Por Laura Carlsen y Alfredo Acedo
Este 1 de septiembre, día de la entrega —que no lectura— del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue fiel reflejo de una nación en jaque.
Durante toda la semana anterior, crecieron las tensiones. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron casi a diario en medio de rumores de represión e inminente desalojo de su campamento en el Zócalo. Otros sectores a los que se sumaron grupos representativos de la CNTE marcharon contra la reforma energética. Con desplantes histéricos, los medios masivos elevaron ‘el derecho a manejar en auto privado’ por encima de cualquier otro, lamentando el “secuestro” de la ciudad a pesar de que el comercio y la actividad urbana seguía sin contratiempos.
El presidente anunció que daría el informe en el espacio militar llamado Campo Marte, como si estuviéramos bajo sitio, y después cambió de opinión y decidió esperar hasta el inusual 2 de septiembre para leer el mensaje del informe sin salir de la residencia oficial de Los Pinos. El informe propiamente dicho fue entregado por escrito, de manos del secretario de Gobernación, en la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
La mañana del día primero amaneció con el cielo despejado pero con tormentas en las calles. Los grupos de docentes salieron temprano del Monumento a la Revolución rumbo a Los Pinos. Fueron encabezados por la región Mixteca, seguida por el resto de la Sección 22 de Oaxaca y después por contingentes de Guerrero, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal. Los acompañaban jóvenes de #YoSoy132, padres de familia, electricistas y otros.
Sin prisas, la columna avanzó por Avenida Reforma, pasó ante el Senado de la República donde había una concentración de policías, provocando la consigna: “Señor policía, que lástima me das, teniendo tú las armas no puedes protestar.”
Caminan con calma y paso firme, con mantas y carteles que exigen la abrogación de la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución, o simplemente el “Rechazo total a la reforma educativa de Peña Nieto.”
Otras rezan, “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.” En una lona de Jalisco se protesta por la ley que estipula que las escuelas tienen que conseguir una parte de su financiamiento “porque impone que los padres paguen la educación que debiera ser gratuita.”
“Estamos exigiendo que se abrogue la reforma a los artículos 3 y 73,” explica el profesor de telesecundaria Isaías Jaime Ignacio Cruz, de la Mixteca, “porque al igual que las reformas anteriores, estos cambios constitucionales no van a beneficiar a la educación. En cambio, son atentatorios contra la permanencia y antigüedad en el empleo del magisterio y van también contra el derecho de los alumnos a una educación integral y de verdadera calidad.”
“Si la educación está en crisis, porque lo está —admite—, no es por nosotros sino por un gobierno federal que decide, administra y aplica políticas y presupuestos y al final él mismo se hace cuentas y sus culpas nos las echa a los maestros. Nosotros hacemos el máximo esfuerzo para que lo poco que nos dan, nos rinda; si en una escuela no hay gises, de nuestro salario los ponemos, igual con los pizarrones o cuando a un alumno le falta dinero para su acta de nacimiento, porque vemos que nuestros alumnos son inteligentes, no mediocres ni comodinos, y queremos formar ciudadanos no conformistas ni consumistas, sino críticos y que aspiren al progreso.”
Cuenta que en las comunidades de Oaxaca existe la tradición del tequio, una forma de trabajo colaborativo para resolver las necesidades de la gente. “Pues bien, ese tequio con personas conscientes y educadas hace que nuestros pueblos crezcan; desgraciadamente, las reformas subrayan el individualismo y no buscan la armonía con el interés comunitario”.
Ignacio Cruz define las consecuencias de los cambios al Artículo 73 que “al dar autonomía a las escuelas para que se alleguen recursos para solventar sus necesidades, con ello abren la puerta a los intereses privados y dan pie a que el estado se desentienda del servicio educativo”.
“Quieren que los pobres aprendamos inglés y computación para que sigan explotándonos, y que los ricos vayan a las escuelas de pago,” reitera una voz por el poderoso sistema de sonido. El sueño de la educación que representa oportunidades, que simboliza el desarrollo humano y no sólo formación para el mercado laboral, es lo que está en juego, además de sus trabajos y sus derechos.
En algunos carteles sostenidos por los profesores se lee, “Si hay que evaluar, por Peña hay que empezar”, refiriéndose a la evaluación educativa, uno de los puntos más controversiales de la reforma. Los miembros de la CNTE sostienen que no están en contra de ser evaluados, sino de la forma y criterios de medición diseñados desde el empresariado, que no toman en cuenta diferentes contextos culturales y socioeconómicos y generan inseguridad laboral y medidas punitivas contra los maestros.
Habla Sarvia Analí Valverde Montes, “Muchos dicen que estamos en contra de la evaluación pero lo que rechazamos es la evaluación estandarizada. Queremos una evaluación de acuerdo al perfil de la preparación que recibimos y de acuerdo a las condiciones en que laboramos, porque no es lo mismo trabajar en una comunidad donde no hay posibilidades de seguirse preparando, a estar en una ciudad con más opciones y oferta académica.”
Ella trabaja en nivel preescolar y viene de la comunidad Guerrero Santa Cruz, Centro de Trabajo 172, sector Xalcatongo, de Oaxaca, de un jardín de niños a donde algunos estudiantes deben caminar más de dos kilómetros desde sus casas. Comenta que muchos llegan sin desayunar, otros con su morral y su taco de tortilla dura, untada de frijol o sólo con sal.
Todavía sin plaza base tras dos años de servicio, la maestra concluye, “Estamos a favor de una evaluación que sirva para mejorar y no para reprimir y despedir a los maestros”.
Frente a la Bolsa de Valores la marcha hace una parada. En referencia a los mensajes de los medios que bombardean a la opinión publica en contra de las manifestaciones y las maestras y los maestros dicen, “Nosotros no estamos provocando, nos estamos expresando.”
Se informa que la Cámara de Diputados votará el mismo día la tercera ley secundaria, la del servicio profesional docente. Se dice que los tres principales partidos políticos (PAN, PRI; PRD) apoyan la aprobación inmediata. El anuncio desconcierta a los manifestantes y piden que todos se concentren en sus contingentes para analizar un cambio de estrategia. Deciden re-direccionar la marcha a San Lázaro, a la sede de la Cámara de Diputados.
No deja de ser impresionante el aguante de los miles de maestras y maestros. Después de semanas de vivir en tiendas de lona en el centro de la ciudad, de dormir a la intemperie, de comer mal, sin quejas deciden atravesar la urbe bajo el sol para rechazar “la traición de Estado”. Hay una mesa de diálogo programada para las 8 de la noche, pero varios dicen no ver señales de buena fe y perciben ese diálogo sólo como una táctica dilatoria.
Otra vez resuena la voz del profesor Ignacio Cruz, “Se evidencia la manera traicionera y mentirosa de los legisladores que habían dicho que la ley reglamentaria del servicio profesional docente se dejaría en suspenso mientras se mantuvieran las negociaciones, pero como fieles sirvientes de los poderosos están dispuestos a sacar la tarea que el patrón les ordenó.”
Juan José Ortega, dirigente de la Sección 18 de Michoacán, lo dice muy claro, “Sabemos que hemos acudido a los espacios del diálogo, hemos presentado propuestas muy concretas, pero también sabemos que no es suficiente la buena voluntad para mover las consignas con las que operan diputados y senadores.”
La apresurada votación en un clásico “albazo” legislativo parece confirmar esta versión. Esta misma noche se aprobó la Ley de Servicio Docente.
Pasando las dos de la tarde, se acercan a la Cámara de Diputados. Una barrera que parece el muro de la frontera con Estados Unidos impide el acceso a San Lázaro. Los maestros y las maestras, detrás de una valla de granaderos, se paran a unos 50 metros de distancia. No buscan enfrentamientos y los policías tampoco. En los carriles al otro lado del camellón están los jóvenes. De repente empieza una pequeña refriega. Algunos lanzan objetos y petardos. Los maestros responden con vallas humanas para separarse del enfrentamiento y empiezan a corear “NO VIOLENCIA.”
Los manifestantes advierten la presencia de provocadores y se deslindan. Varios oradores señalan que su lucha no es meramente gremial, no es una batalla por el salario, sino por el futuro de sus derechos laborales y de la educación pública —nada más y nada menos.
Aparece en el cielo una cosa voladora, del tamaño de un avioncito. Es un mini drone equipado con una cámara de video, el más reciente juguete de la policía federal, que sobrevuela la marcha registrando la asistencia. A la gente le da risa, pero se carcajea cuando es lanzado un petardo y el aparato da una vuelta en “u” y regresa a máxima velocidad. Parece una pequeña victoria en medio de la batalla.
El contingente magisterial ha llegado a un impasse —no sólo están frente a una valla de policías que inhibe el paso, sino también el ejecutivo y ahora el congreso han anunciado su intención inapelable de consumar la reforma educativa.
Aprobar la ley del servicio profesional docente “sería la manera de mostrar que están entregados a la iniciativa privada, que estarían concretando las iniciativas y disposiciones de la OCDE, de Mexicanos Primero, de la Coparmex [Confederación Patronal de la República Mexicana], de la demás clase política-empresarial que se ha adueñado de nuestro país a través del nefasto pacto por México”, afirma Ortega.
Añade, “Jamás vamos a renunciar al derecho universal de la educación, jamás vamos a renunciar al derecho universal a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al calzado, a la salud… para ser verdaderos transformadores de una sociedad con un tejido social descompuesto. Una sociedad bajo condiciones arbitrarias del gobierno federal que hoy atraca contra la educación y mañana estará atracando contra los energéticos, contra nuestro presupuesto, contra nuestras condiciones de desarrollo con una reforma fiscal.
“Sabemos que una vez que atenten contra nuestro patrimonio social y económico, no habrá condiciones de desarrollo, y para poder mantener la voracidad de la clase política y empresarial atentarán contra nuestro sueldo e impondrán el IVA a alimentos y medicinas.”
Los maestros han llamado a los medios de información presentes para improvisar una conferencia de prensa en la calle. Rubén Núñez, de la Sección 22 expresa que la lucha de la CNTE por democratizar el sindicato es también una lucha para democratizar al país y para establecer una verdadera reforma educativa, construida con la participación de quienes dan la lucha en las aulas, en las escuelas, en los estados de todo el país.
La CNTE hace un compromiso “con nuestros niños, con el pueblo” para construir desde los propios espacios una verdadera reforma educativa con una evaluación de carácter pedagógico, muy lejos del aspecto punitivo que se quiere imponer.
Y sentencia Núñez: “No vamos a regresarnos a las aulas hasta vernos atendidos por los diputados y senadores, hasta vernos atendidos por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y por el nefasto presidente de nuestro país. Queremos dejar claro a Peña Nieto que no nos van a doblegar.”
“Esta Coordinadora, con 34 años de lucha, seguirá demandando la abrogación de esta reforma con sus mejores armas: la unidad y la organización.”
Para rebatir la campaña insidiosa en los medios, el líder de la Sección IX, Francisco Bravo, hace una lista de “mentiras sobre la CNTE”, entre ellas: que los profesores no quieren ser evaluados, que no quieren mejorar la educación, que son unos cuantos (¿y por unos cuantos el gobierno tuvo que mover su informe a un búnker y cercar el Congreso?, pregunta); que los legisladores están escuchando a los maestros y tomarán en cuenta sus propuestas, entre otras. Desmintió uno por uno los embustes, con ejemplos de las propuestas alternativas, las iniciativas de diálogo y la fuerza desde el movimiento.
“Ellos podrán imponer las leyes secundarias, podrán aprobar la reforma educativa pero no van a hacer que se modifique la práctica en los salones de clase porque para que se modifique la práctica en las aulas quienes tienen que estar aprobando y discutiendo somos los maestros, y nosotros hemos sido los grandes marginados de este proceso”, dijo.
Y anuncia una insurrección magisterial para el miércoles 4. “Veintidós estados realizaremos acciones en contra de la probable imposición. Llamaremos a la insurrección. Haremos una magna manifestación en todo el país.
“Seguiremos en las aulas luchando, seguiremos proponiendo alternativas, porque la lucha está claro. No ha terminado. Esta apenas empieza. Los maestros decimos a la gente que está en el Congreso: la cuenta está pendiente. Concluye entre aplausos, “La lucha no termina aquí”.
Mientras otros desafíos, jugadas y movimientos en el inmenso tablero del país se van acumulando.
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas. Alfredo Acedo es periodista y director de comunicación de la UNORCA, y colaborador con el Programa de las Américas www.americas.org/es
Fotos: Alfredo Acedo
