Adela M. llegó hace menos de un año a Estados Unidos para trabajar por su familia. Las condiciones económicas en las que vivía en El Salvador la obligaron a dejar todo en su país para buscar una salida a esa situación. Al igual que muchos otros migrantes centroamericanos, la mujer de 50 años se llenó de incertidumbre, temor y preocupación con los resultados de las elecciones presidenciales de ese país en noviembre.
Con las declaraciones previas a las elecciones y las promesas de campaña del presidente electo, Donald Trump, muchos migrantes con o sin papeles como Adela, están muy preocupados por su futuro y sus vidas si el nuevo gobierno de Estados Unidos decide dar un cambio drástico en las políticas migratorias que les ha permitido a muchos permanecer con permisos especiales o de manera no-autorizada en el país.
“No sabemos qué podrá pasarnos, algunos pensamos que van a ir a buscarnos para deportarnos aunque estemos legalmente en este país”, dice, consternada. “Es triste no saber qué puede pasar si las políticas migratorias cambian, y creo que al igual que yo muchos no conciliamos el sueño por esta situación. En nuestros países no hay oportunidades y sería peor si nos deportan a todos”, dijo la mujer al Programa de las Américas.
Los resultados de las elecciones no solo preocupan a los miles de migrantes que no saben qué pasará con ellos en 2017. También ha despertado cierta preocupación que se mantiene reservada entre los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, países que forman la región conocida por sus niveles de violencia como el Triángulo del Norte. La región se vuelto notoria también por la cantidad de personas que huyen hacia Estados Unidos por las faltas de condiciones económicas y de seguridad durante los últimos diez años.
Algunos centroamericanos están acogidos en Estados Unidos al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. Con este programa los migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua tienen permiso para poder laborar en el país norteamericano, sin embargo, los beneficiarios también temen que el programa desaparezca y sean deportados con la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Aunque los gobiernos centroamericanos prefieren no adelantarse, o hablar sobre deportaciones masivas, o persecución de migrantes en Estados Unidos, los consulados de los tres países han extendido su trabajo para mantener la calma entre sus ciudadanos. Los tres países están abriendo oficinas móviles y líneas de llamadas de 24 horas de atención para informarles e intentar tranquilizarlos.
Al ser cuestionados por los medios de comunicación si los gobiernos centroamericanos tienen miedo de que el presidente electo emprende una cruzada contra los migrantes, los cancilleres prefieren decir que no se puede especular sobre lo que puede o no cumplir Trump de sus promesas de campaña.
“El Triángulo del Norte entiende que todo lo que se dijo fue parte de la campaña electoral. No podemos actuar o reaccionar a supuestos o a todo lo que se dijo durante la campaña. Vamos a seguir trabajando en base a acuerdos que ya existen y que se están ejecutando”, dijo el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
Sobre la construcción del muro que prometió Trump durante la campaña, el canciller salvadoreño dijo que como región han decido concentrarse en “fortalecer y mejorar” las relaciones bilaterales que ya existen con el presidente electo y no hablar sobre proyectos que no se han concretado.
“No podemos negar que ya existe un muro en la frontera sur, pero nosotros nos vamos a concretar en fortalecer las relaciones bilaterales y los planes como el Plan de la Alianza para la Prosperidad que ya ha sido aprobado por las dos cámaras de representantes en el senado, vamos a seguir coordinando esfuerzos para proteger a nuestros ciudadanos y vamos a seguir trabajando para crear las condiciones en las que nuestros jóvenes puedan migrar”, dijo Martínez.
Por su parte, el canciller de Guatemala, Carlos Morales, prefirió centrar la atención de la pregunta en el apoyo que según los gobiernos están dando a los migrantes. “Nuestros compatriotas no están solos. El gobierno y nuestros consulados están para responder y proteger a nuestros ciudadanos que residen en Estados Unidos”, dijo el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso en una conferencia de prensa ofrecida por los cancilleres de los países del Triángulo del Norte, luego de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Mientras que, la canciller de Honduras, María Dolores Agüero, dijo que su país siempre ha mantenido una buena relación con Estados Unidos y que en los últimos años el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, mantiene una estrecha relación con el partido Republicano. “Honduras mantiene muy buenas relaciones con el partido Republicano y producto de ello es la próxima visita del senador Marco Rubio al país”, se limitó a decir Agüero.
El discurso anti inmigrante y las declaraciones del presidente electo Donald Trump, que manejó durante toda su campaña presidencial, fueron directos. Pocos días después de las elecciones, Trump aseguró que deportará a entre dos y tres millones de migrantes en los primeros días de su presidencia.
Ha vinculado a los centroamericanos al crimen sistemáticamente durante la campaña. Unos días antes de la elección dijo, “En mi gobierno expulsaré a todos los delincuentes mexicanos, colombianos y salvadoreños que introducen drogas a Estados Unidos y si sus gobiernos no ponen de su parte le impondremos sanciones severas para que cumplan con los tratados”, declaró Trump.
Según expertos, los efectos que podría tener un cambio en las políticas migratorias o una deportación masiva de migrantes hacía El Salvador, Honduras, Guatemala, o México, serían muy negativos, ya que estos países dependen comercialmente y económicamente de Estados Unidos.
El analista salvadoreño sobre temas de migración, Reynaldo Alvergue, explicó en una entrevista a un canal de televisión local que debido a que el TPS es una medida administrativa, “esta puede desaparecer en cualquier instante. Para el país eso debe ser preocupante. ¿Qué va a pasar si comienza (Trump) a sacar a la gente de Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer nosotros con todos los deportados en El Salvador?”
La Iglesia Católica salvadoreña también mostró su preocupación. El obispo, José Luis Escobar Alas, dijo que esperan que se respeten los derechos de los migrantes y que el nuevo gobierno considere que muchos de los salvadoreños que están en Estados Unidos no son criminales, sino personas trabajadoras que han llevado desarrollo para el país donde residen y para su país.
“Esperamos que el presidente electo haya hecho un discurso anti inmigrante como estrategia de campaña y que no lo lleve a cabo, porque si hace todo lo propuesto va a perder el mundo, perderemos todos, los Estados Unidos mismos. Los salvadoreños y demás centroamericanos van a buscar un mejor futuro para sus familias a Estados Unidos. Estas personas hacen un gran esfuerzo, ponen sus vidas en peligro en busca del bien estar”, dijo Escobar Alas. “Son personas buenas y honestas, por lo que esperamos que no se les trate como criminales o se les viole sus derechos”.
Adela considera que de haber deportaciones el daño no solo sería para las personas deportadas sino también para las familias que están en Estados Unidos y para las familias que están en sus países sobreviviendo del trabajo de los miles de migrantes que sostienen buena parte de la economía centroamericana.
“Los afectados no solo van a ser los deportados. Hay familias que serán divididas en Estados Unidos, las familias que dependen de nosotros en nuestros países también se verán afectadas porque ya no van a tener el sustento en sus casas y además la economía en nuestros países se va a ir para el suelo. ¿Qué van a hacer nuestros gobiernos si deportan a la mayoría de los que vivimos en este país? No pueden darnos empleos a todos allá y muchos ya tenemos nuestra vida hecha en este país”, dijo la mujer que trabaja como empleada doméstica para una familia hispana.
De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, entre enero de 2015 y enero de 2016 el país recibió 306.4 millones de dólares en remesas de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Este dinero contribuye al crecimiento de la economía salvadoreña y a mejorar la condición de vida de las familias que dependen de sus familiares residentes en el país del norte.
No infrinjan las leyes de Estados Unidos
La preocupación de los gobiernos centroamericanos se refleja en la unión de los países del Triángulo del Norte y México. Después de las elecciones, estos cuatro países han sostenido varias reuniones para analizar cómo enfrentarán la llegada de Trump a la presidencia estadounidense y presentaron también una declaración conjunta como bloque al presidente electo en la que extienden el deseo de continuar con el trabajo de cooperación y entendimiento que hasta hoy han tenido con los gobiernos de Estados Unidos.
Hasta el momento solo se ha hecho pública la postura de felicitación que cada gobierno ante el resultado de las elecciones en Estados Unidos y no se ha publicado u oficializado ninguna información sobre la declaración de la que han hablado los cancilleres y desconoce también la postura o respuesta del presidente electo.
“Hemos expresado al nuevo gobierno de Estados Unidos que continuaremos unidos como Triángulo del Norte para trabajar y para atacar las causas de la migración irregular de nuestros ciudadanos hacia Estados Unidos. Estamos conscientes que la región debe crear más oportunidades de desarrollo para nuestros ciudadanos y tenemos la confianza, el compromiso y la voluntad de seguir trabajando por fortalecer las relaciones con Estados Unidos”, dijo el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
Al ser cuestionados sobre el temor y la incertidumbre que expresan los inmigrantes en Estados Unidos, los cancilleres coincidieron que lo mejor que pueden hacer los migrantes es mantenerse respetuosos de las leyes estadounidenses y mantenerse informados.
“Como representantes de nuestros gobiernos, hacemos un llamado a nuestros ciudadanos migrantes a no incurrir en acciones que pongan en peligro su situación o que tengan repercusiones legales o penales en Estados Unidos. Nuestros consulados están para responder y proteger a nuestros ciudadanos en la medida que estos respeten las leyes de Estados Unidos y eviten conflictos que desencadenen sus deportaciones”, dijo el canciller guatemalteco, Carlos Morales.
La canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, dijo que el gobierno de México no tiene ningún plan de cambiar sus políticas para con los migrantes centroamericanos y que continuarán con su programa de extensión de tarjetas especiales de visita y de trabajo para los centroamericanos.
“México continuará apoyando el Fondo de Yucatán que es una iniciativa especial para proyectos en Honduras, El Salvador y Guatemala. Además estamos trabajando como bloque para unir a la región para generar así competitividad, desarrollo y la interconexión eléctrica que ya está en los planes que tenemos como gobierno. El reto más grande que tenemos los cuatro países es la atención a nuestros migrantes y enviar a la vez un mensaje de calma y tranquilidad, vamos a estar más cerca que nunca de ellos para respaldarlos”, dijo la canciller mexicana.
Sin embargo, organizaciones para los derechos de las personas migrantes reportan que la detención de migrantes centroamericanos en la frontera sur de México desde el Plan Frontera Sur ha incrementado. La Caravana de Madres Centroamericanas buscando hijos desaparecidos en México informó que el gobierno mexicano está deportando números récord de migrantes, mientras los cónsules de la frontera México-Guatemala reportan que los flujos aumentan debido a la expectativa de que con la llegada del nuevo gobierno de Trump el paso a los Estados Unidos se volvería aún más difícil.
