Pasaron diez años, cuando, luego de una actividad intensa de cabildeo y acuerdos de pasillo, el Congreso aprobó el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA). En la penumbra de la noche. Por un solo voto.
Exactamente una década más tarde, los ministros de comercio se reunían en Hawaii para tratar de concluir las negociaciones pasada la fecha límite, sobre el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP), una propuesta que podría ampliar el modelo de comercio del CAFTA hasta la otra ribera del Pacífico.
En una movida para sofocar la controversia que arropa al TPP, el gobierno de Barack Obama intenta reciclar las mismas promesas nobles que se usaron para mover la aprobación del CAFTA: el acuerdo beneficiaría a la salud pública, proporcionaría prosperidad económica en Estados Unidos y los demás países signatarios, a la vez que protegería a trabajadores, consumidores y medio ambiente.
Luego de 10 años de CAFTA, el vacío de tales promesas se manifiesta por completo. Hoy en Centroamérica, las medicinas que salvan vidas son más caras, debido a las protecciones monopólicas que el CAFTA ofreció a las corporaciones farmacéuticas –protecciones que se proyectan expandir con el TPP.
Y lejos de reportar una nueva etapa de prosperidad económica, los titulares de la prensa en los países del CAFTA hablan de inestabilidad económica, violencia asociada al tráfico de drogas y migración forzada. Mientras tanto, los acuerdos laborales del CAFTA no han impedido el asesinato de docenas de dirigentes sindicales Centroamericanos, que se esforzaban por ponerle fin a los abusos rotundos en el trabajo, como el robo de salarios. Por el contrario, los privilegios inherentes para los inversionistas extranjeros, que el TPP incrementaría, han logrado el empoderamiento de las corporaciones multinacionales para desafiar las legislaciones nacionales, incluyendo la protección del consumidor y del medio ambiente.
Incluso, peor que repetir los errores del pasado, el TPP es una repetición de los errores actuales del CAFTA.
Imposible obtener prescripciones médicas
En el transcurso de los debates sobre el CAFTA, los expertos en salud pública advirtieron que al ofrecer a las empresas farmacéuticas mejores protecciones monopólicas, el acuerdo restringiría el acceso de los Centroamericanos a medicinas genéricas más económicas que los medicamentos de marca que necesitan para salvar vidas.
Desafortunadamente, tenían razón. Por ejemplo, mencionemos Kaletra, fármaco utilizado para combatir el VIH/SIDA. Bajo los reglamentos del CAFTA, Kaletra goza de protección monopólica en Guatemala, en donde no se dispuso de versiones genéricas en los diez primeros años del CAFTA. Sin una versión alternativa, el sistema de salud pública de Guatemala paga alrededor de US$130 por una botella de Kaletra. Siendo que, de acuerdo al precio de referencia de la Organización Panamericana de la Salud, el Kaletra genérico tiene un precio de menos de US$20 por botella.
Para los ciudadanos Guatemaltecos que pagan sus impuestos, el costo seis veces mayor del Kaletra bajo el CAFTA, significa que se dispone de menos dinero para construir escuelas y puentes. Para los pacientes de VIH/SIDA en Guatemala, esto puede significar la diferencia entre vida y muerte.
De igual forma que el CAFTA, el TPP aporta protecciones monopólicas extremas a las corporaciones farmacéuticas. De hecho, el acuerdo incluso omite las provisiones limitadas para proteger el acceso a medicinas a buen precio que fueran parte de los acuerdos recientes de libre comercio de los Estados Unidos. Esa es la razón porque Médicos sin Fronteras ha descrito el TPP como un documento no sólo peor que el CAFTA, por restringir el acceso a prescripciones médicas, sino que “el acuerdo comercial más dañino en la historia en cuanto a salud mundial”.
Ojos que no ven los abusos laborales
Diez años atrás, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos vendió la idea del CAFTA, como el “tratado de comercio inigualable, en cuanto a asuntos laborales”, alardeando provisiones laborales “de calidad mundial”. Estas provisiones no impidieron el asesinato de 68 dirigentes sindicales guatemaltecos en el transcurso de siete años y ningún arresto al respecto. En 2008, la AFL-CIO y los sindicatos guatemaltecos promovieron una denuncia oficial amparada en las provisiones laborales del CAFTA, llamando a poner fin a la flagrante violencia anti sindical, el robo salarial y otros abusos. Luego de transcurridos seis años y docenas de sindicalistas asesinados, el Gobierno de los Estados Unidos envió el caso a arbitraje. Hoy en día, los dirigentes sindicales de Guatemala todavía suffren ataques frecuentes en la total impunidad.
Las provisiones laborales del CAFTA se han manifestado igualmente no efectivas en la República Dominicana, donde los trabajadores cañeros soportan jornadas laborales diarias de 12 horas bajo condiciones arriesgadas, sin que reciban el pago de tiempo extraordinario legalmente establecido. Un sacerdote español que metió una demanda oficial de CAFTA, de manera de rectificar dichos abusos, fue informado por oficiales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, “Nada va a suceder en cuanto a no cumplimiento”. Ciertamente, nada ha pasado. A pesar de las provisiones laborales “de categoría mundial”, los trabajadores cañeros mal pagados en República Dominicana, siguen laborando en las peores condiciones posibles.
¿Por qué han fallado en acabar con los abusos laborales destacados por doquier, tanto el CAFTA, como los acuerdos comerciales de los Estados Unidos antes y siempre? Kim Elliot, miembro del Comité Nacional Asesor en Provisiones Laborales de los Tratados de Libre Comercio, Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, hace poco ofreció esta explicación increíble: las provisiones laborales de los acuerdos comerciales de los Estados Unidos “se incluyen porque son necesarias, para obtener acuerdos en el Congreso”. Ella agregó, “Se trata de política y no de mejorar las prácticas laborales en esos países”.
Ahora, para que el TPP se apruebe en el Congreso estadounidense, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos está cacareando la misma promesa que hiciera para el CAFTA, aduciendo que el acuerdo incluirá “compromisos laborales de calidad nunca antes vista”. A la vez que las provisiones laborales del TPP se han descrito como más “aplicables” que aquellas del CAFTA, ésta no es novedad. De acuerdo con un informe del Gobierno de los Estados Unidos en 2014, los últimos cuatro Tratados de Libre Comercio (TLC) ya incluían aquéllas “cláusulas aplicables”, pero aún así fracasaron por completo en , poner fin a las ofensas en la práctica.
Los sindicalistas colombianos han enfrentado docenas de asesinatos y cientos de amenazas de muerte, a pesar que el TLC con Colombia incluye provisiones laborales al estilo del TPP. Y el año pasado en Perú, fueron explícitamente eliminadas las protecciones de salud ocupacional y seguridad de los trabajadores, a pesar de las provisiones laborales “aplicables” según el TLC con dicho país. Ninguno de los dos países ha sido demandado bajo las provisiones de los TLC.
No está nada claro el por qué la replicación en el TPP de estas medidas laborales tan inefectivas debiera esperarse que acabe con los abusos laborales sistemáticos que ocurren en países signatarios de TPP, tales como Vietnam, que prohíbe los sindicatos independientes, utiliza el trabajo forzado, y, de acuerdo con estimados del mismo Gobierno de Vietnam, cuenta con más de 1.75 millones de niños que trabajan.
Más ataques corporativos a los derechos del consumidor y la protección del medioambiente
Contrastando las protecciones “no aplicables” del CAFTA a los trabajadores, el acuerdo proporciona privilegios que sí se aplican a las corporaciones extranjeras. Esto incluye fortalecerlas para que puedan obviar las cortes domésticas y desafiar las protecciones al consumidor y al medio ambiente, ante tribunales extrajudiciales por medio de “acuerdo por disputa inversor-estado” (en inglés ISDS).
Las corporaciones no se han detenido en usar este sistema legal paralelo controversial, para desafiar las políticas pro-consumidor, incluyendo los esfuerzos gubernamentales para mantener el servicio eléctrico al alcance de los consumidores. En 2010, una compañía eléctrica de los Estados Unidos con una inversión indirecta y minoritaria en el servicio de energía eléctrica de Guatemala, utilizó el ISDS para oponerse a la decisión de Guatemala de reducir precios a los consumidores. Al día siguiente, la compañía vendió su inversión. Un tribunal compuesto por 3 personas del ISDS, de manera generosa decidió tratar a la empresa como “inversionista” protegido en Guatemala y ordenó al Gobierno pagar más de US$32 millones.
En otro caso de CAFTA relacionado con energía eléctrica, una empresa financiera de los Estados Unidos metió una demanda contra la decisión de República Dominicana de no aumentar las tarifas eléctricas en medio de una crisis energética nacional. El Gobierno decidió pagar US$26.5 millones a la empresa, para que desistiera la demanda, con base en que más convenía el acuerdo que continuar solventando costos legales.
Los países signatarios del CAFTA enfrentan también un aumento de casos de ISDS contra las protecciones del medio ambiente. Por ejemplo, una compañía minera de los Estados Unidos, presentó un reclamo en contra de República Dominicana por retrasar y luego no permitir la aprobación ambiental a una mina de materiales agregados, que el Gobierno consideró un peligro para fuentes acuíferas adyacentes. Otros inversionistas de los Estados Unidos en República Dominicana han amenazado con reclamar ante el CAFTA, en contra de una decisión del Gobierno, que rechaza otorgar aprobación ambiental a sus planes de ampliar un complejo turístico.
El TPP expandirá en forma dramática el controvertido sistema ISDS, recientemente empoderando a más de 28.000 firmas extranjeras adicionales, para solicitar en tribunales privados, que se ordene compensación tributaria a protecciones racionales, tanto ambientales como de los consumidores.
Avivar la inestabilidad económica
Diez años atrás, los proponentes del CAFTA prometieron que el acuerdo conllevaría prosperidad económica para Centroamérica, y convertiría el tratado en “la mejor política sobre inmigración, anti-pandillera y anti-droga que se dispone”. Hoy, los países signatarios Honduras, El Salvador y Guatemala enfrentan una crisis de violencia relacionada con el tráfico de drogas y una alza en la de migración forzada. Es cierto que las causas son muchas, pero “la crisis se ha nutrido del estancamiento económico”, de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Está claro que el CAFTA no cumplió su promesa de facilitar el crecimiento económico de la región.
Incluso peor, el CAFTA ha aportado a la inestabilidad económica de la región. Antes que fuese, por un mínimo, aprobado el CAFTA, organizaciones interesadas en el desarrollo advirtieron que el acuerdo podría conducir al desplazamiento de la familia campesina, que constituye una proporción importante de la fuerza laboral de Centro América, porque se verían forzadas a competir directamente con la agroindustria, inigualable en gran parte subsidiada, de los Estados Unidos. En efecto, las importaciones provenientes de los Estados Unidos en Honduras, El Salvador y Guatemala, se han duplicado desde que se puso en práctica el acuerdo, a la vez que la balanza comercial agrícola con los Estados Unidos se disminuye, provocando el desplazamiento campesino.
A pesar de las promesas que el CAFTA compensaría la disminución del trabajo campesino al crear nuevos empleos en las fábricas de indumentaria, de hecho tales exportaciones a los Estados Unidos por parte de Honduras, El Salvador y Guatemala han caído $1.6 mil millones, o 21 por ciento, desde CAFTA entró en vigor. Ya no se trata solo del desaparecimiento de las industrias nuevas, también se fueron las que ya existían.
Si el TPP se pone en acción, los trabajos de la industria indumentaria en Centroamérica se supone que van a disminuir más rápido todavía, una contribución a mayor inestabilidad económica. Porque el TPP incluye a Vietnam, uno de los mayores exportadores del rubro indumentario, en donde los sindicatos independientes están prohibidos, con un salario mínimo promedio de menos –una fracción de los salarios mínimos de Centroamérica (e incluso de China). Centroamérica ya va perdiendo la carrera, posicionada bien atrás. Puede retroceder aún más, si el TPP convierte a Vietnam en el nuevo competidor por los salarios más bajos.
El historial que desafía las promesas del CAFTA no necesita repetirse. Cuando los negociadores del TPP reunidos hoy en un resort en Hawaii completan esta ronda de negociaciones, muy probablemente vamos a escuchar una letanía ya conocida de promesas, sobre el beneficio a consumidores, trabajadores y medio ambiente que traerá el TPP. Con dichas promesas perforadas por una década de crudas realidades del CAFTA, contamos con una oportunidad única para decir “basta ya”.
Este artículo apareció originalmente en Eyes on Trade: Public Citizen’s Blog on Globalization and Trade.
Ben Beachy es el Director de Investigación, Public Citizen’s Global Trade Watch.
Traducido por Maria Stella Dabancens
