Juventina Villa sabía que sus días estaban contados. El líder de una organización ambientalista en las montañas de Guerrero, México, ella y otros activistas han estado en la mira de la delincuencia organizada y de fuerzas del gobierno durante años. Su esposo y dos sobrinos fueron asesinados este año.
El 28 de noviembre, un día antes del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, Juventina fue asesinada a tiros, junto con su hijo de 17 años de edad y frente a los ojos de su hija de ocho años.
Había subido al cerro para hacer una llamada telefónica. Villa contaba con protección del Estado y fue acompañada por la policía estatal en el momento de su asesinato. Curiosamente, ningún policía resultó herido durante la emboscada. El gobierno del estado de Guererro, encargado de garantizar la seguridad de ella, restó importancia a su propia responsabilidad. El oficial de la policía guerrerense Humberto Salgado dijo: “Ella se desvió fuera del perímetro de seguridad”.
La declaración indolente confirmó una actitud común, reafirmada por el gobierno y el sistema patriarcal de control: cuando las mujeres cruzan la línea, se merecen lo que reciben.
Las defensoras de los derechos humanos no sólo son el blanco de los intereses a los que se enfrentan. También están abandonadas, o peor aún, atacadas —por el gobierno y algunas veces por sus propias comunidades y familias. Sin importar lo que ellas hacen o lo que les hayan hecho, se las presenta como si hubieran provocado sus propios asesinatos, violaciones o ataques.
El trabajo de Juventina y su organización, Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca fue la piedra en el zapato para los grupos del crimen organizado y sus socios en el gobierno, que se benefician de la tala ilegal y el cultivo de drogas. Durante la última década, el gobierno local ha hostigado y encarcelado ilegalmente a activistas con el fin de proteger los intereses de los empresarios madereros y para apagar las bases locales de la organización.
Juventina trabajaba en defensa de los bosques y las comunidades de la región. Otros defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados o amenazados de muerte por defender los bienes naturales, los derechos laborales o, en el caso de los periodistas, la verdad.
Muchos de ellas han sido asesinadas por oponerse a las incursiones militares y paramilitares en sus comunidades bajo la guerra contra las drogas. Josefina Reyes Salazar, del Valle de Juárez, en Chihuahua, México, luchó por años para proteger a las comunidades de la frontera México-Estados Unidos. Cuando el gobierno mexicano envió al ejército para hacer frente a los cárteles de la droga, ella se convirtió en una abierta crítica de violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares. El 3 de enero de 2010, Reyes fue asaltada y recibió un disparo en la cabeza. Otros cinco miembros de su familia han sido asesinados.
Margarita Chub Che —una partera, madre y defensora de derechos humanos— se defendió cuando su comunidad fue desplazada por guardias privados, policías y soldados para dar paso a grandes intereses agroindustriales. Chub también lideró los esfuerzos locales para buscar justicia por los crímenes cometidos en la región del Polochic durante la guerra sucia en Guatemala. Fue asesinada en su comunidad indígena Q’uechi de Paraná por tres hombres enmascarados el 4 de junio de 2011.
En Honduras, Guatemala y México, al menos 254 mujeres defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas en los últimos años. Muchas más han recibido amenazas de muerte, se han visto obligadas a huir, o han sufrido agresiones físicas, a menudo incluida la violencia sexual.
Marusia Cruz López, directora de JASS Mesoamérica, señala que los riesgos siguen creciendo. “Hemos registrado un aumento alarmante de las amenazas y ataques contra las defensoras de la región, en gran parte debido a las políticas autoritarias y la militarización”, dijo.
A medida que la guerra contra las drogas ha propiciado un aumento general de la violencia, los ataques contra las mujeres, y en especial las defensoras de derechos humanos, han aumentado. Otros factores son la cultura machista y los sistemas patriarcales de control sobre las mujeres, el golpe de estado en Honduras y su nutrida secuela de violaciones de derechos humanos, más la organización contra intereses poderosos, para la protección de recursos y derechos. El papel destacado de las mujeres en la defensa de sus comunidades las ha colocado en zona de peligro.
La campaña 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género llega a su fin el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras las organizaciones de mujeres en todo el mundo están pidiendo una mayor protección para las defensoras de los derechos humanos y justicia para quienes han sido asesinadas. En la mayoría de los casos, los crímenes contra ellas siguen impunes.
Juventina y decenas de otras mujeres en el mundo son las mensajeras que alertan al resto de la sociedad sobre la violación de los derechos humanos y llaman a tener las agallas para levantarse y decir ‘no’. Poderosas fuerzas económicas y políticas tienen un gran interés en silenciarlos. A menudo el público se retrae con las versiones dadas por los medios de comunicación —”ella murió porque cruzó la línea”, lo que implica, si no cruzas la línea, estás a salvo.
Nada podría estar más lejos de la verdad. Si no defendemos a los defensores de los derechos humanos —las mujeres y los hombres en el frente de la defensa de las libertades fundamentales y la seguridad pública— no habrá seguridad, son nuestra defensa del presente y garantía del futuro.
Laura Carlsen es director del Programa de las Américas, americas.org/es y consultora con Asociadas por lo Justo (JASS).
Recursos
Asociadas por lo justo mesoamérica: https://www.facebook.com/jass.meso
Asociadas por lo justo: http://www.justassociates.org/esp/index.htm
Democracia abierta: 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género
Iniciativa Nobel de mujeres: 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género
Foto: Prensa Libre
