Apenas cuatro días después del primer aniversario de las desapariciones de Ayotzinapa, al menos trescientas personas asistieron al Foro Internacional sobre Personas Desaparecidas en México en la Ciudad de México desde el 29 de septiembre al 1 de octubre de 2015. Organizaciones sociales y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, juntaron a varios familiares de personas desaparecidas, defensores de los derechos humanos, oficiales del gobierno, académicos, periodistas y estudiantes durante tres días de presentaciones y discusiones sobre la crisis de desapariciones en México. Entre los participantes había docenas de madres de algunas de las más de 26.000 personas desaparecidas desde 2006.
Las madres escucharon y comentaron las cuestiones expuestas por los oficiales del gobierno y las organizaciones civiles. Las madres de los desaparecidos en México se han convertido en expertas por mérito propio—muchas han buscado a sus hijas e hijos por su cuenta y se han vuelto feroces activistas y críticas contra la impunidad del gobierno y la violencia de estado en México.
Frente a la apatía, la ineficacia e incluso los ataques del gobierno, las madres han construido una comunidad de apoyo mutuo organizada de forma autónoma. Se han convertido en las líderes de un movimiento de base contra un estado criminal, responsable de las desapariciones de sus hijos e hijas y miles más.
La historia de Adela Alvarado Valdés y Moni
Adela Alvarado Valdés fue una de las primeras madres en llegar al foro. Llevaba un botón con la foto de su hija, Moni. En una entrevista con el Programa de las Américas, Alvarado Valdés explicaba que intenta por todos los medios asistir a foros, eventos y protestas por los desaparecidos de México porque “muchas madres, sin fondos ni fuerza emocional, no pueden asistir a este tipo de eventos. Yo estoy aquí porque ellas no pueden”.
Payasa profesional desde hace 34 años, Alvarado Valdés es la madre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, una estudiante de sicología que desapareció hace once años en el Estado de México.
Mónica desapareció a las once de la mañana del martes 14 de diciembre de 2004, cuando se dirigía a la FES Iztacala, una universidad al norte de la Ciudad de México. Salió de su casa en Ecatepec, en el Estado de México—ahora conocido por ser uno de los estados más peligrosos para las mujeres, con una de las tasas de violencia de género más altas del país—en dirección al campus para entregar un trabajo. A las seis de aquella noche, Alvarado Valdés recibió una llamada de una de las compañeras de su hija diciendo que Mónica nunca llegó a la facultad.
Alvarado Valdés se sentó con el Programas de las Américas para contarnos la experiencia desgarradora de su familia en su busca de Mónica. Esa búsqueda ha estado marcada por el abuso emocional por parte de los investigadores del gobierno, amenazas de muerte por parte de la policía local, y un desgarro absoluto de su vida familiar.
De acuerdo con Alvarado Valdés, aquellos primeros días estuvieron marcados por una angustia indescriptible. “Yo quería a mi hija en ese momento porque yo sentía que yo no vivía más sin ella”, comenta. En un principio, la familia buscó en hospitales locales y distribuyó volantes de persona desparecida, que pudo imprimir con la ayuda del Centro de Apoyo de Personales Extraviadas y Ausentes (CAPEA). Cuatro días tras la desaparición de Mónica, recibieron un mensaje de texto de los supuestos secuestradores. Dijeron que habían capturado a Mónica y exigieron un rescate de 250.000 pesos. Ordenaron a la familia que entregara el dinero o la cortarían en pedazos. Desesperados, Alvarado Valdés y su familia solicitaron la ayuda de un investigador privado y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para poder traer a Mónica de vuelta a casa sana y salva.
El investigador privado les ayudó a monitorizar la actividad del celular de Mónica y descubrieron que se habían realizado una serie de llamadas a Jesús Martín Contreras Hernández, uno de los compañeros de Mónica, tras su desaparición. El investigador que ayudaba a la familia a aclarar el misterio de la desaparición de Mónica renunció al trabajo cuando descubrió que la AFI estaba involucrada, ya que en aquel entonces ser investigador privado era ilegal en México.
La AFI no hizo más que provocar estrés emocional a la familia. Creada por la Fiscalía en 2001 para remplazar a la notoriamente corrupta Policía Judicial Federal, la AFI era una agencia de investigación del gobierno federal encargada de investigar crímenes federales tales como los secuestros y el tráfico de drogas. A pesar de su reestructuración en 2009 y su cambio de nombre a Policía Federal Ministerial, según Alvarado Valdés era muy eficaz encontrando personas desaparecidas.
Al principio, la AFI aceptó ayudar a la familia a encontrar a su hija e incluso instaló equipos en su casa para enseñarles a negociar con los secuestradores. Prepararon al marido de Alvarado Valdés para que negociase con los secuestradores y les dijeron que cortaran toda comunicación con familia y amigos. Según explica Alvarado Valdés, la actitud del investigador de la AFI cambió por completo tras entrenar a su marido: “Se volvió apático y poco cooperador. Básicamente nos secuestró en nuestra casa, nos atormentó con información irrelevante y pistas falsas, y ridiculizó nuestro sufrimiento”. Mientras tanto, la familia recibió dos mensajes de texto más de los secuestradores. Cuando el padre de Mónica dejó mensajes de voz diciendo que estaba listo para negociar y suplicado que no hicieran daño a Mónica, nadie llamó de vuelta jamás.
El investigador empezó a desmontar el equipo que había instalado en su casa, y cuando fueron a quejarse a las oficinas de la AFI, se les negó la entrada y se les informó que su caso había sido cerrado. Entonces decidieron viajar a Ciudad de México con los registros telefónicos que les había proporcionado el investigador privado, y una vez allí un investigador del gobierno de la Fiscalía ordenó el arresto de Jesús Martín Contreras Hernández en 2005. Más tarde se arrestó a otros dos hombres más, entre los que se encontraban Marlon Gaona, hijo de un policía local, y otro hombre—todos miembros de dos bandas locales, “Los Cruces” y “Los Gaona”. Los tres fueron sentenciados a 21 años de prisión por el secuestro. Nunca confesaron el paradero de Mónica, y a día de hoy, Alvarado Valdés y su familia no saben qué le ocurrió a su hija.
Durante la investigación, la familia destapó una serie de secuestros y crímenes asociados con la familia Gaona. Alvarado Valdés y su familia empezaron a sensibilizar al vecindario sobre estos crímenes, pero tras las amenazas de la policía local se vieron obligados a desplazarse fuera de la municipalidad de Ecatepec.
Tras once años de incertidumbre, estrés y violencia emocional, Alvarado Valdés dijo al Programa de las Américas que ha seguido siendo fuerte gracias a otras familias y activistas. Comenta que sus compañeros en la industria del teatro han sido de gran apoyo. Juntos han organizado una maratón de ferias de payasos en el Zócalo y participado en eventos a través del país para despertar conciencias sobre la desaparición de Mónica y la grave crisis en cuestión de derechos humanos que atraviesa México. Y como defensora acérrima de las personas desaparecidas, Alvarado Valdés ha ido forjando amistades y relaciones con otras madres.
“Han pasado once años desde que Mónica desapareció pero me niego a olvidarme de ella. No perdimos un perro, o un coche, o una bici; sino un ser humano, mi hija, y no la puedo abandonar. No creo que las familias podamos abandonar a nuestros seres queridos a su suerte jamás”, dijo Alvarado Valdés a el Programa de las Américas.
“Desafortunadamente, durante los años hemos aprendido que esta crisis ha ido empeorando porque el gobierno y las mafias se benefician de las desapariciones”.
A pesar de las dificultades, Alvarado Valdés sigue empeñada en conseguir justicia para Mónica y ayudar a otras familias a hacer lo mismo. Su terrible experiencia con la AFI la ha ayudado a desarrollar una sensibilidad extrema sobre los costes de la inactividad y la complicidad del gobierno en estos casos.
“Hemos logrado sentenciar a esos tres hombres. Pero no hemos podido conseguir más que eso. No se puede hacer más porque el gobierno protege a estos criminales. Cuando me junto con otras familias, con mis amigos y víctimas de otros casos, todos nos damos cuenta de que nuestro gobierno está contribuyendo a esta terrible crisis”, explicó Alvarado Valdés durante la clausura del foro.
Norma Andrade y la larga batalla en busca de justicia para las mujeres desaparecidas
Como miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una asociación mexicana sin ánimo de lucro de madres cuyas hijas han sido víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, Norma Andrade está muy familiarizada con las dificultades emocionales, el trabajo agotador y la violencia que muchas madres y familias afrontan en la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos. La hija de Andrade, Lilia Alejandra García Andrade, desapareció el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez. Siete días después encontraron el cuerpo de Lilia, envuelto en una sábana, con signos de violencia física y sexual.
Desde entonces Andrade se ha convertido en una defensora acérrima en Ciudad Juárez y ha liderado la organización de madres durante más de catorce años, con la esperanza de meter entre rejas a los asesinos de sus hijas.
Hasta la fecha, el activismo implacable de Andrade ha tenido como consecuencia dos ataques contra su vida. El viernes 2 de diciembre de 2011, un agresor desconocido disparó e hirió a Andrade en su propia casa en Ciudad Juárez. Poco después se mudó a Ciudad de México por su seguridad. Sin embargo, dos meses más tarde, otro agresor desconocido la atacó de nuevo en su residencia en la colonia de Coyoacán, mientras llevaba a su nieta a la escuela. El agresor rajó a Andrade en la cara con un cuchillo.
Desde 2008 y especialmente tras el segundo ataque contra la vida de Norma, varios grupos de mujeres y derechos humanos internacionales incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel han exigido protección inmediata y efectiva para Norma Andrade y su familia.
A pesar de estos ataques y otras amenazas contra su vida, Andrade ha continuado organizando eventos por la justicia a favor de las víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez. En un país en el que la atención a los feminicidios es mínima, y donde hay muy pocos avances en las investigaciones debido a la corrupción y la falta de voluntad política, Andrade es una activista y una madre que se ha propuesto aprender a superar la apatía y las barreras burocráticas en busca de justicia para las mujeres desaparecidas. Ha acompañado y aconsejado a otras familias a investigar las desapariciones, ha promocionado la terapia ocupacional para las familias afectadas, ha presionado para cambiar las leyes bajo el Código Penal del Estado de Chihuahua que permiten este y otros tipos de violencia, y se ha convertido en una portavoz y figura internacional contra la violación de los derechos humanos de la mujer en México.
Recientemente se unió al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social para organizar talleres para las jóvenes en escuelas secundarias de Ciudad Juárez con un enfoque en la prevención de desapariciones. Los talleres se centran en contar la historia de cómo tres jóvenes desaparecieron y en enseñar a las jóvenes a identificar, prevenir y denuncian a posibles secuestradores.
Tras su presentación en el foro, el Programa de las Américas le preguntó a Andrade qué impulsaba su diligente trabajo contra el feminicidio y las desapariciones en el norte de México.
“Hace 14 años encontré a mi hija asesinada, y ese es el mismo tiempo que he estado organizándome. Y he aprendido mucho durante el camino. No sabía nada sobre leyes pero ahora sé cómo establecer mis exigencias y los derechos que buscamos. Cuando decimos que tenemos el derecho a la vida, sabemos qué articulo de la constitución garantiza ese derecho. No puedo afirmar que un femicidio puede conllevar 60 años de prisión si no conozco el código penal y ahora ya sé la definición de feminicidio, sé lo que significa—hemos aprendido todo esto por el camino, organizándonos”, dijo Andrade.
Según ella, aún hay mucho que hacer para prevenir crímenes contra la mujer y conseguir justicia. Cuando México y el mundo entero supieron de los 43 desaparecidos de las escuela normal rural de Guerrero el pasado septiembre, Andrade señaló el caso del Arroyo del Navajo en Chihuahua, donde los restos de 80 personas han sido descubiertos durante los últimos dos años, la mayoría mujeres aparentemente víctimas de tráfico sexual.
“80 restos han sido identificados en el Arroyo del Navajo. Casi el doble que 43. Y vale la pena preguntarse por qué esos 43 mueve al pueblo y no estos 80”, comentó Andrade.
A pesar de admitir que hay indiferencia hacia la desaparición de mujeres pobres, Andrade cree que la gente tiene que unirse en la búsqueda de justicia para todos las personas desaparecidas en México, desde los 43 de Ayotzinapa a las víctimas de feminicidio.
“Lo que considero fundamental es la unión. La unión entre estados, entre madres, porque lo que nos une es el mismo dolor. Incluso cuando los desaparecidos son varones, el dolor que uno siente sobre la pérdida de un hijo es el mismo que en la pérdida de una hija”, explica Andrade.
Berta Nava, Ayotzinapa y solidaridad entre las familias de desaparecidos
Berta Nava es la madre de muchos jóvenes desaparecidos. Cuando su hijo Julio César Ramírez Nava fue asesinado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, adoptó la causa de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro de Ayotzinapa como suya.
Nava es una ama de casa que, tras perder a su hijo Julio de 23 años, un estudiante de primer año en la Escuela de Ayotzinapa, se ha convertido en una voz feroz y valiente entre las familias de los estudiantes desaparecidos. Durante más de un año ha participado en marchas, paneles y entrevistas exigiendo la vuelta a salve de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa.
Como una madre Ayotzinapa en el fórum, Nava explica por qué es importante aprender de y mostrar apoyo a otras madres y familias. “Es muy importante estar aquí, escuchar sus luchas y su trayecto, cómo se han organizado, qué hacen para seguir luchando, dónde encuentras las fuerzas para seguir. Porque mi fuerza, mi rabia, mi indignación y mi esperanza es lo que me ayuda a seguir luchando—la esperanza de que los encontremos con vida”, explica Nava.
Ha pasado un año desde las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa—el que ahora es el caso más emblemático y anunciado de desaparición en la historia del país. Cuando hablamos del aniversario, Nava se expresó con la resolución y la frustración características de otras madres, muchas de las cuales han buscado a sus hijos e hijas durante más tiempo.
“Muchos dicen que un año es mucho tiempo. Para nosotros, no ha pasado el tiempo. Seguimos viviendo en la noche del 26. Para nosotros el tiempo está paralizado. Para nosotros es el mismo día que cuando nuestros hijos fueron desaparecidos. En mi caso, tuve que ir a la morgue para reclamar el cuerpo de mi hijo. Nunca pensé que tendría que ir a reconocer su cuerpo. Pero seguimos aquí, asegurarnos de que la muerte de mi hijo y la desaparición de estos jóvenes no quede impune”.
Una crisis nacional
Lo que une a las madres como Alvarado Valdés, Andrade y Nava no es sólo el dolor de perder a un hijo o una hija sino la indignación hacia el gobierno, que ha permitido que la impunidad, la corrupción y la violencia se lleven miles de vidas mexicanas. Esa indignación y ese dolor compartidos que ha declarado al Estado como el responsable de las desapariciones y los asesinatos de Mónica, Lilia, Julio César y miles de víctimas más sin nombre.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó México en octubre y emitió una dura evaluación sobre el estado de los derechos humanos en el país. Se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto, otros oficiales del gobierno, ONGs y la sociedad civil. Lo que el Comisionado descubrió es la realidad con la que muchas madres de desaparecidos en México están ya demasiado familiarizadas.
Al Hussein concluyó que México es una sociedad retorcida por los altos niveles de inseguridad, desapariciones y asesinatos. Mencionó que al menos 151.233 personas han sido asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, y que al menos 26.000 han desaparecido—aunque activistas y organizaciones no gubernamentales como SERAPAZ afirman que la cifra es mucho mayor.
La cifra oficial de “personas no encontradas” en México desde 2006 ha fluctuado bajo la administración de Peña Nieto. Los números contradictorios publicados por el gobierno mexicano, y el laberinto de información en el que los investigadores y activistas por los derechos humanos deben aventurarse para monitorizar las desapariciones, está en el punto central de la crisis mexicana en materia de derechos humanos. La ineptitud y reticencia con la que el gobierno mexicano ha abordado la crisis de desapariciones refleja el problema estructural en México. Es una política de estado que usa la impunidad, la corrupción, la ineficacia de los mecanismos judiciales y las investigaciones para mantener la violencia y el terror—para mantener, o ignorar, la crisis de las desapariciones en materia de derechos humanos.
En la conferencia de prensa, Al Hussein explicó que su visita a México había sido “aleccionadora en lo que respecta a la realidad diaria de millones de personas aquí en México”. De acuerdo con el Comisionado, “Ni yo, ni mi departamento, ni la ONU, ni los oficiales del Estado pueden declarar que se está haciendo o se ha hecho lo suficiente. Sólo el pueblo puede hacerlo, especialmente los mas desfavorecidos, las víctimas o familiares de víctimas de algún crimen tiene la credibilidad para emitir un juicio”.
Al final del Foro Internacional sobre Personas Desaparecidas en México, Andrade juzgó al gobierno mexicano como el responsable de su sufrimiento y el de miles de madres. “Lo que nos debe unir es este dolor, un frente unido contra un enemigo común, que es el Estado, nuestro enemigo real, incluso por encima de cualquier grupo criminal involucrado en estos casos”, concluyó la activista.
“Si no nos unimos, si no nos organizamos, el gobierno acabará con todos nosotros, uno por uno”, añadió Nava. “Porque ese es el objetivo—fragmentar nuestros movimientos, prevenir que nos unamos y compartamos nuestro dolor, nuestra forma de organizarnos. Pero es muy importante permanecer unidos en una causa que busca la justicia para todos”, explicó.
Frente a un gobierno cada vez más violento e indiferente ante los derechos humanos, Nava cree que éste es un momento crucial para que las familias de desaparecidos y el país entero se unan para encontrar justicia por sus desaparecidos.
“Seguiremos luchando, cada día. Por nuestros hijos, para que podamos verlos sanos y salvos una vez más, y para que otras familias se reúnan con sus hijos e hijas también. Queremos que las familias estén unidas. Para que mañana, todos podamos ser feliz juntos otra vez”, concluyó Nava.
Nidia Bautista es la directora general del CIP Programa de las América y escribe sobre las protestas estudiantiles, movimientos sociales transfronterizos y temas de género en América Latina.
Traducción por Paula Villanueva De Miguel
