y de la Fuerza Armada durante operativos de seguridad en algunas zonas del país, pero no dio más detalles.
“En este momento es crítica la situación de la delincuencia, pero no podemos permitir que la institucionalidad se degenere por medio de ejecuciones o de exterminio. Tenemos abiertas varias investigaciones y vamos a dar pronta respuesta a esto”, dijo el fiscal. Sin embargo, no precisó sobre el tiempo en el que las investigaciones de la Fiscalía tendrán una respuesta concreta.
Mauricio Ramírez Landaverde, anterior director de la PNC y nombrado ministro de Justicia y Seguridad en enero pasado, dijo a la prensa que en los últimos meses la Policía ha procesado varios crímenes con características de ejecuciones perpetrados por grupos de extermino. Sin embargo, afirmó que estos crímenes fueron cometidos por miembros de estructuras delincuenciales y que la mayoría de los responsables ya fueron capturados.
El rumor sobre la existencia de uno o más grupos de extermino de pandilleros no es nuevo. Un oficial de la PNC que no quiso ser identificado dijo al Programa de las Américas que estos grupos operan desde hace tres años y están formados por miembros de la PNC que tienen identificados a los pandilleros de los sectores más vulnerables del país o que son denunciados por la población.
El oficial dijo que algunos policías y militares han decidido “tomar la justicia por su manos” ante los constantes ataques y asesinatos de policías cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, las autoridades de la PNC insisten en que los asesinatos de pandilleros con modalidad de ejecución son cometidos por otros grupos de pandilleros que se pelean el territorio.
