En semanas recientes, los reflectores mundiales se han enfocado en la tragedia de los refugiados centroamericanos que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, poca atención ha sido puesta a los movimientos actuales y forzados de la población dentro de México a causa de brotes similares de crimen organizado y violencia que impulsan a los centroamericanos a migrar hacia el norte.
A pesar de que los mexicanos representan un bajo porcentaje de 50 millones de desplazados en el mundo, sus números van en aumento, de acuerdo con las Naciones Unidas.
En noviembre, Laura Rubio García-Leal, investigadora de Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), declaró a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos con sede en Washington, que 170,000 mexicanos podrían ser desplazados internos. Más de ocho meses después, la crisis de refugiados sólo se ha expandido, con una cantidad adicional de 35,000 personas desplazadas, dijo Rubio García en un correo electrónico.
“El problema de los grupos de autodefensas y la violencia en Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Sinaloa ha seguido ocasionando desplazamientos,” comenta ella.
Haciendo una comparación entre México y Centro América, Jorge Durand, investigador sobre estudios de migración de la Universidad de Guadalajara, escribió en una columna reciente del periódico La Jornada que la extorsión y los secuestros sufridos por personas centroamericanas son también una cruda realidad en su propio país, tanto que constituyen un “misil” que se apunta a la “sobrevivencia estructural de la sociedad” en Michoacán y otros estados mexicanos.
Repentinamente expulsadas de sus hogares, las victimas de desplazamiento pierden sus propiedades, animales, cultivos y documentos vitales de identificación necesarios para cualquier clase de servicios. Los niños y niñas desplazados, pierden valioso tiempo escolar.
Con sus vidas transformadas de un momento a otro debido a la violencia, las victimas de desplazamiento quedan desamparadas.
“El problema no es reconocido por el estado y ninguna institución estatal tiene la autoridad o responsabilidad de abordarlo”, comenta Brenda Pérez Vázquez, coordinadora de desplazados internos para Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización no gubernamental.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados está consciente del problema, pero no ha intervenido, comentó Pérez en una entrevista telefónica. Ella comenta que hace cuatro meses, la CMDPDH lanzó una iniciativa social civil para documentar la crisis de desplazamiento y encontrar soluciones a ella.
En mayo del 2014 un informe del Consulado de Refugiados Noruego/Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (NRC-IDC), organización humanitaria sin fines de lucro que monitorea desplazamientos a lo largo del planeta, calculó que la población de personas desplazadas internamente en México alcanzó una cifra de 160,000 en 2012–el doble de la cantidad de refugiados internos en 1995, un año después del levantamiento Zapatista y las campañas de contra insurgencia por parte del estado mexicano que desplazaron comunidades enteras en el estado fronterizo sureste de Chiapas.
El inf0rme establece que 25,000 personas en Chiapas aún están viviendo como huérfanos olvidados, en un estado de “protección de refugiados” dos décadas después. Aún peor, el número de los refugiados internos de Chiapas está incrementando. Aproximádamente 300 indígenas tzotziles, habitantes de Chiapas, abandonaron sus hogares en julio tras una disputa territorial largamente incubada que se tornó violenta cuando los miembros de una comunidad dispararon armas de fuego, forzando a los miembros de la otra comunidad, incluyendo mujeres embarazadas y bebés, a buscar seguridad en otro sitio, de acuerdo con la revista Proceso.
Y probablemente esta cifra es un subconteo, debido al silencioso vuelo emprendido por muchas personas que abandonan sus hogares mientras tratan de evadir la atención, así como la dificultad de realizar censos precisos en comunidades remotas y en conflicto, la estimación por parte del NRC-IDCM sobre alcance del problema de los refugiados internos enfatiza, que una encuesta del gobierno mexicano realizada en el 2010 detectó que más de una de cada 100 familias ha tenido al menos un miembro que cambió de residencia debido al temor de daños a su seguridad física.
No se ha desarrollado ningún estudio que comprenda el problema de desplazamiento en México, de acuerdo con el NRC-ICDM. Coincidiendo con puntos clave geográficos de la llamada narco guerra, el reporte enlista a Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Guerrero como los estados con los problemas más graves referentes al tema de desplazamientos internos. Oaxaca es otro estado donde grandes grupos de personas han huido de sus hogares para escapar de la violencia.
En junio 180 personas, niñas y mujeres principalmente, abandonaron la comunidad indígena de San Juan Cotzocon en medio de una poderosa lucha para tomar el control del gobierno municipal. Reportes revelan que un grupo utilizó violencia sexual en contra de niñas y mujeres, incluyendo violaciones en pandillas y ataques sexuales públicos como medio para reafirmar el control político.
“La violación de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y guerras se ha convertido en uno de los crímenes masivos de los siglos veinte y veintiuno, y se utiliza de forma deliberada y sistematica,” concluye un reporte sobre San Juan Cotzocon elaborado por el servicio de noticias sobre la mujer Cimacnoticias, con sede en la Ciudad de México.
Thalia Vázquez Alatorre, abogada del líder encarcelado del movimiento de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, relató a Cimacnoticias como la violencia sexual fue usada de forma similar por miembros del grupo de los Caballeros Templarios en Michoacán para someter a la población.
Operando en un clima de impunidad garantizado por un estado indiferente y en complicidad, miembros de los cárteles extrajeron niñas adolescentes de las plazas públicas, como si fueran ganado exhibido para una subasta, además las mujeres de las familias fueron arrancadas de su hogar para fines de extorsión. Las víctimas fueron violadas y algunas veces regresadas a casa después de una semana o más de abuso, reporta Vázquez.
En Guerrero, atrocidades acompañan a los violentos desplazamientos, incluyendo asesinatos grupales y secuestros, quema de casas y desecho de los cuerpos de las víctimas en fosas comunes.
La fragmentación de los cárteles de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana ha avivado las guerras entre casi una docena de grupos para tomar el control en diversas partes del estado.
Entre julio del 2013 a julio del 2014, más de 4,000 personas fueron desplazadas debido a la violencia en Guerrero, de acuerdo con el diario El Sur. Mientras algunas personas han regresado a sus casas con asistencia del gobierno, otros viven como refugiados en los pueblos y ciudades de Tecpan de Galeana, Acapulco, Chilpancingo e Iguala, o en otras localidades fuera del estado.
Durante los primeros seis meses de 2014, Guerrero ha tenido la penosa distinción de ser la entidad número uno a nivel nacional en homicidios, medida por cada 100,000 habitantes. De acuerdo con estadísticas oficiales del gobierno, citadas en El Sur, la tasa de asesinatos en Guerrero es de 21.99 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que está muy por encima del promedio nacional que es de 6.77 homicidios por cada 100,000. De nuevo, probablemente una cifra subestimada, el periódico reporta que 780 personas fueron asesinadas en el estado entre enero y junio de este año.
El desplazamiento en Guerrero no se concentra exclusivamente en la región de Tierra Caliente, en la frontera con Michoacán y el Estado de México, sino también en las montañas de la Sierra Madre Oriental, donde predomina la producción de opio y marihuana.
Aún en los “mejores tiempos”, estas regiones han sido lugares olvidados donde el transporte, doctores y maestros son escasos pero las armas y las balas son abundantes.
Sería equivocado culpar de toda la violencia actual en Guerrero y otros lugares a un simple asunto de dominación del comercio de estupefacientes. El NRC-IDCM enfatiza que las disputas territoriales de los cárteles han surgido de la competencia por el mercado de drogas y disputas por los territorios, en un esfuerzo por ganar control en las esferas públicas y privadas.
“Entre más territorio controlen, mayor cantidad de pagos ilegales por protección que pueden exigir a cualquier dueño de compañía o hasta cualquier campesino” destaca el reporte. Empatado con el control de las actividades aparentemente legítimas como la minería y la construcción, los grupos criminales también manipulan las elecciones, infiltrándose en los gobiernos locales e imponiendo oficiales de policía.
En esencia, el “estado de sombra” emerge con el oficial, y los enemigos son intimidados hasta el silencio, eliminados físicamente o forzados a escapar para salvar sus vidas.
Más recientemente, la violencia –y el desplazamiento- se han esparcido de las áreas rurales remotas hacia los pueblos como Chilapa, un pueblo indígena dedicado al comercio que fue removido una vez que el derramamiento de sangre lo alcanzó, donde disparos dejaron al menos 14 personas muertas y docenas de heridos durante la primera mitad de Junio.
“Chilapa se ha vuelto tierra de nadie”, dijeron los residentes a la prensa local.
Cuauhtémoc Salgado Romero, dirigente estatal del PRI en Guerrero, partido del presidente Peña Nieto, dijo a El Sur que al menos 20 familias han huido de Chilapa, sumándose a la población desplazada.
“Seguramente, muchas más familias han escapado sin yo saber de ellas”, comenta Salgado. “Pero podría confirmar la partida de 20 familias”.
De acuerdo con el NRC-IDCM, el gobierno mexicano no tiene una estrategia coherente para resolver la crisis de desplazamientos.
Aunque la administración de Peña Nieto aseguró a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos durante su sesión en Washington en noviembre pasado, cuando los comisionados instaron a la Ciudad de México para desarrollar una política clara referente al problema de desplazamientos, que estaban trabajando arduamente en mejorar la respuesta del gobierno federal a la crisis, seis meses después el NRC-IDCM evalúo el panorama general de solución como “fragmentado y en pedazos”
Mientras que los gobiernos estatales de Guerrero, Sinaloa y Chiapas han proporcionado algunos servicios para los refugiados, con la asistencia de la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Mexicana, la implementación de ayuda más sustancial y asistencia a largo plazo contemplada en la Ley General de Víctimas de 2012 aún está rezagada, comenta el NRC-IDCM.
La investigadora Rubio García-Leal está de acuerdo con la evaluación, agregando que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), comisión perteneciente a la administración de Peña Nieto, ni siquiera ha determinado la definición de persona desplazada o identificado los comités que podrían asistir a los refugiados.
“Roberto Campa, subsecretario de Prevención de la Violencia Social de la Secretaría de Gobernación, dijo a la audiencia de la Comisión Inter-Americana que los desplazados internos podrían ser incluidos en su programa pero nada más se ha hecho”, agregó Rubio.
Actualmente, el CEAV está concluyendo una serie de foros regionales y reuniones públicas vía Internet para definir la dirección del programa general para asistir a las víctimas del crimen.
La comisionada del CEAV, Thalia Pedroza de la Llava, considera que las víctimas no deben ser tratadas, por consiguiente, por los oficiales responsables, sino con acciones gubernamentales comprometidas. “No nos dejaremos de insistir que todas las autoridades de este país deben actuar con responsabilidad y fomentar el trato digno e integral a las víctimas”, Pedroza dijo en su declaración para concluir el cuarto foro regional del CEAV realizado el 17 de julio en Cuernavaca.
Contactada en el marco del foro de Cuernavaca, la coordinadora del CMDPDH, Brenda Pérez, dijo que tuvo que luchar para que incluyeran ltemas relacionados a la crisis de desplazamiento en los grupos de trabajo que hablaban otros asuntos relacionados a la victimización de la población, así como para incluir el tema en la conclusión final del foro.
En observaciones realizadas a La Jornada al final de la reunión, el comisionado Pedroza comento sobre la propuesta de clasificar los desplazamientos forzados como un crimen al de especial atención y que se formaría un comité que se enfocará en el fenómeno de desplazamientos.
Mientras tanto, las personas desplazadas pueden enfrentar graves riesgos si regresan a sus casas. Pérez señaló a una gran familia de Sinaloa que regresó a su hogar después de escapar. No mucho tiempo después, dos miembros de esta familia fueron asesinados “a modo de advertencia”.
“Esto fue en Sinaloa, pero ocurre en Michoacán, Guerrero y los estados del norte”, agregó Pérez.
Kent Paterson is una periodista independiente que cubre notas del suroeste de los Estados Unidos, México y América Latina. Es analista para el Programa de las Américas en www.americas.org
Traducción del inglés: Gabriela López
Para más información:
2014 Norwegian Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre Report on Mexico
(http://www.refworld.org/publisher,IDMC,ANNUALREPORT,MEX,5374747ab,0.html
Mexican Commission for the Defense and Promotion of Human Rights: http://cmdpdh.org/
El Sur article on forced displacement: http://suracapulco.mx/archivos/177422
Spanish-language video of November 1, 2013, Inter-American Commission on Human Rights hearing on internal displacement in Mexico: https://www.youtube.com/watch?v=S-tPYwm8asE
The Executive Commission on Victim Attention: http://www.ceav.gob.mx/
