* Los miembros del Congreso de los EE UU piden una “revisión completa de la asistencia de los EE UU a México” a la luz de “la violencia y la corrupción relacionadas con la guerra contra las drogas”.
* Las organizaciones de derechos de los mexicanos dan la bienvenida a la revisión, exigen que los fondos de la guerra contra las drogas provenientes de Estados Unidos y del gobierno mexicano se desvíen al alivio de desastres después de los devastadores terremotos de septiembre.
Los miembros de la Cámara de Representantes de EE UU solicitaron al Secretario de Estado Rex Tillerson que “lleve a cabo una revisión completa de la asistencia de los Estados Unidos a México y promueva una investigación exhaustiva de los flagrantes abusos contra los derechos humanos”. La carta, firmada por once miembros y dirigida por los representantes Earl Blumenauer (OR), Mark Pocan (WI) y Raúl Grijalva (AZ), afirma que “hay abundantes pruebas de que la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha llevado a un aumento a la violencia y corrupción “y afirma que Estados Unidos” debería asumir la responsabilidad de su consumo de drogas y centrarse en el tratamiento y la prevención en el hogar, y desarrollar un enfoque para atacar las estructuras financieras de los cárteles”.
La carta fue lanzada el día anterior a un terremoto devastador en el centro de México. El segundo en golpear al país, el terremoto derrumbó edificios en la Ciudad de México y los estados de Morelos, Puebla y México, aumentando la destrucción en los estados del sur de México, Oaxaca y Chiapas. El gobierno estima que 250,000 personas quedaron sin hogar y los costos de reconstrucción serán de al menos $ 2,5 mil millones de dólares.
Los líderes de las organizaciones mexicanas de derechos humanos y de las víctimas dieron la bienvenida a la carta y, en el contexto del desastre, pidieron al gobierno de los EE UU re-asignar inmediatamente la ayuda de antinarcóticos bajo la fallida guerra contra las drogas para la ayuda a los casos de desastre. También exigieron que el gobierno mexicano cancele millones de dólares en compras de armas de los EE. UU. planeadas por la administración de Peña Nieto para financiar el socorro humanitario.
“Esta mal llamada guerra contra las drogas es realmente una guerra contra las familias mexicanas”, dijo María Herrera, madre de cuatro hijos víctimas de desaparición forzada y fundadora de Enlaces Nacionales, que agrupa a más de 140 organizaciones de familias de desaparecidos en México. “Las desapariciones, las masacres, las violaciones de los derechos humanos en todos los ámbitos han sucedido como resultado de esta llamada guerra. ¿Cuánto tiempo pueden nuestros gobiernos permanecer ciegos, sordos y mudos como lo han hecho hasta ahora?” Desde que comenzó la cooperación antidrogas, el gobierno mexicano informa que 33,000 desaparecieron, mientras que las organizaciones no gubernamentales acercan el número a 150,000, incluyendo miles de migrantes.
Marta Sánchez, directora del Movimiento Migrante Mesoamericano, informó que la seguridad de Estados Unidos centrada en la prioridad de detener la migración ha llevado a una violación masiva de los derechos de los migrantes y refugiados en México. “Esta carta de los miembros del Congreso de los EE UU es importante porque muestra que al menos algunos son conscientes de lo que está pasando y no están de acuerdo”. Sánchez agregó: “Tenemos que migrar, al igual que nuestros migrantes, a una sociedad mejor, y un presupuesto que aborda la seguridad y el bienestar de la población “.
José Filiberto, coordinador de brigadas de búsqueda y rescate organizado por migrantes centroamericanos después de los terremotos, informó que los migrantes que llegan a las comunidades mexicanas para ayudar con poco más que sus propias manos están rompiendo los estereotipos de los migrantes como delincuentes que se refuerzan en el plan de seguridad binacional actual para sellar las fronteras.
Citando lo que la carta del Congreso menciona como “una política de seguridad estadounidense enfocada exclusivamente en la guerra contra las drogas”, Amaya Ordorika de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que el gobierno mexicano compró $ 3.5 billones de dólares en armas y equipo militar de los EE UU entre 2012 y 2015, y recibió $ 1.6 mil millones en ayuda para la guerra contra las drogas bajo la Iniciativa Mérida. Su organización ha documentado cientos de violaciones de derechos humanos relacionadas con “la extrema militarización de la seguridad pública” bajo la estrategia binacional.
Norma Cacho de Pro DESC (Derechos Sociales, Económicos y Culturales) ofreció un contraste entre los esfuerzos civiles y las fuerzas armadas, luego de su delegación a zonas dañadas en el sur de México. “Encontramos una alta presencia de la policía militar y federal, con el control militar en las aldeas donde no estaban comprometidos con la ayuda humanitaria. La sociedad civil ha compensado la falta de ayuda a nivel local, estatal y federal, pero también ha tenido que enfrentar el hostigamiento y en algunos casos la confiscación de alimentos donados “. Señaló que la emergencia continúa, con las tormentas en los talones de los terremotos, y que los afectados demandan ayuda de emergencia que responda a sus necesidades.
“A raíz de los terremotos, hemos visto que la seguridad humana no significa más armas y soldados en las calles, sino una sociedad que se une para satisfacer necesidades urgentes como vivienda, alimentos y agua”, dijo Laura Carlsen del Programa de las Américas con base en la Ciudad de México. “Los presupuestos de ayuda y seguridad deben reflejar estos valores y prioridades, en lugar de aumentar el militarismo que beneficia a unos pocos y ha provocado tanto derramamiento de sangre para muchos”.
El Honorable Rex Tillerson
Secretario de Estado
U.S. Department of State
2201 C St NW
Washington, D.C. 20520
Estimado Secretario Tillerson,
Le escribimos para expresar nuestra preocupación por la violencia y la corrupción relacionadas con la guerra contra las drogas en México. Una política de seguridad estadounidense centrada exclusivamente en la guerra contra las drogas ha envalentonado a los funcionarios corruptos del gobierno y las fuerzas de seguridad en el país, en lugar de desmantelar la red de cárteles de la droga. Esto ha resultado en múltiples ataques contra reporteros, abogados y activistas, incluyendo el uso de vigilancia, la piratería telefónica y un aumento en los asesinatos tácitamente sancionados por el estado. Le instamos a que realice una revisión completa de la asistencia de los Estados Unidos a México y presione para una investigación exhaustiva de estos evidentes abusos contra los derechos humanos.
En una conferencia de prensa el 18 de mayo, usted se refirió a los más de 100.000 hombres, mujeres y niños mexicanos que han muerto desde que se iniciaron los esfuerzos binacionales de lucha contra los estupefacientes en 2008. Existe una amplia evidencia de que la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha llevado a un desmesurado aumento de la violencia y la corrupción. Los informes sobre derechos humanos de las fundaciones de la Open Society, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Departamento de Estado de los Estados Unidos indican que las fuerzas de seguridad corruptas han llevado a cabo numerosas desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos mexicanos.
Les pedimos que apliquen enérgicamente la Ley Leahy y respeten los principios de los Estados Unidos cortando toda la asistencia a las fuerzas de seguridad vinculadas a las violaciones de los derechos humanos en esta coyuntura crítica para México y las relaciones entre Estados Unidos y México. También hacemos un llamamiento al Departamento de Estado para que realice una revisión completa de la Iniciativa Mérida, otra ayuda estadounidense a México y las ventas de armas de Estados Unidos, incluyendo sus implicaciones para la seguridad pública, los derechos humanos y el estado de derecho en México. Este examen debe incluir aportaciones de la sociedad civil y sus resultados deben ser divulgados públicamente. Los Estados Unidos también deberían asumir la responsabilidad de su consumo de drogas, concentrarse en el tratamiento y la prevención en el país y desarrollar un enfoque para atacar las estructuras financieras de los cárteles.
Además, es necesaria una investigación exhaustiva sobre los recientes abusos contra los derechos humanos. Miembros de la sociedad civil que han expresado críticas a la violencia y la corrupción asociadas con la guerra contra las drogas han sido intimidados y silenciados debido en gran parte a la negligencia del Estado. En mayo, la defensora de los derechos humanos Miriam Rodríguez fue asesinada fuera de su casa, a pesar de sus reiteradas solicitudes de medidas de protección estatal, y más tarde ese mes, el periodista Javier Valdez, quien informó sobre los carteles y criticó abiertamente la respuesta del gobierno mexicano, en plena luz del día. [Ii] En junio, periodistas y abogados de derechos humanos que representaban a los padres de 43 estudiantes desaparecidos presentaron una denuncia penal contra las autoridades mexicanas tras la publicación de informes de que eran blanco de una sofisticada vigilancia y operación telefónica. El gobierno mexicano continúa negando la responsabilidad, ha reconocido la compra de spyware -vendido sólo a los gobiernos-a través de contratos estimados en un valor de al menos $ 80 millones. [Iv]
Teniendo en cuenta todo esto, creemos que es imperativo dirigir recursos a investigar el asesinato y protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. Además, lo exhortamos a pedir la creación de organizaciones como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para combatir estas violaciones de los derechos humanos en México.
México es nuestro socio comercial cercano, vecino y aliado. Nuestra historia, geografía y culturas están entrelazadas. Hacemos un llamamiento al Departamento de Estado para que apoye a los valientes hombres y mujeres de México que están tomando posición contra la violencia y la corrupción al reconocer el papel de los Estados Unidos y reconsiderar la política actual y añadiendo la voz de nuestro país al llamado a investigar y procesar con honradez. Esta es la única base segura sobre la cual construir una nueva fase de relaciones más fuertes entre nuestras dos naciones.
Sinceramente,
Earl Blumenauer
Mark Pocan
Raul M. Grijalva
James P. McGovern
John Conyers Jr.
Marcy Kaptur
Keith Ellison
Jan Schakowsky
Ron Kind
Alan Lowenthal
Suzanne Bonamici
