Mientras el Consejo Nacional de Seguridad analiza las estrategias implementadas en Colombia y Brasil para resolver su problema de seguridad, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén toca puertas para buscar los fondos que necesita para poner en marcha su plan “El Salvador Seguro”.
Aunque no están definidas todas las acciones o estrategias que el gobierno salvadoreño ejecutará bajo su Plan El Salvador Seguro, el objetivo planteado por los miembros del Consejo es “mejorar la vida de los salvadoreños para reducir la incidencia de la violencia y el crimen organizado y crear un sistema de justicia penal que goce de la confianza ciudadana”. El Plan debe contar con el apoyo de la cooperación internacional y con recursos propios del estado salvadoreño.
Los datos oficiales indican que el país necesita por lo menos invertir a corto, mediano y largo plazo un total de $2,100 millones, es decir un poco más de $400 millones por año. El Plan tendrá como prioridad la inversión en 50 municipios del país con mayores índices de violencia y de acuerdo a las expectativas los salvadoreños verán resultados en los primeros seis meses de la ejecución de los planes.
El primer paso está dado. Al tomar posesión en 2014 el presidente Salvador Sánchez Cerén ordenó la creación del Consejo de Seguridad integrado por representantes de todos los sectores del país para que de manera coordinada y democrática crearán el plan para combatir y erradicar a las pandillas y resolver de una vez el problema de inseguridad en el país. Aunque no es oficial, todo parece indicar que las estrategias utilizadas en los barrios más pobres de Medellín y en las favelas de Rio de Janeiro para contener al narcotráfico y el crimen organizado, ya fueron retomadas para combatir a las pandillas en las calles salvadoreñas.
Críticas al modelo
Sin embargo, estos planes han sido criticados, cuestionados y hasta analizados por violaciones a los derechos humanos. No son aceptados con entusiasmo por organizaciones civiles porque se caracterizan por su alto contenido represivo.
“Nos parece que esto no va a traer una solución positiva para la construcción de la paz en el país. Las consecuencias podrían ser graves y ya se están viendo en los enfrentamientos entre pandilleros y policías y en los asesinatos de muchos policías”, señaló Nelson Flores Coordinador del Programa de Seguridad de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Las cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que en lo que va del año 5,015 personas han sido asesinadas en el país. Entre las víctimas de la violencia, hay 51 policías y según informó el subdirector de la Policía, Howard Cotto, en menos de 24 horas cuatro policías murieron en enfrentamientos armados contra pandilleros.
Durante todo el año las cifras han ido en aumento y el primer fin de semana de octubre cerró con 38 asesinatos. Al cierre de los datos oficiales de la PNC correspondientes al mes de septiembre se reportaron 22 asesinatos por día, el doble de la cifra que se reportó en el mismo período del año 2014.
El modelo Medellín
Pero para quienes apoyan la adaptación de estas estrategias al Plan El Salvador Seguro, redactado por el Consejo de Seguridad y ejecutado por el Gobierno, los ejemplos y acciones que implementaron los países suramericanos son los idóneos para realizar en El Salvador. Rafael Martínez, vocero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destaca que de los planes ejecutados en Medellín, la inclusión de jóvenes que viven en comunidades en riesgo para la prevención de la violencia y la inversión para construir infraestructura básica en barrios pobres fueron los elementos más importantes.
“Medellín estaba entre las ciudades más violentas del mundo y hoy se ha convertido en un ejemplo de seguridad. Con la estrategia implementada en la ciudad se logró la reducción del 93 por ciento de los homicidios y esto se debió en buena parte a la inversión en las comunidades que vivían en riesgo o vulnerabilidad”, dijo Martínez.
En la ciudad colombiana los gobiernos local y central se aliaron para ejecutar un plan de combate al narcotráfico y el crimen organizado y este se convirtió en política pública para garantizar su cumplimiento una vez hubiera relevo en los mandos del Estado. El vocero del PNUD, opina que en El Salvador se debe tener este nivel de coordinación entre los Gobiernos central y local para que se aseguren los resultados de las estrategias que se ejecutarán para erradicar a las pandillas, reducir los crímenes y homicidios y lograr aumentar la seguridad en el país.
En una entrevista para el Programa de las Américas, Martínez del PNUD prefirió no hablar sobre lo negativo de estas estrategias, las críticas o las denuncias de violaciones a derechos humanos y acciones represivas por las que han sido señalados o investigados policías y militares en Colombia y Brasil. Prefirió enfocarse en la parte de prevención de estos planes.
“Cada país tiene regulado el marco de los derechos humanos y creemos que cada acción que se hace para garantizar la seguridad está apegada a las garantías constitucionales de los derechos humanos y no dudamos que en El Salvador se garantizará ese derecho constitucional”, agregó Martínez.
El Consejo de Seguridad considera de mayor importancia solucionar primero los problemas de exclusión, vulnerabilidad social y patrones culturales a los que están expuestos los habitantes de barrios y comunidades pobres para lograr la reducción de los crímenes y para evitar que más niños o jóvenes estén atraídos por las pandillas. Las acciones que realizaron en Medellín resultan sumamente atractivas para las autoridades salvadoreñas.
Por otro lado, de acuerdo a FESPAD, en el país ya se están registrando violaciones a derechos humanos como los que están siendo investigados en los países suramericanos.
“Colombia tuvo problemas diferentes a los de El Salvador y el modelo implementado en Brasil se caracterizó por la cero tolerancia. Ya estamos viendo ambos componentes en el país, ya hay registradas denuncias de casos de ejecuciones, se habla de la existencia de grupos de exterminio de pandilleros y de la violencia con que la policía realiza sus operativos”, dijo al Programa de las Américas el representante de FESPAD.
El alto costo del Plan
La inversión para realizar el plan es responsabilidad del Estado y la empresa privada del país. Además, la comunidad internacional se comprometió a entregar al gobierno salvadoreño un porcentaje del financiamiento no reembolsable que suma $350 millones.
El porcentaje que le corresponde al gobierno se financiará con préstamos que ya están en proceso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Centroamericano de Integración Económica, otros nuevos préstamos y de la contribución del sector privado.
El gobierno de Estados Unidos respalda al nuevo plan. Datos del gobierno salvadoreño indican que la cooperación internacional, en particular la de Estados Unidos, es la mayor en la historia de ambos países durante los últimos 40 años. A parte de los fondos que serán asignados para el Plan El Salvador Seguro, Estados Unidos está invirtiendo $129 millones con fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), $11,177,000 del Departamento de Agricultura y $460 millones de los fondos FOMILENIO.
El desglose del presupuesto del plan indica que el Estado salvadoreño debe invertir $1,500 millones para programas de prevención de violencia que incluyen $500 millones para la creación de empleos para 250 mil jóvenes, otros $600 millones para garantizar el acceso a la educación de 300 mil niños del país y $250 millones más para ampliación de espacios públicos, unidades especializadas de atención a víctimas de violencia y prevención en los 50 municipios de mayor incidencia de violencia.
Como parte de la reforma al sistema judicial, el país debe invertir $550 mil para revisar las leyes antipandillas y para la creación de una Ley Especial de reinserción, que está en la fase de análisis y $55 millones para programas de reinserción de pandilleros y otros presos que cumplen condenas. Otros $720 mil irán para agilizar procesos judicial para descongestionar las cárceles del país, que actualmente están hasta con 200 por ciento sobre pobladas.
Entre los puntos del plan que son resaltados por los miembros del Consejo de Seguridad destaca la inversión en la seguridad del sistema penitenciario del país. El Gobierno debe invertir $20 millones para instalar bloqueadores de señales telefónicas en las cárceles del país para evitar que los pandilleros ordenen extorsiones, homicidios y otros delitos desde las prisiones.
Además, la inversión contempla $6 millones para la creación de un sistema de atención psicosocial a víctimas y la creación de una comisión especial para la búsqueda de personas desaparecidas por la violencia. Con esto el Estado busca atender a las familias que han perdido a sus seres queridos en situaciones de violencia.
El Consejo de Seguridad también determinó que el Estado salvadoreño debe destinar $500 mil para la creación de una comisión especial para la investigación de casos de corrupción y filtración del crimen organizado en las instituciones del estado, algo similar a la CICIG de Guatemala. Este punto está siendo debatido.
Para que el Gobierno garantice la parte de la inversión que le corresponde para la ejecución del Plan El Salvador Seguro, el Consejo de Seguridad propuso la creación de un fondo especial para el financiamiento de la seguridad. Recientemente el Ejecutivo anunció que este fondo provendrá de una “contribución especial” que será gravada a las empresas de telefonía del país. El gobierno tomó la decisión de hacer el cobro a las empresas basado en la ganancia de $1 mil millones anuales que presentan las empresas de telefonía en el país.
Sin embargo, las empresas han dicho que el cobro se reflejará en las facturas de telefonía e internet de los consumidores, es decir de la población.
La semana pasada en conferencia de prensa el presidente Sánchez Cerén negó que la contribución especial sea un nuevo impuesto y señaló que es importante que el país cuente con los recursos que necesita para resolver el problema de inseguridad y reducir los índices de asesinatos que ya alcanzan cifras alarmantes.
“La inseguridad es un problema de largo plazo y se requiere que todos aportemos, es de justicia y es la hora de actuar, que nos preguntemos: ¿cómo puedo contribuir?” dijo el presidente y a la vez explicó que el cobro será de forma diferenciada.
Sánchez Cerén afirmó que su gobierno está abierto a propuestas de otros sectores para que la creación del fondo o contribución especial sea de forma democrática y no afecte directamente a la población. Por su parte, según el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, la propuesta del Ejecutivo es transparente y necesaria para la solución del problema de seguridad.
De acuerdo al presupuesto general de nación, el total del dinero para el financiamiento del plan de seguridad es igual que el 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador.
Carmen Rodríguez, es periodista en San Salvador, El Salvador, y tiene cinco años de experiencia en el periodismo digital. Su especialización es el tema de Seguridad y Judicial y ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014.
Fotos por John Sevigny y Carmen Rodríguez
