3 de mayo, 2018
Estimados miembros del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos,
El 1ro de julio en México tendrán lugar las elecciones para presidencia, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como miles de funcionarias y funcionarios locales. Como miembros de la academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil con enfoque en México, nos preocupan los fuertes desafíos que se presentan en estas elecciones. Asimismo, en vista de las recientes declaraciones de la actual administración y tomando en cuenta los antecedentes del gobierno estadounidense en lo que respecta a la construcción de democracia en México y otros países de este hemisferio nos preocupa que el papel de éste resulte contraproducente.
Es importante que México, uno de los aliados y socio comerciales más cercanos de Estados Unidos, sostenga una democracia real, en la que la ciudadanía pueda hacer libre ejercicio de su derecho al voto, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras. Es por esto que, de la manera más respetuosa lo instamos a usted y a sus colegas del congreso a hacer todo lo que esté en su poder para asegurarse que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral y con fundamento en las normas básicas de democracia.
En México se han documentado fuertes irregularidades electorales, tales como compra del voto y manipulación de los resultados. Las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 fueron denunciadas como fraudulentas tanto por el partido político de oposición como por grupos independientes de la sociedad civil. La legitimidad de las elecciones presidenciales más recientes, las de 2012, también ha sido puesta en tela de juicio debido al uso de financiamiento ilegal, una vasta estrategia de compra de votos y la falta de autonomía de las instituciones electorales así como de la mayor parte de las cadenas televisivas.
De igual manera, las recientes elecciones locales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila son ejemplos de que las prácticas fraudulentas representan aún un grave problema. En ambos procesos electorales, se han hecho denuncias fiables con respecto del uso ilegal de fondos públicos y privados en las campañas de los candidatos electos –ambos de los cuales pertenecen al partido actualmente en el ejecutivo federal–, hay también muchos reportes de compra del voto, de actos de intimidación en contra de las campañas de oposición, y dudas generalizadas en relación con la legitimidad del conteo de votos.
Aunado a lo anterior, nos preocupan ciertos acontecimientos recientes que resultan en el menoscabo de libertades fundamentales, como los derechos de libre asociación, de libertad de expresión y de manifestación pública; los cuales son necesarios sin excepción para garantizar un proceso electoral legítimo. Entre otras cosas, se ha reportado que el gobierno mexicano participó en operaciones de espionaje a activistas de la oposición a través del software Pegasus, y encubrió la participación de agentes de seguridad pública en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Recientemente el gobierno aprobó la Ley de Seguridad Interior la cual da a las fuerzas armadas mayor capacidad de vigilancia, lo cual provoca miedo en la población ante la posibilidad del uso de estas fuerzas para reprimir protestas políticas y sociales legítimas.
Al mismo tiempo, hay una creciente sensación de descontento en México por los elevados niveles de corrupción y violencia. El año pasado, cuatro ex-gobernadores fueron arrestados con cargos de corrupción. México ocupa un nivel muy abajo en el Índice de Transparencia Internacional, en donde el 61% de los votos afirman que la corrupción ha incrementado. También se reportan más crímenes violentos, siendo que el 2017 es el año con mayor número de homicidios. Y, como en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, las denuncias respecto del involucramiento de agentes de seguridad pública en desapariciones y homicidios rara vez son investigadas.
Tanto los conflictos antes mencionados como otros tanto que actualmente asolan México únicamente pueden ser resueltos por el pueblo mexicano. Sin embargo, para que puedan solucionarlos colectivamente y de manera efectiva necesitan establecer instituciones así como funcionarias y funcionarios confiables, para lo cual es indispensables que las elecciones sean legítimas.
Bajo este contexto, es imperativo que el gobierno de los Estados Unidos apoye la construcción de un proceso electoral democrático y justo, evitando declaraciones prematuras o acciones que pudieran legitimar resultados electorales en disputa por acciones fraudulentas.
Desafortunadamente, las administraciones estadounidenses en múltiples ocasiones han adoptado posturas que resultan de escasa utilidad en relación con los procesos electorales en México y en otros países de la región.
En las elecciones de Honduras del año pasado, el gobierno estadounidense no tardó en reconocer y apoyar resultados electorales que levantaban serias sospechas, tanto en Honduras como a nivel internacional. Los mismo ocurrió en México después de las elecciones presidenciales de 1988 y 2006. Dichas posturas incentivan a ciertos actores políticos a continuar con acciones fraudulentas y a sostener prácticas electorales ilegítimas. Este escenario no debería repetirse en el próximo proceso electoral en México.
Con base en todo lo anterior, les instamos a usted y a sus colegas a hacer todo lo posible para garantizar que los Estados Unidos respalde la democracia mexicana apoyando una transición de poder pacífica y condenando públicamente cualquier irregularidad electoral o violaciones de derechos humanos, promoviendo así que se lleven a cabo prácticas electorales justas y legales. El gobierno de los Estados Unidos debe sostener el máximo respeto por la soberanía nacional mexicana y el voto popular, además de expresar su compromiso por establecer una relación sólida con cualquier nueva administración mexicana.
También le alentamos a seguir de cerca la selección del próximo embajador de los Estados Unidos en México, después de que la actual embajadora Roberta Jacobson salga del puesto el 1ro de mayo, a fin de garantizar que quien ocupe el puesto tenga la experiencia necesaria y las habilidades diplomáticas para equilibrar la compleja y crítica relación bilateral entre ambos países.
En las próximas elecciones habrán muchos observadores y observadoras electorales mexicanas e internacionales, incluyendo a muchas de las personas firmantes de esta carta, en campo en México proporcionando informes independientes y una evaluación de las elecciones. Le mantendremos informado/a sobre estos esfuerzos de monitoreo, y esperamos poder compartirle las observaciones efectuadas antes, durante y después de la jornada del 1 de julio.
Sinceramente,
* Afiliación únicamente con fines de identificación
Guadalupe Correa-Cabrera, Associate Professor, Schar School of Policy and Government, George Mason University
Laura Carlsen, Director, Americas Program, Center for International Policy
Christy Thornton, Assistant Professor, Johns Hopkins University
Tony Payan, Fellow and Director, Baker Institute Mexico Center, Rice University
Gilbert Joseph, Farnam Professor of History and International Studies, Yale University
Mary Kay Vaughan, Professor Emerita, University of Maryland, College Park
Horacio Larreguy Arbesu, Associate Professor of Government, Harvard University
Jonathan Fox, Professor, American University
Robert A. Blecker, Professor of Economics, American University
Maureen Meyer, Director for Mexico and Migrant Rights, Washington Office on Latin America (WOLA)
Vanessa Freije, Assistant Professor, University of Washington
Ted Lewis, Human Rights Director, Global Exchange
Manuel Pérez-Rocha, Associate Fellow, Institute for Policy Studies
Karin Alejandra Rosemblatt, Associate Professor of History, University of Maryland
Alexander Aviña, Associate Professor of History, School of Historical, Philosophical and Religious Studies, Arizona State University
David Shirk, Associate Professor of Political Science, University of San Diego
Lisa VeneKlasen, Executive Director, JASS (Just Associates)
Salih Booker, Executive Director, Center for International Policy (CIP)
Margaret Chowning, Professor of History, University of California Berkeley
José Antonio Lucero, Associate Professor of International Studies, University of Washington
Christopher Boyer, Professor, University of Illinois – Chicago
Renata Keller, Assistant Professor, University of Nevada, Reno
John Lindsay-Poland, Coordinator, Project to Stop US Arms to Mexico
Vicki Gass, Senior Policy Advisor for Central America & Mexico, Oxfam
Stephen Morris, Professor, Dept of Political Science and International Relations, Middle Tennessee State University
Paul Gillingham, Director of Latin American and Caribbean Studies, Associate Professor of History, Northwestern University
Kevin P. Gallagher, Director, Global Development Policy Center, Boston University, USA
Louise Walker, Associate Professor of History, Northeastern University
John M. Ackerman, Law Professor, National Autonomous University of Mexico (UNAM)
James Cohen, Professor, North American Studies, University of Paris 3-Sorbonne Nouvelle
Alexander Main, Senior Associate for International Policy, Center for Economic and Policy Research
Jocelyn Olcott, Associate Professor of History, Duke University
Tanalís Padilla, Associate Professor, Massachusetts Institute of Technology
Daniella Burgi-Palomino, Senior Associate, Latin America Working Group
William I. Robinson, Professor of Sociology and Global and International Studies, University of California-Santa Barbara
Greg Grandin, Professor of History, New York University
Yolanda Zorayda Avila Toledo, Leadership and Capacity Building Manager, Alianza Americas
Mark Weisbrot, Co-Director, Center for Economic and Policy Research
Geoff Thale, Vice President for Programs, Washington Office on Latin America (WOLA)
David Montejano, Professor Emeritus of Comparative Ethnic Studies, University of California at Berkeley
Carla Garcia Zendejas, Director People, Land and Resources Program, Center for International Environmental Law (CIEL)
Dan La Botz, Murphy Institute, City University of New York
Casey Marina Lurtz, Assistant Professor of History, Johns Hopkins University
Ericka Beckman, Associate Professor of Romance Languages, University of Pennsylvania
James E. Sanders, Professor of History, Utah State University
Barbara Weinstein, Professor of History, New York University
Raymond Craib, Professor of History and Director, Latin American Studies Program, Cornell University
Amy Offner, Assistant Professor of History, University of Pennsylvania
Luis Herran Avila, Visiting Assistant Professor of History, Carleton College
Laura G. Gutiérrez, Associate Professor of Mexican American and Latina/o Studies, The University of Texas at Austin
Ginapaolo Baiocchi, Associate Professor and Director, Urban Democracy Lab, New York University
Pamela Voekel, Associate Professor of History, Dartmouth College
Sinclair Thomson, Associate Professor of History, New York University
Matthew Vitz, Assistant Professor of History, University of California, San Diego
Susan Gauss, Associate Professor, Latin American and Iberian Studies, University of Massachusetts, Boston
Alejandro Velasco, Associate Professor, Gallatin School, New York University
Robert A. Karl, Assistant Professor of History, Princeton University
María Josefina Saldaña-Portillo, Professor of Social & Cultural Analysis, New York University
Gerardo Renique, Associate Professor, City College of New York
Adam Goodman, Assistant Professor of History, University of Illinois at Chicago
Aurelia Gómez Unamuno, Assistant Professor of Spanish, Haverford College
George Ciccariello-Maher, Visiting Scholar, Hemispheric Institute of Performance and Politics
Bruce Ackerman, Sterling Professor of Law and Political Science, Yale University
Judith Aissen, Professor Emerita of Linguistics, UC Santa Cruz
Miguel Tinker Salas, Professor, Pomona College
Benjamin H. Johnson, Associate Professor, Loyola University Chicago
Susan Rose-Ackerman, Professor of Law and Political Science, Yale University
Gareth Williams, Professor, University of Michigan
Victor Silverman, Professor, Pomona College
Guadalupe Bacio, Assistant Professor, Pomona College
Gilda Ochoa, Professor of Chicana/o-Latina/o Studies, Pomona College
Guillermo Delgado-P., Anthropologist, Univ of California Santa Cruz
James M. Cypher, Professor of Economics, Universidad Autónoma de Zacatecas and California State University (Emeritus)
Ivonne del Valle, Associate Professor, U.C. Berkeley
Bradley Levinson, Professor of Education, Indiana University
Domenico Romero, Adjunct Assistant Professor, Queens College, City University of New York
Kirsten Weld, John L. Loeb Associate Professor of the Social Sciences, Harvard University
Rodrigo Aguilar Benignos, CEO, Wiljan Consulting LLC
Susanne Jonas, Retired, University of California, Santa Cruz
Noam Chomsky, Professor (emeritus) MIT, Laureate Professor U. of Arizona, U. of Arizona
Veronica Montes, Assistant Professor, Bryn Mawr College
Lorrin Thomas, Professor, Rutgers University
Alexander Dawson, Associate Professor of History, SUNY Albany
Patricia Escamilla Hamm, Associate Professor, Independent Scholar/formerly at William J Perry Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University
Valentina Melgar Bermúdez, Coordinadora de Proyectos, Administración General del proyecto “Observación en campo de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia en el marco de la jornada electoral de 2018”, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP. A.C.
Carolyn Gallaher, Associate Professor, American University
Yann P. Kerevel, Assistant Professor of Political Science, Louisiana State University
Xóchitl Bada, Associate Professor of Latin American and Latino Studies, University of Illinois at Chicago
Neil Harvey, Professor, New Mexico State University
Dana Frank, Professor of History, University of California, Santa Cruz
Norma Klahn, Professor of Latin American Literary and Cultural Studies, U of CA, Santa Cruz
Armando Navarro, Professor Emeritus, University of California, Riverside
Nora Haenn, Associate Professor, North Carolina State University
Maria Anna Gonzales, Retired Public Policy Researcher, University of California, Riverside
Enrique C. Ochoa, Professor of Latin American Studies and History, California State University, Los Angeles
Estelle Tarica, Associate Professor, University of California, Berkeley
Suyapa Portillo, Assistant Professor, Pitzer College
Fernando Herrera Calderón, Associate Professor of History, University of Northern Iowa
Janice Gallagher, Assistant Professor, Department of Political Science, Rutgers University-Newark
Karen Hansen-Kuhn, Director of Trade and Global Governance, Institute for Agriculture and Trade Policy
Francisco Lara-Valencia, Associate Professor, Arizona State University
Corinna Zeltsman. Assistant Professor of History, Georgia Southern University
Heather Vrana, Assistant Professor of History, University of Florida
Ana Claudia Zubieta, Program Director, The Ohio State University
Chris Tilly, Professor of Urban Planning and Sociology, UCLA
Gladys McCormick, Associate Professor, History, Syracuse University
María L. Olin Muñoz, Associate Professor of History, Susquehanna University
Maria Rosa Garcia, Professor, CSUN
Rachel Nolan, Doctoral Candidate, New York University
Claudia Lucero, Executive Director, Chicago Religious Leadership Network on Latin America – CRLN
James Chaney, Professor, Middle Tennessee State University
Diana Schwartz Francisco, Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellow in Latin American Studies, Wesleyan University
María José Zubieta, Professor, New York University
Stephen Allen, Assistant Professor, California State University, Bakersfield
