El 23 de abril pasado, Miriam González, una salvadoreña de 21 años, se decidió a romper con el ciclo de violencia que sufría. Sin embargo, cuando intentó poner la denuncia en un juzgado de paz de El Salvador, no recibió apoyo y dos horas después, cuando regresaba a casa, fue degollada por su pareja.
La violencia de pandillas no es la única que está cobrando vidas en El Salvador, las mujeres salvadoreñas están siendo asesinadas o vapuleadas hasta la muerte por sus maridos y la mayoría de los casos quedan en la impunidad.
“Es una situación preocupante. Los datos estadísticos oficiales son unos, pero los datos sobre los levantamientos y procesamientos de cadáveres nos indican que las cifras son aún más altas. Hay una estigmatización, si las mujeres son asesinadas en casos relacionados a pandillas o son mujeres pobres, estos casos terminan en la impunidad y no son procesados como feminicidios”, dijo al Programa de las Américas Ima Guirola, directora de CEMUJER.
Como si la lucha del movimiento feminista contra las severas leyes antiaborto no fuera suficiente, ahora los grupos y activistas de derechos humanos esperan que las autoridades respondan de forma inmediata y eficiente ante el incremento de los feminicidios que solo en el mes de abril, cobró la vida de 34 mujeres que fueron brutalmente asesinadas por sus parejas.
De acuerdo a las cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y abril de este año, 157 mujeres han sido asesinadas en casos de violencia doméstica o de género. El año pasado, durante el mismo período la cifra fue de 124. Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, donde ocurren alrededor de 21 asesinatos por días, una mujer muere cada diez horas en crímenes de género.
El director de la PNC, Howard Cotto, dijo que de todas las víctimas reportadas en crímenes violentos en el país, el 12% son mujeres. Sin embargo, también aceptó que no todos estos casos son reportados como feminicidios, sino que son procesados como asesinatos que tienen que ver con crímenes cometidos por pandilleros contra personas relacionadas con pandillas.
El 45% de las víctimas, de los asesinatos de mujeres reportados por la Policía en el país, son menores de 25 años. En la mayoría de los casos, las víctimas sufren golpizas y torturas antes de ser estranguladas, vapuleadas o acuchilladas, esto sin contar los cuerpos de las mujeres que son encontrados en las zonas rurales o cementerios clandestinos que no son identificados.
“Condenamos rotundamente la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres y el feminicidio como su expresión más extrema. Para erradicarla es imperioso atacar la impunidad, investigar estos hechos e impartir pronta justicia. Así mismo, es preciso que la sociedad se movilice y se solidarice a favor de las niñas, adolescentes y mujeres que sufren esta violencia”, dijo en un comunicado especial, Christian Salazar Volkmann, coordinador residente de la ONU en El Salvador.
Pese a que los casos de feminicidios de los últimos meses, han causado protestas callejeras de grupos feministas y de personas que están en contra de la violencia doméstica y de género en el país, la respuesta del gobierno salvadoreño fue el lanzamiento de una estrategia de prevención de feminicidios y de violencia de la que poco información se ha difundido.
“Necesitamos ejecutar medidas inmediatas que permitan, no solo fortalecer los esfuerzos para prevenir esta violencia, sino también para denunciar y proteger a las mujeres que son afectadas”, dijo durante una reunión de ministros el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Víctimas de la violencia machista
A Miriam no le tomaron la denuncia en el Juzgado de Paz porque no tenía todos los datos que la oficina necesitaba. “Se le pidieron unos requisitos y se le mandó de nuevo a la calle a buscarlos… fue enviada afuera y dos horas después de acudir al juzgado se le da muerte”, dijo al respecto de este caso el fiscal general salvadoreño, Douglas Menéndez.
Ángel Ernesto Vídez Quijano, es a quien las autoridades salvadoreñas, señalan como el asesino que degolló a Miriam. Sin embargo, el hombre está prófugo.
“Las cifras siempre han sido alarmantes, ahora estamos viendo un despertar de la sociedad ante la violencia de género, los feminicidios y femicidios. Sin embargo, en nuestra sociedad hay un ambiente de naturalización de la violencia e impunidad y el mensaje para las víctimas es que no pasa nada ante la justicia”, dijo la directora de CEMUJER.
Como Miriam muchas salvadoreñas no reciben el apoyo que las instituciones de Estado están obligadas a dar a sus ciudadanas, por violencia doméstica o de género. Entre los últimos casos que han alcanzado notoriedad en el país, se encuentra el de la agente de la Policía, Carla Ayala, desaparecida desde diciembre de 2017.
Carla, fue vista por última vez, después de la fiesta navideña de la PNC. Uno de sus compañeros, que huyó después de esa noche, le disparó adentro de una patrulla policial. El director de la Policía, aceptó recientemente que ha habido encubrimiento y obstrucción en las investigaciones de parte de los policías y de los jefes de la institución que supieron del caso la misma noche, cuando Carla fue herida de bala en circunstancias que no han sido aclaradas.
Unos días después, la policía Lorena Beatriz Hernández, también fue asesinada por otro policía, que era su pareja. El hombre le disparó con su arma de equipo cuando discutían adentro de la delegación policial donde trabajaban. Al principio, las autoridades dijeron que se trataba de un suicidio, pero poco tiempo después los compañeros de Hernández, dijeron que fue su pareja quien le disparó.
El 26 de enero, la doctora Rosa María Bonilla fue asesinada por su marido; según la Policía, la mujer fue vapuleada hasta la muerte. En su casa habían rastros de sangre por todos lados, su asesino, Denys Edenilson Suárez Mejía intentó limpiar la casa después de la golpiza, pero fue capturado y se encuentra bajo un proceso judicial, por feminicidio.
Otro de los casos que causó indignación en El Salvador, es el asesinato de Graciela Eugenia Ramírez, a quien su novio la apuñaló más de 50 veces. El fiscal general dijo que cuando la joven estaba siendo asesinada en su casa, los vecinos llamaron al 911 para pedir ayuda, pero la Policía nunca llegó.
Después del crimen, José Héctor Otero, pareja de la joven, se llevó el cadáver, con ayuda de su hermano y lo dejó en una zona rural cerca de la vivienda. El hombre fue detenido tres meses después cuando regresaba de Guatemala.
La segunda semana de abril, la violencia machista golpeó al gremio periodístico.
El cuerpo de la periodista Karla Turcios fue encontrado en una zona rural del país, a dos horas de la capital, luego de que su pareja reportó en las redes sociales que estaba desaparecida. Karla fue asfixiada, su cuerpo tenía dos bolsas plásticas amarradas a su cuello y además, una prenda íntima de mujer.
El reporte de la Fiscalía, dice que Karla fue golpeada antes de ser asfixiada. Su pareja, Mario Huezo fue capturado unos días después del funeral de la periodista, según el fiscal general, el hombre asesinó a Karla en la casa donde vivían y luego llevó el cuerpo hasta la zona donde fue encontrado. Todo esto sucedió frente al hijo de cinco años de la pareja.
Tras el asesinato de Karla Turcios, las mujeres salvadoreñas están denunciando más casos en las redes sociales. Unos días después de este crimen, la hermana de Katherine Cárcamo, escribió en su Facebook que la pareja de su hermana, un hombre violento la había asesinado.
Katherine, también fue vapuleada y asfixiada frente a su hija, su cuerpo fue encontrado por su familia días después de ser asesinada. La Policía detuvo a Bryan Alexis Arévalo, el novio, cuando intentaba escapar del país entre la frontera de El Salvador y Guatemala.
Impunidad y poca apoyo a las mujeres
De los 34 asesinatos de mujeres que ocurrieron en abril, las autoridades salvadoreños solo han podido resolver cuatro. En una investigación reciente el periodista salvadoreño Jorge Beltrán Luna, detalla que el Ministerio Público puso mayor interés en algunos casos de feminicidio y violencia de género debido al manejo mediático que estos recibieron.
Beltrán Luna destacó que investigadores de la Policía le confirmaron que “hay discriminación” en algunas investigaciones; ya que, los casos son “encomendados” por las autoridades que dirigen la Policía o la Fiscalía debido al manejo de los mismos en los medios de comunicación y las redes sociales y el resto de los casos no ha avanzado más allá del reconocimiento del cadáver.
“Creo que el gobierno debe exigir a la Fiscalía que actúe con más dureza y responsabilidad en todos los casos de violencia de género, no solo en los mediáticos. Hay muchísimos casos que se pierden por falta de interés o seguimiento del mismo cuerpo policial o de la Fiscalía. Además, el acompañamiento de las víctimas es mínimo y las mujeres necesitan acompañamiento hasta que finaliza el caso”, dijo la activista salvadoreña de derechos de la mujer Paola Renderos.
Por su parte, la directora de CEMUJER, Ima Guirola, aunque reconoce que ha habido avances en los últimos años en cuanto al abordaje de la violencia, la atención a las víctimas y la respuesta de las autoridades, aún no es suficiente y no hay una cultura de denuncia por la respuesta que reciben las víctimas de violencia de género.
“En este momento hay mucho populismo en el manejo del tema de feminicidio y violencia de género, porque vemos denuncias en las redes sociales, pero necesitamos acciones y respuestas de las autoridades. Todavía le estamos dejando la responsabilidad de la denuncia y de los hechos a las víctimas y las víctimas tienen que ir de un lugar a otro para ver si las atienden”, dijo Guirola.
Recientemente el vocero de la PNC, Fausto Carranza, dijo en conferencia de prensa que la población debe visibilizar los casos y que además, debe involucrarse en el trabajo preventivo contra la violencia doméstica y de género. Aunque algunos utilicen las redes sociales para hacer las denuncias, no es suficiente para que las autoridades actúen, ya que la Policía solo recibe 16 denuncias por violencia al mes en sus oficinas.
“Es necesario hacer un llamado a toda la población el feminicidio no es la única expresión de violencia contra la mujer. Muchas niñas están en riesgo, por eso las instituciones del estado deben estar preparadas para atender eficiente y profesionalmente a todas las mujeres que sufren una agresión misógina”, agregó el director de la PNC, Howard Cotto.
En 2015, El Salvador aprobó la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, pero esta deja fuera toda responsabilidad que tiene el Estado o sus instituciones en casos como los de Miriam y Graciela, en los que el Juzgado no recibió la denuncia y la Policía no acudió al llamado de emergencia.
La acción inmediata que ha tomado la Fiscalía, es exigir a las autoridades del Ministerio de Seguridad que se considere enviar al penal de máxima seguridad, donde están recluidos los cabecillas de pandillas, a los hombres que sean detenidos y condenados por feminicidios, para mandar un mensaje a los agresores.
“Así como son tan machos para matar mujeres, tienen que ser machos para aguantar las restricciones de ese penal. He pedido al ministro de Seguridad que estos hombres sean enviados al penal de máxima seguridad. No es posible que estemos en este momento con el embate de feminicidios indiscriminados por parte de sujetos que están abusando de todo tipo de violencia económica, física, patrimonial y psicológica”, dijo el fiscal general salvadoreño.
Sin embargo, la directora de CEMUJER considera que falta voluntad política para que las autoridades implementen planes reales de prevención, de atención a víctimas e hijos de víctimas y acciones concretas para desarrollar una cultura de denuncia en la población, que debido a los casos sin resolver, ha perdido la credibilidad en las instituciones de Justicia del Estado salvadoreño.
Varias organizaciones feministas salvadoreñas emitieron un comunicado en el que detallan que la impunidad en el país se ha vuelto “un vehículo eficaz de normalización de las conductas de odio y violencia contra las mujeres, mostrando complicidad de un Estado que no logra proteger el ejercicio de los derechos” de sus ciudadanos.
