El primer mes de gobierno de Mauricio Macri fue intenso: hizo cambios económicos drásticos, empezó a formar una nueva élite de gobierno signada por la presencia de hombres y mujeres formados en multinacionales e inauguró un carnaval de decretos, en vez de llamar al Congreso (en el que no tiene mayoría) a sesiones extraordinarias. El ‘veranito’ (o romance) de los primeros cien días de gestión arrancó con medidas sólo posibles por la cercanía del triunfo en el balotaje del 22 de noviembre. Un partido político en plena pubertad -el PRO no tiene más de 15 años- inició un nuevo gobierno en la Argentina e inauguró una novedosa e inédita derecha.
Macri, líder incuestionable del PRO y Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos ocho años, asumió la presidencia el 10 de diciembre. El mismo día, también lo hicieron María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta en Capital. Ambas son figuras relevantes del partido y cumplieron roles importantes durante la gestión porteña del ahora presidente. Juntos, la ciudad y Provincia, suman casi el 45 por ciento del padrón electoral nacional. El triunfo en ciudad era esperable, pero el de la provincia fue el batacazo que, muchos dicen, definió la elección presidencial.
Cuando -a una semana de asumir- se inundaron varias zonas del país por las intensas lluvias, la vicepresidenta Gabriela Michetti comunicó por Twitter que recibirían donaciones de colchones, agua y alimentos no perecederos para los damnificados en la Fundación SUMA. Aunque contaba con todo un Estado Nacional, ella prefirió usar lo no-estatal. Tiene lógica: el PRO viene del área privada, nació después de la crisis de 2001 de las entrañas de una serie de ONG’s, fundaciones y Think Thanks. El partido encuentra, allí, un rasgo de su identidad.
Antes de asumir, el PRO presentó al gabinete frente a los medios de comunicación en una relajada reunión en el jardín botánico. Con un estilo chill, posaron para la foto del ‘equipo’. Esa es la palabra que elige el Presidente para llamar al grupo que presenta como “los mejores”. En su mayoría, los ministros y secretarios son egresados de universidades privadas que hicieron su curriculum vitae en grandes empresas. Completar de funcionarios el Estado Nacional supone llenar 300 puestos de gobierno entre ministerios, secretarías y subsecretarías1. Si bien no es una tarea sencilla construir una burocracia nueva para nadie, menos aún lo es para un partido de corta tradición y carencia de cuadros.
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El ingenio popular denominó al nuevo gabinete la ‘CEOcracia’. En ese esquema, lo público juega de visitante en su propia cancha.
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En cuanto a los ministros, tal vez el dato más resonante sea que muchos de ellos son ex CEO’s de multinacionales. El ingenio popular lo denominó ‘CEOcracia’. En ese esquema, lo público juega de visitante en su propia cancha.
Algunos ejemplos bastan: el ministro de Agricultura -Ricardo Buryaile- es presidente de Confederaciones Rurales Argentinas y miembro de la Mesa de Enlace -ambas organizaciones fueron centrales en el lock out patronal al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008-; la presidenta de Aerolíneas Argentinas -Isela Constantini- viene de General Motors; la canciller Susana Malcorra es una ex IBM y Telecom Argentina; el Ministro de Energía y Minería -José Aranguren- llega desde Shell; el tercero del Ministerio de Trabajo -Miguel Puente- dirigía Recursos Humanos en Techint; el ministro de modernización -Andrés Ibarra- es del Grupo Socma, de la familia Macri.
Por otra parte, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, son jóvenes (no pasan los 40 años) y pertenecen al núcleo duro del PRO. Los dos hicieron carrera desde el principio y acumularon experiencia en la gestión pública allí donde el partido de Macri gobierna desde hace casi una década.
Cambios en la política económica
Las medidas macroeconómicas anunciadas durante los primeros días fueron estructurales: aumento de tarifas de servicios públicos esenciales2, quita de retenciones para los exportadores de granos, endeudamiento externo y una devaluación que derivó en un previsible pico inflacionario.
En rigor, la suba de precios es un problema en la Argentina desde hace años, pero se recalentó cuando, antes de asumir, el entonces futuro ministro de Economía Alfonso Prat Gay anunció que devaluarían. Ya en el cargo, en una conferencia de prensa que el país entero miró como si fuera cadena nacional, anunció que se liberaba el cepo al dólar, una de las medidas que el kirchnerismo tomó para evitar la fuga de capitales y que la oposición convirtió en causa nacional.
¿A cuánto va a estar el dólar mañana?”, preguntó una periodista durante la conferencia.
“Ojalá supiera”, le respondió el flamante Ministro. Y sonrió.
El mensaje era claro: libertad de mercado, autoregulación, una mano invisible que todo lo puede. Pero, en la realidad, no fue tan así: el Gobierno había tomado una serie de medidas previas que hicieron que el dólar no se disparara tanto al día siguiente y quedara en poco más de 13, menos que el valor del dólar del mercado negro hasta entonces pero casi 4 puntos más que el oficial.
Una de las principales políticas fue eliminar las retenciones a las exportaciones del campo y reducir 5 puntos la de la soja. Con eso consiguieron a cambio la promesa del agro de liquidar la producción que venían acopiando. Los productores-exportadores ganaron: se estima la transferencia de ingresos en unos 30 mil millones de pesos anuales.
La apertura comercial no sólo implica liberar las exportaciones sino también abrir las importaciones, el modelo exactamente antagónico al del kirchnerismo. Así, pierde valor el salario por el aumento de precios internos de los productos exportables. La promesa del gobierno es que el ingreso de productos importados nivelaría esa inflación. Pierde, en el mediano y largo plazo, la industria nacional.
Una de las medidas más polémicas durante el kirchnerismo fue la caótica intervención del INDEC, el instituto oficial de estadísticas que mide, entre otras cosas la inflación. El macrismo, excusado en el descontrol reinante, anunció que serán varios los meses sin datos. La decisión resulta estratégica para surfear los turbulentos tiempos.
El PRO plantea que la política de ‘shock’ derivará en un crecimiento que se transformará en ‘más puestos de trabajo’ y que el objetivo es llegar a la “pobreza cero”. No explican cómo ni de qué modo, que es una de las estrategias comunicativas del partido que lidera Macri. Llaman “fin del cepo” a la devaluación y ‘sendero o sinceramiento de precios’ a la inflación.
Una de las medidas que más escándalo provocó en la primera semana de gobierno también tuvo que ver con lo comunicacional. El ejecutivo no sólo intervino el AFSCA, la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino que pocos días después modificó por decreto la propia norma. La ley, surgida de organizaciones sociales, debatida en todo el país y aprobada por una pluralidad de espacios políticos, fue en el marco de una feroz pelea del kirchnerismo para evitar la concentración de los medios de comunicación. Uno de los principales rivales fue el Grupo Clarín, que salió beneficiado por el decreto del gobierno.
No fue la única medida que Macri tomó sin convocar a sesiones extraordinarias al Congreso (poder que no controla). Intentó nombrar dos jueces para completar la Corte Suprema y derogar el recientemente aprobado Código Procesal Penal.
E el primer mes, el macrismo también inició una purga en las diferentes dependencias estatales, lo mismo que hizo cuando en 2007 asumió como Jefe de Gobierno de la Capital. Ahora anunció que revisarán contrato por contrato y prometió que no se va a pagar “militancia con impuestos”. La vicepresidenta despidió a 2,035 personas en el Senado. Al eliminar el AFSCA dejaron sin trabajo a 90 personas. En la Jefatura de Gabinete fueron 150, en el Centro Cultural Kirchner le prohibieron la entrada a los casi 800 empleados, y en el distrito de Quilmes despidieron a 800 personas.
Según escribieron Ignacio Cao y Maximiliano Rey en Revista Anfibia, se revisarán 24 mil contratos de empleados públicos y 11 mil concursos. Pero, explican, “dar de baja al 10 por ciento de la planta no significaría un ahorro superior al 1 por ciento del presupuesto”.
El difícil camino político
Macri salió segundo en la primera vuelta electoral el 25 de octubre. Luego, el 22 de noviembre, obtuvo un ajustado triunfo (ganó el balotaje por poco menos de 700 mil votos). La consecuencia concreta es que no maneja ninguna de las dos cámaras y que a las obligadas alianzas que ya tuvo que hacer para llegar a la presidencia, se sumarán otras tantas más cuando el Congreso comience a sesionar y le resulte más difícil, al menos retóricamente, seguir gobernando por decreto. En el mismo momento, cuando termine el verano en Argentina, el nuevo gobierno se enfrentará por primera vez a las paritarias y al debate con el atomizado mundo sindical.
Diego González (gonzalezdiegofernando@gmail.com) es periodista en Buenos Aires. Su blog es www.diegofgonzalez.blogspot.com. TW: @ diegon2001. Es analista del Programa de las Américas. Julia Muriel Dominzain es periodista con sede en Buenos Aires.
Notas:
- Según publicó la Revista Anfibia, sumando las direcciones nacionales, los organismos descentralizados, y los asesores, se estima que son entre 2,500 y 3,500 funcionarios políticos. En la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, son 409 ministros, secretarios y subsecretarios, a cargo de 950 mil empleados públicos.
- Inicialmente en luz y gas, sin definiciones por ahora en transporte
