Por Luz Méndez Gutiérrez
Del 24 al 28 de septiembre de 2012, quince valientes mujeres guatemaltecas, que forman parte del pueblo indígena qeqchí, testificaron ante un Juzgado de Alto Riesgo, en la ciudad de Guatemala, como parte del primer proceso penal por esclavitud y violación sexual durante el conflicto armado.
Esta acción penal tiene una trascendencia histórica, no solamente por ser la primera vez que en Guatemala se presenta en los tribunales una querella por violencia sexual durante el conflicto armado, sino también porque se trata del primer proceso penal por esclavitud sexual que se ventila en un tribunal nacional. Los casos anteriores han sido presentados en cortes internacionales.[1]
La violación sexual constituyó durante muchos años la dimensión oculta de la guerra en Guatemala. Como resultado de las luchas conjuntas de mujeres indígenas sobrevivientes de violencia sexual, así como organizaciones feministas y derechos humanos, fue posible colocar el tema de la violación sexual ante la opinión pública y empezar a romper el silencio por tales crímenes de lesa humanidad.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico en su informe Memoria del Silencio concluyó que la violación sexual durante el conflicto armado fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente. El 89% de las víctimas fueron mujeres indígenas.
El ejército utilizó la violación sexual contra las mujeres como arma de guerra. Las violaciones sexuales, perpetradas en forma masiva, múltiple y con extrema crueldad, fueron dirigidas en forma indiscriminada hacia las mujeres de las comunidades que fueron señaladas como objetivo de la contrainsurgencia. Un entretejido de opresiones, de clase, género y etnia, dejaron como resultado uno de los capítulos más ominosos de violencia contra las mujeres en Guatemala.
Esclavitud sexual en el destacamento de Sepur Zarco
Los crímenes de esclavitud y violencia sexual contra las mujeres que testificaron en el tribunal tuvieron lugar en el destacamento militar de la aldea Sepur Zarco, del departamento de Izabal, entre 1982 y 1988. Tal centro militar, instalado por el ejército a petición de grandes terratenientes de la zona, fue utilizado como lugar para el descanso y el recreo de la tropa, formando parte de un circuito de varios destacamentos militares establecidos en la Franja Transversal del Norte. Allí confluyen intereses económicos de carácter nacional y transnacional, alrededor de la extracción minera y petrolera, así como la producción de agro combustibles. Con tales fines, en los años 80 la zona fue escenario de una de las grandes olas de despojos de tierras contra la población campesina.
La tragedia para el grupo de mujeres q´eqchíes dio inicio en agosto de 1982, cuando sus esposos fueron capturados ilegalmente por miembros del ejército y finqueros de la región, para luego ser ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos de manera forzosa. Ellos eran dirigentes campesinos, quienes tramitaban, por medios abiertos y legales, los títulos de propiedad de las tierras en que habían vivido por generaciones.
Después de torturar y asesinar a los esposos de las mujeres, los soldados quemaron sus casas y escasas pertenencias. Una de las testificantes relató cómo ella, así como sus pequeños hijos e hijas, tuvieron que vivir a la intemperie durante más de un año, cubiertos solamente con piezas de nylon atadas a un árbol.
El mismo día en que fueron capturados sus esposos, las mujeres fueron violadas sexualmente en sus casas, frente a sus hijos e hijas, por los soldados. Posteriormente fueron sometidas a esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar, durante seis meses. El teniente que estaba a cargo del destacamento ordenó que se organizaran “turnos de mujeres”, mediante los cuales ellas fueron obligadas a presentarse cada tres días al destacamento militar, en donde fueron sometidas a esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Las violaciones sexuales fueron perpetradas de manera sistemática y múltiple. Además, tenían la obligación de cocinar y lavar los uniformes de los soldados.
La historia de Dominga Coc dejó una huella profunda en las mujeres esclavizadas en Sepur Zarco. Dominga, una mujer de 20 años de edad, se dirigió al destacamento militar, junto con sus dos pequeñas hijas, Anita y Hermelinda, en búsqueda de su esposo, quien había sido capturado por miembros del ejército, en 1982. Al llegar al destacamento ella fue capturada y violada sexualmente de manera múltiple por los soldados, frente a su esposo y sus hijas. Después de varias semanas en que Dominga fue violada brutalmente, ella y sus hijas fueron víctimas de desaparición forzada. Su cuerpo fue encontrado, a principios de 2012, a orillas de un río y exhumado. El esposo de Dominga sobrevivió. Fue él quien presentó este testimonio en el tribunal. La historia de Dominga Coc resonó durante años entre las mujeres esclavizadas en Sepur Zarco y constituyó la advertencia permanente de lo que les podía pasar a cada una de ellas
Después de seis meses terminaron los “turnos de mujeres”, es decir ellas ya no tenían la obligación de presentarse cada tres días en el destacamento militar. Sin embargo, el cautiverio continuó en otra modalidad durante seis años más. Las mujeres fueron obligadas a continuar realizando trabajo doméstico gratuito para el ejército, preparando en sus casas las tortillas, que luego tenían que entregar en el destacamento. También fueron forzadas a seguir lavando los uniformes de los soldados. Éstos continuaron violando a las mujeres, ya sea en sus casas o cuando ellas se hallaban lavando la ropa en el río.
La explotación llegó al extremo de que las mujeres debían comprar el maíz para preparar las tortillas y el jabón para lavar la ropa de los soldados. Eso significó que los hijos de las mujeres fueron sometidos a pasar hambre, ya que el poco dinero que ellas ganaban debían invertirlo en la comida de los soldados, so pena de ser nuevamente esclavizadas sexualmente o asesinadas.
Los efectos en la vida de las mujeres sobrevivientes y sus familias han sido graves y de larga duración. Durante treinta años las mujeres sobrevivientes han enfrentado las consecuencias psicosociales de tales crímenes, particularmente la estigmatización y el rechazo social en sus comunidades. Acorde con la lógica patriarcal, ellas son culpabilizadas por la violencia sexual que vivieron.
Testificando ante el juez
Treinta años tuvieron que esperar las quince mujeres q´eqchíes para declarar ante un juez las historias de horror que vivieron en el destacamento militar de Sepur Zarco. Sus testimonios, presentados como prueba anticipada, forman parte de un proceso penal que dio inicio en septiembre de 2011 y se halla actualmente en la etapa de investigación.
Las mujeres caminaron frente al juez con seguridad. Sus voces de ancianas expresaban autenticidad, certeza, a la vez que un profundo dolor por las atrocidades que relataban. Hablaron en su idioma q´eqchí y sus palabras fueron traducidas al español por otras mujeres de su grupo étnico. Un profundo silencio, un ambiente lleno de consternación y rabia, privó entre el público, compuesto por mujeres en su gran mayoría, que llenó la sala de audiencias durante una semana.
No me quiero morir sin alcanzar justicia es una expresión que de manera reiterada pronuncian las integrantes del grupo de mujeres de Sepur Zarco. Treinta años ha durado su determinación por alcanzar justicia. Esa fue la fuerza interior que les permitió presentar sus testimonios en el tribunal, en medio de un contexto socioeconómico, político y de seguridad, que presenta grandes adversidades y riesgos. En su concepción de justicia tiene un papel central la no repetición. No quieren que sus hijas y nietas vivan las experiencias de violencia sexual que ellas sufrieron.
La voluntad inquebrantable de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual se conjuntó con las luchas de organizaciones feministas y de derechos humanos. Éstas, motivadas por su compromiso político a favor de la dignidad, la memoria histórica y la justicia para las mujeres, han sido capaces de trascender obstáculos y, por medio de alianzas, construir un proceso inédito y multifacético de búsqueda de justicia, que dio inicio hace casi diez años.
Como parte de ese proceso, mujeres de Sepur Zarco, conjuntamente con mujeres indígenas de otras regiones del país, rompieron el silencio al presentar sus testimonios en el Primer Tribunal de Conciencia sobre Violencia Sexual contra las Mujeres durante el Conflicto Armado, realizado en la ciudad de Guatemala, en marzo de 2010. Esta acción política contribuyó a allanar el camino que las mujeres están transitando en búsqueda de justicia.
Todas estas acciones políticas y legales renuevan la esperanza para seguir luchando para poner fin a la impunidad ante los graves crímenes de violencia sexual cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado; contribuir a enfrentar la aguda violencia contra las mujeres en la etapa actual; y seguir trabajando por la construcción de una sociedad digna y justa.
Luz Méndez es Presidenta del Consejo Asesor de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). Participó en la mesa de negociaciones de paz como integrante del Equipo Político Diplomático de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En el ámbito internacional, formó parte del Equipo de Expertas en Género para las negociaciones de paz de Burundi, convocado por UNIFEM; es integrante del Consejo Asesor de Global Fund for Women y colabora con el Programa de las Américas www.americas.org/es
[1] Alianza Rompiendo el Silencio, integrada por la asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). Comunicado de prensa, septiembre de 2012, Guatemala.
