Los EE. UU. siempre han tenido sentimientos encontrados con respecto a sus inmigrantes.
El país y su gente se enorgullecen de su historia como una “nación de inmigrantes”, y celebran la diversidad y la valentía de los pioneros que llegaron de otros países en búsqueda de libertad y prosperidad.
Pero muchos de esos inmigrantes, de hecho, enfrentaron una aguda discriminación y violencia en el nuevo territorio. Africanos sometidos como esclavos, la ola del siglo XIX de irlandeses e italianos pobres, japoneses durante la segunda guerra mundial y musulmanes luego del 11 de septiembre—todos enfrentaron un fuerte sentimiento anti inmigrante.
Tal ambivalencia está a la vista, en tanto que el congreso trabaja en una “reforma migratoria integral” para arreglar un sistema migratoria “rota”. El objetivo empezó siendo el de abrir un camino hacia la ciudadanía para los once millones de migrantes sin autorización—según cálculos– que viven en los EE. UU. Estas personas no tienen derechos políticos, y van al trabajo o a la escuela cada día con el temor de ser detenidos y deportados.
Esta situación parece estar bien para los patrones, quienes buscan fuerza de trabajo inmigrante barata, pero tener que vivir así es terrible. Las deportaciones masivas de la administración de Obama– mas de un millón y medio tan solo en su primer periodo–significan que gente que ha vivido en las EE. UU. por casi toda su vida están siendo separados de sus hijos y parejas nacidos en los EE. UU., y enviados a un país que no conocen.
Pero lo que inició como una reforma en materia de migración se ha convertido en algo muy distinto. Incrustados en un congreso estrictamente dividido entre partidos, republicanos y demócratas han cargado la reforma migratoria de supuestas medidas de seguridad fronteriza, en una competencia para ver quién parezca más dura contra los hombres, mujeres y niños indocumentados en un intento de conseguir el voto de los conservadores reacios a la reforma.
En su peculiar cálculo político, cualquier intento por regular el estatus migratorio de migrantes, en su mayoría mexicanos, debe estar acompañada por condiciones casi insuperables y medidas draconianas para cerrar la frontera a futuros migrantes. La propuesta aprobada por el senado generaría una ofensiva–“surge” en inglés, y el lenguaje militar no es accidental—de 20,000 agentes adicionales de la patrulla fronteriza en la frontera de México-EE. UU., un aumento de más del doble el número actual. Incluso la unión de agentes de la patrulla fronteriza rechaza el plan, argumentando que no hay necesidad del incremento y que el entrenamiento y equipamiento para los agentes que ya están en la frontera es insuficiente.
Legisladores de Washington manejan un doble discurso. Para el electorado latino y sus familiares y miembros de su comunidad que no tienen papeles, el mensaje es que sus derechos serán finalmente reconocidos por el congreso. Al mismo tiempo, los congresistas construyen la imagen repulsiva y totalmente infundada de los migrantes como una amenaza a la sociedad estadounidense mediante la aplicación de caras y peligrosas medidas de militarización de la frontera, lo cual, no por casualidad se materializa en cuantiosos contratos gubernamentales con la industria estadounidense de inteligencia y defensa, y da consentimiento a una minoría abiertamente racista.
La palabra “decepción” no es suficiente para expresar la manera en que muchas organizaciones de migrantes y grupos de derechos de migrantes se sienten con respecto al suceso. Oscar Chacón, de la Alianza Nacional de Comunidades Latinas y Caribeñas (NALACC) escribe:
“En función de conseguir una reforma migratoria integral (CIR, por sus siglas en inglés) a toda costa, los legisladores no han dudado en seguir alimentando nociones erróneas que favorecen la construcción de más muros y esencialmente de convertir la frontera sur del país en una zona de guerra, como parte de la solución a la vergonzosa ley actual de inmigración. Además de ser un grave error de política pública, este giro apunta también hacia un patrón de mucho mayor desperdicio de recursos públicos en el orden de cuando menos 40 mil millones de dólares a lo largo de la próxima década.
“Los expertos políticos de Washington, particularmente los arquitectos y principales promotores de la estrategia política y legislativa conocida como CIR, argumentan que estos cambios son necesarios como parte de un arreglo negociado que garantizara el apoyo de legisladores republicanos que permitirán que la propuesta de reforma se llegue a convertir en ley. Para quienes no estamos dentro de la burbuja imaginaria que representa la ciudad de Washington, la lógica antes mencionada es muy difícil de seguir. Como lo vemos desde fuera de la ciudad capital, la posibilidad de aprobar leyes buenas ha pasado a un segundo o tercer plano ante los caprichos de sectores políticos racistas y xenófobos, al igual que las ambiciones de grandes sectores corporativos. Todos estos intereses están confluyendo en el marco del empuje pro reforma migratoria de manera tal que sus respectivos intereses estén debidamente servidos. Si una potencial reforma que pudiera aprobarse este año efectivamente deja fuera a varios millones de inmigrantes no autorizados, al mismo tiempo que transfiere masivas cantidades de dinero a los bolsillos de poderosos actores corporativos, pudiéramos terminar en una situación peor que la actual. Estados Unidos y las comunidades inmigrantes que somos parte de esta sociedad nos merecemos algo mejor.”
La Red Nacional para los Derechos de Migrantes y Refugiados (NNIRR) emitió una declaración titulada en términos contundentes: “La propuesta migratoria del senado acaba con la esperanza de una reforma justa y equitativa”. El presidente de la mesa directiva de la NNIRR Eduardo Canales de Corpus Christi, Texas, dijo que la propuesta “continua y realza políticas fallidas de mayor ejecución de la ley en la frontera y continuará incrementando muertes de migrantes”, y advirtió una “mayor discriminación y categorización racial de inmigrantes y otros trabajadores de color” causados por la propuesta. Miembros de la organización provenientes de comunidades de inmigrantes de todo el país criticaron fuertemente la propuesta.
Organizaciones mexicanas de derechos de los migrantes se unieron al llamado por una reforma migratoria más humana en los EE. UU. En una declaración conjunta del 11 de julio, señalaron la muerte por deshidratación de tres hermanos indígenas migrantes,
“Inocencio, Macario, y Humberto Plutarco de Jesús de 24, 18, y 15 años de edad, murieron en el desierto el pasado 19 de junio de 2013 cerca de Phoenix. Las muertes de los jóvenes migrantes originarios de Cuanacaxtitlán, Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, son el resultado perfectamente predecible y por ende prevenible de la militarización de esa misma línea fronteriza durante los últimos 20 años, que ha desviado los flujos de migrantes de rutas tradicionales, ahora inaccesibles, hacia las más peligrosas, en un estímulo poderoso para bandas de traficantes humanos y sus cómplices incrustados en las autoridades en ambos países, en todos los niveles- federales, estatales y municipales; civiles, policiales y militares.
“A pesar de ello, todo esto se intensificará con la infusión adicional de un mínimo de 46 mil de millones de dólares que incluirán la extensión de las bardas actuales, 40 mil elementos de la Patrulla Fronteriza, y el despliegue de las medidas más sofisticadas de intercepción terrestre y aérea, incluyendo drones, como los utilizados para cazar a sospechosos de ser terroristas en Paquistán o Yemen, para beneficio de los mismos contratistas que lucraron con las guerras en Irak y Afganistán. Ahora en México nos tocó el turno de un virtual ‘estado de guerra en la frontera’.”
Organizaciones de migrantes de EE. UU. llamaron a continuar la lucha, pase lo que pase con la reforma migratoria. Dado que muchos ya ven la posibilidad de una victoria pírrica en el congreso, se están preparando para una nueva fase de organización para los derechos de los y las migrantes, más cohesionada y de mayores dimensiones.
“Resistiremos contra las propuestas crueles, xenofóbicas y punitivas que ya han empezado a salir,” afirmó la directora de la NNIRR Catherine Tactaquin. Añadió, “El gobierno de Obama también debe asumir más responsabilidad por el bienestar y la seguridad de las comunidades de inmigrantes, y romper con el espiral hacia abajo en el sentido de la reforma migratoria. Exigimos al gobierno que empiece con suspender las detenciones y deportaciones y se comprometa a mantener las familias juntas mientras continuamos en este difícil camino hacia la reforma migratoria.”
NALACC concluyó,
“…habrá enormes desafíos frente a nosotros, con o sin reforma migratoria en 2013. En particular, las comunidades inmigrantes en Estados Unidos tendremos que encontrar la sabiduría y la determinación que nos permitan enfrentar dos grandes desafíos. Por un lado, si es que hay reforma, asegurar que extraemos el más amplio beneficio de los aspectos positivos que tal reforma pudiera tener. En segundo lugar, entrelazar con lo primero una estrategia organizativa y de incidencia que nos permita corregir los vacíos no abordados por una posible reforma en la ley de inmigración. Además, vamos a tener que estar preparados para también resolver los nuevos desafíos para nuestras comunidades y para la nación que una reforma migratoria, dada su orientación general y características, seguramente engendrará.”
Sabemos que mientras exista demanda de trabajo, mexicanos y centroamericanos pobres y desesperados continuaran cubriéndola. Sabemos que cualquier solución a la migración indocumentada debe rectificar las políticas de los EE. UU. y del país de procedencia, que están obligando a la gente a emigrar—acuerdos de libre comercio que acaban con el sustento de los pobres, violencia desatada por una guerra contra las drogas infundada, desarrollo de mega proyectos que ocasiona desplazamiento, entre otras. Políticas contradictorias que inculpan a las víctimas por sus propias contradicciones.
Sabemos que medidas costosas de militarización de la frontera no funcionan y que en cambio aumentan las muertes de los que cruzan la frontera.
Pero el congreso hasta ahora no ha tomado en cuenta estos hechos. A menos de que los miembros del congreso tengan la valentía de apoyar una legislación justa y efectiva, lo que inició como una reforma migratoria seguramente terminará más como la creación de una zona de guerra en la frontera Estados Unidos-México y un cementerio burocrático para las esperanzas de muchos migrantes que aspiran a regularizar sus vidas en ciudades a lo largo y ancho de EEUU.
Y la lucha de los y las migrantes por sus derechos fundamentales continuará a la próxima batalla.
Laura Carlsen es analista en relaciones Estados Unidos-México y directora del Programa de las Américas www.americas.org
Traducción: Victor D. Cruz Aceves
Foto: Desinformemonos
