Reculó el partido del gobierno (PRI, más sus aliados PAN, Verde y Panal) en la Cámara de Diputados federal: la garra privatizadora lanzada esta vez sobre el agua —cuyo acceso es un derecho constitucional— tendrá que esperar mejores tiempos, no electorales, de preferencia.
Al informar que el debate del dictamen de nueva Ley General del Agua, programado para el martes 10, fue diferido indefinidamente, el talante ofensivo del diputado priista Manlio Fabio Beltrones desnudó su contrariedad: calificó de “lento aprendizaje” a quienes advirtieron el carácter regresivo de la iniciativa, y dejó entrever que la suspensión del proceso de aprobación legislativo busca evitar que “algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera”.
El hecho es que ante la inminencia de un nuevo atraco de dimensiones colosales, la reacción social fue inmediata. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) exigió un debate público de la iniciativa y lanzó un manifiesto que en pocas horas reunió más de diez mil firmas.
Denunciaron la opacidad del proceso de discusión y aprobación de la iniciativa y sus contenidos contrarios al Artículo 4° Constitucional (“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”) y señalaron cuatro de los graves problemas de la propuesta de ley.
- Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social. Acentuaría la desigualdad en el acceso al agua por el aumento de tarifas y comprometería su disponibilidad para el funcionamiento de los ecosistemas.
- Promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos al legalizar la práctica de trasvasar el agua moviendo grandes volúmenes de una cuenca a otra.
- Amplía los márgenes para contaminar el agua al establecer un listado limitado de contaminantes que constantemente estaría desactualizado.
- Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo social.
Los científicos alertaron a la comunidad académica y a la sociedad sobre el intento de aprobación “fast-track” de la iniciativa de la Ley General de Aguas formulada por la Comisión Nacional del Agua, órgano del gobierno federal, y presentada por los legisladores Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).
Al mismo tiempo, más de 30 organizaciones, movimientos e investigadores de instituciones académicas reunidas en el colectivo Agua para Todos demandaron que sea considerada por los legisladores la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, presentada al Senado el 24 de febrero de este año.
La iniciativa ciudadana fue promovida por una petición a través de AVAAZ que al momento de redactar esta nota llevaba cerca de 14 mil firmas exigiendo que el Congreso deseche la iniciativa privatizadora y entable “un genuino diálogo para la concertación de una Ley General de Aguas que permita a México transitar a una gestión sustentable y equitativa, en pleno respeto de los derechos humanos”.
La iniciativa ciudadana consta de 176 artículos y 19 transitorios que reglamentan las disposiciones constitucionales en materia de acceso al agua para consumo personal y doméstico y definen “las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”.
Establece asimismo las facultades de la federación, los estados y municipios, así como la participación ciudadana para: garantizar los derechos humanos al agua, a la alimentación en relación al agua y a un medio ambiente sano mediante la disponibilidad de agua suficiente y de calidad para los ecosistemas; garantizar el uso preferente del agua por parte de los pueblos indígenas, así como el respeto a sus formas de gobierno en relación con el agua.
También dispone medidas para restaurar los flujos de aguas subterráneas y superficiales; eliminar progresivamente la contaminación así como las actividades que destruyen o deterioran las cuencas y sus aguas subterráneas, y acabar con la vulnerabilidad de la población ante sequías e inundaciones causadas por el manejo inadecuado de las cuencas.
En cambio, la finalidad de la iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, llamada Ley Korenfeld por ser obra del director de la CONAGUA, David Korenfeld, es entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual elevará las tarifas, no ofrecerá necesariamente un mejor servicio —como indica la experiencia local y mundial— y favorecerá el fracking. Esto último ha llevado a algunos legisladores opositores a considerar la iniciativa como consecuencia de la reforma energética aprobada el año pasado.
El fracking consume ingentes volúmenes de agua. Se requieren entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo y frecuentemente los yacimientos de lutitas se encuentran en las zonas más áridas con la consecuente presión sobre la sostenibilidad de los recursos hídricos, incluso en regiones de clima templado.
La iniciativa oficial permite heredar las concesiones de agua, mantener su tráfico, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obliga al gobierno a incorporar inversiones privadas en el manejo del agua.
Además, la reforma viola tratados internacionales y contraviene el mínimo vital de agua potable de 100 litros diarios por persona recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el cual la iniciativa reduce a la mitad, diciendo que el Estado sólo garantizará 50 litros por persona–a todas luces insuficientes para cumplir con las necesidades básicas de consumo e higiene personal.
Preocupadas por la nueva arremetida contra derechos esenciales, las organizaciones integradas en la Convención Nacional Campesina e Indígena abordaron el tema y programaron movilizaciones para impedir la privatización del agua.
Por su lado, los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Ciudadano, PRD, PT y Morena habían amagado con tomar la tribuna del Congreso si fuera necesario para frenar la aprobación del dictamen en el pleno legislativo.
El proyecto de entrega del agua a intereses particulares arrancó hace años. De acuerdo con el economista de la UNAM Eduardo Esquivel, existen dos tipos de concesionarios en México, los pequeños y grandes agricultores y los grandes corporativos como Coca-Cola Femsa, Pepsico, Nestlé, entre otras empresas.
“Desde 1994 se han otorgado a 16 embotelladoras alrededor de 27 concesiones hidráulicas en 10 estados y sobre 15 ríos: 5 en Aguascalientes, 2 en Zacatecas, 5 en Jalisco, 3 en Colima, 1 en Coahuila, 5 en Durango, 1 en Zacatecas, 1 en Guerrero y 1 en Morelia. La concesión más grande se otorgó en el 2001 en el gobierno de Vicente Fox, a la Embotelladora de Cuernavaca por 1,353,000 metros cúbicos de agua subterránea de la cuenca del Río Balsas”, escribió recientemente.
Hoy se evitó temporalmente que los legisladores proclives al gobierno de Peña formalicen la privatización del agua que daría manga ancha a las grandes empresas sobre el recurso, fijando tarifas y potenciando sus altas ganancias. Sin embargo, la amenaza sigue latente. La respuesta rápida y masiva por parte de las organizaciones campesinas e indígenas y de la ciudadanía por lo pronto ha dejado en claro que las medidas privatizadoras del actual gobierno tendrán un costo político cada vez más alto.
