La activista brasileña Sandra Moreno, del Instituto Ímpar, ha estado buscando a su hija, Ana Paula Moreno, desde que desapareció en 2009. Ella habla en tono monocorde y sus desvelados ojos reflejan su tristeza. Me recibió en su humilde casa de clase media baja en Carapicuíba, una ciudad que forma parte de la región metropolitana de São Paulo.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública (Forúm Brasileiro de Segurança Pública) informa que cerca de 70,000 personas desaparecen en Brasil cada año. Eso representa 190 desaparecidos por día desde 2007 hasta 2016. Ocho personas por hora.
Solo en São Paulo, unas 240,000 personas desaparecieron en los últimos 10 años, números que preocupan a Ivanise Espiridião. “¿Qué pasa con los otros 26 estados y el distrito federal? ¿Cuántos faltan ahora? “, Pregunta. Espiridião dirige las Mães da Sé (Madres de Sé), una organización no gubernamental que comenzó a ayudar a otros a encontrar a sus familiares. Ella señala que las cifras representan pobremente las dimensiones reales del problema. Rio Grande do Sul, Río de Janeiro y otros estados no proporcionaron a la encuesta, información completa durante los últimos diez años.
El personal de Mães da Sé ha ayudado a 4.000 madres a contactar a sus niños desaparecidos, pero Espiridião no ha sido una de las afortunadas. A pesar de buscar durante dos décadas, no ha encontrado a su hija, Fabiana Espiridião, que desapareció a los 13 años. Ivanise Espiridião es una mujer menuda de mediana edad con piel bronceada. Mientras habla, su mirada exhibe una mezcla de melancolía y enojo. “Mi vida se detuvo el 23 de diciembre de 1995”, explica.
Ella dice que la burocracia del gobierno es más un obstáculo que una ayuda para localizar personas desaparecidas en Brasil. En 2009, Espiridião trabajó junto a un grupo de delegados y técnicos del Ministerio de Justicia para establecer la Base de Datos Nacional de Personas Desaparecidas (CNDP). Fue lanzado el 26 de febrero de 2011, pero de acuerdo con las organizaciones de familiares, lamentablemente su información está profundamente desactualizada. “Nunca se ha mantenido, por falta de voluntad o interés. El sistema de datos simplemente murió “, comenta Esperidião. Ella señala que los jóvenes localizados todavía están en los archivos como desaparecidos y muchos casos nuevos nunca se han ingresado.
Cada año, alrededor de 40,000 niños y adolescentes desaparecen en Brasil, mientras que en la base de datos virtual solo aparecen 400 niños. De enero a septiembre de 2015, sólo en Río de Janeiro, se reportaron 2.282 casos de personas desaparecidas, un aumento del 16% con relación a 2014.
El “Programa para la localización e identificación de personas desaparecidas” (PLID), que opera desde el Ministerio Público, sigue los casos que se les informa directamente. La empresa de procesamiento de datos del estado de São Paulo registró 25.486 denuncias de personas desaparecidas entre 2013 y 2014: 15.369 (60,3%) hombres y 10.117 (39,7%) mujeres. La mayoría de las víctimas (60.6%) eran jóvenes de entre 12 y 26 años.
La tarea de mantener un Banco Nacional de Datos se realiza conjuntamente entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Mantenerlo actualizado y preciso es virtualmente imposible debido a la falla general de comunicación entre instituciones, no sólo en el ámbito federal, sino también a nivel estatal y municipal. Por ejemplo, la cooperación entre el cuerpo de la policía militar y civil es fundamental para las búsquedas e investigaciones, aunque aún no se logra una buena comunicación.
La congresista Eliziane Gamma propuso una legislación para penalizar a los estados que no actualicen sus datos sobre desapariciones. El proyecto de ley de Gamma aún no se ha votado en el Senado. Esperidião ha pedido a los agentes del orden público por la actualización de los datos para ayudar a las madres de entornos más pobres y de educación inferior, ya que muchas de ellas no tienen Internet en sus hogares. “Ni siquiera tienen dinero para ir a un cibercafé y pedirle a alguien que lo haga”, afirma.
La fiscal federal, Dra. Eliana Vendramini, del PLID, cree que el fenómeno de las desapariciones es aún relativamente reciente en Brasil, lo cual explica la deficiencia en el informe. Ella afirma que mucho de lo que sabemos sobre esto viene de “la lucha implacable de la sociedad civil que se organiza a través de las manifestaciones públicas o redes digitales”. Aunque es muy útil, Vendramini dice que esto no es suficiente ya que todos los días el gobierno entierra números desconocidos de personas sin nombre y sin hogar sin identificarlas. A pesar de los exámenes realizados por el Instituto de Medicina Forense (IML) o el Servicio Municipal de Verificación Óbitos ( SVO) “no se comunican con la Policía Civil antes de despachar los cuerpos. Los servicios públicos son aún peores ya que solo responden ante la oficina de Seguridad Pública del Estado, que sistemáticamente falla en el abordaje del problema.
La Ley de Búsqueda Inmediata aprobada en 2005 bajo el entonces presidente Luís Inácio Lula da Silva ordena que la estación de policía comience a investigar el paradero de niños y adolescentes inmediatamente después de ser notificada de la desaparición. Las búsquedas de adultos se inician solo después de esperar 24 horas desde el momento en que se informa la desaparición de la persona.
En realidad, justo después de que un niño desaparece, las familias comienzan sus propias investigaciones y empiezan a brindar a la policía la información que consiguen. Esperidião y Moreno me dijeron que ambos padecieron la negligencia por parte de las autoridades en su respuesta a la desaparición de sus hijos. Esperidião afirma que la Ley de Búsqueda Inmediata solo se respeta en las ciudades de Belo Horizonte en el estado de Minas Gerais y Curitiba en el estado de Paraná.
Sandra Moreno comenzó a recoger firmas en 2011 para una ley nacional que pudiera crear más comisarías especializadas que ayuden a buscar a los desaparecidos, como la que actualmente opera en São Paulo. Dado que la desaparición no está codificada como un delito y con frecuencia se trata simplemente como alguien desaparecido temporalmente, la policía no tiene la obligación de investigar ” de tal forma, los policías no lo hacen”, explica Sandra. La ONG de Moreno realizó manifestaciones en el centro de São Paulo y organizó jornadas de graffitis a fin de reunir firmas para su propuesta legislativa en Carapicuíba.
En 2015, la policía de Sao Paulo respondió a una solicitud del Ministerio Público que sugería descentralizar las investigaciones sobre personas desaparecidas presentadas, derivándolas a una estación de policía especializada. Aunque se consideró un paso adelante tener una oficina especializada, “la antigua centralización no pudo manejar la demanda estatal porque solo tenía alrededor de 11 empleados y 2 tenientes, lo que significa que no tenía los recursos físicos y materiales para llevar a cabo estas tareas”, dice Vendramini. Ella cree que la descentralización podría favorecer a los sectores más vulnerables a desapariciones: niños y personas enfermas.
Vendramini lamenta: “La fuerza de la Policía Civil, en una mala interpretación del mandato constitucional, niega la vulnerabilidad de los adolescentes”. A menudo, los casos de jóvenes desaparecidos se consideran como disputas criminales o maltratos ocultos.
Según la Cuarta Comisaría de Investigación sobre las Personas Desaparecidas, muchos jóvenes desaparecidos son adolescentes de entre 13 y 18 años que escaparon voluntariamente de sus hogares. En este tipo de casos, alrededor del 96% eventualmente regresa a casa. Los casos más complicados están relacionados con el homicidio, la privación de libertad, el trabajo esclavo y la explotación sexual. El PLID, iniciado en Río de Janeiro como una herramienta digital para unificar y analizar datos con el fin de aumentar las localizaciones e identificaciones, ha integrado la experiencia internacional en el establecimiento de mejores políticas públicas directas. El PLID tiene su propio edificio en São Paulo desde 2013. Para la Dra. Vendramini, lo que ella denomina “visión global” incluye rastrear todo lo que se conoce acerca de la persona desaparecida en tiempo real. El banco de datos registra los datos personales, el lugar y los motivos aparentes o posibles. Hoy este sistema integrado opera en las fiscalías de Río de Janeiro, São Paulo, Bahía, Amazonas, Piauí, Ceará, Pará, Pernambuco, Distrito Federal y otros territorios.
Muchos expertos esperan que algún día este sistema se convierta en una réplica de AMBER Alert (America’s Missing: Broadcast Emergency Response), un sistema de alerta de secuestro de menores originado en 1996 en los Estados Unidos. Bajo ese sistema, la agencia de aplicación de la ley que investiga el caso toma la decisión de emitir la Alerta y divulgar el nombre del niño, la descripción del sospechoso, matrícula u otra información relevante para el caso. Amber Alert se difunde por Internet, estaciones de radio comerciales y satelitales, estaciones de televisión y televisión por cable, correo electrónico, señales de tráfico electrónico, vallas publicitarias electrónicas o mensajes de texto SMS de dispositivos inalámbricos, y en línea a través de Google, Bing y Facebook.
La Dra. Vendramini explica que Amber Alert es un modelo a seguir, pero aún bastante lejano debido a la falta de recursos disponibles en Brasil. “En estos días estamos luchando por servicios públicos básicos en el estado de São Paulo, sin mencionar el resto de Brasil, como una base de datos estatal, que por ley se supone que contenga información genética, aplicación rigurosa de los procedimientos de investigación creados por el Delegado General en 2014 después de una solicitud del Ministerio Público y el PLID, investigaciones sobre el paradero de los adolescentes dada su vulnerabilidad, y tratamiento especial para las familias victimizadas, y la lista continúa” señala, pero éstas son las demandas más apremiantes. Espiridião y Moreno creen que, aunque no es suficiente, el PLID ha ganado credibilidad entre las familias, ya que defiende sus derechos ante los organismos encargados de hacer cumplir la ley y hace un esfuerzo por actualizar sus datos.
Desaparición forzada y persona desaparecida
Según la Ley Internacional de Derechos Humanos, la desaparición forzada es “privación de libertad contra la voluntad de la persona, participación directa, apoyo o complicidad de agentes gubernamentales, negativa a reconocer la privación de libertad y el conocimiento o el paradero de la persona desaparecida”.
El término “persona desaparecida” es más incluyente que la “desaparición forzada”, explica el abogado argentino Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo en Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (WGEID) y profesor de derecho en la Universidad de Texas. Las “personas desaparecidas” pueden ser ciudadanos desplazados o dispersados por los bombardeos o en una zona afectada por un desastre natural. En casos de desaparición forzada, Ariel Dulitzky dice que la ONU intenta mantenerse en contacto con las familias y seguir lo que sucedió con los desaparecidos a la vez que trabaja con gobiernos y asociaciones en busca de respuestas. La falta de datos gubernamentales causa problemas para las organizaciones no gubernamentales que intentan abordar el problema. El consultor de derechos humanos de Amnistía Internacional, Alexandre Ciconello, explica que aunque Brasil ha aprobado una legislación internacional que condena las “desapariciones forzadas”, es difícil medir con precisión las dimensiones del problema en el país. De hecho, la nación se adhiere a dos definiciones: el Protocolo Internacional de Palermo sobre trata de personas y la definición en el Código Penal del país. Este protocolo está respaldado por la aplicación de la ley brasileña y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas de 2006 (Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas). Pero aún las desapariciones a menudo pasan desapercibidas. La interpretación del sistema de justicia brasileño aborda exclusivamente el hecho de facilitación del transporte nacional e internacional de personas con fines de prostitución u otras formas de explotación sexual, independientemente de la coacción.
¿Dónde está Amarildo?
Amarildo de Souza, un afrobrasileño de pelo grueso y rizado, bigote y ojos grandes, desapareció en 2013 en Río de Janeiro. Su ausencia repentina cambió las vidas de su esposa, Elizabeth Gomes da Silva, y sus seis hijos, que compartían una precaria vivienda en la favela de Rocinha.
La comunidad siempre había considerado a De Souza como un trabajador sereno que mantenía a su familia con su escaso salario como asistente de albañil. Era el séptimo hijo de doce hijos de un pescador y una criada, un analfabeto que comenzó a trabajar a los 12 años vendiendo limones.
El 14 de julio de 2013, De Souza fue detenido por miembros de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) en su favela de Rocinha natal, y nunca volvió a aparecer. Primero fue conducido a una de las estaciones de la UPP en los niveles inferiores de la favela, donde una cámara registró su entrada a las 7 PM. Luego lo llevaron en un automóvil de la Policía Militar a la sede de la UPP en Rocinha. El comandante de la UPP, Edson Santos, afirmó con firmeza que Amarildo fue interrogado durante unos minutos y se fue por su cuenta a pie, pero el asistente del albañil nunca llegó a casa y el video policial es el último signo de él.
En octubre del mismo año, los investigadores de la Policía Civil concluyeron que Amarildo fue torturado detrás de los contenedores intermodales de la UPP. Testimonios jurados dijeron que estuvo sujeto a descargas eléctricas, asfixiado con bolsas de plástico y sometido a ahogamientos por alrededor de 2 horas.
Veinticinco oficiales de la Policía Militar (MP) fueron acusados de tortura y asesinato. Entre ellos, el comandante Edson Santos, cuatro oficiales del MP activos en la tortura, y otros 12 que actúan como observadores. Otras ocho personas dentro del área no hicieron nada para detener los ataques.
Los oficiales que colaboraron con la investigación dijeron que el comandante Santos estaba en uno de los contenedores donde se escuchaban los gritos y cuando Amarildo de Souza dejó de gritar, un oficial de policía fue al almacén y regresó con un paño negro usado para cubrir motocicletas. Los fiscales afirmaron que el cuerpo estaba envuelto en él. Entre los 25 acusados, 16 se declararon culpables de ocultar un cuerpo. La Policía Civil buscó en el bosque el cuerpo de De Souza, pero no encontraron nada.
La desaparición de Amarildo de Souza se desarrolló al mismo tiempo que los manifestantes tomaban las calles brasileñas clamando por una mayor representación política. Daniel Cerqueira, economista e investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), considera este hecho un suceso que despertó a la sociedad, especialmente a la clase media, “que descubrió la fuerza bruta y la falta de respeto a los derechos del ciudadanía perpetuada por policías”. Tal comportamiento ya era parte de la vida cotidiana de los pobres, pero el caso de De Souza tocó a la élite. Se convirtió en un catalizador del rechazo generalizado del modelo policial actual. “La cuestión de la desaparición, tortura, matanza y secuestro de ciudadanos por policías corruptos no es un problema nuevo en Brasil, pero hasta cierto punto era invisible, ya que solo victimizaba a las clases más pobres en regiones muy alejadas de los líderes de opinión”.
Rute Fiuza, un ama de casa, comenzó su búsqueda el 24 de octubre de 2014 cuando su hijo Davi, de 16 años, fue detenido por agentes del Escuadrón Táctico de Empleo Operativo (PETO) y de la Patrulla Especial (Rondesp) en el barrio de São Cristóvão en Salvador, la capital del estado de Bahía.
La desaparición de Davi encendió a la comunidad, y tanto vecinos preocupados como asistentes a la iglesia del área estaban decididos a recuperar con vida popular adolescente. Más de tres años después, Fiuza todavía deambula por las calles en busca de su hijo, en una interminable ronda por estaciones de policía, hospitales y sitios de sepulturas ilegales.
Sobre el caso de Davi, La ONU solicitó información al gobierno de Bahía en 2015 luego de recibir una notificación de Amnistía Internacional. Esto lanzó una campaña internacional urgente que monitorea el progreso en el caso.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informó en febrero de 2015 que los policías ataron los pies y las manos de Davi y cubrieron su cabeza con un paño. Luego lo metieron en un automóvil no identificado. El informe también declara que dos meses antes del incidente, el adolescente fue agredido por uno de los agentes de la Patrulla Especial. Ciconello recuerda que en 2014 Amnistía mantuvo una reunión solicitada por familiares de víctimas de desapariciones forzadas perpetradas supuestamente por agentes del orden.
La rutina de Rute ha cambiado completamente. Ella trabaja en un supermercado, necesita pastillas para dormir si pretende descansar por la noche y se esfuerza por pagar las sesiones de terapia. Sus cuatro hijas ayudan pero también están traumatizadas por la desaparición de su hermano. Elizabeth Gomes da Silva, viuda de Amarildo, aunque teme por la seguridad de su familia y la suya, continúa luchando por justicia.
Sergio Cabral, ex gobernador de Río de Janeiro y ahora encarcelado por corrupción, nunca cumplió su promesa de “encontrar el paradero de Amarildo” o incluso de investigar el caso. En febrero de 2016, la jueza Daniella Alvarez del Foro Criminal de Río condenó a 12 oficiales de la policía militar por torturas y encubrimiento de un cuerpo. Todos los involucrados fueron expulsados de la Fuerza de Policía Militar.
La sentencia nombró al comandante Edson Raimundo dos Santos como responsable de electrocución, sumersión y asfixia. Después de la muerte de Amarildo en la estación de policía, el mayor Dos Santos dio instrucciones de ocultar el cuerpo. En julio de 2016, el Estado de Río de Janeiro recibió la orden de indemnizar y subsidiar a la familia de Amarildo. Actualmente el estado está apelando.
El legado de la Dictadura
Historias como las de Amarildo Días de Souza y Davi Fiuza son un sombrío recordatorio de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1984, cuando las personas regularmente eran reducidas y llevadas a los interrogatorios, sin que se vuelva a saber de ellos.
“Creo que la visión militarista y bélica, donde el objetivo no es la preservación de los derechos ciudadanos sino la destrucción del otro, se infiltra incluso en la Policía Civil y esto es un remanente de la dictadura”, afirma Cerquiera. “La opaca cultura del secreto y la falta de transparencia bloqueando la evaluación y el control de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley es otro elemento. Y, por último, la banalización de la tortura como método de trabajo que aún prevalece dentro y fuera de las cárceles es un legado salvaje de los sótanos de la dictadura”.
Los “Anos de Chumbo” (1968-1974) encabezados por el general y presidente Emílio Garrastazu Médici marcaron la historia brasileña por su virulenta persecución de la oposición. Muchos actos de violencia propagados por la dictadura están siendo cuestionados por la Comisión de la Verdad (Comissão da Verdade). En aquellos años, la desaparición forzada se convirtió en una política pública del país.
Gran parte de la labor realizada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas en Brasil se refiere a los años de la dictadura. El grupo trabaja estrechamente con la Comisión de la Verdad, pero hasta ahora no han podido acceder a más información. Dulitzky cree que los casos que se destacaron son solo una pequeña fracción del problema, ya que muchas personas no informan por temor, por no saber cómo hacerlo o por cuestiones socioeconómicas.
El abogado argentino señala que la nación debe responsabilizar a quienes cometieron estos actos. El Grupo de Trabajo sigue los casos y analiza las políticas y prácticas brasileñas en anticipación de una misión de investigación para visitar el país y reunirse con las autoridades para presentar más propuestas.
En una encuesta reciente Amnistía Internacional encontró que los barrios pobres y las favelas son los principales focos de violencia policial, incluido el uso de una fuerza letal desproporcionada. Estas áreas están compuestas principalmente por habitantes negros. Amnistía está estudiando si existe una correlación entre el uso de la violencia letal contra los pobres y los afro-brasileños y las desapariciones forzadas. Han encontrado algunos signos de la dictadura militar como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas en Salvador, Bahía.
La vida continúa. Sandra Moreno todavía está recogiendo firmas para ayudar a encontrar a Ana Paula. Ivanise Esperidião está pidiendo información sobre el paradero de Fabiana. Rute Fiuza cree que Davi está muerto y busca su cuerpo. El país sigue acompañando a la familia del albañil en el interrogante de qué pasó con Amarildo. Su rostro se ha convertido en el rostro de los cientos de personas desaparecidas en Brasil.
Traducción para el Programa de las Américas: Viviana Vitulich
