La gente en Puerto Rico moría mucho antes del huracán María. María simplemente nos hizo contarlos, llorarlos y ahora, luchar por las vidas de los que aún están a nuestro alrededor. Puede sonar extraño, pero es verdad. La desigualdad y la pobreza matan y en Puerto Rico, la desigualdad ha sido un feroz huracán que lleva demasiado tiempo sobre nuestro archipiélago.
Es por eso que nuestro sistema eléctrico no pudo resistir a María.Esa es también la razón por la cual miles de personas se vieron forzadas a abandonar sus casas y observar desde la distancia cómo el agua las cubría. Fue la desigualdad la que hizo vulnerables a miles de personas que fallecieron durante y después del huracán.
Es esa misma desigualdad la que mantiene sin techo a miles de familias.
El primer huracán: La desigualdad y la ley PROMESA
El huracán de la desigualdad ya había socavado los cimientos de nuestros sistema de salud, educación y de asistencia social.
Peor aún, debido a nuestra impagable deuda pública, las medidas de austeridad de los últimos años aumentaron el nivel de intensidad del huracán de la desigualdad a categoría PROMESA[1]con la anulación de nuestra ya precaria democracia e instaurando una Junta de Control Fiscal que decide a diario, y desde sus privilegios de clase, el futuro de Puerto Rico.
Puerto Rico ya tenía una crisis humanitaria en la cual las personas más vulnerables simplemente sobrevivían en un país en el que su hambre, su pobreza y su sufrimiento se invisibilizaba. Cuando alguien tiene hambre, miedo e incertidumbre y no hay un gobierno que responda para garantizar algo tan básico como techo, comida, salud y educación, se vive en un estado de emergencia permanente.
La precariedad de nuestros derechos humanos se ha denunciado por años ante foros nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2]. Organizaciones civiles y grupos comunitarios han presentado ya tres informes ante dicha Comisión.
El primero en 2015, regresamos en 2016 y el último se presentó en diciembre de 2017 para denunciar la negligencia con la cual se estaba manejando la ayuda post María.
Irma y María nos encontraron desarmados, sin prepararnos, sin planes de emergencia, sin recursos para enfrentar el embate de los vientos y las inundaciones. Los huracanes llegaron y nuestra gente ni siquiera tenía la capacidad económica para comprar y almacenar algo tan básico como alimento para los días que seguirían al evento desastroso.
Así es la pobreza en un estado que está ausente de sus deberes hacia el pueblo y que olvida que se debe a los más vulnerables y no a los que más tienen.
El segundo huracán: María
María, como el segundo huracán que nos abatió en el 2017, cambió nuestras vidas en menos de 24 horas. El 20 de septiembre amanecimos a un país que se nos mostró con toda la crudeza de su pobreza. Recuerdo el silencio después del huracán. No había teléfonos, no había acceso a internet, no había televisión ni radio. Y a la vez, todo era movimiento y desesperación. Jamás se pueden comparar las experiencias de quienes vivimos en casas y comunidades seguras con la de personas que tuvieron que desalojar comunidades, rescatar vecinos, atrincherarse en hospitales o pasar días junto al cadáver de un ser querido aislados en el medio de la nada.
Recuerdo también el asombro. La incredulidad. Recuerdo esa sensación terrible de estar en una pesadilla y no poder creer que todo lo que creíamos real y todo lo que dábamos por sentado, ya no existía. Porque aún cuando alguien como yo reconociera y estudiara la pobreza, jamás imaginé que así se vería nuestro presente y nuestro futuro. Aún no sé cómo tanta gente logró reaccionar en horas para tratar de salvar lo que nos quedó luego de María.
El tercer huracán: La negligencia gubernamental
Si María fue el segundo huracán, la negligencia de los gobiernos de PR y EU fueron el tercer y más cruel huracán.
La respuesta gubernamental al desastre fue lenta, fue ineficiente, fue débil y fue discriminatoria. Simplemente el gobierno no estaba preparado. Tampoco los hospitales. Se había subestimado la gravedad de los efectos de un huracán como María, pero además, lo que muchas personas seguimos pensando al día de hoy, se había tomado la decisión previa de manejar el huracán como una crisis de medios y de comunicación y no como una crisis humanitaria.
El despliegue mediático por parte del gobierno fue lo único efectivo en las semanas siguientes al huracán. La gente moría en casas, hospitales y refugios y el gobierno no contaba las muertes. La gente lloraba de hambre y de sed y el gobierno no dejaba entrar furgones de alimentos a nuestros puertos. Las comunidades estaban aisladas y no había máquinas ni gasolina para despejar rutas y dar acceso a las ayudas. La gente necesitaba moverse a trabajar, ayudar, saber de los suyos y buscar ayuda y el gobierno nos impuso un toque de queda ilegal.
Más de cien mil casas sufrieron daños y FEMA sólo recibía solicitudes a través de internet y luego en centros que no daban abasto para atender el público o que eran inaccesibles para personas de las zonas rurales del país.
45% de nuestra población vivía bajo nivel de pobreza y dependía de los beneficios de asistencia nutricional y el gobierno federal no accedió a liberar en efectivo los beneficios de dicho programa. Miles de personas tenían una tarjeta plástica y el estómago vacío porque no había dónde comprar con tarjetas, ni dinero en efectivo para llegar a los pocos lugares abiertos luego del huracán.
Un alto porcentaje de nuestra población depende del sistema de salud del gobierno. Sin embargo, los hospitales, médicos y farmacias que debían atenderles no lo hicieron por falta de capacidad física o por falta de un sistema que les permitiera despachar recetas y dar servicios de seguimiento a pacientes de diálisis, enfermedades mentales, cáncer y otras condiciones de cuidado continuo.
Miles de niñas y niños de nuestras escuelas públicas estuvieron fuera del sistema educativo por meses porque sus escuelas sufrieron daños o porque la Secretaria de Educación actuó negligentemente a la hora de autorizar las aperturas. Llegamos al punto de que se arrestaran maestras por exigir la apertura de sus escuelas. Una vez regresaron a las escuelas, recibieron la noticia de que el Departamento de Educación decidió cerrar en agosto de 2018 de manera permanente más de 250 escuelas públicas para ahorrar catorce millones de dólares. A la misma vez que anunciaron el cierre de escuelas para economizar dinero, salió a la luz pública un contrato otorgado con una compañía privada para ofrecer talleres de “valores” a las y los estudiantes de nuestras escuelas públicas. ¿El monto del contrato? Catorce millones de dólares.
El caos gubernamental no es casual ni la mera consecuencia de la ineptitud de sus funcionarios. Estamos hablando de la negativa del gobierno a proveer información pública que incluye no sólo el número de muertes asociadas al huracán María, sino los contratos otorgados de manera ilegal o inmoral luego del huracán, así como los detalles del plan fiscal que debe ser aprobado por la Junta de Control Fiscal y que ya se prevé que será un golpe a los beneficios adquiridos y los derechos de empleados del gobierno, las personas pensionadas y los servicios públicos. En medio de ese caos, también se están discutiendo proyectos de ley- algunos requeridos por la Junta de Control Fiscal y otros para cumplir promesas a grupos conservadores- que eliminan derechos laborales en el sector privado de la economía o que ponen en riesgo derechos humanos de las mujeres, las comunidades LGBT y comunidades empobrecidas.
Pero esto no termina ahí. En estos días se está discutiendo en medios de comunicación y en el sector de organizaciones no gubernamentales una asignación de fondos del Departamento de Vivienda del Gobierno de los Estados Unidos que responde a legislación del Programa de Desarrollo Comunitario por Subsidio Determinado – para la Recuperación de Desastres (Community Development Block Grant- Disaster Relief, o CDBG-DR) de $1,500 millones. Esos fondos requieren un proceso de participación comunitaria, identificación de necesidades descubiertas y una planificación centrada en el ofrecimiento de vivienda para personas de bajos ingresos. Como imaginarán, eso no ocurrió, lo que provocó la movilización de organizaciones que están reclamando un proceso transparente y que responda a las necesidades reales de la gente más pobre del país.
Al día de hoy, grandes sectores del país permanecen sin energía eléctrica, niños y jóvenes en escuelas públicas del este de Puerto Rico presentan ideas suicidas porque la desesperanza les vence, se siguen deteriorando nuestras condiciones de vida y el gobierno se atreve a decir que ya está preparado para temporada de huracanes que comenzó el 1 de junio.
Todas y todos sabemos que el gobierno de Puerto Rico no está listo ni tiene planes de contingencia para resistir un nuevo huracán. Todavía no ha podido ni siquiera terminar de contar nuestras muertas y muertos por el huracán María. Todavía se ven desde el aire miles de toldos azules sobre casas destruidas que no han sido reparadas. Todavía no hay un plan para recibir a las miles de personas que abandonaron el país y que ya necesitan regresar aunque no tengan casa, trabajo o escuelas para sus hijas e hijos. Todavía carecemos de estadísticas confiables que nos den un panorama real del país. Todavía el gobierno se niega a auditar la deuda pública y pretende que la pague un país que no tiene con qué hacerlo.
A más de ocho meses de María, puedo decir que Puerto Rico sobrevivió gracias al trabajo y al esfuerzo de su propia gente y de los grupos y organizaciones comunitarias que hicieron el trabajo que le tocaba al gobierno. Trabajamos a pesar del gobierno y desde nuestros recursos humanos. Trabajamos con el apoyo fuerte, amoroso y solidario de una diáspora que quizás veía mejor que nosotras mismas la magnitud del desastre que teníamos encima. La historia de las migraciones no es nueva en Puerto Rico y hay quienes sostienen que hay más puertorriqueñas fuera de la Isla que en ella. Lo cierto es que desde el mismo día del huracán, millones de personas puertorriqueñas activaron todos sus recursos y redes de apoyo para enviar ayudas y hacer lo que los gobiernos no hicieron por nosotras. A ellas se sumaron cientos de miles de personas que tuvieron que salir de Puerto Rico tras el huracán. Los pasados meses han servido para construir un puente cuyo cimiento principal es nuestra identidad nacional.
Así que ahora, seguimos trabajando para un país de paz, construyendo nuestras redes de solidaridad y creando nuestros propios planes de contingencia mientras lloramos las muertes. Sí. Porque todas esas cosas se pueden hacer a la misma vez.
[1]PROMESA es la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y que impuso a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal compuesta de siete personas no electas por el pueblo de Puerto Rico y que tiene la capacidad de tomar decisiones por encima del gobierno electo de nuestro país.
[2]El 7 de diciembre de 2017 un grupo de organizaciones de Puerto Rico presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe titulado “Desastres Naturales, Contaminación y Desigualdad en Puerto Rico”, y que recogía los efectos del Huracán María y la pobre respuesta del gobierno de los Estados Unidos y de Puerto Rico ante el desastre.
