En el último año, Ciudad Juárez ha sido un foco de la crisis humanitaria de migrantes y refugiados que afecta a la frontera entre México y Estados Unidos. Empezó hace un año, cuando cientos de cubanos y centroamericanos en búsqueda de asilo acamparon durante semanas en el Puente Santa Fe, que conecta a Ciudad Juárez con su ciudad hermana de El Paso, Texas.
Ahora, cientos de personas – sobre todo mujeres y niños – están acampando en la base del puente en búsqueda de asilo también. La diferencia es que el grupo más reciente de refugiados es mexicano.
“Tienen problemas en sus ciudades y pueblos,”, dijo José Hernández, un solicitante de asilo que actuó como coordinador del grupo. “Son perseguidos por narcotraficantes. Sus vidas corren peligro.”
A principios de septiembre, funcionarios del gobierno de Estados Unidos permitieron que grupos pequeños de solicitantes de asilo cruzaran a Estados Unidos por el Puente de Santa Fe, pero durante la tercera semana de ese mes pasaron cinco días sin que a ninguna persona del campamento se le permitiera presentar su caso de asilo en Estados Unidos, según Hernández.
Hernández informó que 490 personas se registraron con él en el puente para entrevistas de asilo en Estados Unidos. A cada persona se le asignó un número, sistema al cual los defensores de inmigrantes llaman “metering” (dosificación). Hasta ahora, nadie de los grupos a los que se les permitió entrar antes ha sido regresado a Juárez, agregó el portavoz de los refugiados.
Los refugiados mexicanos, provenientes de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, ocupan una cuadra entera cerca de la entrada del puente, a sólo algunos metros del monumento que erigió la comunidad a las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez, conocido como La Cruz de Clavos.
Desde el monumento rosa revoloteaban fotos de Sagrario González, la trabajadora de una maquila que en 1998 fue asesinada a los 17 años y cuya historia fue retratada en el documental clásico de Lourdes Portillo “Señorita Extraviada”, como un testimonio permanente de la violencia y la impunidad que, dos décadas después, los refugiados dicen que enfrentan también.
Historias sobre miedo y violencia
Los solicitantes de asilo entrevistados en el puente solicitaron anonimato, pero hablaron sobre la situación actual de sus lugares de origen. Un grupo pequeño de Ciudad Hidalgo, Michoacán, explicó que de donde vienen han surgido laboratorios de metanfetamina, el consumo problemático de drogas se ha disparado y que los criminales extorsionan a los ciudadanos por pagos de más de $2,000. Los habitantes tienen miedo de que obliguen a sus hijos a unirse a las filas del narcotráfico.
“No puedes ir con la policía porque están con los (criminales). Hay mucha corrupción y colusión con la delincuencia. Tienes miedo de ir al Ministerio Público por miedo a las represalias”, dijo un hombre.
Una mujer con hijos pequeños, de la región de la Costa Chica en el sur de Guerrero, contó que asesinaron a su esposo y amenazaron con exterminar al resto de su familia.
Dijo que cuando huyó a otra ciudad en México en búsqueda de un lugar seguro, los criminales la encontraron, por lo que decidió venir a Juárez a solicitar asilo en Estados Unidos.
“Somos gente buena, decente. Sólo queremos seguridad”, suplicó la mujer.
Una mujer más joven dijo, con lágrimas en los ojos, que huyó de otra región de Guerrero donde se cultiva amapola. Relató que hay mucha extorsión y los grupos criminales secuestran a jóvenes como ella.
Adrian Vital, un hombre del estado norcentral de Zacatecas, relatando cómo perdió sus dientes en un ataque que casí le costó la vida, describió a situación bélica entre las distintas organizaciones criminales arraigados en la población local, que cambian constantemente de líderes en los altos rangos.
El crimen y la violencia han incrementado desde el 2007, señaló, con masacres que el gobierno y una prensa silenciada encubren.
“Este es el peor estado en México. En Guerrero, matan a alguien y sale en la televisión. En Zacatecas, matan a 50 zacatecanos y nadie se entera. Y el gobierno dice que no es verdad, que no pasa nada”, alegó el hombre.
Blanca Cordero refiere en broma a su tienda para acampar como “el penthouse.” También de Zacatecas, Cordero llegó a Juárez después del secuestro de su hijo. La familia pagó un rescate parcial y lograron su liberación. La madre calcula que han habido unos 100 secuestros in su pueblo chico . La actividad criminal existió antes, dijo, “pero no como ahora”. Sse acerca su pequeño hijo y resume en una palabra su experiencia de estar secuestrado: “inolvidable”.
De una situación peligrosa a otra
Las personas refugiados, acampados a lo largo de una cuadra entera junto al Puente de Santa Fe, duermen en carpas o debajo de lonas de plástico, sobre colchones donados o mantas. Una hamaca improvisada cuelga de la pared de un negocio.
Para pasar el tiempo en un lugar sin escuela, los niños garabatean en libros para colorear o juegan fútbol americano en la calle, juego que tienen que suspender cuando los autobuses de Greyhound y Transborde, que transportan pasajeros a través del Puente de Santa Fe hacia El Paso, pasan de repente por la calle estrecha.
Dicen que las autoridades gubernamentales les ofrecieron un albergue donde quedarse, pero la mayoría de los refugiados rechazaron la oferta porque quieren estar listos para cruzar a Estados Unidos cuando se anuncie su turno. Según Hernández y otros refugiados, la Cruz Roja y la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua les han proporcionado servicios médicos, y baños del lado mexicano del puente se se mantienen abiertos las 24 horas al día.
Iglesias, organizaciones e individuos locales y voluntarios de Estados Unidos proveen comida, agua y otros suministros.
“Es una pesadilla”, declaró Rhonda Lee, una residente de Carolina del Norte que es parte de una red informal de personas religiosas de Estados Unidos que ofrecen su tiempo y recursos para ayudar a los refugiados. “Está empeorando. Viene más gente. La gente tiene miedo”, comentó Lee.
Aunque el campamento de refugiados del Puente de Santa Fe está en un lugar muy transitado y visible, Ciudad Juárez no es un lugar seguro para los refugiados. Irónicamente, los solicitantes de asilo se encuentran varados en una ciudad que fue abandonada por miles de personas en el período de hiper-violencia y recesión del 2008 al 2012.
Según reportajes de prensa en los medios locales, la violencia relacionada al tráfico de drogas está incrementando otra vez en la ciudad fronteriza. Ha habido varios asesinatos cerca del campamento recientemente, entre ellos una balacera casi en el mismo lugar donde los refugiados acamparon después. Recientemente, Nortedigital.mx publicó una noticia en la que señala que el consumo de drogas prohibidas está en aumento, y citaron específicamente un problema grave con el consumo y tráfico de metanfetaminas.
Según las estadísticas oficiales, entre enero y octubre de este año hubo 1,292 homicidios en esta ciudad de 1.4 millones de habitantes, cifra que ya supera los 1,247 homicidios registrados en todo 2018. Si los asesinatos continúan a este paso, 2019 será el peor año registrado desde el 2011, cuando la ciudad fue devastada por la violencia.
Varios solicitantes de asilo se quejaron de que ocasionalmente les lanzan insultos motociclistas o presuntos miembros de carteles. Un hombre dice que una tarde vio a dos sicarios de su estado caminando por el campamento. Un par de hombres se quejaron de que la televisión mexicana llega a grabar en el lugar, exponiendo sus caras al mundo y poniendo en peligro su seguridad.
Obligar a los solicitantes de asilo a que se queden en Ciudad Juárez “pone a muchas personas en riesgo”, dijo el doctor Josiah Heyman, director del Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos (CIBS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Texas en El Paso. Los informes sobre el metering de refugiados mexicanos en el Puente de Santa Fe son consistentes con la práctica de la administración de Trump que retrasa deliberadamente la entrada de refugiados, mientras las políticas decretadas por su gobierno para restringir legalmente el asilo se enfrentan a impugnaciones en las cortes, dijo Heyman.
Tomando en cuenta la historia reciente, son pocas las posibilidades que tienen actualmente los solicitantes de asilo que esperan en la frontera entre México y Estados Unidos. Según un reportaje de abril del 2017 en el Texas Tribune, “De las 12,831 solicitudes de asilo recibidas durante el año fiscal de 2016, sólo 464 – menos del 4 por ciento – fueron concedidas, mientras que 2,624 fueron denegadas y miles más fueron retiradas, abandonadas o siguen pendientes, según estadísticas federales. El porcentaje de mexicanos a los que se les concedió asilo es mucho menor al 13.3 por ciento de asilos aprobados en en total en Estados Unidos durante el mismo periodo de tiempo.
Adrian Vital cuenta que vivió en carne propia el impacto de estas políticas contra solicitantes de asilo. Cuando finalmente pudo pasar a EEUU, lo mandaron a un centro de detención por varios días en El Paso, y después fue trasladado al Centro de Detención Condado de Torrance, una carcel del sector privado cerca de Albuquerque, New Mexico.
Operado por la empresa CoreCivic con un contrato del Departamento de Seguridad Interior y el ICE (Inmigración y Aduanas), la cárcel fue cerrada pero se reabrió este año específicamente para la detención de migrantes, luego que la Comisión del Condado de Torrance apoyó a reapertura para traer empleos e ingresos al condado rural.
En detención en Torrance, Vital dijo que le permitieron una entrevista larga por teléfono con las autoridades de migración, pero después le informaron que su caso no reunió los requisitos para establecer el “temor fundado” y seguir en el proceso de solicitude de asilo.
Según el hombre de 60 años, le dieron dos opciones: continuar con el proceso de solicitar asilo en detención, o regresar a México. Escogió volver a México y de nuevo quedó en Cd. Juárez, ahora sin recursos, a esperar a su esposa que sigue en detención en EEUU. “Los teléfonos no ven nada,” dijo amargamente, mientras me señaló las lesiones visibles en su cuerpo. “Tu gobierno es muy malo.”
Sin importar las dificultades y peligros que tienen que enfrentar las mujeres y niños en el puente, para la mujer de Costa Chica y sus hijos no hay vuelta atrás. “Es mejor estar aquí”, afirmó la mujer, después de comparar los peligros en su casa con los sacrificios y padecimientos de la vida como refugiada.
Las causas del desplazamiento forzado en México
El Puente de Santa Fe no es único campamento de refugiados mexicanos en la frontera entre México y Estados Unidos. Recientemente han aparecido campamentos parecidos en el Puente de las Américas y el Puente Zaragoza, en otras zonas de Ciudad Juárez.
Según El Diario de Juárez, el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes de Chihuahua registró a 3,270 mexicanos que huían de su país entre junio y septiembre de este año. Enrique Valenzuela, coordinador general del Concejo, dijo al periódico que registraron 1,772 refugiados en los tres puentes de Ciudad Juárez, y predijo que pronto el total podría llegar a los 2,000. Las predicciones de Valenzuela de hecho fueron sobrepasadas ya para mediados de octubre, cuando El Diario reportó que había casi 3,200 solicitantes de asilo de mexicanos en los tres puentes de Juárez, incluidos 1,280 niños y adolescentes. Muchos solicitantes de asilo han huido de la violencia de Veracruz, el estado de Mexico y de Durango, además de los estados mencionados anteriormente.
A finales de septiembre, La Jornada informó que aproximadamente 260 indígenas provenientes de Chiapas y de Guerrero estaban acampando cerca de un puente viejo que conecta a Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas, en búsqueda de asilo en Estados Unidos. Los Angeles Times, citando a activistas pro-migrantes e investigadores, reportó que más de 1,100 mexicanso solicitantes de asilo estaban esperando al sur de los cruces fronterizos de Arizona en Yuma, Nogales y Douglas.
En un comunicado de prensa, la Iniciativa Kino para la Frontera, con sede en Nogales, denunció que recientemente seis familias mexicanas fueron maltratadas física y psicológicamente y “retiradas injustamente por la Patrulla Fronteriza, aunque declararon a los agentes que tenían miedo de regresar.”
“La escalada demuestra un esfuerzo concertado por denegar el acceso al asilo, que resulta en deportaciones a situaciones de vida o muerte”, sostuvo la organización binacional.
La violencia al alza
La tragedia humana sucediendo en los cruces entre México y Estados Unidos coincide con un alza de la violencia criminal este año en México. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 23,724 homicidios entre enero y agosto de este año.
Esta ola de violencia y el desplazamiento que la acompaña se parece en muchos sentidos a la situación del 2010, cuando la aparición de la organización criminal Los Zetas apresuró la reorganización de distintos grupos criminales y de las alianzas a favor y en contra del nuevo cartel.
Además de la proliferación de la metanfetaminas en México, parece que una de las causas de la violencia actual se encuentra en el ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en la formación de nuevas alianzas en torno a éste, como se ha evidenciado los últimos meses con videos espeluznantes en Internet, pancartas con mensajes amenazantes en espacios públicos y una gran cantidad de notas de prensa. Los refugiados en Ciudad Juárez y otros lugares vienen de muchas de las regiones inmiscuidas en este conflicto.
Sin embargo, la violencia y el desplazamiento no se reducen a los conflictos relacionados al CJNG. En Chihuahua, por ejemplo, se ha reportado que grupos relacionados con las últimas reconfiguraciones de los cárteles de Sinaloa y de Juárez están involucrados en luchas encarnizadas en la zona montañosa del estado, amenazando y desplazando a comunidades indígenas rarámuri. En Ciudad Juárez, las autoridades locales le atribuyeron del 75 al 80 por ciento de los homicidios de los primeros meses del 2019 a la competencia por ventas de metanfetamina en la calle, que han desplazado a una parte del mercado tradicional de cocaína, según El Diario. La prensa local cubrió ampliamente el descubrimiento de un cuerpo tirado afuera de un bar conocido a sólo unas cuadras del campamento de refugiados del Puente de Santa Fe el mes pasado, que venía acompañado con un mensaje al estilo narco advirtiendo que ese destino les abastecía a los vendedores de metanfetamina.
Un grupo de hombres de la capital del estado de Guerrero que esperaban en el Puente de Sants Fé explicaban que tuvieron que huir de las balaceras, de los gobiernos locales corruptos y coludidos, y de los grupos delictivos que “practicamente extorisonan a todo el mundo”. Un joven afirmó que tenían que hacer pagos para el “derecho de piso” cada mes y a veces a dos o más grupos de criminales.
“El verdadero problema en este momento en México no es que tal o cual ‘cártel’ esté luchando por tal o cual negocio, sino que el país en general está soportando y perpetrando niveles de violencia que han llevado al mayor número de homicidios en la historia … al menos en la historia reciente, en la que se ha intentado llevar una cuenta de las víctimas”, comentó la investigadora fronteriza Molly Molloy.
Herman Bellinghausen, corresponsal de La Jornada, reportó en septiembre desde zonas de Chiapas de influencia zapatista, que “desplazados, destrozos, robos de cosechas, despojo de tierras, extorsiones de todo tipo y un racimo de asesinatos” son la cosecha sangrienta de conflictos de poder que involucran a partidos políticos, grupos paramilitares, traficantes de personas y hasta motociclistas.
Bellinghausen, un periodista galardonado que tiene décadas de experiencia en Chiapas, llamó “alarmante” al escenario sociopolítico actual, aunque el desplazamiento forzado no es un fenómeno nuevo en Chiapas y otras regiones de México. Desde el 2014, la Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ha estado monitoreando a la prensa y a otros reportes de desplazamiento forzado, que típicamente están relacionados con la narcoviolencia, las disputas de tierra y la extracción de recursos.
El informe del 2018 de la organización de defensa a los derechos humanos documentó 25 episodios de desplazamiento relacionado con la violencia, definidos como los casos que involucran al menos a 50 personas o 10 unidades familiares. El informe, escrito en cooperación con el Consejo Noruego para los Refugiados, registra un total de 11,491 personas desplazadas por la fuerza a lo largo del año pasado, del cual 87.82 por ciento son de Guerrero o Chiapas.
Calcular el número total de personas desplazadas por la fuerza en México es una tarea difícil. Para diciembre del 2018, la CMDPDH estimó que 333,495 personas han sido desplazadas desde el 2006, con la advertencia de que podrían no concerse todos los destinos de los desplazados. Este estimado se basó en los números promedio de tamaño del hogar utilizados por el instituto nacional de censos, el INEGI, así como en reportes de prensa.
“Hay personas que al día de hoy, debido a las acciones y omisiones de las autoridades gubernamentales, permanecen en un estado de desatención, vulnerabilidad y violación de derechos humanos”, concluye el informe.
Las autoridades mexicanas están al tanto de los desplazamientos internos. Un informe de marzo del 2019, escrito en co-autoría entre la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población, con la asistencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, corrobora y abona los informes de la CMDPDH y de otros defensores de los derechos humanos. El informe, si bien afirma que la Ley General de Víctimas y el Registro Nacional de Víctimas favorecen a los desplazados, admite que hay grandes vacíos en cómo se abordan las circunstancias de las personas desplazadas, haciendo énfasis en el impacto negativo de “la ausencia de políticas públicas que den atención a las demandas más sentidas de quienes se han visto obligados a desplazarse, pues dadas las condiciones que imperan actualmente, recibir justicia y recuperar las pérdidas materiales se convierte en un anhelo imposible de alcanzar.”
Las conclusiones del informe se han visto corroboradas en el estado de Guerrero este mes, cuando los representantes de 180 familias desplazadas por la fuerza en el municipio costero de Tecpan de Galeana se quejaron con La Jornada (edición Guerrero) de que las promesas de tierras y empleo, hechas anteriormente por el gobierno, seguían sin cumplirse. El periódico informó también que 100 personas desplazadas bloquearon en protesta una carretera local cerca de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, exigiendo garantías de seguridad para poder regresar a las casas que abandonaron hace un año.
La organización civil Cencos reportó el 19 de octubre que un miembro de un colectivo de familias desplazadas forzadamente en Chihuahua, Cruz Soto Caraveo, que había sido amenazado y estaba desaparecido, fue encontrado muerto misteriosamente.
Si la tendencia actual continúa, el 2019 podría superar al año pasado en niveles de desplazamiento interno, con una violencia cada vez mayor que obligando a más refugiados a dirigirse a la frontera con Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, no sin razón, que heredó un país devastado por la inseguridad y la corrupción, y calculaba que le tomaría al menos dos años para cambiar el rumbo hacia una mejoría en la situación. Pero el tiempo está pasando rápido y, según José Hernández y los demás refugiados en Juárez, el tiempo simplemente se les ha acabado.
“No hemos visto ningún cambio”, dijo Hernández. “Todos los presidentes han dicho lo mismo, y sabiendo que (la corrupción) viene desde arriba del gobierno, ellos son los más involucrados.”
Nuevos refugiados siguen llegando al Puente de Santa Fé en Juárez, aumentando la lista de solicitantes a más de 240 familias para principios de noviembre, según los que están acampando allí. Ahora que empieza la temporada fria, los refugiados están reportando carencias de agua, alimento y dinero, y dicen que se están cobrando 5 pesos para usar los dos baños que se ubican cerca del puente.
“Hemos buscado trabajo aquí, pero la gente (local) no quiere darnos trabajo”, dice una mujer del campamento con la voz tensa. “Somos muy trabajadores y sólo venimos aquí porque estamos huyendo de la delincuencia en Zacatecas,” concluye.
Muchos menores de edad en el grupo ahora cuentan las semanas sin ir a la escuela. Según dicen, una voluntaria de El Paso está organizando clases de inglés en las calles.
“No estamos haciendo nada malo, no somos invasores,” dice Blanca Cordero. Su hijo añade, “espero que ellos (Estados Unidos) entiendan.”
