A mediados de octubre se realizó el Juicio Popular y Comunitario Contra el Estado y las Empresas Mineras, en la ciudad de Oaxaca, las organizaciones que forman parte denunciaron que alrededor de 80% del territorio de los Valles Centrales, la región más poblada del Estado, está concesionado a empresas mineras del Canadá y Estados Unidos.
En Oaxaca se han otorgado 322 concesiones mineras para extraer plata, oro, cobre y zinc, principalmente. En los Valles Centrales se concentra el mayor número de concesiones, un total de 87.
“Nosotros vivimos de la producción de mezcal, de hortalizas, de nopal, maíz, frijol. Nosotros no comemos ni oro, ni plata. Nosotros tenemos una forma establecida de vivir en nuestra comunidad”, fue parte de la denuncia de la autoridad agraria de Santa Catarina Minas, comunidad zapoteca localizada en los Valles Centrales*. Alrededor de 50 comunidades oaxaqueñas y 36 organizaciones de la sociedad civil participaron en el juicio, con el objetivo de visibilizar y denunciar la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas por las concesiones y proyectos mineros.
Las empresas internacionales son las principales dueñas de las concesiones en los Valles Centrales: la canadiense Fortuna Silver Mines acapara aproximadamente 80 mil hectáreas en Oaxaca, y la estadunidense Gold Resource Corp (GRC), que tiene como subsidiaria en México a Don David Gold México S.A. de C.V., monopoliza casi 70 mil hectáreas de tierras en los Valles Centrales y también de la Sierra Sur.
Una investigación divulgada por la organización social Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) estudió el conjunto de siete proyectos de la empresa minera estadounidense, denominado Oaxaca Mining Unit, compuesto por 30 títulos de concesión, principalmente en los Valles Centrales. Las concesiones están distribuidas en los siguientes proyectos: El Rey (en etapa de exploración), El Chamizo (en etapa de exploración), Cerro Colorado (en etapa de exploración), Alta Gracia (en etapa de producción), Las Margaritas (en etapa de exploración), El Águila (en etapa de producción) y El Fuego (en etapa de exploración).
La producción de la Oaxaca Mining Unit en 2017 totalizó, de acuerdo con el sitio web de GRC, 28,117 onzas de oro y 1,773,263 onzas de plata. La compañía ha devuelto más de $110 millones a los accionistas en dividendos mensuales desde que comenzó la producción comercial el 1 de julio de 2010. Gold Resource Corp es la única compañía que ofrece a los accionistas la opción de convertir sus dividendos en efectivo en oro físico y plata.
La empresa canadiense Fortuna Silver Mines acapara 26 concesiones en 35 municipios de los Valles Centrales, en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula. La superficie total equivale a 10 veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca de Juárez. En el distrito de Ocotlán se encuentra operando el proyecto “San José”, el cual ha ampliado su capacidad de explotación de oro y plata en los últimos dos años. La compañía, con sede en Vancouver, detenta los títulos a través de sus cuatro filiales, Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.
Un país concesionado a las transnacionales
Oaxaca sigue la tendencia nacional mexicana en términos de concesiones mineras. Datos del gobierno mexicano informan que, en 2017, se registran 24 mil 709 concesiones mineras que ocupan 20.79 millones de hectáreas del territorio nacional.
“Este contexto fue posible por un conjunto de modificaciones normativas realizado en la legislación de México. Por ejemplo se aprobó una serie de leyes como la Ley Minera, Ley de Medio Ambiente, Ley de Inversiones Extranjera que vulneran los derechos de los pueblos. Si bien estos cambios fueron aprobados por los congresos locales y federal, lo cierto es que no se pueden explicar sin tomar en cuenta la fuerte presión económica ejercida por parte de las grandes corporaciones y instituciones financieras internacionales”, sostuvo Carmen Santiago Alonso, de la Asociación Civil Flor y Canto – Centro de Derechos Indígenas.
“Nosotros no queremos que estas empresas extranjeras vengan a dañar nuestros manantiales, que vengan contaminar nuestros ríos, que vengan a quitarnos nuestros lugares, que por siglos cuidaron nuestros abuelos y que ahora nos toca a cuidar para que nuestros hijos y nuestros nietos también puedan conocerlos y disfrutar de ellos”, señala la autoridad de Santa Catarina Minas.
Problema de desinformación
Los investigadores de Surco, en su informe, hicieron un alerta en cuanto a la veracidad o a la precisión de las informaciones divulgadas por el gobierno federal y por las autoridades del estado de Oaxaca respeto a las concesiones mineras.
“La inquietud nació después de revisar varias tablas de proyectos mineros en el estado de Oaxaca, la mayoría expedidas por solicitudes de acceso a la información pública y otras por el Panorama Minero del Estado. A estas bases de datos les falta desglosar cuáles son las concesiones que conforman cada proyecto. Además en muchos casos solo mencionan un municipio por cada proyecto aunque las concesiones abarcan más de un municipio, en otros casos mencionan a municipios que no son parte del área de concesión. Además existen diversos datos relacionados a los proyectos mineros en las fuentes oficiales que se contradicen entre sí”, dice el informe.
“Las inconsistencias halladas con GRC no son casos aislados. En términos de la información oficial nos preguntamos. ¿por qué tanta desactualización en las publicaciones que realizan las instituciones que están a cargo de proveer información a los ciudadanos de este país? Inclusive en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública. ¿Cuál es el papel de las instituciones dedicadas a la transparencia? ¿Qué implicaciones legales o motivaciones sociales tienen por señalar un municipio diferente del que han concesionado su territorio? ¿A quién beneficia esta desinformación?”, indagan.
Valles Centrales: Territorio prohibido
En julio de 2018, 30 comunidades indígenas y campesinas de los Valles Centrales – Valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zomatlán y Miahuatlán – y 25 organizaciones reunidas en San Antonino Castillo Velasco, conformaron la Asamblea de los Valles
Centrales Contra la Minería. “Nuestros territorios fueron concesionados sin nuestro consentimiento. Dichas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para nuestras comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles a nuestro medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos”, dice un comunicado de la Asamblea.
Señala: “Durante más de diez años hemos denunciado ante las instancias federales y estatales, la violencia desmesurada con la cual operan dichas empresas en nuestros territorios, sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta de las mismas, por lo que en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, las comunidades zapotecas de los Valles Centrales, declaramos nuestros territorios como ‘prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera’”.
Algunos de los acuerdos de los pueblos reunidos en la Asamblea son: 1) Nuestros ejidos y comunidades son territorio prohibido para la minería, dicha prohibición incluye toda actividad que tenga por objeto modificar o extraer los bienes comunes de nuestro territorio; 2) No firmaremos ni autorizaremos ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer nuestros bienes comunes; 3) No autorizaremos el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en los territorios municipales; 4) Rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
Asimismo, la Asamblea emitió una serie de demandas: 1) Cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales, particularmente exigimos la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan; 2) Exigimos justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez asesinados en 2012 por su trabajo de defensa de los territorios en San José del Progreso; 3) Exigimos que se detengan la criminalización y agresiones hacia las y los defensores, movimientos y medios de comunicación en defensa de los territorios.
Propiedad social, beneficios privados
México es una excepción en el mundo. Alrededor de 50% de su territorio nacional es compuesto por propiedad colectiva, constituido como ejidos, pueblos indígenas y comunidades campesinas, que viven en estos territorios bajo sus modos propios de organización.
“Esta proporción no se repite en ningún otro país del mundo. El país que más se acerca a México es Bolivia, que tiene 33% de propiedad social”, aclara la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígena e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
En el estado de Oaxaca, la proporción es aún mayor que el resto del país–alrededor de 78% de su territorio es compuesto por propiedad social, que representa 7 millones 359 mil 680 hectáreas. En su territorio habita 16 pueblos indígenas que viven de acuerdo con las costumbres mantenidas por siglos. “Las comunidades indígenas guardan una profunda relación con la tierra, situación que se refleja de muchas maneras, como en la diversidad cultural y ambiental de la región”, evalúa Carmen Santiago Alonso, de la Asociación Civil Flor y Canto – Centro de Derechos Indígenas.
Justamente por el grado de preservación logrado por los pueblos que ahí viven, estas tierras están bajo una nueva ola extractivista, la más agresiva de toda la historia. En el período colonial en México, que duró alrededor de 300 años, se produjo 182 toneladas de oro. Ahora, entre 1994 y 2016, se produjo 1150 toneladas de oro, con la nueva tecnología. Las nuevas tecnologías de explotación se crearon en los años 1970 y en los años 1980 es cuando se vuelve a tomar vuelo la minería en el mundo y se intensifica los impactos ambientales, sobre todo por el uso desmedido de agua y de químicos tóxicos en la extracción.
Las marcas de la explotación minera están registradas en la historia de los pueblos de Oaxaca. “Nosotros ya padecimos este problema de la minería en el año de 1582 cuando los españoles descubrieron que había mineral en los cerros cercanos a nuestra comunidad. Llegaron muchos españoles, se asentaron cerca de nuestro pueblo. Esto provocó que desapareciera nuestra lengua materna de nuestra comunidad y también que quitaran nuestro nombre que era Santa Catarina Martio Zozoquiapan, así se hacia contar en los libros que tenemos de los años 1600, y nos dieron el nombre de Santa Catarina Minas. Somos conscientes, nuestra lucha es por la defensa de nuestro territorio”, sostiene la autoridad agraria de Santa Catarina Minas.
Juicio Popular
Magdalena Ocotlán se ubica 40 km de la ciudad de Oaxaca. La minera Cuzcatlán, filial de la empresa Fortuna Silver Mining, ha insistido para que el pueblo autorice su entrada en la comunidad. “Las autoridades anteriores se prestaron a este juego, en donde le querían dar el permiso. Pero reaccionaron a tiempo y la comunidad no permitió. Y no vamos a permitir. Sabemos que la minería hace mal a la salud. Pero la empresa dice todo lo contrario, intentando engañar a la gente. Órganos del Estado también intentan engañar a la gente para que firmen el permiso a la empresa. Pero estamos listos y no lo vamos permitir”, explicó una autoridad agraria de la comunidad**.
El domingo 7 de octubre, causado por las fuertes lluvias, hubo un derrame de la presa de jales, de la empresa Cuszatlán (Filial de la empresa Fortuna Silver Mining) que opera el proyecto minero San José, en etapa de producción comercial desde 2011, en San José del Progreso, que colinda con Madalena Ocotlán. El Río del Coyote se pintó de blanco. Los desechos de la presa se derramó en el rio. La gente está alarmada. A unos metros del rio existen pozos que abastece de agua a mi pueblo. No sabemos que es esta agua blanca. La preocupación de un posible derrame de la presa de jales ya había sido externado por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, sin embargo las instituciones estatales jamás brindaron atención”, dijo la autoridad. Otras comunidades fueron afectadas ya que el Río del Coyote circula hacia San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol y Tejas de Morelos.
Magdalena Ocotlán fue uno de los 22 casos presentados en el Juicio Popular, que corresponden a 26 municipios de Oaxaca. Nueve comunidades de los Valle Centrales, cuatro de la Sierra Sur, uno de la Sierra norte, 3 de la Mixteca y 5 de Istmo de Tehuantepec presentaron a los jueces pruebas documentales de violaciones por parte de empresas mineras en sus territorios.
Como miembros del jurado están una lideresa del pueblo Otavalo de Ecuador y representantes de la Fuerza de Mujeres Wayuu de Colombia, del Consejo de Pueblos del Occidente de Guatemala y de la Mesa contra la Minería de El Salvador. Además, el abogado experto derechos indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Daniel Cerqueira; el premio nacional de derechos humanos de México, Miguel Álvarez; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero, Abel Barrera y la lideresa ikoot de San Mateo del Mar, Beatriz Gutiérrez.
Fueron invitados al jurado, una representante de la Mesa Nacional frente a la minería Metálica de El Salvador y un representante de Concejo de Pueblos del Occidente de Guatemala que hacen trabajo de defensa de territorio contra minería en sus países. “Pero las autoridades mexicanas les negaron la visa, no pudieron entrar al país, justamente por la política migratoria que existe en México, de discriminación hacia los pueblos y comunidades”, dijo Neftalí Reyes Méndez, del Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
El jurado ha presentado un pre dictamen en que uno de los puntos responsabiliza el Estado mexicano por violar el derecho de los pueblos a la participación y transparencia. “Las decisiones estatales sobre la gestión de bienes naturales comunes y que afectan directamente los territorios indígenas no son informadas a las comunidades y con frecuencia se les entrega información incompleta y fraudulenta o se les niega información de interés público”, dice documento presentado por el jurado. Además, exigen la prohibición de proyectos mineros en todo el territorio de Oaxaca.
Los jueces tendrán el apoyo de peritos, como el abogado mixteco experto en derechos indígenas, Francisco López Bárcenas, la profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Carmen Herrera y la economista e investigadora nacional, adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ana Esther Ceceña. “Este dictamen va a ser de las comunidades y las comunidades tienen el derecho de decidir para que va usarlo tanto para las cuestiones internas como para las demandas que puedan hacer”, dijo Santiago Alonso, de Flor y Canto. La presentación pública del dictamen será el 10 de diciembre.
EEUU: Ojo en Latinoamérica
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) destaca en su último informe que la competencia por los recursos naturales a nivel mundial es tipificada como asunto de seguridad nacional por el gobierno Estados Unidos, principalmente después de la Guerra Fría, ya que uno de los problemas más graves que enfrenta el país del norte está relacionado con el agotamiento de sus recursos naturales estratégicos y la dependencia que eso genera.
El Departamento de Economía de Guerra de los Estados Unidos creó dos conceptos claves: El de “minerales estratégicos” y el de “minerales críticos”. Los minerales estratégicos son aquellos de urgente necesidad e imprescindibles para la industria bélica. En su momento fueron estratégicos: manganeso, cromo, níquel, estaño, tungsteno, vanadio, aluminio, magnesio, cobre y cuarzo hialino. Los minerales críticos son aquellos que no existen en su territorio o son muy escasos.
Los datos sobre la importación brindados por el informe El Mineral Commodity Summaries 2018, publicado el pasado 31 de enero por el Departamento del Interior y el Servicio Geológico de EEUU, muestran la vulnerabilidad de EE.UU. en relación a los minerales estratégicos y la centralidad de América Latina como fuente de abastecimiento. Brasil y México están entre los principales exportadores de algunos de los minerales en que EE.UU. posee total vulnerabilidad y que son utilizados en diversas industrias–asbesto, grafito, mica, niobio, fluorita, y estroncio. Lo mismo sucede con minerales de alta vulnerabilidad y vulnerabilidad moderada provenientes de diversos países de América Latina, que resultan fundamentales para la economía estadounidense.
De acuerdo con el Observatorio de Multinacionales en América Latina, las más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas.
Responsabilidad internacional
En 2016, de los 885 proyectos mineros existentes en México, las empresas canadienses operaban 65.3%, seguida por las estadounidenses con 13.2% y las mexicanas 9.2%.
“En 2014, publicamos un informe que estudia 22 proyectos mineros en toda Latinoamérica, cada uno de estos proyectos operados por empresas multinacionales, siendo cinco en México y uno en Oaxaca, en San José del Progreso. Canadá tiene un rol muy importante en estas dinámicas de violaciones corporativas, por distintas razones. En primer lugar, porque ofrece préstamos subsidiados a sus empresas. En segundo lugar, ofrece apoyo político y diplomático”, explica el abogado experto en derechos indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Daniel Cerqueira.
Las autoridades nacionales e internacionales han privilegiado los intereses particulares de las empresas mineras, corrobora Reyes Méndez.
“El juicio hace una demanda a las autoridades del gobierno estatal y federal, y a los Estados internacionales que tienen sus inversiones en México, como Canadá y Estados Unidos, para que exista un respeto hacia los pueblos y comunidades indígenas, al derecho de autonomía y libre determinación de estos pueblos, a los convenios y tratados internacionales”, sostuvo Méndez.
*Los nombres de las autoridades agrarias no fueron divulgados por razones de seguridad.
