“Salí ahora de Honduras para llegar antes de que Trump tome protesta como presidente de Estados Unidos”, afirma Jairo. Sentado en las vías del tren cerca de Atitilaquia (Estado de Hidalgo, México), el joven hondureño espera con sus dos amigos de abordar otra vez a La Bestia, el tren de carga que los migrantes centroamericanos utilizan para cruzar México en su viaje rumbo a los Estados Unidos.
Los migrantes saben que es la parte más peligrosa del viaje, pues en su camino pueden ser robados, violados y, en algunos casos, asesinados por las organizaciones criminales o la policía mexicana. De acuerdo a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), en 2015 las autoridades mexicanas han sido responsable del 40% de los crímenes cometidos en contra de migrantes.
Jairo no cree que el muro que Trump prometió construir en la frontera con México podrá parar a la migración. El garífuna dejó San Juan Dugurubuti, una aldea de pescadores que se asoma al Mar del Caribe, para buscar suerte en los Estados Unidos y no arriesgar con encontrarse en la misma situación de muchos jóvenes en Honduras: ser amenazados de muerte por las maras, u obligados a trabajar para ellas. De acuerdo a Jairo, mientras que haya pobreza e inseguridad las personas seguirán migrando del país que, según las Naciones Unidas, es el más peligroso del mundo.
Trump prometió que México pagará la construcción del muro. La obra fue una de las principales promesas de la campaña electoral del republicano, sin embargo una barrera metálica entre los dos países ya existe. Ha sido construida a partir de los años ’90, durante la administración de Bill Clinton, y actualmente cubre alrededor de la tercera parte de los más de 3mil kilómetros de frontera entre los dos países. La línea está resguardada por los agentes de la Border Patrol, que durante el gobierno de Barack Obama han sido doblados, alcanzando las 42 mil unidades.
Según el diario mexicano El Universal, el muro de concreto que Trump quiere construir en la frontera meridional de Estados Unidos costaría 25 mil millones de dólares, y para terminar la obra en 4 años deberían de ser contratados 40 mil trabajadores al año.
Ángela Cruz no le tiene miedo al muro. Está convencida de que pronto su familia en Honduras logrará enviarle los 4,500 dólares que cobraría un coyote (traficante de personas) para llevarla con su hijo de seis años hasta Houston (Texas), que se encuentra a 1,200 kilómetros de San Luis Potosí (México).
Ángela salió hace tres meses de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde una mara quería extorsionar a su mamá, que tenía un puesto en el mercado. La joven puso una denuncia ante la autoridad y descubrió que su novio integraba a una mara adversaria, que la amenazó y golpeó. Decidió transferirse un rato en Guatemala, pero las amenazas seguían.
Un día Ángela agarró a su hijo y salió de la casa, como si se fuera al mercado. Pero se subió a un autobús, y luego a otro, hasta que llegó a San Luis Potosí. Se dice sorprendida de que en ningún momento la Policía Migratoria le haya pedido sus documentos, y afirma que ha sido el amor a su hijo que le permitió seguir adelante.
Ángela llegó con su niño a la Casa del Migrante de San Luis Potosí, una estructura gestionada por Caritas que hospeda y apoya a los migrantes que cruzan México. Decidió quedarse allí un rato para trabajar como voluntaria, como hacía en Honduras en otro proyecto de la misma organización.
“A Trump no le conviene deportar a los migrantes, son ellos los que hacen rico al país”, afirma Ángela, quien no cree que el mandatario deportará a los 11 millones de migrantes que se estima trabajen de forma irregular en el país.
Hay quienes toman más en serio las amenazas de Trump. “Tenemos que prepararnos a lo que vendrá, sabemos que pronto llegarán muchas más personas a nuestra casa” afirma Geraldine Estrada Rivera, coordinadora de la Casa del Migrante de San Luis Potosí.
“Casi el 90% de las personas que recibimos son centroamericanas, sin embargo sabemos que llegará un gran número de mexicanos deportados de Estados Unidos. Normalmente son sacados del país en autobús y dejados acá; llegan a nuestra casa para luego moverse rumbo sus lugares de origen”.
Estrada Rivera está preocupada por la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos haga presión sobre el mexicano para que endurezca su política migratoria. Ya lo hizo durante el gobierno de Obama, y actualmente México deporta más migrantes centroamericanos que Estados Unidos.
“No creo que Trump hará todo lo que prometió, es el presidente pero no el dueño de Estados Unidos, existen poderes superiores; las grandes empresas no le permitirán hacer cosas que a Estados Unidos no le convienen, como deportar a los migrantes irregulares”, afirma Martha Sánchez Soler de la organización no gubernamental Movimiento Migrante Mesoamericano. “Estados Unidos abre sus bardas cuando su economía está en expansión y necesita de mano de obra, y las cierran otra vez cuando están en recesión; es en estos momentos que empieza su política de deportaciones”.
De acuerdo a Sánchez Soler, si los Estados Unidos invirtieran en ayuda al desarrollo todo el dinero que, a través del programa de cooperación militar Plan Mérida, envían al gobierno mexicano para parar la migración centroamericana a través de la militarización, se podrían eliminar las causas mismas de la migración.
Muchas preguntas quedan abiertas: ¿qué consecuencias tendría la expulsión de los migrantes irregulares en la economía de Estados Unidos? ¿Las economías de México y de los países centroamericanos serán capaces de “reabsorberlos”? ¿Cómo sobrevivirán las familias que actualmente viven con las remesas que reciben del país norteamericano?
