Cuando se estudia Guatemala, una de las preguntas que surgen es ¿por qué un país pequeño, con una extraordinaria riqueza y una diversidad étnica única en Centro América, que abriga a poco más de ocho millones de mujeres y hombres provenientes de 22 pueblos mayas, más el pueblo garífuna y el xinca, con igual riqueza lingüística, se debate en una profunda pobreza que se mantiene en aumento, expulsando a las mayorías jóvenes a las ciudades y también a México, Estados Unidos, Canadá o a cualquier otro país que les permita vivir?
Y ¿por qué siendo los pueblos mayas la mayoría de la población, no se organizan y colocan a un presidente que los represente y eligen a un Congreso con diputados probos para que construyan una Constitución que responda al rostro mayoritario del país, que es el que con su trabajo incrementa las pocas pero millonarias fortunas de la burguesía guatemalteca?
Estas preguntas no tienen respuestas sencillas y para explicar las razones de la histórica opresión en la que viven las mayorías indígenas hay que estudiar cómo y quiénes fundaron ese Estado-Nación y cómo sus descendientes siguen hoy controlando el Estado hasta convertirse en la élite más conservadora, racista, acaparadora, insaciable y extractiva de América Latina. Que con soberbia presume su riqueza mientras los organismos mundiales documentan como más del 50 por ciento de los niños indígenas viven con desnutrición.
Sin embargo, el control económico, político, cultural y social que posee la élite no lo ha logrado sola; ha necesitado crear instituciones y burocracias serviles. Una de esas instituciones es el ejército que, durante el último genocidio ejecutado de mediados de 1970 a finales de 1980, y financiado con impuestos de los pueblos estadounidense y guatemaltecos, se usó para cuidar los intereses económicos de la burguesía, sin importar que eso implicara cometer genocidio, esclavitud sexual y doméstica contra mujeres indígenas, desde niñas hasta ancianas, así como crímenes contra la humanidad.
Hoy, esa élite, junto al actual gobierno de Jimmy Morales no ha cesado en buscar que el Congreso de la República–otro de los pilares del sistema democrático, ahora convertido en una institución al servicio de la impunidad–reforme la Ley de Reconciliación Nacional para amnistiar a los militares que durante la guerra les cuidaron sus empresas, fincas y familias, sin importar el costo humano.
¿Por qué el gobierno, los militares y la elite buscan reformar esta ley? Porque desde antes de que se firmara la paz, en 1996, los sobrevivientes de la violencia genocida y del brutal aniquilamiento dirigido por el Estado a través del ejército, con persistencia han logrado avances significativos en el marco de la justicia transicional.
Menciono brevemente algunos ejemplos. La lucha tenaz del Pueblo Ixil logró luego de más de tres lustros de lucha, que los tribunales nacionales condenaran en 2013 a 80 años de prisión al dictador José Efraín Ríos Montt por genocidio contra el Pueblo Ixil, aunque 10 días después la Corte de Constitucionalidad–institución integrada por magistrados afines a los militares y a la élite–anuló la sentencia por supuestos “errores de procedimiento”.
Posteriormente, un grupo de 15 señoras q’eqchi’ de las comunidades de Sepur Zarco, Izabal, quienes sobrevivieron la desaparición forzada o el asesinato de sus esposos y la esclavitud sexual y doméstica, lograron que dos miembros del ejército, fueran condenados cada uno, en 2016, a más de 100 años de prisión, por asesinato, violencia sexual, esclavitud doméstica y delitos contra la humanidad.
En el 2018, la familia Molina Theissen logró la condena de los miembros de la cúpula militar que gobernaba Guatemala en la década de 1980, por la desaparición forzada del hijo menor de la familia, quien era un niño cuando fue secuestrado en su casa, y por la detención ilegal, violencia sexual y tortura en contra de una de las hijas, cuando era una adolescente. Los anteriores son algunos de los casos más conocidos, pero no son los únicos que han buscado hacer avanzar el sistema de justicia frente al genocidio y delitos contra la humanidad.
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“La iniciativa 5377 representa un retroceso para los derechos de los sobrevivientes, incluyendo a los querellantes en casos que ahora están abiertos.
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Frente a estos logros, una de las respuestas ha sido que el Congreso, ahora convertido en una institución defensora de la impunidad, busca aprobar la iniciativa de ley (5377) que modificaría la Ley Nacional de Reconciliación. De aprobarse esta iniciativa, que ya ha pasado en dos lecturas en el pleno del Congreso y solo falta una, significaría una amnistía para todos los casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno que han sido juzgados y condenados en los tribunales de Guatemala.
De acuerdo con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ACNUDH, Michelle Bachelet, “La aprobación -de esta iniciativa- paralizaría las investigaciones en curso relacionadas con vulneraciones a las garantías fundamentales, y poseería carácter retroactivo y comportaría la puesta en libertad casi inmediata, en 24 horas, de personas condenadas y encarceladas ‘por graves violaciones a los derechos humanos’”.
La iniciativa 5377 representa un retroceso para los derechos de los sobrevivientes, incluyendo a los querellantes en casos que ahora están abiertos. Se tornaría, además, en una violación del derecho internacional y generaría represalias contra las víctimas, las y los sobrevivientes, los jueces que han juzgado estos delitos, los fiscales, los peritos que ha participado en los juicios y los integrantes de las organizaciones sociales que han promovido la justicia. Por esto, la sociedad civil guatemalteca y la Corte Interamericana de Derecho Humanos, CIDH, han expresado su rechazo a la iniciativa.
El proceso de buscar amnistía, evidencia que las negociaciones de paz iniciadas a finales de la década de 1980, se fraguaron en un contexto de pactos de elites económicas, políticas y militares que dejó inmunes a los altos mandos, pero que empezó a desmoronarse cuando las luchas por justicia transicional comenzaron a alcanzar a los autores intelectuales de los crímenes de guerra.
Como escribió la historiadora María Aguilar: “El caso de Myrna Mack fue de los primeros en investigar a los autores intelectuales, aunque no logró demostrar la cadena de mando en los altos rangos. Sin embargo, esto sí, se logró en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt en el 2013. Por eso, el juicio por genocidio representó un parteaguas para la justicia transicional. No solo por la jurisprudencia que abrió, sino porque marcó el momento en que los militares se reagruparon para organizar una nueva ofensiva en contra de los procesos de lucha por el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia.” (elPeriódico Marzo 18, 2019)
Hoy la batalla está en el Congreso, y los diputados al servicio de la impunidad, sin importar la violación a los tratados internacionales, se están jugando todo para aprobar las modificaciones a la Ley Nacional de Reconciliación y garantizar impunidad a militares, políticos, magistrados, jueces y a la élite de Guatemala, quienes viven con las manos manchadas de sangre.
