La Fiscalía salvadoreña acusó a seis policías y 18 personas más por ser parte de un grupo de “exterminio de pandilleros” que cobraba entre $100 y $1,000 por cada asesinato. La acusación vino después de las declaraciones del procurador salvadoreño de Derechos Humanos, David Morales, en las que señaló a miembros de los cuerpos de seguridad pública por varias ejecuciones extrajudiciales de pandilleros en el país.
De acuerdo a los documentos judiciales a los que el Programa de las Américas tuvo acceso, los policías utilizaban sus uniformes y sus armas, simulando operativos policiales para entrar a las viviendas de los supuestos pandilleros y asesinarlos. La Fiscalía cree que estas personas asesinaron a 19 personas entre 2014 y 2015 y según los fiscales del caso no todas las víctimas eran miembros de pandillas.
“El testimonio de uno de los miembros de este grupo de sicariato, los resultados de las autopsias realizadas a las víctimas y las pruebas de balística a las armas de fuego decomisadas a los implicados han sido importante para determinar que existe participación de los acusados en graves hechos”, dijo el fiscal del caso al Programa de las Américas.
La base de las acusaciones de la Fiscalía salvadoreña se centra en el testimonio de un miembro de este grupo. El testigo nombrado “Sirio” por los fiscales del caso decidió colaborar con las autoridades a cambio de beneficios judiciales. Ha dado detalles sobre la forma en que operaban para asesinar a supuestos miembros de pandillas y como eran contactados por personas particulares o por otros policías quienes les encomendaban las muertes.
“Sirio” dijo en su declaración que las personas que pagaron por asesinatos de supuestos pandilleros lo hicieron porque fueron amenazados, o porque buscaban vengar la muerte de algún familiar a manos de las pandillas. Además, porque se trataba de pandilleros que colaboraban en casos de investigación con la Policía o porque tenían problemas personales con un miembro de las pandillas.
Según la declaración de “Sirio”, cada policía recibía $100 cuando, por cuenta propia asesinaba a un pandillero. En casos más complejos, cuando era requerida la intervención del resto de los miembros del grupo para asesinar a otros pandilleros más peligrosos, recibían entre $400 y $1,000 que eran repartidos entre todos los que participaban en el “operativo de limpieza”.
“Sirio” dijo también en su declaración que el grupo fue contactado por una persona que reside en Estados Unidos para asesinar a un pandillero que extorsionaba a su familia y en otro caso un ingeniero salvadoreño pagó por el asesinato de un pandillero que acosaba a los empleados de una empresa privada.
La Fiscalía y la Policía han informado que en todos los casos fueron utilizadas cinco armas calibre nueve milímetros que pertenecen a la Policía Nacional Civil (PNC) y otras cuatro con registro legal a nombre de Julio Cesar Morales, uno de los detenidos.
Para planificar cada uno de los asesinatos, los policiales, dos agentes, tres investigadores y un sargento, se reunían en un bar en las afueras de San Salvador con el resto de los miembros del grupo. Ahí acordaban la entrega de uniformes con logos de la PNC que eran entregados por el agente Elmer Aníbal Rodríguez y que eran utilizados para simular los operativos y los asesinatos y el resto de detalles de la operación.
Pero no solo los policías son acusados de asesinar a los pandilleros. Entre las acciones que las instituciones del Estado ejecutan para encontrar una fórmula con la que logren la reducción de las cifras de los asesinatos y mejorar la situación de seguridad, hasta los alcaldes están acusados de violaciones a los derechos humanos.
Esta semana, Elías Hernández, alcalde de Apopa, un populoso municipio al norte de San Salvador, fue acusado por la Fiscalía por el homicidio de un palabrero (jefe) de la pandilla MS-13.
De acuerdo a la versión oficial de la Fiscalía, el alcalde ordenó el asesinato del pandillero porque este no cumplió con el acuerdo que tenia con el funcionario para dejar de delinquir en la zona. Junto al alcalde fueron detenidas otras 14 personas que según las autoridades están involucradas en el crimen. Las investigaciones continúan.
Por otro lado, hace unas semanas Mauricio Arturo Vilanova, alcalde de San José Guayabal, dijo que el primer paso es la comunicación con los pandilleros para buscar la reinserción de estos jóvenes en la sociedad. El alcalde señaló que su plan es patrullar junto a la Policía y promover la denuncia ciudadana para evitar que los pandilleros crezcan en número y para evitar que otros jóvenes sean reclutados para integrar las pandillas.
Reacciones por detenciones
Mientras las autoridades de seguridad y de la Policía celebraban las detenciones de los policías y civiles involucrados en el asesinato de pandilleros, los familiares de los siete miembros de la PNC se tomaban las calles de acceso al municipio de Sonsonate, al occidente de la capital para exigir su liberación.
El director de la PNC, Howard Cotto, dijo al programa de las Américas que en todos los casos en los que se presume se trata de un ajusticiamiento de pandilleros por la Policía, pone “especial énfasis” para afirmar o descartar si se trata de un grupo que esté tomando la justicia por sus manos para asesinar a pandilleros.
“Lo que ha venido pasando es que normalmente a la hora de la investigación esto se ha venido descartando (sobre los grupos de ejecuciones de pandilleros). No podemos negarnos a investigar líneas de este tipo. Nosotros no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que estos casos se aclaren y en dar a la ciudadanía si casos de estos existen. Hasta hoy no se puede confirmar que sea así, pero tampoco lo podemos descartar”, dijo el director.
Cotto también señaló que las investigaciones en torno a otros homicidios múltiples de pandilleros continúan, pero hasta el momento en ninguno de los casos que son reportados por la PNC como enfrentamiento entre pandilleros y los cuerpos de seguridad pública del país haya sospechas de que se trate de un grupo de policías ajusticiando a jóvenes supuestos miembros de pandillas.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, en conferencia de prensa confirmó que el grupo de los policías detenidos vinculados a un grupo de sicariato de pandilleros se dedicaba a matar a supuestos miembros de pandillas a cambio de dinero. Pero también dijo que las instituciones de justicia y seguridad del Estados salvadoreño no permitirán que grupos al margen de la ley tomen la justicia por sus manos.
“Independientemente de quienes sean las victimas no vamos a tolerar que grupos delincuenciales operen en el país”, dijo Ramírez Landaverde.
Intolerancia a las pandillas
En 2014 cuando nació el rumor que existía un grupo de extermino de pandilleros en el país que encabeza la lista de naciones más violentas en la región centroamericana, también nació una fan page administrada por policías en la que se promovía el asesinato de pandilleros.
“Héroe Azul”, según dijo uno de sus administradores, fue creada con la idea de promover el valor del trabajo que hacen a diario los policías en El Salvador, en medio de un momento crítico para la institución de seguridad pública, pues entonces los pandilleros asesinaban por lo menos a un policía al día.
En pocos meses la página logró acumular más de 21 mil seguidores y en sus publicaciones era común ver fotografías de escenas donde habían sido asesinados pandilleros o escenas que la Policía reportaba como enfrentamientos armados entre pandilleros y miembros de los cuerpos de seguridad pública.
Sin embargo, hace un mes el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo en conferencia de prensa que la PNC investigaría y sancionaría a los policías que estuvieran involucrados en la administración de material confidencial que era publicado en el sitio “Héroe Azul”.
Junto a este sitio también crecía ITR noticias, otra fan page dedicada a noticias de El Salvador. La página que ahora tiene más de 500 mil seguidores también promueve el asesinato de pandilleros y permite comentarios de intolerancia a jóvenes que supuestamente pertenecen a las pandillas en El Salvador.
En ambos sitios se difunden videos de policías sometiendo a supuestos pandilleros y recientemente se difundió una lista con nombres de pandilleros que serán los próximos objetivos de los grupos de exterminio que, según el administrador de ITR quien prefiere guardar el anonimato, “son policías que cobran” un dinero extra por matar a pandilleros.
En un breve comunicado difundido en las redes sociales oficiales, el Ministerio de Justicia y Seguridad del país se limitó a decir que la información difundida en las redes sociales o en páginas supuestamente administradas por policías no era oficial.
“Luego de una investigación sobre información que circula en las redes sociales, en donde supuestos policías apoyan a grupos de exterminio, el Ministerio de Justicia y Seguridad aclara que las personas que aparecen en las imágenes o que difunden información no pertenecen a la Policía Nacional Civil”.
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