Unas siete mil personas, según los organizadores, conformaron una cadena humana que reunió a diversas organizaciones, ciudadanos y jóvenes de colectivos usuarios de las redes digitales en contra de la propuesta de leyes secundarias a la reforma constitucional en telecomunicaciones.
El cordón de gente tomada de las manos ocupó sitios desde el Auditorio Nacional, la Estela de Luz, el Museo de Antropología, el Ángel de la Independencia y la Glorieta de La Palma, hasta las instalaciones del monopolio de telecomunicaciones Televisa Chapultepec, y concluyó con un mitin frente al Senado.
La ristra humana contra la iniciativa de ley de telecomunicaciones realizada el 26 de abril en la Ciudad de México, forma parte de “un movimiento cívico, ciudadano, independiente, no partidista que busca proteger el derecho a una buena televisión, a una telefonía accesible, a un internet barato y libre”, definió la politóloga Denisse Dresser.
“Ante los actos de censura y una regulación desigual y frente al atentado contra nuestras libertades de información y de libre expresión, sólo nos queda defenderlas, es lo que estamos haciendo con este acto. Son garantías que en las democracias consolidadas subsisten, no se han cedido y tampoco debemos cederlas nosotros”, agregó.
De acuerdo con Dresser, la iniciativa de reformas secundarias en telecomunicaciones cuya aprobación en el Senado fue diferida a junio próximo, “además de introducir una serie de controles en el uso de las redes de internet, intenta autorizar que en aras de la supuesta seguridad nacional, el gobierno pueda intervenir, usar y guardar información personal de ciudadanos”.
En mayo del año pasado fue aprobada la reforma constitucional en la materia que permite cien por ciento de inversión extranjera y pretende acabar con los monopolios, califica además a las telecomunicaciones como servicio público de interés general, establece el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, fomenta la competencia y la pluralidad, y garantiza cobertura universal y acceso libre a las redes informáticas.
Pero tales disposiciones requieren leyes secundarias para su aplicación, las cuales debieron ser aprobadas en diciembre. Dicho término constitucional fue violado debido a que la iniciativa correspondiente fue enviada al Senado por el presidente Enrique Peña Nieto con tres meses de retraso.
Basado en la propuesta de Peña e ignorando sendas iniciativas del Partido de la Revolución Democrática y de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, el dictamen de la ley secundaria que se elabora en el Senado pretende mantener la protección a los monopolios del ramo, deja en la indefensión a las radios comunitarias y los medios públicos y desalienta la producción independiente. También debilita al órgano autónomo encargado de aplicar la ley, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al subordinarlo al ejecutivo.
Hasta la víspera de la movilización, el dictamen mencionado (defendido por el senador Javier Lozano como si la iniciativa fuera suya) incluía restricciones y censura a las redes de internet y facultaba a las autoridades para cancelar los servicios de telecomunicaciones por amenazas contra la seguridad nacional.
El poeta Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y uno de los convocantes a la movilización, coincidió en que el dictamen “es un desastre, por eso estamos movilizados. Es una ley retardataria, que abona la violencia y el autoritarismo. Ante la incapacidad del estado para darnos seguridad y garantizar la democracia, entonces ha decidido seguirnos controlando, y este es un intento de imponer nuevas formas de control que no estamos dispuestos a permitir”.
Padre de Juan Francisco, una de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico lanzada por el ex presidente Felipe Calderón y que la administración de Enrique Peña Nieto mantiene esencialmente en los mismos términos, Sicilia criticó que los legisladores no representen los intereses de la mayoría de los mexicanos: “Ellos tienen que representarnos a los ciudadanos, no a los intereses de sus partidos, ni del poder ni de empresas que han desgarrado profundamente el tejido social, la cultura y la dignidad de esta nación”.
Lamentó que el gobierno pretenda imponer leyes “para seguirnos controlando y que los monstruos sigan decidiendo qué es lo que vemos o no vemos, y que los medios, sobre todo los televisivos, sigan fomentando la violencia y la imbecilidad”.
Con la cadena humana —dijo— se está defendiendo la democracia que pasa necesariamente por una democratización de los medios. Llamó a no olvidar que un buen modo de defendernos de estos poderes fácticos es boicoteándolos. “Hay que apagar la tele, tenemos ese poder, ése es el poder de la gente. No la vemos, y punto. ¿Seremos capaces de hacerlo? Cuando entendamos esto, se acabará la razón de ser del poder mediático”.
Por lo pronto, ante la protesta por el intento de violación de derechos de información y expresión, el gobierno respondió con violaciones a la garantía de libre tránsito. Elementos del Estado Mayor Presidencial cerraron los accesos a las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos, donde iniciaría la cadena, lo cual provocó que el contingente se trasladara hasta la estación Auditorio del metro.
“Es muy grave que hayan impedido la formación de la cadena —dijo Sicilia—, están violentando los derechos civiles, eso habla de autoritarismo y de que no son tan demócratas como dicen; eso debería ser penalizado porque detrás de los atentados contra los derechos civiles, siguen los atentados contra los derechos humanos”. Dresser comentó que interpondrá una denuncia por violación a los derechos al libre tránsito.
Participaron también, el ex jefe de gobierno de la ciudad Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Javier Corral; dirigentes del Frente por la Comunicación Democrática; los también senadores Alejandro Encinas, Mario Delgado, Manuel Camacho Solís, Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo y Francisco Búrquez; jóvenes del movimiento #YoSoy132; el dirigente del Consejo Nacional de Huelga de 1968 Félix Hernández Gamundi; trabajadores de la cultura el actor Daniel Jiménez Cacho, la pintora Teresa Velázquez y el productor Epigmenio Ibarra; e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el sindicato de telefonistas, entre otros.
Fotos: Alfredo Acedo
