Obama y Calderón fraguan una alianza conservadora durante visita de Estado
Hace dos semanas, el presidente Barack Obama extendió la alfombra roja para el presidente mexicano Felipe Calderón durante una visita de Estado altamente acotada por un guión que incluyó tópicos de vecindad, un discurso ante el Congreso y una opulenta cena de Estado.
Las palmaditas políticas compartidas entre los dos presidentes –que enfrentan fuerte oposición interna- fueron diseñadas principalmente para la opinión pública en sus respectivos países. Obama buscaba un escenario en el cual promover, en discurso, sus respectivos compromiso con una reforma migratoria integral, mientras recibe fuertes críticas de los votantes latinos por su falta de acción y por el incremento de las medidas represivas en contra de los inmigrantes. Calderón enfrenta una crisis de confianza en su país, porque su particular guerra contra las drogas ha elevado el índice de asesinatos relacionados con ésta, sin mostrar indicios de estar debilitando permanentemente a la delincuencia organizada.
Las oportunidades fotográficas y las declaraciones de amistad binacional parecían marchar sobre ruedas. Si los discursos y los eventos de la visita fueran nuestra única fuente de información acerca de estos dos países, fácilmente se pudiera creer en su retórica que cuenta que los gobiernos de México y de Estados Unidos asumen valientemente los arduos problemas y avanzan hacia soluciones conjuntas.
Sin embargo, no se requieren demasiados datos empíricos para que esa imagen se desplome. Los dos presidentes, cercados por crisis múltiples, recetaron formulas predeterminadas y confirmaron estrategias fracasadas. No ofrecieron ningún recurso realista para enfrentar los dos escabrosos temas de la migración y del crimen organizado. Las escasas propuestas concretas que emergieron de la reunión pronostican que los problemas se van a agravar.
Los dos presidentes reafirmaron su compromiso común en torno a la guerra contra las drogas. Calderón dijo al Congreso (más bien, a la mitad del Congreso, con asientos vacíos ocupados por alfiles Republicanos) que la lucha para restablecer la seguridad pública era “una batalla que se tiene que dar” y que el pueblo mexicano iba a ganar. Anunció inesperadamente un giro en los objetivos de la guerra contra las drogas, al declarar que el propósito principal ya no es el desmantelamiento de los cárteles de la delincuencia organizada, sino el garantizar la seguridad pública –extraña reformulación habida cuenta que la erosión de la seguridad pública es provocada por el propio modelo de guerra y precisamente esto es lo que ha catalizado el creciente movimiento ciudadano para modificar la estrategia militar del Calderón.
Obama elogió la guerra de Calderón contra las drogas y arrojó todo el peso político del gobierno de Estados Unidos tras el presidente de derecha. Últimamente a Washington le preocupa la idea que las protestas populares o las elecciones en México puedan descarrilar la estrategia militar/policiaco. El Pentágono está feliz con el acoplamiento que se ha obtenido con Calderón. Según la Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano y miembros del Departamento de Estado que han pedido no ser identificados, México -un país que históricamente ha objetado la intervención militar de Estados Unidos– ahora ha solicitado la presencia de su ejército en territorio mexicano. Bajo Calderón, han caído barreras que la mayoría de las naciones, incluyendo Estados Unidos, consideran como necesarias para garantizar la soberanía e independencia nacionales.
Sin importar que la estrategia de guerra contra las drogas sea un total y peligroso fracaso, y sin tomar en cuenta que nadie sepa en qué consiste o dónde se encuentra el “final” a la fecha, Estados Unidos ha arrojado 1,3 mil millones de dólares en la guerra y la administración de Obama espera arrancarle este año al congreso otros $800 millones para continuar la fallida misión.
¿Qué obtenemos de ese dinero? Un informe filtrado al Congreso mexicano reveló recientemente que el número de homicidios relacionados con las drogas es de 22,700 desde que Calderón lanzó su guerra. Los 45,000 efectivos del Ejército en las calles sólo parecen haber avivado las llamas y las críticas hacia al enfoque militarizado aumentan día a día. Después del cruento asesinato de 15 adolescentes en Ciudad Juárez, grupos de ciudadanos mexicanos iniciaron un movimiento para exigir un cambio de estrategia. Calderón viajó en repetidas ocasiones a la frontera para aplacar las protestas, y finalmente se comprometió a equilibrar la estrategia policiaco-militar con algunos programas de empleo y lucha contra la pobreza además de una retirada gradual de las fuerzas armadas. Eso aún está por verse.
Destacaron por su ausencia otros temas. Los derechos humanos estuvieron totalmente fuera de la agenda en el tête-à-tête presidencial. Se hizo realidad la predicción del presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka que declaró que al presidente Calderón no se le cuestionarían las razones de la muerte, en manos de la policía mexicana, de dos mineros en huelga, ni porque fueron heridos 100 mineros más, ni tampoco por qué el gobierno ha perseguido a los dirigentes sindicales, o por qué fueron sumariamente despedidos 44,000 trabajadores de la electricidad a fin de destruir su sindicato.
“Al presidente Calderón no se le cuestionará puesto que, como nación, hemos optado por no dar prioridad a los trabajadores y sus familias, hemos favorecido en cambio, a las transnacionales que alimentan la carrera mundial dirigida a sumergir los estándares de vida y de trabajo de los hombres y mujeres trabajadores. Tanto en México como en Estados Unidos, se necesitan buenos empleos y un trato económico justo, incluida la libertad de mejorar sus vidas a través de los sindicatos que forman “, señaló Trumka en un artículo de opinión publicado en “The Hill”.
El mantra del TLC de favorecer a las corporaciones multinacionales marcó el tono de la reunión de dos días. La declaración conjunta anunció la creación de la Frontera del Siglo XXI, “que incluye la apertura de tres nuevos cruces fronterizos, tres nuevos proyectos binacionales de puentes, y proyectos importantes de modernización en las actuales instalaciones de las fronteras”, —todo para facilitar el tráfico de bienes y servicios. Los presidentes anunciaron la formación de un Comité Ejecutivo bilateral. Al parecer, fuera de incrementar las importaciones y exportaciones que fluyen a través de la frontera, la frontera del siglo XXI se parecerá en mucho a la que ya existe. Ninguno de los presidentes hicieron una sola mención a poner fin a la corrupción de los funcionarios, en ambos lados de la frontera, que permite el libre flujo de contrabando, ni aludieron finalmente a la creación de conductos legales más laxos para los trabajadores que producen gran parte de las mercancías exportadas legalmente.
La declaración conjunta, hace referencia por demás indirecta a la polémica prohibición impuesta a los camiones mexicanos de no transitar en carreteras estadunidenses (ni siquiera menciona la palabra “camiones”.). Este asunto ameritaba algún anuncio de avance, dado que la prohibición al tránsito viola los términos del TLCAN y México obtuvo una sentencia favorable que le permite fijar aranceles punitivos a una serie de importaciones provenientes de estados Unidos. El asunto del transporte es una verdadera vergüenza para los promotores del TLC, ya que esta controversia de larga data expone el código silente en boga en los Estados Unidos: los juegos internos de poder, siempre se imponen sobre las leyes y compromisos internacionales.
Otros acuerdos pocos conocidos de la reunión incluyen la expansión del Grupo de Trabajo de los Derechos de Propiedad Intelectual. Una vez más, buena noticia para las empresas; mala noticia para México. México no gana, ya que no tiene una ínfima fracción de las patentes en comparación con su vecino que las acumula insaciablemente. El TLCAN de por sí ya concede a las empresas practicas de venta monopólicaS más amplias que las permitidas dentro del OMC y de otros acuerdos, y el compromiso de acabar con la piratería en México significa batallas callejeras con los vendedores ambulantes, despoja a miles de personas de la economía informal de su forma de sustento, y coloca fuera del alcance de los pobres, buena parte de la cultura popular.
Los dos presidentes celebraron el hecho de que “México está posicionado para ser el primer país del mundo donde el financiamiento de apoyo a las exportaciones estadunidenses proporcionado por del EXIM (Banco de Exportación/Importación de los Estados Unidos) supera los $ 10 mil millones, que a su vez apoyan las inversiones y la transferencia de nueva tecnología hacia México.” Muchos estudios han demostrado que la financiación estadunidense para las importaciones ha sido un factor clave en el desplazamiento de los productores mexicanos (maíz, por ejemplo) y han mostrado que los creditos al exportación como los del EXIM pueden ser un subsidio desleal a las importaciones.
Aunque a primera vista no lo parezca, el acuerdo para ampliar la Iniciativa Mérida, originalmente un proyecto a tres años establecido por Bush II, es también un regalo para los negocios estadunidenses. Sus “cuatro pilares” –trastocar las capacidades de las organizaciones delictivas; apoyar los esfuerzos para fortalecer las instituciones públicas encargadas de combatir a la delincuencia organizada; desarrollar la Frontera segura y competitiva del Siglo Veintiuno; y la construcción de comunidades fuertes y resistentes en ambos países –son en realidad tres pilares y un retazo. El monto de ayuda para los programas sociales de México que no estén relacionados con seguridad, representa únicamente cerca del 3% del total solicitado para la iniciativa Mérida del 2011. El resto se va, en gran parte, a los contratistas de la industria de la defensa estadunidenses, a empresas de TI y a empresas de seguridad privada, que abastecen externamente los bienes y servicios al Plan.
Mientras que compañías estadunidenses ayudan a evaluar a los policías mexicanos, diseñan y operan el equipo de inteligencia y entrenan a personal del ejército mexicano, la iniciativa no contiene obligaciones específicas para los Estados Unidos. Esperando que nadie se percatara del acceso -sin precedente histórico- que tienen las agencias estadunidenses al aparato mexicano de seguridad nacional, Calderón eligió ponerse un poco filoso en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, y lo exhortó restablecer la prohibición de armas de asalto. Es una causa digna, pero no un titular entre las demandas mexicanas. Unos cuantos senadores republicanos expresaron descontento, pero tanto el Washington Post como la publicación hispana más grande de la nación El Diario de Nueva York publicaron editoriales a favor. El Diario además hizo un llamado para que la gente “se una en torno del llamado de Calderón y se tome como una oportunidad de crear un ambiente propicio para una acción urgente.” Buena tinta para un presidente que cuenta con un limitado apoyo entre la población migrante mexicana en los Estados Unidos. Los comentarios de Calderón, también tenían la intención de poner distancia frente a las críticas internas de auto adulación.
Acerca de la inmigración, ambos presidentes se pronunciaron en contra de la ley de Arizona. Obama se comprometió a una reforma migratoria integral sin especificar “cuándo”, y Calderón se comprometió a la creación de empleo en el país sin especificar “cómo”.
En política exterior, los dos presidentes avalaron la estrategia de “divide y vencerás” del programa Rutas hacia la Prosperidad (sin invitación a los gobiernos de centro-izquierda), y elogiaron la cooperación en materia de seguridad entre “los Estados Unidos, México, Colombia, América Central, y el Caribe “, otra alianza política especialmente seleccionada. México también se adhirió a la campaña estadunidense para la readmisión de Honduras a la Organización de Estados Americanos y “a todas las instituciones interamericanas”, reconociendo “los importantes avances que el país ha tenido a partir de las elecciones celebradas en noviembre de 2009 para restaurar el orden democrático y constitucional”, y se comprometió a unirse a Estados Unidos en “apoyar decididamente al OIEA y sus esfuerzos de verificación de situaciones de especial preocupación en los organismos internacionales pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, incluyendo la persistente omisión de Irán en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales acerca de su programa nuclear “, acción que debilita la propuesta de Brasil y de Turquía de resolver la confrontación mediante un acuerdo diplomático que evite las sanciones de corte impositivo.
Por el incremento del poderío militar, el aumento en las políticas pro-empresariales, y por situar la seguridad fronteriza por encima de la reforma migratoria -la reunión Obama-Calderón podría fácilmente denominarse “la nueva alianza conservadora” en el hemisferio.
Lástima que fue fraguada por el presidente de los Estados Unidos de quien muchos esperaban que aportara algo nuevo a Washington.
Laura Carlsen (lcarlsen@ciponline.org) es directora del Programa de las Américas (www.americas.org) del Centro de Política Internacional de la Ciudad de México.
Traducido por Marta Fernandez Sanchez Soler
Para mayor información:
El estado de impunidad en México
https://www.americas.org/es/archives/2402
Fase 2 de la Guerra contra las Drogas
https://www.americas.org/es/archives/2234
Ciudad Juárez desciende a otro círculo del infierno
