Durante más de cinco meses los indígenas de la comunidad la Primavera instalaron su acampe en una de las plazoletas de 9 de julio y Avenida de Mayo, en pleno centro porteño. Llegaron a Buenos Aires desde la lejana Formosa para denunciar la quema de sus hogares y el asesinato de un abuelo Qom por parte de la policía provincial. Buscaban el poder central para volver visible su situación. Pero la casa Rosada respondía con silencio e indiferencia. Así fue como decidieron iniciar una huelga de hambre y avanzar sobre la 9 de julio, bloqueándola.
El 30 de abril pasado hubo respuesta oficial. El día se eligió con precisión quirúrgica. Fue de tarde, mientras la lluvia amenazaba allá lejos. Las guardias periodísticas estaban flojas, el domingo primero de mayo no iba a haber diarios. En ese marco, la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires emitió una orden para liberar la calle. Generalmente, la policía federal, dependiente del ministerio de interior, ignora a la justicia porteña. Pero en este caso, la reacción fue veloz. Un centenar de efectivos se acercaron al lugar y forzaron que se levante el corte. Ese día, los Qom iniciaban su sexto día de huelga de hambre.
El tema se había vuelto un problema para el Ejecutivo. La estrategia de la indiferencia naufragaba y el costo por defender a su aliado, el gobernador de Formosa, Gildo Insfran, se volvía demasiado caro. Así fue como el ministro del Interior, Florencio Randazzo, recibió el 9 de mayo en su despacho a la comisión Qom, que le planteó sus dos reclamos esenciales: justicia por el asesinato del abuelo de 62 años Roberto López y la devolución de los terrenos usurpados que les corresponden por la constitución y por la tradición.
El ministro se comprometió a iniciar una mesa de diálogo quincenal para solucionar el conflicto sobre las 1300 hectáreas que la comunidad reclama y que tiene en su poder una familia de hacendados –los Celía– y el Estado provincial. Respecto del asesinato dijo poco, incluso se impugnó la representatividad del cacique que llevó adelante la protesta a lo largo de cinco meses en Buenos Aires y planteó la necesidad de una asamblea que lo ratifique o no en su cargo de dirigente.
El origen del conflicto
La comunidad Qom de la Primavera está conformada por unos 4500 habitantes. Originarios de la provincia de Formosa, limítrofe con Paraguay, la etnia a la que pertenecen también es conocida como Toba, nombre que les fue dado por los guaraníes. Como casi todas las comunidades indígenas en la argentina, su situación es virtualmente ignorada en una sociedad que se sabe “descendiente de los barcos”. Sin embargo, la pugna por tierra y territorio que mantienen con el estado provincial tomó tal dimensión que quebró la frontera mediática que desde Buenos Aires suele invisibilizar al interior del país.
La disputa es por 1300 hectáreas deforestadas y sin agua. Son tierras que por tradición ancestral le corresponden a la comunidad, pero que desde el ejecutivo provincial pretenden cedérselas a la familia Celía.
Desde la comunidad, buscaron a la presidenta Cristina Fernández ya desde 2008, cuando le enviaron las primeras cartas. “Cansados de reclamar, de exigir y de no encontrar soluciones”, como desde la comunidad señalan en un comunicado, es que el 25 de julio de 2010 comenzaron un piquete sobre la ruta nacional 86, en Formosa. Luego de cuatro meses, el gobernador Insfrán ordenó el 23 de noviembre que se levantara el bloqueo. La policía avanzó con balas de goma y plomo y asesinó a Roberto López. A su vez, la reacción indígena provocó el fallecimiento de un policía. En la refriega, los Qom huyeron. La venganza policial fue el saqueo y el incendio de los hogares de la comunidad.
En este contexto es que inician en diciembre su acampe en pleno centro porteño, por donde a los largo de cinco meses pasaron referentes de la cultura, la política y los derechos humanos. Uno de ellos fue el escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien dijo: “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.
Internas formoseñas
La revista Mu, en su última edición, publica un artículo del periodista Darío Aranda. En la nota aparecen extractos de una conversación con Yael Roberto López, hijo del abuelo qom asesinado. Yael dice: “Papa siempre votó a Insfrán. Votó a Kirchner y también a Cristina. Si era peronista ¿Por qué lo mataron?”. Yael está desconcertado.
Insfrán es el gobernador de Formosa, un aliado firme del gobierno nacional. Fue diputado entre 1983 y 1987, año en que asumió como vicegobernador. En 1995 ganó como gobernador, y desde ese momento es el mandamás provincial. Fue menemista, duhaldista y desde 2003 es un soldado del kirchnerismo. En este 2011 va por su reelección. En 2007 obtuvo un contundente 75 por ciento de los votos. Casualmente, reseña Aranda, el mismo número de hogares indígenas pobres según el documento oficial Plan Formosa 2015.
En el documento “Exigimos respeto” de abril de 2010, Amnistía Internacional confirma las cifras oficiales: “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”.
Sin embargo, la estrategia del gobierno provincial para evitar las responsabilidades y el debate es dividir a la comunidad. El ministro de gobierno, justicia y trabajo de Formosa, Jorge Abel González declaró el 26 de marzo: “E gobierno formoseño mantiene dialogo permanente con la totalidad de las 180 comunidades aborígenes que habitan el territorio provincial, pero con los únicos que no se puede dialogar es con este sector de la primavera”. Al igual que el ministro del Interior Randazzo, el gobierno provincial pone el centro del debate las internas dentro de la comunidad. Internas que por cierto existen y que se expresan en dos liderazgos: el de Felix Díaz, referente combativo, el que llevó adelante el acampe en Buenos Aires y el del cacique Fernando Sanabria, quien responde al gobernador.
Tierra y soja
La disputa por las tierras en Formosa puso en agenda un debate más profundo. El del avance del modelo extractivo (expresado en el petróleo, la soja, la minería) que no repara en los derechos indígenas.
El 27 de abril, tres días antes de que fueran desalojados los Qom de la avenida 9 de Julio, la presidenta anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros. Sin embargo, según Aranda, “regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra”. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país, mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra[1].
Otro de los obstáculos que enfrentan campesinos e indígenas es el modelo agropecuario que impulsa un avance del monocultivo, concretamente de la soja. Más números: En 2001 se sembraron en el país 10 millones de hectáreas con soja. En 2003, año en que asumió el kirchnerismo, 12 millones. Luego de siete años de administración se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. A pesar de que en 2008 las patronales rurales iniciaron un lock out patronal contra el gobierno, el cultivo de soja nunca antes creció en tal magnitud.
Lo cierto es que el modelo actual es el de un neo-desarrollismo que pretende potenciar la industria por sobre el agro. Sin embargo, como siempre en la historia argentina, para renovar la maquinaria industrial precisa de divisas. Y esas divisas entran frescas a las arcas públicas por vía de la venta de mercancías, en este caso, principalmente la soja.
Se trata de un modelo que corre la frontera agropecuaria, y con ella a las poblaciones indígenas. Según el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) un piso de 200 mil familias rurales fueron expulsadas por el avance sojero.
El gobierno se encuentra en una encrucijada. Aunque lo más probable es que la presidenta sea candidata y obtenga su reelección en octubre, hechos como estos demuestran que “el modelo” es rehén por un lado de su proyecto económico que genera en el área rural consecuencias no deseadas ni buscadas. Pero también lo es por el marco de alianzas amplias y territoriales que le garantizan gobernabilidad, pero potencian contradicciones ideológicas de las que no siempre es fácil despegarse.
Diego González (diegon2001@hotmail.com) es periodista independiente en Buenos Aires y analista para el Programa de las Américas. Su blog es diegofgonzalez.blogspot.com.
[1] www.darioaranda.wordpress.com
