La mayoría de nosotros ya escuchó sobre los asesinatos de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez o sobre las violaciones genocidas de Congo. En estos casos, dignos de nota, la situación de las víctimas es al menos reconocida – aunque muchas veces perdemos la esperanza ante la falta de un cambio verdadero tras años de noticias y programas de los gobiernos y ONGs. Foros públicos y oficiales hacen notar que son serios estos crímenes, y se hacen intentos de remediarlos.
Quizás si el mundo se hubiera puesto en marcha antes para confrontar estos crímenes, menos mujeres hubieran sido asesinadas. Frecuentemente nosotros, como sociedad, fallamos en responder a los alertas de la creciente violencia contra las mujeres hasta que los desgarradores testimonios de aquellas que la sufrieron, en parte por cuenta de nuestra falta de atención, nos mueven a la acción. Las crisis silenciosas quitan a las mujeres, víctimas y potenciales víctimas, la voz para reclamar sus derechos.
Actualmente las organizaciones de mujeres alzan una bandera roja en Nicaragua. En una audiencia el 12 de marzo, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua, Rose-Marie Antoine, concluyó que el país centroamericano tiene “una tasa inaceptablemente elevada de violencia sexual”. Y resaltó que “hay seguramente la necesidad de medidas más proactivas por parte del Estado”.
La falta de esas medidas y la complicidad del gobierno con algunos de los casos de violencia es precisamente lo que representantes de organizaciones de mujeres de Nicaragua reportaron a la sesión sobre violencia contra niñas y mujeres. Azahalea Solís, abogada y representante del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), declaró que hay un “clima de protección” general a los perpetradores de violencia contra las mujeres en su país, y afirmó que de 85 feminicidios ocurridos durante 2012, únicamente 27 resultaron en detenciones y cuatro en una sentencia de prisión. Trece de esas mujeres ya habían puesto demandas en las oficinas del gobierno y no les fueron garantizadas medidas de protección que pudieran haber salvado sus vidas.
Solís demostró dos tendencias alarmantes: el aumento de la incidencia de violencia en contra de mujeres, y las elevadas estadísticas de violencia cometida contra niñas. Ella dijo que el 84 por ciento de los crímenes de violencia sexual registrados fueron cometidos contra niñas y jóvenes con menos de 17 años de edad.
“En los últimos cinco años, la situación no quedó igual; empeoró continuamente sin una respuesta firme por parte del gobierno de Nicaragua”, dijo Solís, y señaló que, a pesar de los avances existentes en el panorama legal, especialmente con la nueva Ley Integral sobre Violencia contra las Mujeres, “el impacto que las mejorías en la ley pudieran tener para estimular las demandas y la reducción de la impunidad, se anuló por el comportamiento de la policía y por las sentencias que vienen del sistema judiciario”. Ella describió la “re-victimización” de las mujeres por la policía cuando van a demandar un crimen y que son acosadas o disminuidas por las autoridades.
Es un fenómeno especialmente amenazador, de acuerdo con Solís, la manera como la violencia sexual se mezcla a la violencia política. Citó un caso de noviembre de 2012 en lo cual un grupo de jóvenes mujeres que protestaban contra el partido del gobierno por fraude en las elecciones locales fueron arrestadas, torturadas y amenazadas con violación – sin que haya sido hecho ninguna investigación sobre el caso hasta la fecha; además de otros casos de policías que abusan de su autoridad y protegen criminales. “Somos acusadas de politizar el problema, pero la verdad es que la falta de justicia incrementa la violencia y hay un problema serio de corrupción y de impunidad en el país”, dijo.
Martha María Blandon contó a los comisionados que una vez que el gobierno prohibió cualquier forma de aborto terapéutico, niñas que fueron víctimas de violación han sido forzadas a llevar adelante embarazos de alto riesgo. Aunque el código penal considera que el sexo con niñas de menos de 14 años no es consensual, ninguno de los mil 453 nacimientos de madres de entre los 10 y 14 años de edad fue investigado o denunciado para el conocimiento de los defensores de los derechos humanos.
Violet Delgado, experta en derechos de las mujeres y miembro del MAM, identificó un gran abismo entre los alcances de las instituciones y comisiones gubernamentales para lidiar con el tráfico sexual y la falta de demandas, investigaciones y sentencias. “Hay poco acceso a la información, y el abuso y la parcialidad en los casos son más la regla que la excepción”, dijo a la audición.
Delgado señaló que hay muchos reportes y artículos de los medios sobre el tráfico en el país. La mayoría de las mujeres están siendo traficadas para la prostitución y otras son forzadas a transportar drogas. Para la trata de personas, la corrupción en el gobierno facilita la actividad criminal.
Ante la falta de acciones efectivas por parte del gobierno, fueron las organizaciones de mujeres quienes construyeron servicios para las víctimas de la violencia. Delgado afirma que “organizaciones de la sociedad civil son las únicas que proveen atención y encuentran los recursos para crear servicios, recursos humanos como psicólogos y abogados para acompañar a las mujeres en su lucha por acceder a justicia, para que las escuchen”. Ella resaltó que hay más de 50 organizaciones que proveen apoyo y que de los 11 albergues de mujeres, sólo uno es del gobierno.
Las mujeres en la audiencia de IACHR pidieron una visita de los comisionados de Mujeres, Niños y de Nicaragua. Solís dijo que la contribución más importante de la comunidad internacional y de mujeres de otros países hoy es traer el problema a la luz. “El comportamiento del gobierno de Nicaragua debe ser un punto en la agenda [de las organizaciones de derechos humanos], para evaluar el papel del gobierno en violaciones de derechos humanos y crímenes contra la mujer”.
Laura Carlsen es escritora y directora del CIP Programa de las Américas www.americas.org, basado en la Ciudad de México, donde se publicó originalmente este texto en inglés. Es también integrante del Consejo Editorial de Desinformémonos.
