Dos años después de la caída del gobierno de Fernando Lugo y a un año del ascenso del colorado Horacio Cartes, los movimientos sociales muestran señales de recomposición, con notable protagonismo del movimiento campesino, enfrentando el agronegocio y la represión.
“¿Qué nombre tiene la estaca en guaraní?”.
Una sonrisa dibuja un rostro austero, de unos 60 años, barba rala, semblante apacible y sereno.
“Símbolo”, dice, levantando un bastón de unos 50 centímetros, pulido, en el que pueden leerse las siglas FNC. Similar al que enarbolan casi todos los campesinos y campesinas que forman el cortejo frente al Ministerio de Hacienda, a media cuadra de la esquina más céntrica de Asunción.
“Símbolo de lucha y poder”, tercia una voz femenina. El hombre sonríe asintiendo, mira su símbolo con cariño y repite, como un mantra, la palabra “poder”. Reflejan la autoestima de un movimiento nacido bajo la dictadura, que no dejó de luchar bajo ningún gobierno, fueran los colorados o el progresista de Lugo, y que vuelve a ganar las calles contra la criminalización de las luchas sociales por el gobierno de Hugo Cartes.
Es 14 de agosto, el segundo de los tres días de movilizaciones del movimiento campesino paraguayo, con cortes de rutas, concentraciones en diversos puntos del país y marchas en las ciudades. Entre los movilizados destacan la Federación Nacional Campesina (FCN), la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y varias secciones sindicales y partidos políticos.
Entre las demandas, destacan: la oposición a la ley de Asociación Público-Privado, que proyecta privatizaciones de servicios públicos, salud y educación, el rechazo a la violencia del Estado y la criminalización de la protesta y el reclamo de reforma agraria, en el país que ostenta la mayor concentración de tierras del mundo. El lema central de las jornadas lo dice todo: “Paraguay No Se Vende”.
Más soja, más represión
Adela y Adelaida, dos niñas de seis meses y tres años del asentamiento Húber Duré, murieron el 21 de julio probablemente contaminadas por agrotóxicos. El asentamiento está a 330 kilómetros de Asunción, en el departamento de Canindeyú, habitado por 260 familias de la FNC que ganaron cinco mil hectáreas en 2000, sobrellevando cuatro muertos en sus filas, entre ellos el joven Húber Duré de 22 años .
Al mismo tiempo, un grupo de 18 niños y niñas y 19 adultos fueron atendidos por registrar los mismos síntomas, vómitos, dolores de espalda, mareas, fiebre e insuficiencia respiratoria. Aunque las autoridades de salud negaron la posibilidad de contaminación por agrotóxicos, miembros de la comunidad aseguraron que dos días antes de la muerte de las niñas hubo pulverizaciones de plantaciones de soja cerca del asentamiento, rodeado de monocultivos transgénicos.
La encargada de salud del asentamiento, Nimia Galeano, asegura que cada vez que los sojeros fumigan se registran los mismos síntomas entre los pobladores . Un mes después falleció William, un niño de diez meses que nació con malformaciones, y la comunidad registró la muerte de 43 vacas, 30 cerdos, una cabra y 319 gallinas en pocos días. “Ni los cuervos comen los centenares de animales muertos, y un perro que se presume comió la carne del cadáver de una vaca murió a pocos metros” .
La muerte de niños y niñas es una de las caras más terribles del modelo sojero implantado en Paraguay en los últimos años. Pero el modelo viene acompañado de dos situaciones que lo hacen posible: la represión y la concentración de la tierra. Los datos dicen que Paraguay tiene una superficie de 40 millones de hectáreas, de las cuales 24 millones son tierras arables. Casi 8 millones son las llamadas “tierras malhabidas”, adjudicadas irregularmente por el Estado desde 1954, o sea desde el inicio de la dictadura de Stroessner .
Paraguay es el país con mayor desigualdad en América Latina. Según la Dirección de Estadísticas y Censos, el 1% de los propietarios reúne el 77% del área productiva y el 40% de los agricultores poseen apenas el 1% de las tierras. Sólo 351 propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas mientras hay 300.000 los campesinos sin tierra. Es el país con mayor población rural de la región, pero el 53% vive en la pobreza .
Un solo terrateniente, Tranquilo Favero, posee un millón de hectáreas a través del Grupo Favero, dedicadas a la ganadería y la soja, con una red de diez empresas vinculadas a la producción, acopio, transporte y exportación de granos, al ganado y la industria agroquímica . Los movimientos campesinos demandan la expropiación de una parte de esas tierras que consideran fueron adquiridas de forma irregular.
Además de la concentración, se registra una fuerte extranjerización de la tierra. Casi 8 millones de hectáreas, el 30% de las tierras arables, están en manos de extranjeros: casi cinco millones son propiedad de brasileños y dos millones han sido compradas por uruguayos . Especulan con el precio de la tierra: una hectárea en el Chaco paraguayo vale 350 dólares, mientras en Brasil oscila entre 5.000 y 10.000 dólares. Diez años atrás, cuando comenzó la oleada especulativa, el precio era de apenas 50 dólares la hectárea .
Para llegar a esos niveles de concentración y extranjerización de la tierra, el Estado y los terratenientes han desatado una guerra contra el campesinado. A través de ella consiguieron que en los 25 años transcurridos desde el fin de la dictadura de Stroessner, en 1989, la población rural haya descendido casi un 50%. El Informe Chokokue 1989-2013 elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), refleja esta realidad.
Las cárceles del agronegocio
En el marco del seminario “Agronegocios en el Cono Sur, resistencias y alternativas”, organizado en Asunción por la Fundación Rosa Luxemburgo, Serpaj Paraguay y Base Investigaciones Sociales, se organizó la visita de una delegación a la cárcel de Tacumbú. Acudieron sobre todo mujeres: de Malvinas Argentinas (donde lograron frenar a Monsanto en un barrio de Córdoba), de los organizadores del seminario y de Conamuri, junto a personas de Brasil, Argentina y Uruguay.
“Somos diez hermanos”, escribe Agustín Acosta en su libro de reflexiones desde la cárcel . Es el noveno hijo de una familia campesina de la ciudad de Caagauzú, donde no pudo terminar la secundaria porque los padres no podían sostenerlo. A los 19 años, en 1991, se integró al movimiento juvenil franciscano y comenzó a realizar trabajo pastoral e los barrios pobres de Caaguazú. Aún perteneciendo a la Juventud Franciscana era simpatizante del partido Patria Libre, de orientación marxista, asistiendo a cursos de formación en barrios populares.
En 2003 fue candidato a la junta departamental de Caaguazú por Patria Libre, luego se integra al Movimiento Agrario Popular y sufre la persecución en el marco del Plan Paraguay-Plan Colombia del gobierno de George W. Bush, que consigue “desarticular nuestra organización política, con los referentes más importantes refugiados en el Brasil y el resto de los compañeros/as en condiciones de una injusta detención” .
Junto a otros dirigentes campesinos (Basiliano Cardozo, Gustavo Espínola, Arístides Vera, Simeón Bordón, Roque Rodríguez) se refugian en Argentina, desde donde son extraditados a Paraguay luego de dos años y siete meses de prisión. En un juicio plagado de irregularidades, como reconocen diversos magistrados, la Asociación Gremial de Abogados de Argentina, el Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y varios jueces, fueron acusados del secuestro y muerte de la hija de un expresidente, un modo de criminalizar y destruir organizaciones sociales.
En la misma cárcel de Tacumbú, en Asunción, encontramos a Ruben Villalba, sobreviviente de la masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, en la que perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías y desembocó en el golpe parlamentario que destituyó al presidente Fernando Lugo. Como los demás, era dirigente campesino, fue herido de bala en la cabeza y no tiene atención médica pese a su precario estado de salud.
En ambos juicios se ha comprobado la parcialidad del sistema judicial paraguayo, al punto que los organismos de derechos humanos sostienen que en el caso de los seis, la sentencia ya estaba escrita cuando se llega al juicio. Fueron sentenciados a la pena máxima: 25 años más diez por considerarlos “peligrosos”.
En 25 años de democracia han sido asesinados y desaparecidos 115 dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. Para Codehupy se trata de la implementación de “un plan sistemático de ejecuciones” contra los campesinos, “con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios”, mediante “métodos de terrorismo de Estado” .
Dos terceras partes de los asesinatos (67%) fueron perpetrados por “bandas parapoliciales” y el resto por policías y militares. Pero hubo dos casos en que los detenidos fueron muertos cuando estaban bajo custodia de la fuerza pública. Pero lo más sintomático, que revela el carácter de la justicia y el Estado paraguayos, es que todos los asesinatos son impunes, se obstruyó la posibilidad de juicios justos para llegar a los verdaderos responsables.
El mapa que distribuye Codehupy junto al informe, revela que los asesinatos fueron cometidos justo en la zona de expansión de los cultivos de soja. Se trata de un plan coherente con “finalidad política”, que busca dos objetivos principales: destruir a las organizaciones de los excluidos, para liberar sus tierras al agronegocio. La lección es muy dura, pero está siendo asimilada por los movimientos: el poder procede a una limpieza social para lubricar la acumulación de riqueza y poder.
Hacia una nueva articulación de luchas
El 26 de marzo se realizó el primer paro general contra el gobierno de Cartes. Los trabajadores de siete centrales sindicales formaron piquetes en los principales accesos a Asunción para impedir el ingreso de vehículos, exigiendo un aumento salarial del 25%, contra 10% que otorgó el gobiern,o y la derogación de la ley de Alianza Público Privada que faculta al Ejecutivo a contratar empresas para obras de infraestructura.
El paro coincidió con la 21ª Marcha Campesina, movilización anual en Asunción a favor de una reforma agraria integral en la que participaron 10.000 miembros de la FNC. Como en otras ocasiones, la presencia campesina fue determinante para el éxito de la primera huelga en 18 años, con una semana previa de movilizaciones en todo el país.
La impresión es que dos años después de la caída del gobierno progresista de Lugo, los movimientos se están reactivando, aparecen nuevos actores, en particular urbanos, y sus acciones tienden a confluir, como sucedió a mediados de agosto. Pueden vislumbrarse, empero, cambios respecto a lo sucedido una década atrás, cuando los movimientos unidos frenaron las privatizaciones en 2002.
Algunos de los movimientos más activos son aquellos que se mantuvieron independientes durante el gobierno Lugo, no incrustándose en las instituciones estatales. Probablemente esa opción les ha permitido fortalecerse en los últimos años, como es el caso de la FNC y Conamuri . En esta ocasión sería necesario conocer más de cerca el caso de la FNC, convertida en la organización campesina más importante de Paraguay, en base a diversos testimonios y al libro Ñandekuéra. Todos Nosotros .
En 1976 la dictadura desarticuló las Ligas Agrarias cristianas. Hacia la década de 1980 el movimiento campesino se reorganiza. En 1986 surge la Coordinadora Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA) y luego de la caída de la dictadura, se crea la FNC en 1991. La organización se define como “democrática, clasista y combativa”. Cuenta con once regionales integradas a un Consejo Nacional de Delegados que se reúne cada cuatro meses y una Dirección Central, cuyas autoridades surgen de elecciones directas.
La FNC ha conquistado unas 200 mil hectáreas en las que están asentadas algo más de 14 mil familias, unas 60 mil personas. No todas esas tierras fueron fruto de tomas organizadas, existiendo otros dos orígenes: viejos asentamientos campesinos y tomas espontáneas que fueron al encuentro de la FNC en procura de conocimientos y respaldo. Por eso diferencian entre ocupaciones, asentamientos y comunidades.
Las ocupaciones son tierras tomadas cuya tenencia disputan al terrateniente y al Estado, no teniendo asegurada la estabilidad y a menudo son perseguidos. Los asentamientos son colonias que están en proceso de ser reconocidas legalmente. Los comunidades son tierras adjudicadas tiempo atrás y reconocidas por el Estado . La FNC sólo ocupa propiedades de más 3.000 hectáreas, por que el objetivo son los grandes latifundios. En la actualidad tienen 40 asentamientos.
En general, sus asentamientos distribuyen unas 10 hectáreas para cada familia, donde realizan cultivos de autoconsumo, y dejan una parte para explotación comunitaria. Internamente se organizan por comités de familias más una directiva elegida en asamblea con dos representantes por comité, dos jóvenes y dos mujeres. En el centro del asentamiento suele haber un almacén, escuela y enfermería.
Luego de tres o cuatro años producen para sostenerse y tienen sobrantes para vender en el mercado. El 17 de mayo organizaron la segunda Feria Nacional de Producción en Asunción, donde ofrecieron a la venta una gran cantidad de productos de los asentamientos: queso, gallinas y huevos caseros, poroto, mandioca, choclo, lechón, maíz chipá, tomate, almidón, miel de abeja, maní y productos hortícolas como lechugas, cebollitas, perejil y locote. Muchos se sorprendieron de la variedad y cantidad de productos.
Se definen autónomos e independientes y consideran que “la participación directa y organizada a través del debate, la organización, la lucha y la conquista constituyen bases fundamentales para ir elevando la conciencia política del campesinado y del conjunto del pueblo”. No participan en las elecciones y habitualmente promueven el voto en blanco, rechazando cargos institucionales.
En las movilizaciones del 13 al 15 de agosto la FNC coincidió con Conamuri, la OLT, el Movimiento Campesino Paraguayo y organizaciones sindicales y políticas. Teodolina Villalba, la primera mujer secretaria general de la FNC, denunció la violencia que sufren los campesinos, la contaminación que provocan las fumigaciones y aseguró que “bajo el gobierno Cartes aumentaron los atropellos de los sojeros y se desencadenó un proceso de sus campesinos de sus tierras para entregar el control de nuestros territorio a corporaciones como Cargill y Monsanto”.
Perla Álvarez, de Conamuri, dio la bienvenida a los asistentes al Festival por la Tierra en el Panteón de los Héroes, en el centro de Asunción, con el que se cerraron las tres jornadas de movilizaciones. Defendió la unidad en la acción y la soberanía alimentaria, un tema central para las mujeres pobres. Allí también estaba María García, de la Coordinadora de Defensa Comunitaria del Bañado Norte, cuya vivienda estaba inundada por la crecida del río Paraguay. En el Bañado, el lugar más pobre de Asunción, las mujeres organizadas rechazaron los alimentos que llegaban con etiquetas del gubernamental Partido Colorado, en un notable gesto de dignidad.
Un nuevo protagonismo está ganando espacios, en las calles y en las organizaciones. Gente que viene de abajo, que no han hecho sus aprendizajes en instituciones, con una fuerte presencia de mujeres y de jóvenes. El próximo ciclo de luchas paraguayo promete visibilizar nuevos actores, los más excluidos de los sectores populares, que probablemente marcarán nuevos rumbos y desplegarán una nueva cultura política.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.
Fotos: Verena Glass
