Un año después del crimen de Ayotzinapa
“Dígannos la verdad sobre lo que encuentren, aunque duela, pero que sea verdad” – Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, al grupo de expertos
El 27 de enero, el Fiscal General Jesús Murillo Karam expuso la versión oficial de los hechos sobre aquella fatídica noche del 26 de septiembre cuando asesinaron a seis personas y 43 fueron desaparecidas en Iguala, Guerrero.
Su relato de los hechos fue el siguiente: Los policías corruptos de Iguala se llevaron a los estudiantes que se encontraban en los autobuses, se los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, y finalmente fueron ejecutados e incinerados en el basurero de la localidad cercana de Cocula. Murillo Karam declaró en una rueda de prensa que sus conclusiones eran “la verdad histórica.”
El móvil no estaba claro pero supuestamente tenía que ver con un pleito entre grupos de delincuentes, un caso de error de identidad, y un alcalde déspota confabulado con el crimen organizado.
Dicha versión estaba basada fundamentalmente en el testimonio de miembros del crimen organizado. Tras anunciar sus conclusiones, Murillo Karam practicamente suspendió la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, los enterró de forma retórica, y archivó uno de los casos más atroces y vergonzosos de la historia de México.
Sin embargo, de una manera u otra, el pasado enterrado siempre vuelve a salir a la superficie. Un grupo de cinco prestigiosos expertos, nombrados por la Comisión de Derechos Humanos Interamericanos para investigar los asesinatos y la desaparición de los estudiantes, presentó un informe el 6 de septiembre que hizo añicos la versión del gobierno. Dicho documento, compuesto por 560 páginas y presentado ante un auditorio abarrotado de familiares, periodistas y simpatizantes, citaba numerosas carencias, contradicciones y omisiones en la investigación y conclusiones del gobierno.
Tras el informe de los expertos, la “verdad histórica” que presentó el gobierno de Peña Nieto se recordará como la mentira histórica.
Le tesis central del gobierno de que los cuerpos fueron incinerados se ha desvanecido. Los forenses expertos consultados por el Grupo Interdisciplinario descubrieron que, para que un fuego pudiera destruir 43 cuerpos humanos de tal manera que resultaran irreconocibles (según el Procurador General, inicialmente sólo se obtuvo una identificación de ADN entre las cenizas, con el anuncio de un segundo la semana pasada), tendría que ser tan grande que habría requerido un volumen descomunal de combustible y habría arrasado un área mucho mayor, entre otras anomalías. El informe enuncia:
“Por todos estos antecedentes y con base en el informe evacuado por el Dr. Torero, el GIEI se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio”.
De por sí, sólo esto ya es contundente. Varios de los criminales confesos declararon que fueron torturados mientras se encontraban bajo custodia. Esta es una práctica habitual en México para cerrar casos.
Añadamos a la crónica ya desacreditada de la hoguera humana: la falta de informes de balística, pruebas destruidas y “perdidas” (incluidos vídeos de vigilancia y grabaciones policiales del momento de los ataques), autopsias chapuceras, testigos y confesiones que se contradicen entre si, fuerzas armadas que se consideran por encima de la ley y se niegan a ser interrogadas, la inexplicable crueldad de dejar que las víctimas se desangraran sin ninguna atención médica, y una serie de actos en los que la ineptitud es tan sistemática que la incompetencia no parece ya una excusa creíble y emerge un persistente patrón de encubrimiento de la verdad.
¿Por qué tenía el gobierno tanta prisa en cerrar el caso, desviando la culpa al crimen organizado? ¿Por qué insistir en una “verdad histórica” que no sólo no era cierta, sino cuya falta de coherencia y sentido era tan demostrable?
El informe de los expertos no explica dicha precipitación, pero la confirma, al desacreditar los móviles que Murillo Karam presentó al público. La primera afirmación, la de que el alcalde pensaba que los estudiantes planeaban interrumpir el acto político de su mujer, se derrumba tras la observación de los expertos de que dicho acto ya había finalizado cuando los estudiantes llegaron. La segunda afirmación, la de que Guerreros Unidos pensaba que en los autobuses se encontraban miembros de una banda rival, también queda en entredicho:
“Este posible móvil parte únicamente de lo declarado por los perpetradores y no considera que distintas autoridades desde horas antes estaban informadas de la presencia de estudiantes en actividades de boteo, que no portaban armas y que una vez tomados los autobuses su propósito era salir de la ciudad
En definitiva, la policía de Iguala que llevaba el caso “sabía que se trataba de estudiantes.”
La conclusión ineludible es que las máximas autoridades tenían algo que ocultar y sus razones para no mostrar la verdad. Además, desde el inicio enfrentaron el caso como un problema de control de daños y no de una búsqueda de la verdad y la justicia.
Pocos días después de que el informe fuera publicado, el gobierno de Peña afirmó que se había identificado a una segunda víctima. Este anuncio, basado en resultados de los análisis de la Universidad de Innsbruck donde enviaron las cenizas, pareció más bien un intento desesperado de reforzar su teoría ya convertida en ruinas.
El grupo argentino de especialistas forenses que han participado en la investigación a petición de los padres y madres de familia inmediatamente emitió un comunicado cuestionando dicho hallazgo, y afirmando que la coincidencia de ADN del segundo estudiante, Jhosivani Guerrero, no sólo era baja sino que, como ocurrió con los primeros restos identificados, las cenizas no se encontraron en el basurero, sino supuestamente en una bolsa de plástico sacado del río cerca del basurero. Puesto que no se invitó a los expertos forenses a que acompañaran a los investigadores del gobierno, como se había acordado, estos no darían por válido el origen de los restos hallados.
Las protestas no desaparecen
Lo que los informes científicos no toman en cuenta es el contexto político y la respuesta de la sociedad. El gobierno hubiera deseado que Ayotzinapa desapareciera del mapa–la escuela normal rural, su juventud apasionada y comprometida, y más tarde, el movimiento solidario con su exigencia de justicia. Son miles los mexicanos y mexicanas que han salido a la calle, portando fotografías de los estudiantes desaparecidos y haciendo propia su causa.
El gobierno de Peña se encuentra en un momento crítico con su programa de reformas estructurales. Es el momento histórico en el que subasta los recursos naturales de México al mejor postor transnacional. Los inversores necesitan ver estabilidad y cómo lo que impera es el Estado de derecho – y no a estudiantes desollados.
Ayotzinapa ha desenmascarado el rostro más feo del sistema político mexicano justo cuando quería mostrar su mejor cara.
Las reformas representan un gran telón de fondo para el crimen. Vidulfo Rosales, defensor de los derechos humanos y abogado de las familias de Ayotzinapa, explica:
“Es un sector estudiantil que protesta, que sale a las calles, pero también que genera maestros críticos que después van a integrar a la CETEG [organización de trabajadores de la educación de Guerrero], van a integrar a la CNTE, y que hoy por hoy están cuestionando seriamente las reformas estructurales, cuestionan seriamente el estado de cosas injusto. También son profesores que van a la comunidad, y después establecen un acompañamiento a las comunidades, un despertar a los pueblos, para que ellos puedan defenderse de las injusticias que viven. Y obviamente este incomoda el estado, y por eso hay un ataque sistemático a estos sectores. “
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Ayotzinapa ha desenmascarado el rostro más feo del sistema político mexicano justo cuando quería mostrar su mejor cara.
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La desaparición forzada es un crimen que el estado utiliza para encubrir otros crímenes. Incorpórea y sin olor, se disuelve en la memoria cuando los seres amados se olvidan o ignoran.
Los expertos reconocen que:
“La desaparición forzada de personas es una estrategia para borrar las huellas del crimen, extendiendo la confusión y la ambigüedad como una forma de evitar la investigación, el conocimiento de los hechos y sustraer a las víctimas de la protección legal, además de ser llevada a cabo por agentes del Estado o por particulares con su apoyo o aquiescencia, y extiende el terror de sufrir el mismo destino, hacia todos aquellos que pueden identificarse con las víctimas”.
Las marchas y manifestaciones en México y el mundo entero son el único impedimento a la impunidad, en lo que el estudiante sobreviviente y vocero Omar García califica como “el crimen perfecto.”
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La desaparición forzada es un crimen que el estado utiliza para encubrir otros crímenes.
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“La desaparición forzada es el crimen perfecto, en el que se deja a las familias en suspenso, como en pausa, con su dolor y sus aspiraciones y su frustración. Pero ellos nunca pierden la esperanza…”
El informe de los expertos impulsará esa búsqueda organizada de la verdad. Por todo el país y en todo el mundo se han formado grupos para reclamar justicia en el caso de Ayotzinapa bajo el lema “¡Fue el Estado!” y con una solo exigencia “Vivos los llevaron, vivos los queremos!”
La desaparición forzada en masa de los estudiantes de Ayotzinapa también ha originado la formación y consolidación de grupos de familiares en busca de sus seres amados desaparecidos, algunos de los 25,230 desaparecidos– según las cifras oficiales más recientes–en el país. Ante la corrupción, el desdén y la indiferencia por parte de las autoridades gubernamentales, han tomado las riendas de la situación.
No se rinden jamás. Cada semana, estos hombres y mujeres descubren fosas clandestinas en Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, y por supuesto en Guerrero, donde cada domingo el grupo “Los Otros Desaparecidos” sale pala en mano con la esperanza de encontrar hijos, hijas, hermanos y maridos.
Han recuperado ya 104 cuerpos en las montañas cerca de Iguala, un paisaje en apariencia tranquilo pero anegado de cadáveres. Muchos salen frente el riesgo de enfrentarse cara a cara a los criminales o los oficiales corruptos que asesinaron a sus familiares. Algunos han sido asesinados, como Miguel Angel Jiménez Blanco, que ayudó a fundar el grupo de buscadores ciudadanos en Iguala, y al que mataron a balazos el 8 de agosto de este año.
Estos grupos ciudadanos de búsqueda también se movilizaron el 26 de septiembre para recordar el crimen y exigir la vuelta de los estudiantes. Volvieron a gritar “¡Fue el Estado!” y a exigir justicia. El gobierno de Peña Nieto ofrece promesas huecas de ‘ir a fondo’ en la resolución del caso sin ningún compromiso concreto, a la vez aún sosteniendo su hipótesis. Miles de personas gritaron “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Su reivindicación se hace eco en los oídos de madres de todo el mundo cuyo mayor miedo es perder a un hijo; de defensores y defensoras de la justicia, de mexicanos y mexicanas que viven en el país o tras sus fronteras.
Y no es una cuestión ajena a los ciudadanos estadounidenses. Aparte de la proximidad y la historia compartida con México, el gobierno de EE.UU. ha apoyado incondicionalmente a la presidencia de Peña incluso cuando su gobierno miente sobre los estudiantes. La Iniciativa Mérida ha proporcionado entrenamiento y equipo por valor de unos $3 mil millones de dólares a las mismas fuerzas de seguridad que asesinan, trafican, extorsionan y violan.
No siempre, no todos, ni en todas partes, pero con la suficiente frecuencia como para dejar al descubierto la existencia de un problema estructural.
El día 26, cuando docenas de miles de personas marcharon en la Ciudad de México, millones más estaban con ellos. Si no en cuerpo, al menos en alma.
Laura Carlsen es Directora de CIP Programa de las Américas en la Ciudad de México, americas.org/es
