Desde el año 2013 cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, llevó al congreso una nueva reforma a la educación para este país, los profesores pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han mostrado su descontento a la ya conocida Reforma Educativa propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el Acuerdo de Cooperación México-OCDE para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México.
Los maestros se mantienen en huelga desde día 15 de mayo y la situación de descontento social ha empeorado y ha llevado a miles de profesores, padres de familia y organizaciones a movilizarse por las principales calles de la Ciudad de México y de otros cuatro estados – Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas – donde se presenta el núcleo más fuerte de la resistencia a la reforma educacional, aunque esporádicamente se han realizado acciones en por lo menos otros cuatro estados.
Ante estas manifestaciones, el gobierno ha implementado medidas con el uso de operativos policiacos y militares. Desde los primeros momentos del lanzamiento de dicha reforma, miles de policías, helicópteros y tanquetas han acompañado a las protestas de los profesores. En el estado de Chiapas, un profesor murió durante la represión realizada en las protestas del día 25 de mayo, que llevó mas de 100 mil personas a las calles.
De acuerdo con los profesores de la CNTE, dicha reforma ha sido aplicada con una serie de violaciones a los derechos humanos y laborales. La reforma está concentrada en los procedimientos de contratación y supervisión de los docentes y no en cambios verdaderos para mejorar la educación y las condiciones de trabajo de los maestros.
“La opción del Estado es contratar profesores por pequeños periodos para no pagar ningún derecho laboral, es el modelo de la tercerización laboral”, afirma el profesor Eugenio Martínez, quien se mantiene en huelga al igual que sus compañeros, desde el día 15 de mayo.
A pesar de la determinación del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, de que a los profesores que se fueran a la huelga, “los primeros tres días de falta no se les pagarán sus salarios y el cuarto serán despedidos”, miles de profesores se han mantenido en huelga en los cuatro estados.
“Estamos consciente de que la educación necesita de cambios pero no estos que ellos están intentando imponernos, ni la forma en como está actuando la autoridad. Es una reforma administrativa que, ya cuando se concluya, 60% de los trabajadores de la educación perderán sus trabajos. Hoy somos 1 millón 200 mil en toda la republica”, afirma María Bernardita Zamora, maestra de historia en Iztapalapa, una de las regiones mas pobres del Distrito Federal, y miembro de la Coordinadora.
Hasta el momento, 4 mil maestros fueron despedidos por rechazar la reforma educativa, según la CNTE.
Reformas estructurales
Si el magisterio nacional logra tumbar la reforma educativa, habrá un camino para revertir todas las reformas estructurales que están ocurriendo en sectores estratégicos del país, como el sector energético. Esta es la evaluación que hacen los maestros.
“Este es precisamente el temor del gobierno federal. El gobierno se mantiene cerrado al diálogo porque ya firmó todos los convenios internacionales, pero nosotros vamos a continuar en esta lucha y confiamos de que la reforma educativa la vamos a tirar”, sostiene la profesora Isabel García Velázquez, integrante de la comisión política por parte de la región de la costa de Oaxaca.
Oaxaca
Desde el 15 de mayo, los profesores han mantenido bloqueos contrastantes en diversos puntos estratégicos de la ciudad de Oaxaca, donde se concentra la mayor parte de los profesores de la CNTE. Han retirado publicidad electoral de los vehículos, camiones de trasporte y espectaculares, bloqueado el acceso al Palacio de Gobierno y al aeropuerto y han tomado el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). El movimiento magisterial reivindica la instalación inmediata de una mesa de diálogo, pero el gobierno niega la apertura del espacio.
El 18 de mayo, 1200 elementos de la Policía Federal se sumaron a los 3500 policías de las diversas corporaciones estatales de seguridad pública, “para reforzar la seguridad y el orden público”, afirma el sitio oficial del gobierno del Estado de Oaxaca.
En ninguno de los puntos de su comunicado aborda el tema de la huelga magisterial, no obstante, los casi 5 mil elementos han hecho un reconocimiento terrestre y aéreo de los movimientos realizados por los profesores. A esto se suman los reconocimientos faciales de las cámaras de vigilancia, conocidas como C4.
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1,200 elementos de la Policía Federal se sumaron a los 3,500 policías de las diversas corporaciones estatales de seguridad pública, “para reforzar la seguridad y el orden público”, según el gobierno de Oaxaca.
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De acuerdo con Velázquez, el uso de la fuerza publica “es para obligarnos a entrar en la fase de la evaluación punitiva y nos estamos reusando a ella”. La reforma prevé que todos los maestros pasen por una evaluación, que les dará o no el derecho de continuar en sus puestos.
“Decimos que sí, estamos dispuestos a evaluarnos, estamos dispuestos al dialogo pedagógico nacional, porque tenemos una propuesta, y que en la armonización de la ley Estatal de Educación no la tomaron en cuenta. Pero nosotros decimos que es necesario una educación alternativa en el Estado de Oaxaca que respete las costumbres, la cultura y que la avaluación sea de acuerdo con lo que nosotros vivimos. Pero mientras quieran imponer una reforma de acuerdo exclusivamente con su política, no va a ser posible aquí en México, ni aquí en Oaxaca”, afirma la maestra.
Delante de la situación, el Espacio Civil de Oaxaca en solidaridad con el movimiento magisterial ha lanzado un comunicado donde se han sumado más de 70 organizaciones no gubernamentales (ONG). En dicho comunicado las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifiestan su preocupación por el silencio y falta de respuestas por parte de los responsables de la política interna del estado y del gobierno federal.
“Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, manifestamos nuestra preocupación ante la situación de política de oídos sordos implementado por los responsables de la política interna del estado y del país. La negativa del gobierno del estado de Oaxaca para dialogar con las y los integrantes de la Sección 22 de la CNTE es una renuncia explícita a la vía de la concertación pacífica para el abordaje de la protesta social”, sostiene el comunicado.
Además, aseguran las organizaciones, “el rechazo a la mal llamada “reforma educativa” es compartido por diversos sectores de la población mexicana, principalmente debido a que su contenido no es educativo sino administrativo, pues se limita a regular la relación laboral entre el Estado-patrón y el personal educativo, además de que deja a éste en condiciones mucho más desventajosas que al resto de las y los trabajadores del gobierno”.
Y denuncian la opción del gobierno del estado de reprimir el movimiento magisterial. “La respuesta del gobierno del estado no corresponde al discurso oficial que ha reiterado hasta la saciedad, de generar una educación de calidad; su respuesta no es de calidad, la llegada de cada vez más agentes de la Policía Federal a la ciudad de Oaxaca, hacen evidente que las autoridades del estado y del país apuestan por una salida violenta, por la represión a un movimiento que de manera legítima utiliza las libertades supremas de asociación y de manifestación para oponerse a un proyecto de nación con el que no está de acuerdo”.
Militarización y educación
La Iniciativa Mérida es un tratado internacional de seguridad establecido desde el año 2008 por los Estados Unidos con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El Congreso de los E.U. ha asignado fondos a la Iniciativa Mérida con amplio apoyo bipartidista, aportando más de 1,600 millones de dólares a México. En apoyo a esta iniciativa, se ha equipado a la policía con helicópteros, equipo de alta tecnología y actualmente están participando con asistencia y conocimientos técnicos con el fin de lograr la «profesionalización» de la policía, y la reforma judicial y penal.
Pero la función dada a estos policías no está solamente dirigida al combate del crimen, sino el control social. Entre los policías que custodian las manifestaciones de los maestros figuran los elementos de la Gendarmería Nacional, quienes se capacitaron con fondos de la Iniciativa Mérida.
Además, de acuerdo con el informe del año 2015 del Comité de Servicios Armados del Senado y de la Agencia de Defensa Seguridad y Cooperación ( DSCA), de los Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto adquirió equipo militar de Estado Unidos, como aviones, helicóptero, camiones todo terreno y armas de alto poder. Esta adquisición se hizo a través del programa de ventas militares extranjeras (FMS) por más de mil millones de dólares. Así mismo, en el año 2014, por lo menos 4000 militares fueron entrenados en el marco del programa llamado Amalgam Eagle. Por otra parte, México escaló al 5º lugar en trafico de armas a nivel mundial–por lo menos 2000 armas ingresan a este país cada día, en su mayoría armas estadounidenses.
Mientras el gobierno mexicano invierte en armas y entrenamiento de sus policías, los mismos utilizados en la represión a los maestros, México es el país que menos invierte en educación, apenas el 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con los datos de la OCDE. Tan solo en el año 2013, el 40% de los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad no estaban inscritos en el sistema educativo.
“Aquí, quien ha salido ganando es la industria armamentista, porque las armas son las mismas para el gobierno y para la delincuencia. Mientras que el modelo de educación, quieren que se privatice, quieren que nuestros alumnos tengan que endeudarse con mas de 30 mil dólares al año como en Estados Unidos para poder estudiar la universidad, es un negocio.
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Mientras el gobierno mexicano invierte en armas y entrenamiento de sus policías, los mismos utilizados en la represión a los maestros, México es el país que menos invierte en educación, apenas el 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
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“Si los recursos de esa guerra se canalizará para infraestructura y equipo para escuelas, acompañada con micro proyectos de emprendimiento, los jóvenes tendría otras opciones de vida y no la delincuencia organizada”, agrega el profesor Eugenio Martínez, del 3er estado más pobre de México, Oaxaca.
Padres de familia a las calles
Desde el sureste de México, en Chiapas, hasta estados del norte, como en Durango, miles de padres de familia han salido a las calles a sumarse a las manifestaciones de los profesores y expresando su solidaridad. Tan solo en el Estado de Oaxaca, en la megamarcha convocada para el día 28 de mayo, más de 80 mil personas marcharon.
Fueron padres de familia, organizaciones y comunidades indígenas quienes se sumaron en esta movilización con los maestros.
“Yo como madre de familia, me preocupa la educación de mis hijos, y por eso he decido salir a las calles para apoyar a los maestros. Porque no solo la reforma educativa nos va afectar a nosotros los pobres, sino que todas las reformas estructurales”, dijo la señora Maribel Palacios, quien salió a solidarizarse con los maestros obsequiando naranjas y agua.
Fotos: Santiago Navarro F
